CITA:
FAO y OPS. 2017. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.
Santiago de Chile.

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ISBN 978-92-5-309960-3 (FAO)

ISBN 978-92-75-31972-7 (OPS)

E-ISBN 978-92-5-130179-1 (MOBI)

© FAO Y OPS, 2017

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FOTOGRAFÍA DE PORTADA ©FAO

COMUNIDAD LAS FLORES, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.

Acelerando el progreso del empoderamiento económico de las mujeres rurales en Guatemala.

ÍNDICE

PRÓLOGO

CAPÍTULO 1.
AVANCES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2 Y 3

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

CAPÍTULO 2:
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

DISPONIBILIDAD

La región mantiene un buen desempeño en materia agrícola, lo que le ha permitido contar con alimentos más que suficientes para la totalidad de su población

La región tiene el potencial para promover un abasto con participación creciente del comercio intrarregional de alimentos

Una cantidad de alimentos suficiente no asegura una alimentación sana y nutritiva

Políticas de comercio alimentario y alimentación saludable

ACCESO

La actual situación socioeconómica condiciona los avances en la erradicación del hambre en América Latina y el Caribe

Avances insuficientes en la distribución del ingreso pueden retrasar el logro de la seguridad alimentaria y nutricional

El precio de los alimentos y los ingresos son determinantes principales para la adopción de una alimentación saludable por parte de la población más vulnerable.

Políticas de protección social para garantizar el acceso a los alimentos: evidencia de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)

UTILIZACIÓN

Acceso a agua potable y saneamiento básico es esencial para asegurar un buen estado nutricional

Persisten grandes desigualdades en cobertura de agua potable y saneamiento en el área rural y en los más pobres

Políticas de agua y saneamiento

ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los efectos del cambio climático aumentan los riesgos para la agricultura, pero la agricultura también contribuye al cambio climático

La ocurrencia de desastres naturales en América Latina y el Caribe afecta significativamente a agricultura y los medios de vida

Políticas para la adaptación al cambio climático por parte de la Agricultura Familiar

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1: RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, MOTORES CLIMÁTICOS DE DICHOS RIESGOS, EFECTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y MEDIDAS PARA AFRONTAR LOS RIESGOS

El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe es una publicación anual preparada por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

La presente edición fue elaborada bajo la coordinación de Ricardo Rapallo, Oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO, y Rubén Grajeda, Asesor en Nutrición y Determinantes Sociales de la OPS/OMS. La redacción y edición del texto estuvo a cargo de los funcionarios de FAO Sandra Caprile, Giovanni Carrasco, Francisca Nahmías y Giovanna Zamorano.

Se agradecen los comentarios de los funcionarios de la FAO Cosimo Avesani, Félix Baquedano, Verónica Boero, Pablo Faret, Alejandro Grinspun, Ana Islas Ramos, Areej Jafari, Andrea Polo Galante, Israel Ríos, Silvia Saravia, Jung Eun Sohn, Eugenia Stefanelli, Florence Tartanac y Rob Vos; y de los funcionarios de la OPS/OMS Fabio Gomes da Silva y Nadia Rosas.

Se agradece el apoyo en la edición, diseño, diagramación, y difusión del documento a los funcionarios de la FAO Stefano Anibaldi, Benjamín Labatut, Germán Rojas, Marta Ramón, Maximiliano Valencia y Mariana Young.

PRÓLOGO

El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informa por primera vez los avances de los países de la Región hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las nuevas cifras muestran que, tras muchos años de un notable progreso, la Región ha dejado de avanzar hacia la erradicación del hambre y la malnutrición. Luego de más de una década de avances sustantivos en la reducción del hambre, la Región experimentó primero un estancamiento en el período 2011-2013 tras el cual se está observando un aumento tanto de la prevalencia como del número total de personas subalimentadas. Si América Latina y el Caribe no recuperan pronto la tendencia positiva, no se alcanzarán las metas del ODS 2 de poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición para el 2030.

Sumado a lo anterior, se ha constatado un incremento continuo y alarmante del sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y principal causa de morbilidad y mortalidad en la Región, que afectan gravemente el bienestar de las personas y cuyas consecuencias obligan a los Estados y Gobiernos a gastar sumas enormes que se podrían destinar a otras necesidades sociales.

En contraste con esta situación, la Región ha dado pasos importantes para erradicar la desnutrición infantil, disminuir la mortalidad materna, neonatal y en menores de 5 años, y la mortalidad causada por enfermedades no transmisibles, lo que indica que se sigue en buen camino para cumplir las primeras dos metas del ODS 3.

Esta primera medición de los avances de la Región hacia las metas de los ODS es una señal de alerta de que los países deben mejorar la calidad de sus políticas y programas, así como incrementar de forma urgente sus inversiones, e involucrar a la totalidad de la sociedad.

Los países de América Latina y el Caribe han adoptado oficialmente el compromiso de acabar con el hambre antes del año 2025 mediante el Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, de la Organización Mundial de la Salud, el Plan para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación del hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre.

En buena medida, tanto el hambre y la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad son consecuencias de sistemas alimentarios que desde la década de 1980 han experimentado rápidas y profundas transformaciones. Si bien estos cambios han traído múltiples beneficios a nuestros países, el incremento en el consumo de productos ultraprocesados también han contribuido al aumento del sobrepeso, la obesidad y de las enfermedades no transmisibles, lo cual muestra la urgente necesidad de elaborar políticas públicas que transformen los sistemas alimentarios y permitan asegurar una alimentación saludable. La Región debe avanzar hacia políticas, marcos legislativos y regulatorios, programas e intervenciones que promuevan el consumo de alimentos seguros, diversos y nutritivos en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades nutricionales y llevar una vida sana y activa.

En ocasión de la publicación de este Panorama 2017, la FAO y la OPS instan a los países a transformar sus sistemas alimentarios para detener el avance del hambre y la malnutrición, prestando especial atención a las personas, los hogares y los territorios más vulnerables. Solo mediante un gran esfuerzo regional se podrá revertir la tendencia actual, para volver al camino que convirtió a América Latina y el Caribe en un ejemplo mundial de la lucha contra el hambre y la malnutrición en todas formas.

CAPÍTULO 1
AVANCES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2 Y 3

Mensajes principales

La subalimentación en América Latina y el Caribe aumenta en el último período de medición. Después de varios años de estancamiento, en el año 2016, alrededor de 42,5 millones de personas no cuentan con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas diarias, esto es, un aumento de 2,4 millones de personas, lo que significa un incremento de 6% de la población subalimentada en comparación con el año anterior.

Si esta tendencia no se modifica, América Latina y el Caribe no dará cumplimiento a la meta de erradicar el hambre y la malnutrición en 2030, comprometida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello impone un sentido de urgencia a las acciones necesarias para la superación conjunta del hambre y la malnutrición.

Mientras la desnutrición disminuye, el sobrepeso y la obesidad se han transformado en problemas de salud importantes para América Latina y el Caribe. Se observan tasas crecientes de prevalencia de obesidad en adultos, mientras el sobrepeso en menores de 5 años afecta al 7% de los niños de América Latina y el Caribe, ubicándose por encima del 6% de los niños con sobrepeso en el mundo.

La Agenda 2030 propone una visión de un mundo más justo, que incluye la realización de los derechos humanos con énfasis en la igualdad y la inclusión, en favor de un desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. En el año 2015 fueron aprobados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, con el fin de superar un conjunto de problemáticas que actualmente afectan a los países del mundo.

La ratificación de los ODS en todos los países de la región impone asumir una mirada multidimensional del desarrollo en la cual el bienestar esté más allá de la reducción puntual de ciertos fenómenos como la pobreza y el hambre, buscándose en cambio el logro de un conjunto de metas interrelacionadas (PNUD, 2016). Así, el logro de algunas de ellas dependerá también de los logros y avances de otras. Por ejemplo, el Objetivo 2, Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, se compromete, más allá de poner fin al hambre y la malnutrición, a promover el acceso a una alimentación saludable, lo que tiene vinculación directa con el Objetivo 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, que es fundamental para mejorar la nutrición y la calidad de vida de la población[1].

Teniendo presente las relaciones entre los objetivos 2 y 3, el presente capítulo da seguimiento a algunas de las metas comprendidas en ellos, en función de la información disponible de sus indicadores (ver Recuadro 1) y su relación explícita con el hambre y la malnutrición. Se busca dar cuenta de la situación en la que se encuentra América Latina y el Caribe con miras al 2030.

ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

La erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición están estrechamente relacionadas con las características de los patrones alimentarios (FAO y OPS, 2017), lo que a su vez tiene implicancias en las estructuras de los sistemas alimentarios.

En esta sección se abordarán en mayor profundidad las metas 2.1 y 2.2 (ver Tabla 1).[2] Otras áreas que forman parte del ODS 2, relacionadas con la producción de alimentos y otros ámbitos relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional, serán desarrolladas en el segundo capítulo de esta publicación.[3]

META 2.1:
PONER FIN AL HAMBRE

La meta 2.1 se refiere al acceso a los alimentos (FAO, FIDA Y PMA, 2016), y cuenta con dos indicadores para ello: i) la prevalencia de la subalimentación, que fue utilizada también para dar seguimiento a la meta 1C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (indicador 2.1.1), y que corresponde a una estimación de la proporción de la población que no cumple con los requerimientos energéticos diarios mínimos para llevar una vida saludable y activa; y ii) la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa, indicador basado en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (indicador 2.1.2), que refiere a la capacidad de las personas para acceder a los alimentos (ver Recuadro 2).

Las últimas estimaciones dan cuenta de un aumento de la subalimentación a nivel global. Después de más una década de reducción, en el año 2015 se puede apreciar un aumento del número de personas subalimentadas, de 775,4 en 2014, a 777 millones de personas. En el año 2016 se observa un aumento significativo, de 38 millones de personas, por lo que la subalimentación hoy afectaría a 815 millones de personas en el mundo, lo que significa un incremento en la proporción de personas subalimentadas de 0,4 puntos porcentuales: de 10,6%, en 2015, a 11% en 2016 (ver Figura 1).

América Latina y el Caribe no es ajena a esta tendencia, observándose en 2016 una prevalencia de la subalimentación de 6,6%, el primer aumento desde que se realiza la medición (Figura 1): esto significa que 42,5 millones de personas no cuentan con los alimentos necesarios para cubrir sus requerimientos energéticos diarios, un incremento de 2,4 millones de personas, o de un 6%, subalimentadas, respecto al año anterior. Esto ha llevado a la FAO y a la OPS a dar una señal de alarma y de urgencia para apurar la implementación de acciones que reviertan esta la tendencia y, así, alcanzar la meta de erradicar el hambre al 2030.

Por otra parte, la FAO presenta los indicadores de la meta 2.1 bajo la unidad temporal de trienios para evitar que fenómenos transitorios incrementen la volatilidad del indicador (FAO, 2014). En la Figura 2 se puede observar que la evolución de la subalimentación en la región,[4] desde el trienio 2011-13 en adelante, se ha estancado, y que en el último período de la estimación incluso ha aumentado.

Cómo se verá más adelante, gran parte de este resultado lo explica Sudamérica,[5] por una parte, la subregión concentra una mayor proporción de la población regional, por lo que aumentos o disminuciones en la subalimentación tendrán un impacto significativo en las tendencias regionales. Por otra parte, en los últimos años América Latina y el Caribe ha enfrentado un contexto económico desfavorable; en particular, por dos años consecutivos presentó una contracción económica, influenciada, en parte, por la trayectoria de los precios de los productos básicos, situación que se experimentó de forma diferenciada en cada subregión. Así, Sudamérica influenció gran parte del desempeño regional, debido a que varios países exportadores de materias primas enfrentaron una menor demanda y menores precios. Por el contrario, Mesoamérica y el Caribe enfrentaron una menor exposición a los mercados internacionales, dados los vínculos comerciales que ambas subregiones mantienen con Estados Unidos, además de verse beneficiados, al ser importadores netos de productos básicos, por los bajos precios de varios de ellos (FAO, 2017). En términos generales, esta situación generó un aumento de la inflación en algunas de las economías, aumentos en el desempleo o precarización de éste, y, durante los últimos años, un aumento en el número de personas en situación de pobreza, lo que ha generado preocupación por los impactos que esta situación conlleva en la seguridad alimentaria y nutricional.[6]

Una mirada subregional confirma lo anterior: el estancamiento en la reducción de la subalimentación regional depende, en gran medida, del alza de la subalimentación en Sudamérica (Figuras 3 y 4). En Sudamérica la población afectada en 2014-16 alcanzó el 5,1%, un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación al trienio anterior, lo que, en términos reales, significa que 21,5 millones de personas se encuentran subalimentadas. En Mesoamérica, en tanto, la proporción de personas subalimentadas presenta una pequeña disminución en comparación con el 2013-15, alcanzando el 6,7% en el trienio, aunque cabe señalar que entre los trienios 2010-12 y 2013-15 la proporción se ha mantenido estable en torno al 7%. En términos absolutos, el número de personas subalimentadas en Mesoamérica alcanza los 11,6 millones. Finalmente, en el Caribe la subalimentación es de un 18,3%, lo que equivale 7,7 millones y representa un leve descenso respecto del trienio anterior.

Los datos a nivel de países confirman la heterogeneidad presente en la región y permiten identificar las zonas en las cuales la erradicación del hambre presenta mayores rezagos (Tabla 2). Por un lado, Brasil, Cuba y Uruguay presentan una proporción de personas subalimentadas inferior al 2,5%. Los siguen Argentina, Barbados, Chile, México, y Trinidad y Tabago, que están bajo o igual al 5%. Hay varios países que ostentan una tasa de subalimentación superior al 20%, como son los casos de Antigua y Barbuda, Bolivia y Granada, pero es en Haití donde se presenta los índices más elevados de subalimentación: casi el 47% de su población no logra cubrir sus requerimientos mínimos alimentarios, lo que equivale a casi 5 millones de haitianos subalimentados, cerca de dos tercios de los afectados en todo el Caribe.

Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada, Perú y Venezuela presentaron un alza en la prevalencia de la subalimentación en el último período. El caso de Venezuela, sin embargo, es el más significativo: en ese país la subalimentación creció en 3,9 puntos porcentuales con respecto al trienio inmediatamente anterior. En términos absolutos, esto significa un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela, lo que explica buena parte del aumento observado en Sudamérica.

Por otra parte, y tal como se observa en la Tabla 2, en 21 países se redujo la prevalencia de la subalimentación en el último trienio de la estimación.

La subalimentación es una estimación de privación energética medida en calorías, y las nuevas exigencias de la Agenda 2030 requieren ampliar el alcance de este indicador. En consecuencia, por primera vez se han medido los avances en la reducción del hambre mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES).[7] Como se detalla en el Recuadro 2, ambos indicadores son complementarios y aportan una mirada más completa al fenómeno del hambre y la inseguridad alimentaria.

En la Figura 5 se presentan las estimaciones del indicador de prevalencia de la inseguridad alimentaria. Allí se observa que, en Mesoamérica, el 5,7% de la población presenta inseguridad alimentaria severa para el trienio 2014-16, lo que equivale a 9,9 millones de personas afectadas. En tanto, en Sudamérica, el 5,1% de la población presenta inseguridad alimentaria severa, afectando a más de 21 millones en promedio para los años 2014-16.

Las estimaciones nacionales disponibles muestran que en El Salvador y Guatemala la inseguridad alimentaria severa es superior al 10%. Ecuador muestra una prevalencia de inseguridad alimentaria de 6,6%, mientras que en Brasil, Chile, Costa Rica y México la tasa es inferior al 5%.

A pesar de que la inseguridad alimentaria severa es un indicador naciente, sin una serie en el tiempo que permita contrastar los actuales resultados, presenta valores en línea con los últimos datos de subalimentación. Lo anterior, no solo evidencia la necesidad de profundizar las acciones para garantizar el acceso a los alimentos tanto en la cantidad como en la calidad adecuada, sino también acelerar y ampliar los esfuerzos para no comprometer el logro de la meta en 2030.

META 2.2:
PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN

La meta 2.2[8] hace referencia a poner fin a todas las formas de malnutrición, lo que incluye a la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, y otras expresiones resultantes de una alimentación inadecuada, y de condicionantes o agravantes sociales, económicos, culturales, ambientales y sanitarios (FAO y OMS, 2014).

El indicador 2.2.1 hace referencia a la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, conocida también como retraso del crecimiento, y que es el reflejo de las deficiencias acumulativas de la salud o la nutrición a largo plazo, resultado de condiciones sanitarias, nutricionales y alimentarias inadecuadas. Su presencia tiene como consecuencia una propensión a presentar capacidades cognitivas y productivas reducidas, además de alteraciones en el sistema inmunológico que favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas, las que merman las capacidades futuras de la persona. Por lo común la desnutrición crónica está asociada a las condiciones económicas de los hogares y de los países, y particularmente a la desigualdad; así, mientras mayor sea la desigualdad, mayor será la concentración de la desnutrición crónica en los hogares más pobres (FAO y OPS, 2017).

La tendencia de la desnutrición crónica exhibe un comportamiento a la baja desde 1990 hasta la fecha, tanto en América Latina y el Caribe como en sus subregiones (Figura 6).[9] Esta trayectoria positiva ha permitido que la desnutrición crónica haya disminuido de un 24,5%, en 1990 a un 11% en 2016, vale decir 7,9 millones de menores de 5 años han superado la desnutrición crónica en el período referido. Hoy, sin embargo, aún 5,9 millones de niños se encuentran afectados por la desnutrición crónica. Las proyecciones a 2025 confirman una tendencia a la baja lo que permitiría dar cumplimento a la meta del ODS 2. Sin embargo, aún 4,1 millones de niños presentarían retrasos en su crecimiento, es decir, el 8,1% de los niños menores de 5 años en la región.

Al 2016, el 9,5% de la población infantil sudamericana está afectada por la desnutrición crónica, esto es 3,2 millones de niños. En Mesoamérica, en tanto, la desnutrición crónica afecta al 15,4% de los menores de 5 años, dando cuenta de 2,5 millones de niños, mientras que en el Caribe se presenta la prevalencia más baja en comparación a las otras subregiones, de 5,3%, lo que equivale a cerca de 200 mil niños.

La mayoría de los países de la región presenta una reducción en la tasa de desnutrición crónica. En República Dominicana y Haití, por ejemplo, la última medición de la proporción de niños con retraso en el crecimiento es de 7,1% (2013) y 21,9% (2012) respectivamente, dando cuenta de una caída significativa en comparación a los valores registrados a inicios de la década de 1990, cuando la desnutrición crónica afectaba al 21,2% y 40% de los niños, respectivamente (OMS, en línea).

Guatemala, en tanto, presenta la mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, con un 46,5% de acuerdo a la última medición disponible (2014). Ecuador (2012), Nicaragua (2006) y Honduras (2012) superan el 20%, mientras que Belice (2011) y Panamá (2008) se encuentran en torno al 19%. Por otra parte, Chile (2014), Santa Lucía (2012) y Costa Rica (2008) presentan las tasas más bajas de la región, con 1,8%, 2,5% y 5,6%, respectivamente (Figura 7).

Por otro lado, el indicador 2.2.2 aborda la coexistencia de la desnutrición aguda y el sobrepeso en niños menores de 5 años.[10] La desnutrición aguda es definida como deficiencia de peso para la altura, y da cuenta de situaciones en que la ingesta de nutrientes es inadecuada o insuficiente en el corto plazo. También puede facilitar la presencia de infecciones o enfermedades que, si no son atendidas de forma temprana, implican un riesgo significativo de muerte (FAO y OPS, 2017). Por otra parte, el sobrepeso, producto de estilos de vida poco saludables que involucran la ingesta excesiva de alimentos y/o de alimentos de alto contenido calórico, sodio y grasa, tiene como resultado el aumento del peso corporal y la acumulación de grasa, lo que está asociado a algunas enfermedades no transmisibles (ENT) que se analizan más adelante (FAO y OPS, 2017).

Las Figuras 8 y 9 dan cuenta de la situación de los dos fenómenos a nivel regional y de países. Así, se observa que en 2016 la desnutrición aguda afectaba al 1,3% de los niños en América Latina y el Caribe, prevalencia menor a la observada a nivel mundial. Entre los países más afectados por el fenómeno se encuentran Barbados, Guyana, Haití y Trinidad y Tabago, que presentan una prevalencia por sobre el 5%.

Respecto al sobrepeso infantil, este afecta al 7% de los niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe, cifra superior al promedio mundial. La preocupación, en este caso, radica en el aumento de los riesgos de enfermedades y otras complicaciones de salud y psicosociales en la niñez y adolescencia, además del aumento de la probabilidad de que un niño con sobrepeso presente esta situación en la adultez y desarrolle algunas ENT, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o varios tipos de cáncer, que puedan tener importantes consecuencias para la salud y el desarrollo de la persona (ver Recuadro 3).

ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

En la presente sección se analizan las metas e indicadores relativos a la mortalidad materna e infantil y a las enfermedades no transmisibles (ENT), dada su directa vinculación con el ODS 2 (FAO y OPS, 2017). En la Tabla 3 se detallan las metas e indicadores a considerar.

A nivel global, casi la totalidad de las muertes maternas se producen en ambientes de bajos recursos y podrían prevenirse (ONU, 2016). La meta 3.1 propone la reducción de la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. En esta materia, prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe han registrados avances. Según las últimas cifras disponibles, 17 países de la región ya se encuentran bajo la meta establecida. Haití es el país que presenta la mayor tasa, con 359 muertes cada 100.000 nacidos vivos; en el otro extremo se ubica Uruguay, con 15 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Bahamas, Guyana, Jamaica, Surinam y, en menor medida, Santa Lucía y Venezuela, han empeorado sus cifras desde 1990 a la fecha (Figura 10).

La meta 3.2 propone reducir las muertes de recién nacidos y niños menores de 5 años, cuyo éxito o fracaso dependerá de dos indicadores: la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (indicador 3.2.1), naturalmente, y la tasa de mortalidad neonatal (indicador 3.2.2). Las metas establecidas de aquí al 2030 son de 25 y 12 muertes cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente. A nivel mundial, el 45%[11] de las muertes infantiles están asociadas a problemas de malnutrición, en vistas de que los afectados tienen una mayor propensión a desarrollar enfermedades graves, particularmente los niños que padecen malnutrición aguda grave, pues presentan una mayor probabilidad de morir por trastornos como la diarrea y enfermedades como la neumonía (OMS, 2016).

Según las últimas estimaciones, desde 1990 hasta la fecha, todos los países observados de América Latina y el Caribe han presentado avances en la reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (Figura 11). Dicha tendencia se explica en parte por una mayor cobertura de los servicios de salud y por las políticas públicas implementadas en este ámbito: en casi todos los países se han implementado programas de cuidado materno infantil que buscan, por un lado, reducir la mortalidad materna, neonatal y en el primer año de vida; y, por otro, reforzar la inmunización y la promoción de la lactancia materna. Asimismo, se han implementado programas de ayuda alimentaria y control prenatal, entre otros.

Actualmente, cinco países aún no logran llegar a la tasa establecida en la meta: Haití (89 muertes cada 1.000 nacidos vivos), Guyana (38,4), Bolivia (38,4), República Dominicana (30,9) y Guatemala (29,1).

En la Figura 12, en tanto, se aprecian las últimas estimaciones relativas a mortalidad neonatal, las que dan cuenta de la misma tendencia a la baja. A excepción de Dominica, todos los países han mostrado avances en la materia y solo siete países aún no consiguen reducir la mortalidad neonatal a 12 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos.

La meta 3.4 compromete a los países a reducir la mortalidad prematura —aquellas ocurridas antes de los 70 años— por ENT. Para su seguimiento se usa el indicador 3.4.1, que mide la tasa de mortalidad atribuible a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas.

A nivel global, las ENT son responsables del 70% de los fallecimientos totales, y de ellos más de la mitad corresponden a muertes prematuras (ONU, 2016). Dentro de las causas de estas enfermedades se encuentran el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación inadecuada y la inactividad física, entre otras. Como ya se mencionó anteriormente, la tendencia global y regional del sobrepeso es al alza, y este es un factor de riesgo para el padecimiento de ENT como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, lo que implica mayores presiones a los sistemas de salud. Por otra parte, la carencia de micronutrientes —conocida también como “hambre oculta”— es un tipo de malnutrición menos visible, pero con graves consecuencias para la salud, tanto materna como infantil (ver Recuadro 4) (ONU, 2014).

La Figura 13 muestra la probabilidad de fallecer prematuramente —entre los 30 y 70 años—a causa de ENT, comparando la situación actual con la presente el año 2000. Los datos indican que prácticamente todos los países han realizado avances en la materia. Sin embargo, para cumplir la meta establecida para 2030, es fundamental apurar la implementación de acciones tendientes a reducir el número de muertes prematuras.

La alimentación saludable es una condición decisiva para reducir la malnutrición en todas sus formas, así como un elemento fundamental para reducir las tasas de sobrepeso y obesidad. De ahí que la alimentación sea también un factor importante para dar adecuado cumplimiento de la meta 3.4 y un eje que vincula los ODS 2 y 3 (FAO y OPS, 2017).

CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

DISPONIBILIDAD

Mensajes principales

América Latina y el Caribe produce alimentos suficientes para cubrir las necesidades de su población. Sin embargo, esto no asegura una alimentación sana y nutritiva, ya que se requiere también de una disponibilidad de alimentos variados, de buena calidad nutricional e inocuos que permitan acabar con el hambre y toda forma de malnutrición.

América Latina y el Caribe tiene una gran capacidad productiva, que la posiciona como proveedor de alimentos a nivel global. Sin embargo, esta situación difiere entre países y subregiones, observándose distintos umbrales de producción doméstica, por lo que el comercio cumple un rol importante en la seguridad alimentaria y nutricional. El comercio de alimentos es asimismo una oportunidad para aprovechar las sinergias entre los países de la región y de otras regiones, así como de garantizar la disponibilidad de alimentos.

La variedad de la disponibilidad alimentaria difiere entre países y no responde necesariamente a su capacidad productiva. Así, factores como el comercio y el entorno alimentario son claves para el establecimiento de una oferta de alimentos saludables.

LA REGIÓN MANTIENE UN BUEN DESEMPEÑO EN MATERIA AGRÍCOLA, LO QUE LE HA PERMITIDO CONTAR CON ALIMENTOS MÁS QUE SUFICIENTES PARA LA TOTALIDAD DE SU POBLACIÓN

Contar con niveles adecuados de producción de alimentos[12] es una de los factores más importantes para garantizar el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. La región se ha caracterizado a lo largo de las últimas décadas por disponer de alimentos más que suficientes para cubrir los requerimientos de su población, tal como se observa en la Figura 14.[13]

La Figura 15 muestra la evolución de la producción de alimentos por subregión. Se observa claramente una tendencia al alza en Sudamérica y Mesoamérica, más allá de algunas caídas en algunos periodos específicos. El Caribe, luego de una caída significativa durante la década de 1990, registra un significativo aumento desde mediados de la década del 2000. Por otra parte, la producción per cápita da cuenta de un crecimiento de la producción de alimentos por sobre el crecimiento de la población en las tres subregiones. Solo en el Caribe, en la década de 1990, el crecimiento de la población superó a la producción de alimentos.

Un mayor detalle a nivel de algunos grupos de productos confirma la tendencia anterior. En la Figura 16 puede observarse que la producción ha ido en aumento en los ocho grupos de alimentos observados (oleaginosas, frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, legumbres, cereales, leche y carnes). En la última década, las oleaginosas y los cereales han sido los grupos de alimentos que han presentado crecimientos más dinámicos, del 60% y 43%, respectivamente; del mismo modo, las carnes y la leche presentaron aumentos importantes en este período, con tasas de crecimiento del 37% y 31% para cada grupo.

Lo anterior responde, en algunos casos, a un aumento de rendimiento, mientras que en otros a un aumento en la superficie cultivada. Por ejemplo, en el caso de los cereales, se advierte un aumento en el rendimiento de casi un tercio en comparación con el trienio 2002-04, alcanzando las 4,1 toneladas por hectárea en promedio para el último periodo observado; mientras, el aumento de la superficie cultivada fue menor, alcanzando el 8,3% en dicho período. Por el contrario, en las oleaginosas se observa un aumento significativo en la superficie cultivada, que se incrementó casi un 50% en la última década, alcanzando cerca de 60 millones de hectáreas, las cuales se dedican en su mayoría al cultivo de la soja; en el mismo período el rendimiento de las oleaginosas incrementó en un 6,6%. Las legumbres, por su parte, han experimentado en la última década una reducción en la superficie cultivada del 16%, alcanzando los 7,2 millones de hectáreas; sin embargo, los rendimientos se incrementaron un 43% en el mismo período, explicando el aumento de un 22% en la producción regional.[14]

Las perspectivas respecto al crecimiento de la producción agropecuaria para los próximos años son favorables. La región cuenta con recursos naturales para continuar creciendo. En materia de productividad, tal como se observó, la tendencia también es positiva. Al comparar los rendimientos[15] de América Latina y el Caribe con otras regiones productoras, se aprecian brechas importantes (FAO, 2015a; FAO y OPS, 2017). Estas indican que la región aún tiene un amplio margen para crecer en este ámbito. Por supuesto, el crecimiento de la producción y la productividad deben desarrollarse en un marco de sostenibilidad ambiental y social que permita responder a las presiones de la creciente demanda de alimentos impulsada por los cambios demográficos, la urbanización, el envejecimiento de la población y los cambios en la estructura de la demanda a raíz de ingresos más altos (FAO, 2017a).

La producción de alimentos es muy importante para la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuál es, sin embargo, el peso que tiene la producción dentro de la disponibilidad alimentaria de los países de la región. La Figura 17 da cuenta de la importancia de la producción dentro de los suministros domésticos,[16] y permite observar que en Sudamérica la producción agropecuaria proporciona casi la totalidad del volumen que conforma la oferta nacional. De los grupos de alimentos observados, la producción de raíces y tubérculos y legumbres no es suficiente para cubrir el suministro nacional; por el contrario, la producción de oleaginosas, frutas, cereales y carnes supera el nivel de suministro nacional. Una realidad diferente se aprecia en el Caribe, donde la producción por sí sola no es suficiente para satisfacer la oferta doméstica en todos los productos observados a excepción de las frutas. En Mesoamérica, en tanto, la producción de hortalizas y frutas es más que suficiente para satisfacer la oferta nacional, situación que no se observa en el resto de los productos.

Lo anterior da cuenta de que la producción de alimentos no es la única vía por la cual los países construyen su oferta nacional; la producción interna es un factor importante, aunque no es el único. De tal modo que, cuando la producción interna es más que suficiente para atender la demanda subregional, se exportan alimentos; y cuando las circunstancias son las opuestas y la producción interna no da abasto para satisfacer la demanda también interna, se importan alimentos. Así, pues, el comercio juega un rol importante en el abastecimiento a nivel regional. La situación comercial de algunos alimentos se abordará con mayor detalle en la siguiente sección.

LA REGIÓN TIENE EL POTENCIAL PARA PROMOVER UN ABASTO CON PARTICIPACIÓN CRECIENTE DEL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS

El buen desempeño productivo señalado con anterioridad ha posicionado a la región como un actor relevante en los mercados internacionales, como una potencia exportadora de alimentos y productos agropecuarios a nivel global. De hecho, en la Figura 18 puede apreciarse que la parte de la producción destinada a los mercados internacionales es, para todos los grupos de productos observados, mayor en comparación con la década anterior. El 35% de la producción del cultivo de oleaginosas, el 33% de las frutas y el 31% de los cereales se destina a la exportación,[17] lo que ha redundado en que la región sea responsable del 38% de las exportaciones globales de oleaginosas, el 30% de frutas y un 19% de carnes.[18]

En términos agregados, América Latina y el Caribe es un exportador neto de productos agroalimentarios.[19] En 2016, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas superaron los 205 mil millones de dólares, lo que significó una caída de 0,5% respecto de las exportaciones agroalimentarias del año anterior. Las importaciones, en tanto, estuvieron cerca de 83 mil millones de dólares, un 1,3% por sobre el total de las adquisiciones de la región el año anterior, con lo cual, el saldo comercial superó los 122 mil millones de dólares (Figura 19).

Los países con las economías más importantes de la región son los mayores exportadores agropecuarios: Brasil fue responsable de poco más de un tercio de los envíos de la región en 2016, pese a presentar un descenso en sus exportaciones de un 5,3% respecto del año inmediatamente anterior. Argentina y México, por el contrario, ostentan aumentos en sus envíos agroalimentarios del 5,3% y 7,6%, respectivamente, entre 2015 y 2016. En conjunto, estos tres países concentran aproximadamente dos tercios de las exportaciones de la región. Colombia, Uruguay y Venezuela también presentaron caídas en sus exportaciones agroalimentarias en comparación con 2015; asimismo, los países centroamericanos y caribeños evidenciaron caídas en sus exportaciones en comparación con el año anterior.

En lo que respecta a las importaciones, México es el principal importador de productos agroalimentarios en la región, pese a que sus adquisiciones cayeron levemente, en un 1%, con respecto al 2015. Brasil es el segundo importador, seguido por los países del Caribe en su conjunto; en el caso de estos últimos las importaciones presentaron una reducción del 12,7%,[20] mientras que en Brasil estas presentaron un aumento del 14% en igual período.

En la Tabla 4 se aprecia que la mayoría de los países de la región son exportadores netos, aunque la capacidad exportadora difiere significativamente de país en país. El Salvador, Panamá, Venezuela y la subregión del Caribe en su conjunto fueron los únicos importadores netos en 2016.

En el contexto de la Agenda 2030, el comercio tiene un rol que cumplir para contribuir al logro de los ODS. La erradicación de las diferentes formas de malnutrición requiere que los mercados provean la cantidad suficiente de alimentos inocuos y variados necesarios para una alimentación nutritiva y saludable. Si bien se reconoce el potencial que el comercio de alimentos puede tener para la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2015b; FAO y OPS, 2017), los efectos que este puede tener sobre la oferta de alimentos son heterogéneos, y es necesario tener en cuenta un conjunto amplio de variables en el análisis. Por ejemplo, el comercio ha contribuido a ampliar la oferta y diversidad de alimentos que forman parte de una alimentación nutritiva. Además, el comercio aporta a estabilizar la oferta de alimentos[21] (FAO, 2016a). Sin embargo, el comercio también es responsable de una parte de la oferta de productos que contribuyen al sobrepeso, a la obesidad y a la malnutrición (FAO, 2016a).

El comercio adquiere relevancia fundamental cuando la producción de ciertos bienes no es suficiente por sí sola para dar respuesta a la demanda. Un ejemplo de lo anterior se puede observar en la Figura 20, en donde se evidencia que Sudamérica es exportador neto de casi todos los siete grupos de alimentos analizados;[22] por el contrario, el Caribe es importador neto de casi todos los grupos de alimentos considerados.

De los productos comprendidos en la Figura 20, los lácteos, cereales y carnes son alimentos que implican mayores costes en la factura de las importaciones. El origen de estos alimentos da cuenta de los mercados que son de mayor relevancia para cada subregión (Figura 21). En el caso del Caribe, Estados Unidos es un proveedor importante de carnes y cereales, siendo responsable, respectivamente, del 67% y 47% de las compras de la subregión de estos productos, en tanto desde la Unión Europea provee una proporción importante de los productos lácteos (el 33%), aunque los países sudamericanos también han sido relevantes para la provisión de estos alimentos. En Mesoamérica, se observa la importancia que tienen las importaciones de Estados Unidos para los tres productos analizados (entre un 22% y 86%), sin embargo, una parte importante de esto se debe al peso que tiene México en las importaciones de la subregión. Considerando solo a los países centroamericanos, se observa que el comercio con la propia subregión es significativo en los productos lácteos (55%) y de carnes (30%). Finalmente, en Sudamérica, la propia subregión se constituye como el principal proveedor de los tres grupos de alimentos. Lo anterior da cuenta de la importancia del comercio intrarregional en la disponibilidad de algunos de los productos básicos relevantes para la región.

UNA CANTIDAD DE ALIMENTOS SUFICIENTE NO ASEGURA UNA ALIMENTACIÓN SANA Y NUTRITIVA

En todos los países para los cuales se dispone de información, a excepción de Haití, la disponibilidad supera en promedio los requerimientos alimentarios de su población.[24] La Figura 22 entrega el dato más común en términos de disponibilidad alimentaria, como es la suficiencia alimentaria en términos energéticos. En Sudamérica, la disponibilidad alimentaria supera en un 31% en promedio los requerimientos energéticos de su población, mientras que Mesoamérica la supera en un 27% y el Caribe en un 15%.

Los cereales son la principal fuente calórica de la región, totalizando cerca del 36% de las calorías disponibles (FAO y OPS, 2017). Sin embargo, al haber alimentos que cuentan con una mayor densidad energética, se esconde la importancia de otros alimentos que contienen un menor aporte en términos calóricos, pero son nutricionalmente relevantes, como las frutas y hortalizas, que en conjunto superan el volumen disponible de cereales. En la Figura 23 se observa que prácticamente todos los grupos de alimentos observados han aumentado su disponibilidad per cápita —en algunos casos de forma significativa— en el período comprendido entre 1961-63 y 2011-13. Ejemplo de ello son las hortalizas, que pasaron de 78 a 196 gramos al día por persona en el Caribe; en Mesoamérica estas más que se duplicaron, alcanzando los 147 gramos al día por persona, mientras que en Sudamérica aumentaron en un 33%. La cantidad disponible per cápita de carnes, en tanto, se ha más que duplicado en las tres subregiones. Los cereales, por otro lado, también han presentado aumentos, aunque más modestos, y han reducido su importancia relativa en función de otros grupos de alimentos. Finalmente, en Sudamérica los tubérculos han reducido tanto su cantidad (en un 30%) como su importancia relativa, mientras que en Mesoamérica lo mismo ha sucedido con las legumbres, que vieron reducida su disponibilidad en un 18%. En el Caribe, asimismo, la disponibilidad de pescado ha caído cerca de un 8% en el mismo período.

Si bien el aumento de la oferta alimentaria es necesario para garantizar la suficiencia, no asegura que la población consuma una alimentación balanceada, que aporte la cantidad adecuada de nutrientes necesarios para mantener un peso adecuado y llevar una vida activa y saludable. Tal como se ha establecido en el Marco de Acción de la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición (CIN2) y en los ODS, dicha premisa adquiere mayor relevancia cuando la carencia de nutrientes y las tasas de obesidad y sobrepeso muestran niveles preocupantes, con las consabidas consecuencias que estas tienen sobre la salud de las personas.[25] En este sentido, una alimentación saludable es un elemento fundamental para la erradicación de todas las formas de malnutrición y para prevenir las ENT (OMS, 2015).

Por otra parte, no solo son importantes la cantidad y el origen alimentario de las calorías, si no también lo que estas calorías significan en términos de macronutrientes. La OMS (2003) da pautas de ello, recomendando, por ejemplo, una ingesta de grasas que no debería superar el 30% del total de calorías consumidas por una persona al día, un consumo de azúcar inferior al 10% e incluso menor al 5% de las calorías consumidas al día, mientras que el consumo de proteínas debiese estar entre un 10% y 15% de la ingesta calórica diaria, así como debiera mantenerse un consumo de al menos 400 gramos de frutas y verduras, entre otras recomendaciones. El aumento en la disponibilidad de frutas y verduras permite dar cumplimiento a la recomendación establecida por la OMS en esta materia, en tanto la disponibilidad de proteínas se encontraría dentro del rango recomendado al mismo tiempo que la disponibilidad de grasa supera el rango adecuado (FAO y OPS, 2017).

POLÍTICAS DE COMERCIO ALIMENTARIO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Buena parte del presente capítulo ha sido dedicada a presentar las tendencias del comercio agropecuario, y especialmente del comercio alimentario, como un determinante de la disponibilidad alimentaria. En efecto, el comercio es un elemento clave en la conformación del abasto alimentario: no solo a través de las importaciones, sino también al impactar directamente en la producción de alimentos y sus características (FAO, 2015b). Por ejemplo, la demanda de ciertos productos en los mercados internacionales puede generar incentivos para aumentar su producción, provocando aumentos en la oferta; por otro lado, la mayor disponibilidad de ellos puede tener efectos positivos en la cantidad y precios de los alimentos disponibles para la población.

Por supuesto, la discusión respecto a la relación entre comercio y seguridad alimentaria y nutricional no se agota en la disponibilidad. Se ha planteado que el comercio tiene efectos en variables económicas nacionales como la producción, los precios, la competencia, el mercado del trabajo, la infraestructura y los presupuestos públicos, y que estos a su vez tienen efectos indirectos en variables como el abasto alimentario, el ingreso en los hogares y la presencia de servicios públicos, que son determinantes del estado de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2015b).

Existe también un creciente debate respecto del rol del comercio en la nutrición. Compromisos internacionales tales como los ODS o la CIN2 han puesto en relieve la estrecha relación entre seguridad alimentaria y la nutrición, y como esta se manifiesta particularmente en las características de la alimentación como factor común de fenómenos como el hambre y la malnutrición (FAO y OPS, 2017). Se observa, en particular, la necesidad de mejorar la coherencia de las políticas públicas para aumentar los impactos positivos del comercio en la nutrición, así como disminuir al mínimo sus potenciales efectos negativos (UNSCN, 2015).

Por último, se ha observado que el comercio también tiene efectos en las características de los patrones alimentarios, promoviendo el aumento en la disponibilidad de ciertos alimentos y productos a nivel doméstico, aumentando con ello la convergencia de los hábitos alimentarios en el mundo (Hawkes, 2006; UNSCN, 2017; Friel et al., 2013). En vistas de esto, el comercio de alimentos es un componente importante a tener en cuenta en la promoción de la alimentación saludable.

COMERCIO ALIMENTARIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA

El comercio internacional puede tener variados efectos en la disponibilidad de alimentos, dependiendo de las características de cada país. El incremento de las importaciones para un país importador neto de alimentos, por ejemplo, puede tener impactos positivos en el corto plazo respecto a la cantidad y variedad de alimentos disponibles; sin embargo, puede también afectar en el mediano y largo plazo la disponibilidad alimentaria, al impactar negativamente en la producción doméstica en el caso de que esta no pueda competir con los alimentos importados. Desde el punto de vista de las exportaciones, la apertura comercial puede generar incentivos para el aumento de la producción de commodities de alto valor en los mercados internacionales. En la medida en que su producción no beneficie exclusivamente a los sectores económicos más privilegiados, el aumento de los ingresos de la pequeña agricultura y de los trabajadores rurales dedicados a estos cultivos puede tener efectos positivos y producir una mayor disponibilidad de alimentos (FAO, 2015b).

En general, los datos indican que el comercio, y en particular las importaciones, han aumentado a la par que la producción de alimentos per cápita en los países en desarrollo. Por otro lado, a nivel agregado no existiría evidencia de que las importaciones tengan efectos significativos en la reducción de la producción (Díaz-Bonilla, 2015). Sin embargo, así como la expansión de los flujos comerciales ha aumentado la disponibilidad alimentaria en cuanto a su cantidad y variedad, viene aparejada de un mayor acceso a los productos procesados y con alto contenido de azúcares y grasas. Al menos a nivel global, algunos estudios postulan que aun cuando la producción y la cantidad de calorías disponibles en el mundo ha aumentado constantemente durante los últimos 50 años, las fuentes de esa disponibilidad han permanecido relativamente iguales en el mismo periodo de tiempo (Remans, Wood, Saha, Anderman, & DeFries, 2014). El aumento de las importaciones, por otro lado, ha sido asociado con la “transición nutricional” que se observa actualmente en países de rentas medias y bajas, y que ha implicado el aumento del consumo de carnes, lácteos y productos procesados y ultraprocesados (FAO, 2015b). Como se ha señalado recientemente, este cambio en los patrones alimentarios es una de las causas subyacentes del aumento de la obesidad y el sobrepeso, y el consiguiente incremento en la prevalencia de ENT (FAO y OPS, 2017).

¿Tiene el comercio un rol en la alimentación? Y de ser así, ¿cómo puede el comercio colaborar en la mejora de la nutrición y el establecimiento de patrones alimentarios más saludables? El aumento de las importaciones de alimentos ultraprocesados y/o “no saludables”, por ejemplo, está asociado en algunos pequeños Estados isleños del Océano Pacífico a un aumento en la proporción que estos representan en el gasto y el consumo calórico de los hogares (Estimé, Lutz, & Strobel, 2014), lo que se convierte en una alerta para países insulares e importadores netos de alimentos.[26] Respecto a América Latina y el Caribe, Thow y Hawkes (2009) estudiaron los efectos de la apertura comercial desde 1990 en adelante en la oferta alimentaria en Centroamérica,[27] y observaron aumentos en la disponibilidad de granos básicos como el arroz y el maíz amarillo. El aumento de la disponibilidad de este último cereal, por otro lado, habría traído consigo aumentos en la producción y disponibilidad de pollo. Aunque cuenta con datos limitados, el estudio también indica que las importaciones de snacks se han incrementado, así como se señala la alta dependencia de las importaciones por parte de algunos países para sostener la creciente oferta de papas pre-fritas, que a su vez son ofrecidas principalmente en las cadenas de restaurantes de comida rápida.

Por otro lado, Hawkes (2006) señala también los efectos de otro fenómeno derivado del comercio y la apertura comercial, como es el incremento de la inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés). Estudiando el caso de México, indica cómo entre 1995 y 2003 se incrementó la inversión de socios comerciales como Estados Unidos en la industria de los alimentos procesados, así como en el área de las cadenas de supermercados. Esta inversión trajo consigo el aumento en la disponibilidad y consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, los cuales se hicieron más accesibles no solo en las grandes ciudades, sino también en pueblos y espacios suburbanos.

Estos estudios se condicen con lo señalado por el Comité Permanente de las Naciones Unidas para la Nutrición (UNSCN, 2015), respecto a los efectos positivos que puede tener el comercio y la apertura comercial en la nutrición, en tanto sus políticas sean coherentes con los objetivos para el mejoramiento de la nutrición:

1) Que todas las personas cuenten con una alimentación adecuada, nutritiva y saludable;

2) Que todas las personas consuman una cantidad adecuada de micronutrientes;

3) Que todas las personas consuman comida inocua;

4) Que la pobreza disminuya;

5) Que las madres puedan amamantar a sus hijos lactantes.

COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES CON LA NUTRICIÓN: ALGUNOS ANTECEDENTES REGIONALES

Las políticas comerciales se definen como aquellas que potencialmente pueden afectar los flujos de comercio, sea mediante instrumentos relativos a los mercados internacionales o domésticos (FAO, 2015b). Definen, por lo tanto, la forma en la cual los Estados regulan las transacciones fuera y dentro de sus fronteras nacionales, y están diseñadas no solo para influenciar el flujo físico de bienes, sino también la provisión de servicios y el intercambio económico (UNSCN, 2015).

A continuación, se caracterizan las políticas referidas al intercambio internacional de bienes y servicios, bajo el marco de ejemplos de medidas recientes efectuadas por países de la región, se analiza su potencial interacción con la nutrición y la alimentación saludable. Es importante señalar que ello no significa, bajo ninguna circunstancia, el establecimiento de causalidades entre la implementación de ciertas políticas en la región y la situación nutricional de los países que la conforman, en tanto ello excede los objetivos de este apartado.

Políticas arancelarias: La presencia de impuestos a la importación y exportación de alimentos es una de las medidas de política comercial más comunes, en tanto representan una opción de fácil implementación para enfrentar eventos como alzas en los precios internacionales de los alimentos (FAO, 2015b). Los aranceles, además, son una fuente importante de ingresos fiscales, que luego pueden ser utilizados en la implementación de políticas que permitan mitigar los potenciales efectos negativos del comercio en la seguridad alimentaria y nutricional, así como de aprovechar de mejor forma los positivos.

La tendencia de los últimos años en la región corresponde a la disminución de aranceles, sea mediante la reducción permanente de los aranceles de importación, o a través de la creación de contingentes arancelarios que permiten la importación de una cantidad determinada de productos con aranceles menores a los previstos. Ello se observó, por ejemplo, en la eliminación de aranceles para la importación de cuadriles de pollo provenientes de Estados Unidos por parte de Guatemala, en el marco del acuerdo de libre comercio CAFTA RD; o en las autorizaciones temporales para la importación de alimentos con arancel cero en Brasil (maíz), Bolivia (maíz, trigo, sorgo y harina de trigo) y Venezuela (un total de 94 productos agrícolas y alimentarios).

El efecto directo de la disminución de aranceles para la importación es el aumento en la oferta y la disminución de precios de los alimentos afectados. Sin embargo, es importante señalar que, en el caso de muchos países importadores netos de alimentos, los aranceles de importación de los alimentos son ya bajos, y su disminución o eliminación puede tener, por lo tanto, un menor impacto en los precios al consumidor (FAO, 2015b).

En algunos países del mundo se ha observado que la disminución de los aranceles para la importación en frutas y vegetales ha impactado positivamente en su disponibilidad doméstica. Sin embargo, no existe evidencia clara de que esta medida beneficie a los hogares de bajos ingresos (UNSCN, 2015). La disminución de los aranceles de importación conduce a la reducción en los precios domésticos para todos los consumidores y no necesariamente a los que necesitan mejorar sus dietas.

Restricciones comerciales: Así como los aranceles entregan incentivos positivos o negativos para el intercambio de ciertos productos, otro instrumento de política en este ámbito es la restricción parcial o total de las importaciones o exportaciones. Durante la crisis de los precios de los alimentos en 2007-2008, por ejemplo, varios exportadores netos de alimentos establecieron restricciones para garantizar el abasto doméstico de alimentos (FAO, 2015b). Dentro de esta categoría de políticas se puede observar, en el último período, que Argentina reemplazó el sistema de Registro de Operaciones de Exportación (ROE) para granos y oleaginosas por las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Mientras el ROE buscaba normar el volumen de exportaciones, de modo de garantizar el abastecimiento doméstico, las DJVE no establecen límites para la exportación de estos productos.

En general las restricciones a las exportaciones pueden presentar, en el corto plazo, efectos positivos en la oferta de alimentos a nivel doméstico, aumentando la disponibilidad y disminuyendo los precios. Sin embargo, a mediano plazo los precios al productor menores a los precios internacionales tenderán a desincentivar la producción agroalimentaria, con efectos negativos para la disponibilidad de una alimentación adecuada para la población (FAO, 2015b).

Las restricciones comerciales también pueden tomar la forma de medidas fitosanitarias, por ejemplo, mediante la suspensión temporal de importaciones provenientes de algún socio comercial específico, debido a incumplimientos en las normativas sanitarias para la importación. Recientemente ello sucedió entre Brasil y algunos países de la región, como Panamá, que suspendió la importación de productos cárnicos procesados provenientes del país sudamericano hasta la certificación del cumplimiento de los estándares sanitarios panameños. Medidas como estas permiten cumplir con el objetivo nutricional de asegurar una alimentación inocua.

Acuerdos comerciales: Los acuerdos comerciales son, en líneas generales, la vía mediante la cual los Estados establecen normativamente la liberación del comercio. Los tratados regionales y binacionales, en particular, permiten el acceso preferencial de bienes entre los signatarios del acuerdo, y usualmente se ven acompañados de la armonización de normas sanitarias y comerciales. Así, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) prevé el tratamiento igualitario entre inversores domésticos y extranjeros, mientras que el MERCOSUR establece una modalidad de etiquetado nutricional para todos sus miembros (UNSCN, 2015).

Durante el presente período se han firmado acuerdos comerciales entre países de la región, como son los casos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Uruguay, Colombia y Costa Rica o Perú y Honduras; también se han establecido acuerdos con otros países del mundo, como sucedió mediante la firma del TLC entre Corea del Sur y seis países de Mesoamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).

Acuerdos comerciales como los TLC pueden tener efectos positivos en la disponibilidad alimentaria. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el consiguiente aumento de la inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés) puede tener efectos determinantes en los patrones alimentarios, afectando los objetivos de nutrición relacionados con el consumo de alimentación saludable y la ingesta adecuada de micronutrientes para toda la población. En particular, Hawkes (2006) pone atención en el rol de la industria transnacional de alimentos, y como su creciente presencia puede generar un doble efecto de convergencia y adaptación de los patrones alimentarios. Particularmente, ello refiere a que ciertos productos alimentarios se han integrado rápidamente en la oferta alimentaria de los países, pero esta transversalización se encuentra a su vez diferenciada en nichos determinados por la capacidad de consumo. Siguiendo el ejemplo mencionado anteriormente sobre la disponibilidad de frutas y verduras, los países observan cambios en sus patrones alimentarios debido a este aumento de la disponibilidad de alimentos, que para el caso de la población de mayores ingresos puede significar una mayor variedad de alimentos saludables, mientras que para los estratos más vulnerables supondría un aumento del consumo de alimentos calóricamente densos y nutricionalmente pobres.

Frente a ello, la propuesta del UNSCN (2015) consiste en aumentar la coherencia entre las políticas comerciales y la nutrición, mediante el establecimiento de políticas complementarias que ponderen sus efectos. Así, la política comercial orientada hacia la seguridad alimentaria y nutricional y la alimentación saludable debe ser considerada como parte de un paquete que incluya otras intervenciones dirigidas a productores y consumidores, especialmente aquellos más vulnerables (FAO, 2015b). Por ejemplo, la disminución de la pobreza y la desigualdad será clave para que toda la población pueda consumir alimentos más variados y saludables, al disminuir el efecto que tienen los ingresos en el acceso a los alimentos.

ACCESO

Mensajes principales

El estancamiento del crecimiento económico de América Latina y el Caribe, y la menor velocidad de las dinámicas de reducción de la pobreza y pobreza extrema en los últimos años, dificultan la erradicación del hambre y la malnutrición. Del mismo modo, la persistencia de la desigualdad del ingreso pone presiones en el acceso a los alimentos y, por consiguiente, en la seguridad alimentaria y nutricional.

La población pobre destina una mayor proporción de sus ingresos a la adquisición de alimentos. En un contexto de desaceleración económica, de menores ingresos y capacidad de compra, la cantidad de alimentos de calidad a los que accede la población más vulnerable se ve amenazada, aumentando el consumo de alimentos más baratos, pero con mayor densidad calórica y menor aporte nutricional.

LA ACTUAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA CONDICIONA LOS AVANCES EN LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONTRACCIÓN ECONÓMICA REPERCUTE EN EL EMPLEO Y LA POBREZA

El crecimiento económico es uno de los indicadores básicos para determinar la generación y disponibilidad de ingresos. La tendencia que presenta la región en esta materia se ha deteriorado en el último período; desde el año 2012 se observa una desaceleración del crecimiento del PIB y, a partir del 2015, un decrecimiento, llegando a un -1,3% durante el 2016, siendo la primera recesión de más de un año desde la década de 1980 (Figura 24). Lo anterior es explicado, en gran parte, por la importante disminución en el precio de los productos básicos en los mercados internacionales, lo que ha afectado principalmente a los países de Sudamérica, que en su mayoría son exportadores de estos productos. Pese a que los precios de los productos básicos han presentado un repunte de 28% desde enero de 2016 a la fecha, aún se encuentran por debajo a los niveles anteriores[28] (FMI, en línea). A ello debe añadirse un contexto de incertidumbre en la política internacional, así como el desarrollo de procesos políticos de distinta índole en los países de la región, que tienen repercusiones en los niveles de inversión y consumo. Así, para los próximos años se espera una recuperación pausada, con una proyección de crecimiento de apenas un 1,1% para el 2017, y que llegaría al 2,5% en el 2018 (ONU, 2017b).

Como consecuencia de la contracción económica, la tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe para el año 2016 llegó al 8,9%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto de la de 2015 (Figura 25), el mayor aumento anual en más de dos décadas (CEPAL y OIT, 2017). En la región, 13 de 20 países mostraron un incremento en la tasa de desempleo urbano. Los países de Sudamérica muestran los mayores aumentos en sus tasas de desempleo urbano, lo que está relacionado, como se mencionó anteriormente, con los efectos más profundos que la contracción económica presentó en la subregión.

Desde un punto de vista nacional, el aumento más pronunciado se observó en Brasil, donde, para 2016, la tasa de desempleo se elevó a 13%, 3,7 puntos porcentuales más alta que el año anterior (CEPAL y OIT, 2017). Se puede observar, también, un deterioro de la calidad del empleo, lo que se refleja en un aumento del 1,9 %[29] en la tasa de ocupación de los empleos por cuenta propia. Este tipo de empleo se convierte, en situaciones de contracción económica como la actual, en una alternativa de generación de ingresos para los asalariados desempleados y los nuevos integrantes del mercado laboral que no pueden encontrar trabajo formal (CEPAL y OIT, 2017).

La lenta recuperación del PIB y el aumento del desempleo suponen menores ingresos a nivel de hogares, lo que se ha reflejado principalmente en el estancamiento de la tendencia de reducción de la pobreza y pobreza extrema a partir del año 2013.

En la Figura 26 se observa como el crecimiento sostenido del PIB per cápita se vio acompañado por una importante disminución de la pobreza y de la subalimentación. Sin embargo, en los últimos períodos de desaceleración económica también se han podido observar aumentos en la pobreza; así, luego de varios años de importantes reducciones, entre el 2013 y el 2015 el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones, lo que significa un aumento desde el 28,1% a un 29,2% de la población afectada en el mismo período. Asimismo, la pobreza extrema comenzó a revertir la tendencia decreciente que presentaba desde 2002, aumentando de 66 millones (11,3%) en el año 2012 a 75 millones en el 2015 (12,4%) (CEPAL, 2015).

Lo señalado anteriormente pone también en riesgo los grandes avances logrados en seguridad alimentaria y nutricional, al considerar que las personas que caen bajo la línea de la pobreza extrema no tienen, por definición, ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.[30] En la Figura 27 se presenta la relación entre pobreza extrema y subalimentación. El coeficiente de correlación entre pobreza extrema y subalimentación, en un análisis de 18 países de la región,[31] es de 67,2%, lo que quiere decir que a mayores tasas de pobreza extrema se presentan mayores prevalencias de subalimentación.[32] De hecho, en la Figura 26 se observa que la subalimentación decrece conforme disminuyen la pobreza y la pobreza extrema, mientras que en los últimos años se puede observar un estancamiento en la reducción de las tasas de subalimentación a nivel regional, a la par de una ralentización en la disminución de la pobreza.

Es importante analizar cuáles son las zonas, sectores o personas a los cuales la pobreza afecta de manera sustancial, para así poder focalizar los esfuerzos de las políticas públicas según las necesidades de la población. En la región, como se observa en la Figura 28, la tasa tanto de pobreza como de pobreza extrema es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Aunque esta brecha ha ido reduciéndose en los últimos años, tanto la pobreza extrema rural como la pobreza rural aún se encuentran 20 y 22 puntos porcentuales por encima de las zonas urbanas, respectivamente. Según el último dato disponible, para el 2014 la prevalencia de la pobreza extrema rural es de 27,6% y la urbana es de 8%, mientras que la pobreza rural es de 46,2% y la urbana es de 23,8% (CEPAL, en línea).

AVANCES INSUFICIENTES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PUEDEN RETRASAR EL LOGRO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La reducción de la desigualdad es determinante para lograr un crecimiento prolongado (Ostry, Berg, & Tsangarides, 2014), así como el efecto de la desigualdad en el crecimiento económico es más pronunciado en países en desarrollo que en los países desarrollados (Cunha Neves, Afonso, & Tavares Silva, 2016); de ahí que en la región la desigualdad sea una variable que afecta el desarrollo y dificulta el crecimiento. Además, en los países donde la desigualdad es mayor, la contracción económica afecta desproporcionadamente a los sectores de menor ingreso en términos de seguridad alimentaria y nutricional, debido a que ocupan porciones importantes de su ingreso para alimentarse.

A partir de la década de los 2000, en la región se aprecia una mejora en la distribución del ingreso. Como se observa en la Figura 29, la relación entre el ingreso medio del quintil más rico y el ingreso medio del quintil más pobre se ha estrechado considerablemente, así como ha aumentado la participación en el ingreso en los quintiles más pobres. Sin embargo, desde el 2012, la disminución se ha estancado; según el promedio de 18 países, para el año 2014, el quintil más alto presenta, todavía, un ingreso promedio 15,7 veces mayor al ingreso promedio del quintil más pobre. A pesar de las mejoras que ha presentado la distribución del ingreso en la región, la participación en los ingresos del quintil más rico es en promedio de 54%, mientras que el quintil más pobre recibe en promedio apenas el 4 % de los ingresos (CEPAL, en línea).

Asimismo, el índice de concentración Gini ha presentado mejoras desde el año 2002, siendo para el año 2015 de 0,469 y aunque ha experimentado un descenso constante, el ritmo con el que disminuye se ha ralentizado en los últimos años (CEPAL, en línea). Además, a pesar de las mejoras que muestra el coeficiente Gini en la región, un análisis más profundo realizado por CEPAL (2016) indica que no ha habido un reparto más equitativo de las retribuciones al capital y el trabajo, ya que en varios países disminuyó la participación de los salarios en el PIB en el mismo período en que disminuyó el coeficiente Gini. Adicionalmente, de acuerdo con un estudio realizado en México, la distribución de la riqueza entre familias es más alta que la desigualdad medida solo por ingresos corrientes (CEPAL, 2016). Cabe destacar que la desigualdad de la riqueza afecta mucho más el crecimiento que la desigualdad de ingreso (Cunha Neves, Afonso, & Tavares Silva, 2016).

Así, la región aún tiene mucho que hacer para abrogar la desigualdad y esos avances se deben enfocar en la búsqueda de políticas redistributivas que aseguren reducir la desigualdad en varios aspectos. Tomando en cuenta que, en el contexto actual de contracción económica, la desigualdad puede dificultar aún más la recuperación económica, los hogares de menores ingresos estarían expuestos a los riesgos de una prolongada alimentación deficiente.

EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS Y LOS INGRESOS SON DETERMINANTES PRINCIPALES PARA LA ADOPCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR PARTE DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

Los sectores más vulnerables asignan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos, y tienen a su vez una menor capacidad de ahorro. El desempleo, los aumentos en los precios de los alimentos y otros insumos básicos, o la disminución de su ingreso, puede empeorar significativamente sus condiciones de vida. Esto puede significar un empobrecimiento en la calidad de la dieta, inclinándose por alimentos menos onerosos pero también menos nutritivos y con mayor concentración calórica, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de todo el hogar.

RELACIÓN ENTRE CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS Y SALARIOS MÍNIMOS

La canasta básica alimentaria (CBA) reúne los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, y es utilizada para determinar la línea de pobreza extrema de cada país (CEPAL, en línea). Por otro lado, en vista de que el salario mínimo es fijado para cubrir las necesidades mínimas de un o una trabajador(a) y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países (OIT, en línea), relacionar el costo de la CBA con el monto del salario mínimo puede ayudar a analizar el grado de vulnerabilidad de los hogares más pobres en términos de seguridad alimentaria y nutricional.

Para ello se realizó un análisis para nueve países de la región,[34] que arrojó que en cada uno el salario mínimo supera el costo de la CBA individual. Sin embargo, en algunos países la CBA representa un porcentaje alto del salario mínimo (Figura 30), y del mismo modo, debe considerarse que muchas veces un salario mínimo debe cubrir las necesidades de más de una persona e incluso de toda una familia, por lo que es importante analizar también el costo de una CBA para un grupo familiar.[35] En este caso, como se observa en la Figura 31, no todos los países analizados alcanzan a cubrir el costo de una CBA familiar con los ingresos provenientes de un salario mínimo; incluso algunos necesitarían más del doble para hacerlo.

En otros países, aunque el salario mínimo es suficiente para cubrir la CBA familiar, este representa más de la mitad de su ingreso (Tabla 5), y se debe considerar que no todas las necesidades básicas de una familia están incluidas dentro del costo de una CBA, por lo tanto, pequeñas variaciones en los precios pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional del grupo familiar.

Es importante reparar en que el costo de la CBA puede variar día a día, según varían los precios de los productos que la componen, mientras que los ajustes en el salario mínimo,[36] por lo general, se realizan una o dos veces al año. Así, durante ese período las variaciones en el costo de la CBA pueden no verse compensadas por alzas en los salarios, aumentando sus efectos negativos. En el largo plazo, en la mayoría de los países analizados de la región, los aumentos en el salario mínimo tienden a ser mayores que los aumentos en el costo de la canasta básica alimentaria, siendo las excepciones Guatemala —donde entre 2004 y 2016 el aumento de la canasta básica es mayor en más de tres puntos porcentuales— y México, donde el costo de la CBA aumenta más de un punto porcentual que el salario mínimo (Tabla 6).

Los hogares que ocupan un porcentaje importante de sus ingresos en alimentos, al no poder cubrir los costos de una CBA, sea por no tener el ingreso suficiente, por variaciones en los precios o por la necesidad de realizar otros gastos, pueden terminar adquiriendo menos alimentos de los que necesita el grupo familiar u optar por reemplazarlos por alimentos menos saludables o con bajo aporte nutricional, cuestión que implicaría cambios en la alimentación familiar, que se compondría en una mayor proporción en alimentos calóricamente densos, pero menos nutritivos.

GASTO EN ALIMENTOS POR QUINTILES DE INGRESO: UNA APROXIMACIÓN MEDIANTE ENCUESTAS DE HOGARES

El gasto en alimentos de cada grupo familiar depende de distintas variables y realidades. Una de esas variables, quizás la más importante, es el nivel de ingresos, en tanto tiende a tener una incidencia decisiva en la proporción y composición del gasto en alimentos. Con el objeto de establecer de qué modo el nivel de ingresos impacta en el gasto en alimentos, se analizaron las encuestas de hogar de cinco países de la región[37] (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México) y luego se revisó cómo se distribuye el gasto y las calorías consumidas por grupo de alimentos.

Como se puede observar en la Figura 32, el quintil de menores ingresos ocupa gran parte de su ingreso en alimentos.[38] Colombia tiene, entre los países analizados, el mayor porcentaje de ingreso que se ocupa para el consumo de alimentos en todos los quintiles, siendo en el primer quintil el 95% de sus ingresos y el quintil más rico, el 57,8%. Le sigue Bolivia, donde el quintil más pobre utiliza el 70,4%, Ecuador con el 61,3% y Perú con el 60,3%, mientras que más distante se ubica México, con el 42,6% para el primer quintil. Es interesante observar también como la diferencia en la proporción del gasto en alimentos entre el cuarto y el quinto quintil es mucho mayor que la observada entre los primeros cuatro quintiles, lo que podría señalar la distancia en materia de ingresos que mantienen los grupos más adinerados frente al grueso de la población.

Adicionalmente, dentro de cada quintil hay diferencias en la manera en que se distribuye, para cada grupo de alimentos, el consumo en valor monetario y en calorías. Como se observa en la Figura 33, en el quintil más pobre —en los cinco países analizados— predomina el consumo de cereales y tubérculos, tanto en gasto (valor monetario) como en ingesta de calorías. Sin embargo, la proporción que representa este grupo de alimentos dentro el consumo de calorías es mayor a la del gasto. Dicho de otro modo, los cereales y tubérculos aportan un porcentaje importante de las calorías diarias mínimas a un coste inferior que alimentos más onerosos y de menor densidad calórica, como, por ejemplo, las frutas y verduras.

Por otra parte, conforme aumentan los ingresos, aumenta el consumo de alimentos preparados y fuera del hogar, lo que, en algunos casos, puede significar un incremento de la ingesta de productos ultraprocesados, los que tienden a tener mayores concentraciones de azúcar, grasas y sodio que las preparaciones hechas en el hogar (OPS, 2015) (da Costa Louzada, y otros, 2015) (Martínez Steele, y otros, 2016). Así, en el quintil más rico predomina el gasto en alimentos preparados y fuera del hogar, con la excepción de Colombia, donde la proporción del gasto en cereales y tubérculos es la mayor dentro de los quintiles más ricos. En cuanto al consumo de calorías en dicho quintil, salvo por Bolivia y Colombia, donde el grueso de las calorías se obtiene de cereales y tubérculos, en los restantes países analizados la mayor parte de las calorías diarias provienen de los alimentos preparados y fuera del hogar.

Se puede observar también que tanto las frutas y verduras como las carnes y pescados representan una proporción importante dentro del gasto en alimentos para ambos quintiles. Sin embargo, al ver la distribución del consumo en calorías, la proporción que representan estos dos grupos disminuye considerablemente, reflejando el alto costo que puede significar para los hogares el consumo de estos productos. A nivel de quintiles, la proporción dentro del gasto es similar en ambos quintiles, sin embargo, en términos de calorías, en todos los países revisados la proporción es menor en el quintil más pobre, sobre todo en Perú y Colombia, donde el porcentaje de los ingresos dedicados al consumo de estos alimentos en el quintil más pobre es casi la mitad que la del quintil más rico.

En cuanto al consumo del grupo de lácteos y huevo, destaca México, donde el porcentaje del gasto es mayor en el quintil más pobre, pero la proporción de las calorías en este mismo quintil es la mitad que la del quintil más rico, indicando que para los hogares más pobres puede ser muy costoso consumir este grupo de alimentos.

En todos los países analizados, la proporción del gasto y de consumo de calorías en azúcares y aceites y grasas es mayor en el primer quintil en comparación al quintil más rico. En el caso de los azúcares destacan Colombia y México, donde el consumo de calorías en el quintil más pobre es más del doble que en el quintil más rico. Además, en Colombia en el quintil más pobre la proporción dentro del gasto de alimentos es tres veces mayor que en el quinto quintil.

Estos datos se condicen con lo estudiado por Drewnowski (2010) respecto al costo calórico de los distintos grupos de alimentos, cuya investigación demuestra que el costo por caloría de las frutas y verduras es mayor al costo por caloría de carbohidratos y aceites. Así, los hogares que ocupan gran parte de su ingreso en alimentos, ante la necesidad de cubrir las calorías mínimas a menor costo, optan, en mayor medida que los hogares de ingresos más altos, por comprar productos calóricamente densos como cereales y tubérculos, azúcares, aceites y grasas, los que, en algunos casos, pueden no contener los nutrientes suficientes para una alimentación saludable. Adicionalmente, pequeñas alzas en el precio de los cereales o tubérculos podrían ocasionar en los hogares más pobres un menor consumo de otros grupos de alimentos con mayor costo por caloría, como las frutas y verduras, para poder cubrir los aumentos en el precio de estos alimentos, ya que representan la mayor proporción dentro de su gasto y consumo.

El valor monetario del gasto de alimentos no solo contempla la compra de alimentos, sino que también la producción propia, las comidas fueras del hogar y otras fuentes, observándose diferencias en la distribución según quintil, lo que puede ser relevante al analizar los hogares donde el porcentaje del consumo de alimentos es alto respecto a su ingreso.

Como se puede apreciar en la Figura 34, los quintiles más pobres, en todos los países analizados, tienden a consumir un mayor porcentaje de alimentos de producción propia. Destacan Bolivia y Perú, donde en el quintil más pobre los alimentos de producción propia representan más del 20% del total de calorías consumidas, mientras en el quintil más rico el consumo es menor al 4%. También llama la atención Colombia, ya que en el quintil más pobre el 93% de las calorías consumidas proviene de la compra de alimento y solo un 3,9% es de producción propia. Esto es relevante dado que, como se vio anteriormente, el consumo de alimentos representa el 95% de los ingresos del quintil más pobre, lo que hace plausible que el consumo se concentre en alimentos de mayor densidad calórica. De los países analizados, es en Colombia donde la mayor parte del gasto alimentario se destina a la compre de cereales y tubérculos (45%) y el que menos dinero asigna a la compra de frutas y verduras (4%).

Por otro lado, en los países analizados, los alimentos fuera del hogar tienden a ser mayores en los quintiles más altos, siendo México el país que ostenta el porcentaje más alto, cercano al 50%. Llama la atención, también, el alto porcentaje de comidas fuera del hogar en Perú dentro del quintil más pobre, siendo mayor al 20%.

TENDENCIA RECIENTE DE INFLACIÓN GENERAL Y DE ALIMENTOS EN PAÍSES DE LA REGIÓN Y SU TRASPASO A LOS SALARIOS

Los aumentos en los precios generales y de alimentos repercuten directamente en la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares, sobre todo en los quintiles más pobres en los que, como se observó anteriormente, el porcentaje del ingreso destinado a la adquisición de alimentos es muy alto. Por otro lado, los ajustes en los salarios tienen menor periodicidad, y no necesariamente compensan las variaciones inflacionarias.

Dada la coyuntura económica de la región, durante el 2016 la inflación alimentaria de los países de Sudamérica tendió a ser más alta respecto a las tasas presentadas en 2015. En ese contexto, los ajustes del salario medio real en 2016 de los países de la subregión tendieron a mostrar contracciones o crecimientos moderados (CEPAL y OIT, 2017). En Brasil, Colombia y Paraguay el salario medio real tendió a disminuir, y en Chile la variación fue menor que la del año anterior; sin embargo, Uruguay mostró un alza igual a la del año anterior, así como en Perú la variación fue positiva. En Mesoamérica, en cambio, los salarios reales se han visto beneficiados por las tasas de inflación descendientes de 2016. Así, en Costa Rica, México y Nicaragua mostraron variaciones positivas, aunque inferiores a las del año anterior. Sin embargo, en Guatemala el salario medio real mostró una reducción respecto al año anterior.

La situación inflacionaria ha tendido a mejorar durante el 2017 con el fortalecimiento de las monedas nacionales (Banco Mundial, 2017). En la Tabla 7 se observa que la mayoría de los países sudamericanos[39] presenta menores tasas de inflación alimentaria que en los mismos meses del año anterior, a excepción de Perú, donde el fenómeno climatológico del Niño Costero afectó el abastecimiento normal de alimentos (INEI, 2017); y de Paraguay, donde son un tanto más altas. En Centroamérica,[40] las tasas también son menores a las del año pasado e incluso son negativas en países como Nicaragua, Panamá y El Salvador. En México, la inflación alimentaria ha tendido a ser más alta, dado el actual contexto de incertidumbre respecto a las políticas de Estados Unidos, la depreciación de la moneda y el aumento del precio de los combustibles.

Respecto al Caribe, luego de una alta inflación alimentaria durante el 2016, en Haití las tasas se muestran un tanto más bajas, aunque aún son mucho más altas que las registradas durante 2015. Jamaica, en lo que va de año, exhibe tasas de inflación alimentaria significativamente más bajas que las presentadas durante los mismos meses de 2016, aunque han tendido a aumentar en el último tiempo. Trinidad y Tabago también muestra tasas más bajas, mientras que en Belice las tasas de inflación alimentarias son negativas.

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS: EVIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (PTC)

En vistas de que el ingreso es, como se ha observado, un condicionante importante para el acceso a una alimentación saludable, analizar la situación de las políticas sociales implementadas en la región puede entregar información respecto a cómo enfrentar esta problemática. En efecto, en América Latina y el Caribe se han diseñado e implementado durante las últimas décadas una serie de políticas y programas de protección social, con el fin de aumentar el ingreso disponible de las poblaciones más vulnerables (FAO y OPS, 2017).

Pese a algunos pasivos institucionales y económicos ocasionados por los procesos de ajuste estructural de fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, los Estados de la región han logrado avances promisorios en la cobertura de la protección social.[41] En comparación con otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe presenta un mayor cantidad de acciones orientadas a ampliar la cobertura de la protección social[42] durante el período 1998-2015, abarcando en promedio al 59,6% de la población, superando a otras regiones en desarrollo, como África Sub-Sahariana (19,2%), Asia del Sur (27%), África del Norte y Medio Oriente (52,8%), Asia Oriental y Pacífico (58,9%), y solo siendo superada por Europa y Asia Central (69,3%) (Banco Mundial,en línea). Estos adelantos a nivel regional son el reflejo de: (i) un mayor compromiso político y experiencia técnica acumulada en materia de protección social con respecto a otras regiones, dada la expansión y consolidación de los esquemas de asistencia social durante la década del 2000, especialmente por medio de programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTC), las pensiones sociales y los programas alimentación escolar; y (ii) la mayor cobertura de la seguridad social a raíz del crecimiento económico y el aumento de la formalización en zonas urbanas observada durante la década de los 2000 (Weller, 2014).

Los programas de transferencias condicionadas nacieron al alero de dos hechos complementarios que se observan en los países de la región: (1) una cobertura en general baja de los mecanismos de protección social; y (2) un creciente reconocimiento al rol del Estado en el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) (Cecchini y Nieves, 2015). Así, los PTC se estructuran como iniciativas para garantizar ingresos mínimos a aquellos segmentos de la población más desprotegidos y vulnerables. Su carácter, que va más allá del concepto tradicional de la protección social contributiva, desarrollado históricamente en la región durante el siglo XX, implica dejar atrás la concepción anterior de proyectos de contención puntual ante emergencias y asistencia discrecional que predominó en la década de 1980, y pasar a una mirada más universalista de la protección social, al llegar de una forma más sistemática y estructurada a la población más vulnerable (Kliksberg y Novacovsky, 2015).

Varias publicaciones[43] han abordado el desarrollo y rol de los PTC en la erradicación del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe. Actualmente, 20 de los 33 países de la región cuentan con algún PTC en operación, con una cobertura regional que alcanza el 20,2% de la población. Cabe señalar que esto corresponde a una disminución, leve pero sostenida de la cobertura entre 2013 y 2016, de 1,8 puntos porcentuales (Cecchini & Atuesta, 2017), que se observa en un contexto en el cual tanto la pobreza como la subalimentación han aumentado en la región. A su vez, pese a la extensa cobertura que han alcanzado en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, muchos de los PTC adolecen de serios problemas de focalización, que conducen a la exclusión indebida de amplios segmentos de la población que padecen de graves carencias. En efecto, la escala de los PTC en los países de la región es tal que, si estuvieran perfectamente focalizados en los hogares más pobres de cada país, alcanzarían a cubrir a la totalidad de la población en situación de extrema pobreza e incluso a casi las tres cuartas partes de la población pobre.[44] En la práctica, sin embargo, un número considerable de los hogares en situación de extrema pobreza (cercano, en algunos países, al 50% del total) no se hallan cubiertos por los PTC, lo cual indica que persisten niveles elevados de exclusión que conspiran contra el logro una mayor eficacia en los esfuerzos por reducir el hambre y la pobreza en la región (Cecchini y Atuesta, 2017).

Un aspecto distintivo de los PTC es que la entrega de las transferencias monetarias se encuentra sujeta al cumplimiento de corresponsabilidad, la mayoría de ellas vinculadas a las áreas de educación y salud (Cecchini y Madariaga, 2011). A su vez, muchas de estas transferencias tienen entre sus objetivos específicos fomentar el acceso a una mayor variedad de alimentos y otros bienes de primera necesidad. En algunos casos, esto se ha implementado mediante métodos específicos de cálculo de los montos a transferir, los distintos componentes de transferencias del programa, mecanismos de extensión y educación nutricional, o la restricción del uso de la tarjeta magnética a la compra de alimentos y otros bienes básicos. Del mismo modo, la reducción de las restricciones de liquidez de los hogares participantes también puede derivar en pequeñas inversiones productivas que pueden mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y estabilizar sus medios agrícolas de subsistencia.[45] Por ello, se estima que los PTC, al ampliar el ingreso disponible de los hogares, tendrían efectos en la reducción de la pobreza por ingresos y el hambre, pero al mismo tiempo podría tener efectos positivos en los patrones alimentarios de los estratos sociales más vulnerables.

Existe un número importante de PTC que han sido evaluados y/o estudiados para dar cuenta de sus efectos en la pobreza, el hambre y la malnutrición. La Tabla 8 entrega un resumen no exhaustivo de dichos programas y efectos.

La tabla permite observar efectos que pueden agruparse en cuatro categorías:

1) Efectos en la pobreza por ingresos: mediante la entrega periódica, predecible y constante de los apoyos monetarios, los PTC pueden contribuir a reducir la pobreza por ingresos de sus usuarios, así como mejorar la desigualdad entre grupos de ingreso. Ello tiene efectos directos en la alimentación, pues el ingreso es, tal como se ha discutido en este documento, uno de los condicionantes principales del acceso a los alimentos.

2) Efectos en educación y salud: las corresponsabilidades referidas a la asistencia escolar y controles de salud permitieron mejoras en indicadores como la escolaridad de los usuarios, y han contribuido a potenciar impactos en la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento de la vacunación, entre otras. Si se considera que la educación alimentaria, en el contexto de las escuelas primarias y secundarias, es uno de los canales más importantes para la promoción de la alimentación saludable (FAO y OPS, 2017), el aumento de la asistencia escolar puede tener efectos positivos en los patrones alimentarios en el largo plazo. A su vez, las corresponsabilidades en materia de salud, junto al aumento del consumo de más y mejores alimentos e intervenciones complementarias, han permitido una disminución de la malnutrición. De todos modos, hay que señalar que existen casos, como México, en los cuales se ha reportado un aumento del IMC de los usuarios menores de edad de los programas, lo que tiene implicancias en el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad en la población más vulnerable.

3) Efectos en la alimentación: países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú reportan directamente mejoras en el consumo de alimentos y su variedad, lo que confirma, por un lado, la importancia que tienen los PTC para sostener cambios en los patrones alimentarios, pero también plantea, por otro, la necesidad de ampliar las investigaciones respecto al rol que pueden cumplir en este ámbito.

4) Efectos en la producción de alimentos: finalmente, algunos programas tienen también efectos en la producción de alimentos, particularmente en el caso de las familias habitantes de zonas rurales, mediante incrementos en la compra de insumos agrícolas y aumentos en la productividad del trabajo y la tierra (Tiribayi, Knowles y Davies, 2013). Ello puede tener implicancias positivas tanto desde el punto de vista del autoconsumo, como de la creación de fuentes de ingreso permanentes.[47]

UTILIZACIÓN

Mensajes principales

El agua potable y la infraestructura sanitaria son condiciones básicas para erradicar la malnutrición y garantizar un uso y transformación adecuados de los alimentos. La cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe ha mejorado en los últimos 15 años, pero el acceso a fuentes seguras de agua todavía se encuentra por debajo del promedio global.

Se observan importantes diferencias en el acceso a servicios básicos en América Latina y el Caribe, tanto entre países como al interior de ellos. Las zonas rurales y la población de menores ingresos tienen un acceso significativamente menor a agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe.

Se reportan esfuerzos por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe por ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento, tanto respecto a inversiones en infraestructura como en subsidios para asegurar el acceso económico a estos servicios.

ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ES ESENCIAL PARA ASEGURAR UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL

Las dificultades en el acceso a infraestructura básica de agua potable y saneamiento es una de las causas subyacentes de la malnutrición, especialmente en niños. Si bien la calidad y cobertura de estos servicios ha mejorado a lo largo del tiempo, aún persisten riesgos importantes, con consecuencias negativas para la seguridad alimentaria y nutricional (HLPE, 2015). La carencia de estos servicios no solo afecta la salud de las personas, sino también añade dificultades a la reducción de la pobreza, limita el desarrollo socioeconómico y daña al medio ambiente (CEPAL, 2017). En lo que refiere a la salud y nutrición infantil, es posible asociar la desnutrición infantil con la ausencia de instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento básico en el hogar, lo que aumenta el riesgo de que se contraigan enfermedades que contribuyen y agudizan el desarrollo de la desnutrición (UNICEF, 2006).[48]

La importancia de contar con las condiciones necesarias de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento han sido reconocidas en la Agenda 2030, la que aborda no solo aspectos de cobertura, sino también respecto de la calidad y sostenibilidad del agua, avanzando en procurar un acceso más equitativo y eficiente a los servicios, así como procurando velar por los potenciales impactos ambientales de su implementación. En América Latina y el Caribe aún quedan brechas importantes por cerrar en lo relativo a la cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Los avances en esta materia son heterogéneos y responden a las estrategias de cada país, que dependen a su vez de características geográficas, socioeconómicas, culturales e institucionales (CEPAL, 2017).

El acceso al agua libre de contaminación es fundamental para la producción y transformación de alimentos. Muchas enfermedades se transmiten por el consumo de alimentos, y pueden encontrar su origen en el uso de agua no apta para el consumo humano utilizada para la producción y preparación de alimentos. Así, el agua contaminada es el vehículo por el cual agentes patógenos y contaminantes se transmiten desde el medio hacia la cadena alimentaria, con las consecuentes implicancias sobre la inocuidad de alimentos (CEPAL, 2017). La superación de estas deficiencias puede reducir la incidencia, o erradicar completamente algunas de las enfermedades asociadas a la contaminación en el agua. La evidencia sugiere que la mejora en el acceso a infraestructura de agua y saneamiento tiene incidencia directa en la reducción de la mortalidad infantil, en tanto impide el desarrollo de trastornos como la diarrea y, consecuentemente, mejora el estado nutricional (HLPE, 2015).

La Figura 35 da cuenta de la cobertura de agua potable en América Latina y el Caribe y sus subregiones.[49] En la región, el 65% de la población cuenta con instalaciones de agua potable y un 31% con instalaciones básicas; en Sudamérica, estas cifras, al año 2015, alcanzan un 74% y 22%, respectivamente, mientras en Mesoamérica un 50% y 47%, respectivamente. En el Caribe, en tanto, la población que dispone de acceso al menos a servicios básicos alcanza el 88% de la población subregional. Para todos los casos, la cobertura de la población con acceso al menos a servicios básicos aumentó desde el año 2000 al 2015; sin embargo, al comparar con los promedios globales, la región se encuentra por debajo de la cobertura de fuentes de manejo seguro de agua, el que alcanza al 71% de la población mundial frente a un 65% para América Latina y el Caribe.

Como sea, el 96% de la población regional cuenta con acceso al menos a instalaciones básicas, lo que significa un aumento en la cobertura de 133,5 millones de personas en comparación con el año 2000. Sin embargo, al 2015 aún casi 8 millones de personas no cuentan con acceso a algún tipo de servicio, teniendo que recurrir directamente a la extracción de agua de ríos, lagos u otras fuentes de superficie, así como 16,2 millones de personas solo tienen acceso a fuentes de agua no mejorada o limitada. En este último caso, el contar con el recurso implica viajes que superan la media hora (entre ida y vuelta), tarea que recae en la mayoría de los países en mujeres o niñas.[50]

En lo que respecta a la infraestructura de saneamiento,[51] el acceso a instalaciones mejoradas ha aumentado entre los años 2000 y 2015, tanto en el conjunto de América Latina y el Caribe como en sus subregiones. En este período, la cobertura de infraestructura sanitaria que al menos es básica se amplió a más de 147,5 millones de personas (Figura 36). Si bien en todas las subregiones las personas sin cobertura se han reducido significativamente, en el período aún más de 19 millones de personas no cuentan con infraestructura sanitaria, lo que se suma a los más de 39,3 millones de personas que acceden a instalaciones no mejoradas de saneamiento, y los casi 32 millones de personas que comparten instalaciones con otros hogares.

PERSISTENCIA DE GRANDES DESIGUALDADES EN COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁREA RURAL Y ENTRE LOS MÁS POBRES

Tras el panorama recién expuesto, es necesario destacar las brechas y disparidades existentes en la región en el acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento, tanto a nivel de países como al interior de ellos. Generalmente, son los más pobres y las personas que residen en zonas rurales quienes presentan mayores dificultades para contar con instalaciones mejoradas o acceder a estos servicios.

En la Figura 37 se detalla la cobertura de servicios de saneamiento por área geográfica. Allí se aprecia que, en algunos casos, la diferencia entre los umbrales de cobertura en áreas rurales y urbanas es significativa. Por ejemplo, en Haití, casi dos tercios de la población rural no acceden o cuentan con servicios sanitarios mejorados, frente al 22% de la población urbana. En Guatemala, cerca del 40% se encuentra en dicha situación en el área rural, en comparación con el 8,9% de la población urbana; mientras que en Bolivia el 67% de la población rural se encuentra sin servicios o accede a infraestructura no mejorada, frente a un 8,8% de la población urbana. Por otra parte, en términos generales el número de personas que comparten instalaciones sanitarias es mayor en el área urbana que en la rural.

Una situación similar se observa en la cobertura de la población con acceso a agua potable: esta es mayor en las áreas urbanas, sin embargo, en la mayoría de los países la brecha es menor entre áreas geográficas. Por otra parte, la cobertura del servicio en varios países alcanza o está cerca de ser universal.

Por otra parte, al comparar el acceso a los servicios por nivel de ingresos, el quintil más pobre suele presentar mayor dificultad para acceder a ellos (Figura 39). Para los países en donde se dispone de información, como Bolivia y Haití, la población más pobre presenta carencias importantes en esta materia, y más del 80% no tiene acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento alcanzando, en el caso de agua potable, el 40% y 64%, respectivamente.

POLÍTICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

El acceso a agua y saneamiento está en la base del desarrollo humano, siendo fundamental para el sector agrícola, industrial, energético y doméstico, y, particularmente, para el desarrollo de los asentamientos humanos y de los ecosistemas. La existencia de servicios de agua y saneamiento adecuados es esencial para la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias, muchas de las cuales son causales de desnutrición. Falta de apetito, incorrecta absorción de nutrientes, aceleración del metabolismo y mayores pérdidas de sangre son algunos de los impactos que tienen dichas enfermedades e infecciones, pudiendo además incrementar el riesgo de retrasos del crecimiento, afectar el desarrollo cognitivo, sistemas inmunitarios débiles, producir anemia, partos prematuros, desnutrición infantil, crecimiento deficiente y pudiendo llegar a comprometer la eficacia de las intervenciones nutricionales (OMS, UNICEF y USAID, 2015).

Llevar a cabo intervenciones en materia de agua y saneamiento puede interrumpir la transmisión de patógenos desde el medio ambiente hacia las personas a través del agua. Al implementar acciones para remover dichos patógenos, el saneamiento actúa como una barrera primaria que impide que los patógenos se cuelen en las fuentes de agua y campos agrícolas, además de prevenir la contaminación de moscas (OMS, UNICEF y USAID, 2015).

Por otro lado, la escasez de agua para la agricultura y para los sistemas alimentarios es una situación a la que los diversos países de América Latina y el Caribe deben enfrentarse, puesto que su disponibilidad varía acorde a las regiones geográficas, dados los niveles de agua de lluvia y de los niveles de agua superficial y subterráneos. Sumado a lo anterior, el cambio climático incrementa la incertidumbre respecto de la disponibilidad de agua, puesto que afecta las precipitaciones, escurrimiento de agua, flujos hidrológicos, calidad y temperatura del recurso y la recarga del agua subterránea. De acuerdo con el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE, por sus siglas en inglés) es necesario que la gestión de la tierra y el agua preserve las funciones del ecosistema y asegure el futuro del recurso si se desea alcanzar la seguridad alimentaria, dado que es clave para asegurar la cantidad y calidad del agua (HLPE, 2015b).

El acceso a servicios de agua potable y saneamiento es uno de los indicadores que compone el Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador compuesto de los logros medios obtenidos en tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno; y el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), que permite medir qué tan lejos, o cerca, está una sociedad del acceso universal a un bien o servicio esencial, y cuán equitativamente se distribuye el acceso entre las personas (Banco Mundial, 2016b). Si bien los niveles de pobreza y pobreza extrema han disminuido en América Latina y el Caribe, la incidencia sigue siendo alta y es reflejo de una deficiente provisión de servicios públicos, tanto por falta de acceso como por la calidad de dichos servicios. Lo anterior se realza aún más al observar la distribución desigual de los índices de pobreza y pobreza extrema entre las áreas rurales y las urbanas (FAO y OPS, 2017).

El ODS 6 plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, disminuyendo así las enfermedades y muertes relacionadas con el acceso a dichos servicios. El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano íntimamente relacionado con el derecho a la vida, a la alimentación y a la salud; además, representa factores vitales para el bienestar y el desarrollo humano, y es un elemento determinante para el logro de otros objetivos de desarrollo, tales como una adecuada nutrición, la erradicación de la pobreza y la igualdad de género.

Actualmente el 96% de la población de América Latina y el Caribe cuenta con acceso a servicios de agua potable básico y mejorado, el 86% a servicios de saneamiento básico y mejorado, siendo la población rural pobre aquella con menor cobertura. Aunque la brecha existente entre las áreas rurales y urbanas se ha reducido, persisten grandes diferencias: al 2015, prácticamente toda la población urbana (98,8%) contaba con acceso a agua potable, sin embargo, en el mismo año en las áreas rurales el acceso, en su conjunto, era 13 puntos porcentuales inferior (85,4%). Algo similar se puede observar en el acceso a saneamiento, ya que mientras un 90% de la población urbana contaba con acceso a estos servicios, la población rural que accede al saneamiento solo es de un 68,4%. Estas cifras sugieren que, en la región, los desafíos en esta materia se concentran principalmente en reducir las diferencias entre las áreas urbana y rural, lo cual se observa dado que, en los últimos años la cobertura rural se ha incrementado en mayor medida que la urbana, que se encuentra prácticamente estancada desde el año 2000 (OMS y UNICEF, en línea). Desde el 2000 al 2015, la cobertura de servicios de agua y saneamiento básico y mejorado en las áreas rurales se ha incrementado en casi un 15% y un 21%, respectivamente.

Si bien América Latina y el Caribe presenta elevados índices de uso de fuentes mejoradas de agua potable y de saneamiento, aún más de 24 millones de personas y más de 90 millones de personas no cuentan con acceso a servicios básicos o mejorados de agua y saneamiento, respectivamente. Para disminuir enfermedades y muertes derivadas por la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico, de modo de aumentar el bienestar, mejorar la salud y fomentar la productividad, los países de la región han desarrollado e implementado una serie de políticas públicas que promueven, mejoran, norman y/o regulan el acceso a servicios de agua y saneamiento.

En la región, existe una gran variedad de leyes que abordan la materia: leyes generales de agua, leyes sectoriales de salud o medio ambiente, o leyes sectoriales nacionales o subnacionales específicas de agua y saneamiento.[52] Por ejemplo, países como Ecuador, Nicaragua, Uruguay y varios países de habla inglesa del Caribe, cuentan con leyes generales de agua o leyes sectoriales de salud o de medio ambiente que disponen sobre los servicios de agua potable y saneamiento. En tanto, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Costa Rica y Honduras, entre otros, cuentan con leyes sectoriales nacionales específicas en materia de agua y saneamiento; Argentina, en tanto, dado su carácter federativo, posee leyes sectoriales subnacionales. Dependiendo de la cobertura efectiva en servicios de agua y saneamiento, los países de la región también han abordado la materia en planes amplios, como los de desarrollo nacional, o en lineamientos como políticas o planes de desarrollo sectoriales. Por dar algunos ejemplos, Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Trinidad y Tobago no cuentan con planes nacionales sectoriales específicos; ya sea debido a la alta cobertura que poseen en sus servicios o, como Argentina, debido al carácter federativo del país. En cuanto a los diversos marcos institucionales vigentes en América Latina y el Caribe, se pueden observar marcadas diferencias entre los países, ya sea en cuanto a la institución rectora, el ente encargado de la supervisión o el organismo prestador de los servicios; en algunos casos un mismo organismo puede desempeñar todas las funciones anteriormente señaladas. Además, también varía el carácter público o privado de los prestadores. Por lo general en los países de menor escala geográfica, y donde existe un operador de alcance nacional, la entidad rectora suele ser también el ente que presta los servicios de agua y saneamiento. Además, la mayoría de los países tienen una empresa que regula los servicios de forma exclusiva o que regulan simultáneamente varios servicios públicos.

En cuanto a las formas de organización de los prestadores, se pueden observar instituciones de alcance nacional y a nivel de estados, provincias y regiones administrativas e incluso del ámbito municipal o intermunicipal, que toman diversas formas legales constitutivas: por ejemplo, países como Barbados, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay poseen un predominante prestador urbano, incluso pudiendo ser nacional. Por su parte, las empresas de escala provincial, de estado o región administrativa, se encuentran presentes en Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana y Venezuela. Además, también pueden coexistir prestadores municipales, cooperativas y privados; los prestadores municipales e intermunicipales son característicos de los países donde se desarrollaron procesos de descentralización municipal. En el ámbito rural, por otra parte, predominan ejemplos de base comunitaria con estructuras organizacionales similares en la mayor parte de los países (CEPAL, 2014). Si se desean alcanzar los objetivos de igualdad e inclusión social, calidad y protección ambiental en el área de servicios de agua y saneamiento y, a su vez, disminuir las brechas existentes, es fundamental contar con una regulación efectiva de los servicios de agua y saneamiento (CAF, 2012).

La participación de la sociedad civil en temas de agua y saneamiento puede tener un impacto positivo en el suministro de estos servicios, puesto que disminuye las asimetrías de información, limita las acciones discrecionales técnicas y financieras, previene la corrupción, apoya la capacidad de respuesta social a las decisiones, canaliza las preocupaciones de la gente y activa la resolución de conflictos (CAF, 2012). Ejemplo de ello es el caso de Colombia, que por medio del Decreto 1842/91 (y sus modificaciones) expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios; además, la ley 142/94 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, a través de los cuales se fija la intervención obligatoria por parte de comités en el control y discusión de aranceles y planificación de proveedores de servicios. La legislación señala que deben existir Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios en todos los municipios. Dichos comités se componen por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de los servicios. La cantidad de miembros varía acorde a la población de los municipios y/o distritos. Una de las funciones con la que deben cumplir es estudiar y analizar el monto de los subsidios otorgados por el municipio a los usuarios de bajos ingresos; además de examinar los criterios y mecanismos de reparto de dichos subsidios. Contar con sistemas de información puede mejorar la formulación de políticas públicas y la puesta en marcha de acciones que mejoren los servicios de agua potable y saneamiento. Dichos sistemas recopilan datos e información de diversos organismos, tales como agencias nacionales y locales de estadística, reguladores y proveedores de servicios de agua y saneamiento, y otras fuentes públicas relacionadas para generar productos que apoyen la toma de decisiones en la materia. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de Brasil, recopila información sobre la prestación de servicios de agua y alcantarillado, de manejo de residuos sólidos urbanos y drenaje y manejo de las aguas pluviales urbanas. El sistema publica anualmente los diagnósticos de la situación de la prestación de servicios de saneamiento básico, y la información producida es utilizada a nivel central, estatal y municipal para: la planificación de políticas públicas en el sector; como guía para la aplicación de ingresos fiscales; para la evaluación y supervisión del desempeño; mejorar de gestión; la implementación de acciones de orientación de la regulación y supervisión de las actividad de los propietarios; como contribución al control social; y comparación y medición de la información global y regional del sector (CAF, 2012).

Según el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina (2012), si bien la población tiene a su disposición servicios de agua y saneamiento, a veces no accede a dichos servicios debido al costo que ello implica y a que no conlleva beneficios inmediatos, dejando en un segundo plano la importancia de contar con condiciones sanitarias mejoradas. Para poder disminuir los costos asociados a los servicios de agua y saneamiento, han sido implementadas una serie de tarifas y subsidios: en países como Chile, Colombia y Perú se han establecido mecanismos tarifarios basados en modelos de regulación económica. En Chile, los precios pueden señalar el costo de escasez económica real y todos los consumidores pagan una tarifa igual para niveles iguales de consumo. Sin embargo, el Estado subsidia a los consumidores más vulnerables que no pueden pagar sus facturas. En el caso de Colombia, operan servicios cruzados y rigen tarifas diferenciadas para los consumidores domésticos, en función de la categoría socioeconómica a la que pertenecen. En Perú, las tarifas deben incluir todos los costos de la prestación de los servicios, a nivel de eficiencia, y rigen tarifas subsidiadas que aplican a todos. En cambio, Uruguay ha fijado procedimientos administrativos de recuperación de costos, posee una estructura tarifaria que incluye una tarifa base constituida por una parte fija que cubre los costos fijos y una parte variable que cubre los costos variables o costos proporcionales al consumo. El país ha establecido, además, una facturación bonificada variable para personas vulnerables. En Brasil, en tanto, se cuenta con mecanismos de costos ajustados por inflación. Los países de la región también pueden contar con otros sistemas que combinan los componentes señalados anteriormente. En lo que respecta a subsidios, subsidios cruzados operan en todos los servicios de la región. En algunos casos, como en Ecuador y El Salvador, coexisten con subsidios tributarios directos. En este sentido, existe una amplia dispersión con respecto a la identificación de beneficiarios y el valor de la subvención.

ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Mensajes principales

La producción sostenible de alimentos será fundamental para garantizar la alimentación adecuada y, consecuentemente, la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe en el futuro.

Los desastres relacionados con el clima impactan los medios de vida, con consecuencias severas para la seguridad alimentaria y nutricional. En los últimos años, han sido causantes de enormes daños económicos, así como de un aumento en el número de personas afectadas en América Latina y el Caribe, imponiendo un carácter de urgencia a las acciones necesarias para su mitigación y adaptación.

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO AUMENTAN LOS RIESGOS PARA LA AGRICULTURA, PERO LA AGRICULTURA TAMBIÉN CONTRIBUYE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático[53] es una de las grandes preocupaciones de la Agenda 2030, en tanto se lo considera una amenaza para la consecución de muchos de los objetivos planteados, entre los que se cuenta la seguridad alimentaria y nutricional. Los efectos del cambio climático, entre los que se encuentran los aumentos en las temperaturas; el incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos; la degradación de los suelos; la acidificación de los océanos; aumentos en el nivel del mar; y la pérdida de la biodiversidad (FAO, 2016b), aumentan los riesgos para la agricultura y se suman a los desafíos que el sector ya enfrenta, como el aumento de la población, la creciente urbanización y los cambios en la demanda de alimentos, entre otros[54] (FAO, 2017a), profundizando aún más sus consecuencias negativas.

El cambio climático afecta la estabilidad y sostenibilidad de los sistemas alimentarios, impactando la disponibilidad de alimentos al reducir los rendimientos esperados de los cultivos, los niveles de producción, la calidad de los alimentos y el acceso de los recursos hídricos, ya sea directamente, por cambios en los patrones de precipitaciones y temperatura, o indirectamente, por medio de un aumento en la incidencia de plagas y enfermedades. Su incidencia no solo afecta la etapa de producción, sino que también la de post-producción, al alterar, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento (FAO, 2016c). Los shocks climáticos en zonas agrícolas pueden afectar la oferta internacional de alimentos, teniendo a su vez impactos en sus precios internacionales y locales.[55] Los efectos directos sobre la producción agrícola conllevan riesgos adicionales para la seguridad alimentaria y nutricional, en particular para las poblaciones cuya alimentación y medios de vida dependen directamente de ella. Por otra parte, entre los efectos indirectos se encuentran las implicancias sobre la volatilidad de precios y los flujos comerciales tanto locales como internacionales. Lo anterior da cuenta de que los riesgos y efectos asociados al cambio climático son amplios, generando consecuencias económicas, sociales y ambientales, que en su conjunto impactan la estabilidad de las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional.

Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una estrecha relación con el cambio climático (IPCC, 2014a). Hoy, América Latina y el Caribe aporta cerca de un 10% de las emisiones globales de CO2, en tanto a nivel regional sus emisiones se han incrementado en un 22% entre 1990 y 2010, un crecimiento por debajo del promedio global, que alcanzó un 30% en el mismo período (Figura 40).

Por otro lado, la contribución de la agricultura a las emisiones de gases de efecto invernadero es significativa, particularmente mediante el aporte de CO2, CH4 y óxido nitroso (FAO, 2016c). A nivel global, las emisiones provenientes de la agricultura, la actividad forestal y otros usos de la tierra dan cuenta del 21% del total de emisiones de efecto invernadero, las que se explican en su mayoría por la deforestación, la producción ganadera y la gestión de suelos y nutrientes (FAO, 2016d). Esta proporción cambia significativamente desde el punto de vista regional: en la Figura 41 se puede observar que la agricultura es responsable de más de la mitad de las emisiones de efecto invernadero de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, la región es responsable de un cuarto de las emisiones que se originan en la agricultura, la actividad forestal y otros usos de la tierra a nivel global, lo que pone de manifiesto la urgencia de tomar acciones respecto a la sostenibilidad de la producción agrícola, de forma de reducir la contribución del sector al cambio climático, más aún cuando la agricultura de la región tiene un rol importante en el mercado mundial de alimentos.

Es importante considerar que las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en el sector agrícola no consideran las etapas previas y posteriores a la producción de alimentos, ya que son informados por otros sectores como la industria y el transporte. Algunas estimaciones indican que si se incorporan las contribuciones de emisiones (ya sean directas o indirectas) de cada etapa de la cadena alimentaria, el aporte de emisiones podría aumentar en un tercio. Cabe señalar que, de todos modos, en los países en desarrollo la contribución de emisiones de la fase de producción es proporcionalmente más alta que la de otras fases de la cadena, mientras que, en los países de ingresos altos, las emisiones generadas en las etapas previas y posteriores son equivalentes a las emisiones generadas en la etapa de producción (FAO, 2016d).

Un análisis por rubro agrícola da cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta América Latina y Caribe respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agropecuario. La Figura 42 muestra que la producción de carnes es el rubro que mayores emisiones provee a la atmosfera por kilo de producto. En la región, por ejemplo, las emisiones que provienen de la producción de la carne ovina más que duplican el promedio global, generan 49 kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramo de carne. En el caso de la carne caprina y vacuna, la región supera ampliamente el promedio global, en un 37% y 29%, respectivamente. Lo anterior adquiere mayor importancia considerando que la región es responsable de casi el 30% de la producción global de carne de vacuno, y del 16% del total de carnes en el mundo.

Este es solo uno de los desafíos que enfrenta la producción ganadera en el ámbito ambiental, pues, por otra parte, el desarrollo de esta actividad se encuentra entre las razones principales del aumento de la deforestación: se destina el 70% de la superficie total agrícola a su desarrollo, así como el consumo de agua por parte del sector ganadero da cuenta del 8% del consumo global del recurso. En América Latina y el Caribe, en particular, la ganadería es la principal fuente de desforestación (FAO, 2009a).

Además de la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero, otra área importante en la cual la agricultura aporta al cambio climático es mediante el uso extensivo de recursos naturales, tales como el agua y los suelos. En el primer caso, el agua dulce es utilizada mayoritariamente por la agricultura, tal como se observa en la Tabla 9, alcanzando el 70% a nivel global, mientras que en la región la proporción supera el promedio global (71%). Allí también se puede observar que los países de mayores ingresos destinan una menor proporción de agua para la agricultura, lo que se condice con una mayor productividad del recurso. Si bien la región presenta avances en el área, estos aún son modestos: en 2014, el 3,2% de la superficie agrícola de América Latina y el Caribe contaba con equipamientos de irrigación, lo que se encuentra por debajo del promedio global, que alcanzó en el mismo año el 6,8% (FAO, en línea). Las mejoras en la productividad dependen de una mejor gestión, que puede obtenerse mediante el incremento de las áreas que cuentan con infraestructura de riego.

Finalmente, respecto al uso del suelo, cabe señalar que la superficie agrícola en América Latina y el Caribe ha ido aumentado desde 1990 a una mayor velocidad que el promedio global, con una variación de 10,1% y 1,4%, respectivamente, entre 1990 y 2014 (Figura 43). Esta alza obedece fundamentalmente al aumento de la superficie de tierras arables y cultivos permanentes. Asimismo, los bosques se han reducido también a una mayor velocidad en la región: en igual período la reducción ha sido del 9,1% de la superficie, superando la reducción a nivel mundial (3%).

LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE A LA AGRICULTURA Y LOS MEDIOS DE VIDA

La frecuencia de desastres naturales (climatológicos y geofísicos) muestra una tendencia creciente, siendo la población rural y los pequeños productores quienes se ven afectados en mayor medida por estos eventos, ya que sus medios de vida dependen en gran parte de recursos que se ven afectados por los desastres naturales, tales como los suelos (usualmente de baja productividad) o el agua. Su resiliencia frente a estos eventos es baja, y, del mismo modo, presentan mayores dificultades para recuperarse una vez que estos se presentan (FAO y OPS, 2017).

Las consecuencias de estos eventos dependen de su magnitud, de las características geográficas del lugar afectado y de las características socioeconómicas de la población, y en particular de las actividades productivas que se desarrollen en la zona afectada, ya sea agricultura, comercio y/o turismo. Los impactos son amplios en áreas como vivienda, salud, nutrición, infraestructura, transporte, comunicaciones, conectividad e instalaciones de agua y saneamiento, entre otras (FAO, 2015c).

En la Figura 44 se observa que, de los eventos climatológicos observados en la región, las inundaciones son el evento de mayor frecuencia, aunque en el último quinquenio se aprecia un cambio de tendencia y una menor frecuencia en comparación con el anterior. Sin embargo, estos eventos han resultado más costosos en tanto en personas afectadas como en daños económicos.

Las inundaciones son el evento de mayor ocurrencia en Sudamérica y para algunos períodos también en Mesoamérica, aunque cabe señalar que en esta última las tormentas tienen gran relevancia. En el Caribe, en tanto, las tormentas han sido el evento históricamente de mayor frecuencia, y, adicionalmente, el evento que mayores costos económicos ha provocado para la región en su conjunto (EM-DAT, en línea).

Respecto al número de personas afectadas, este se ha incrementado en su conjunto en el último quinquenio, siendo la sequía el tipo de evento que ha afectado a un mayor número de personas.

Por otra parte, un estudio (FAO, 2015c) señala que la agricultura concentra cerca de un cuarto de los impactos producidos por la ocurrencia de desastres naturales. Particularmente en América Latina y el Caribe las perdidas asociadas a estos eventos durante el periodo 2003-2013 en la producción agropecuaria alcanzó un valor cercano a los 11 mil millones de USD; de dichas pérdidas, las inundaciones explican más de la mitad de los daños en ese período, a las que siguieron las sequías y las tormentas. Estas pérdidas significaron una caída en promedio de 2,7% en el crecimiento del valor agregado agrícola por evento, así como significaron un aumento de 13 mil millones USD en el valor de las importaciones para paliar las reducciones de la producción nacional, mientras que al mismo tiempo implicaron una reducción de las exportaciones en mil millones de USD en el mismo período. Los cultivos que sufrieron las mayores pérdidas, como consecuencia de los desastres naturales, fueron el café, la caña de azúcar, las frutas tropicales, la yuca, las patatas y los cereales.

La Figura 45 presenta la frecuencia y cantidad de personas afectadas por desastres naturales el último año. Durante el 2016, 10,7 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales, siendo las sequías, huracanes, inundaciones y terremotos los eventos que generaron más efectos negativos (OCHA, 2016a). Manteniendo la tendencia de los últimos años, las inundaciones fueron el evento más recurrente en 2016; sin embargo, la mayor cantidad de afectados fue provocada por las sequías.

Uno de los eventos que revistió mayor preocupación fue el huracán Matthew, que en octubre del año pasado afectó fuertemente a Haití y Cuba. Su paso por Haití afectó a más del 20% de la población, dejando a más de 1,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y a 280 mil en situación de inseguridad alimentaria severa. Muchos de los cultivos destinados al autoconsumo sufrieron daños, así como se vio afectada la disponibilidad de carnes y productos frescos. Además, se generaron significativas pérdidas en la producción agropecuaria, y en algunas de las zonas más afectadas los cultivos resultaron dañados o con pérdidas totales, generando dificultades tanto para el consumo humano como animal (FAO, 2017c). Este evento se suma a los que se han desarrollado en el marco del fenómeno de El Niño, que con anterioridad ya afectó la producción de alimentos y dificultó el acceso a agua dulce. Dichos efectos impactaron directamente la capacidad de compra de alimentos y de insumos agrícolas necesarios para comenzar y/o reanudar la producción.

A inicios de año 2016 la región continuaba enfrentando las consecuencias de la sequía producidas a fines del 2015 en Centroamérica (OCHA, 2016b). El Corredor Seco Centroamericano experimentó una de las peores sequías en la última década, y la producción de pequeña escala y las comunidades rurales fueron las más afectadas, al enfrentar serios efectos adversos en sus medios de vida. La pérdida en la producción agrícola afectó las existencias de alimentos, generando preocupaciones respecto al aumento de los casos de malnutrición, particularmente en niños.

Por otro lado, las fuertes lluvias durante el primer trimestre de 2017 han golpeado a varios países sudamericanos, dejando un número considerable de damnificados y daños en agricultura, infraestructura vial y hogares, y generando dificultades en el acceso a los servicios sanitarios y fuentes de agua. Dentro de los países más afectados se encuentra Perú, que ha superado el millón de personas damnificadas; Colombia, con 15 mil personas afectadas directamente por las lluvias e inundaciones; y Ecuador, que superó las 122 mil personas afectadas.

La Tabla 10 muestra los desastres naturales que la región ha enfrentado durante el 2016 y parte del 2017.

En los últimos años, los desastres naturales en América Latina y el Caribe han estado marcados fuertemente por el fenómeno de El Niño. Este fenómeno continuará siendo la principal causa de variabilidad climática que la región deberá enfrentar, de modo que es posible esperar una mayor ocurrencia de los fenómenos asociados a las alteraciones de precipitaciones, como lo son las sequías e inundaciones que afectan directamente los medios de vida, infraestructura y acceso a servicios básicos, lo que a su vez tiene efectos negativos en la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2016c).

Dada la tendencia reciente, las consecuencias de los fenómenos climáticos seguirán siendo un factor de gran preocupación para la seguridad alimentaria y nutricional, las inundaciones, sequías y otros eventos afectan la oferta de alimentos, tanto los precios de alimentos y productos básicos locales como internacionales, afecta los medios de vida y pueden significar una reducción significativa en los ingresos de la población que enfrenta estos eventos generando vulnerabilidades en la dimensión de acceso a los alimentos, tanto física como económica, además en la dimensión utilización los fenómenos climáticos pueden afectar la infraestructura (vial, vivienda, productiva y/o sanitaria), calidad e inocuidad de los alimentos al alterar las condiciones de producción y post-producción, o la calidad del agua favoreciendo el desarrollos de enfermedades por su consumo, entre otras.

POLÍTICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO POR PARTE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

En América Latina y el Caribe, la agricultura familiar (AF) es la principal fuente de empleo agrícola y rural, generando entre el 57% y el 77% del empleo agrícola regional y ocupando a más de 60 millones de personas. El 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, y producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países.[56] Además, llevan a cabo actividades agrícolas diversificadas que apoyan la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad (FAO, 2014a). Por lo tanto, el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, y la transformación de los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles, necesariamente deberá pasar por el apoyo y mejoramiento de las condiciones productivas y sociales de la AF.

Sin embargo, lo anterior se ve amenazado por el impacto del cambio climático en la producción agrícola. Las condiciones climáticas son la causa más importante de variabilidad anual de la producción de cultivos, por lo que cualquier cambio que se produzca en las condiciones climáticas incrementa la incertidumbre en cuanto a la producción alimentaria, y afecta por ende a la seguridad alimentaria y nutricional de la población (Reddy & Hodges, 2000). La agricultura familiar en particular presenta una alta vulnerabilidad, puesto que depende de forma directa de las condiciones ambientales y de la disponibilidad y calidad de los recursos naturales; del mismo modo, su acceso a la tecnología productiva es menor, lo que le resta oportunidades de mitigación frente a los eventos climáticos. Según Reddy y Hodges (2000), si se fijan escenarios con austeros cambios en el clima y a ello se le suma baja capacidad de adaptación a nivel de granja, diversos estudios basados en modelos climáticos permiten pronosticar que la seguridad alimentaria y nutricional se verá amenazada en los países en desarrollo. Las regiones tropicales se verán probablemente más afectadas por los cambios del clima, debido a que son áreas en donde la productividad de los cultivos se ve limitada por las altas temperaturas y los patrones de lluvias inadecuados. En tanto, en regiones temperadas, el mayor riesgo al que se enfrenta la producción agropecuaria está asociado con las perturbaciones climáticas producidas por cambios en la frecuencia de eventos extremos. Se estima que, anualmente, el 70% de las emergencias en América Latina y el Caribe son a causa del clima, y que ocurren alrededor de 70 eventos climáticos extremos durante igual lapso. Las pérdidas regionales relacionadas con los desastres naturales, entre 2003 y 2014, alcanzan los 34.300 millones de USD, lo que representa una cuarta parte de las pérdidas globales. Lo anterior afecta a aproximadamente 5 millones de personas y conlleva graves consecuencias económicas.[57]

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) pone de relieve que la tendencia de calentamiento y de la desecación, el aumento del nivel del mar, la ocurrencia de ciclones, las precipitaciones y precipitaciones extremas, el manto nival y la fertilización con dióxido de carbono son motores climáticos que generan una serie de riesgos en la región (ver Anexo 1): i) aumentan el riesgo de pérdidas provocadas por incendios forestales o pérdidas en la integridad de los ecosistemas, la propiedad y la morbilidad y mortalidad humana; ii) generan inundaciones urbanas en zonas fluviales y costeras que producen pobreza y daños en las infraestructuras; perturbaciones en la cadena de suministro, los ecosistemas y los sistemas sociales; impactos de salud pública; y reducción en la calidad del agua; iii) afectan la disponibilidad de agua en Centroamérica y en las regiones semiáridas y dependientes del deshielo de los glaciares; y generan inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales; iv) influyen en una menor producción de alimentos y en la calidad alimentaria de éstos; v) fomentan la difusión de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud; vi) provocan pérdidas de medios de subsistencia, asentamientos costeros, infraestructura, servicios ecosistémicos y estabilidad económica; y vii) las zonas costeras bajas se encuentran en constante amenaza debido al incremento del nivel global del mar (IPCC, 2014b). Se prevé, entonces, que el cambio climático ocasione repercusiones sociales, económicas, ambientales y políticas sin precedentes, amenazando el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y, por ende, la seguridad alimentaria y nutricional.

Resulta importante señalar que, si bien el cambio climático afecta directamente la dimensión de la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional, también influye en el acceso a los alimentos, el uso de estos y su disponibilidad. Lo anterior se debe a que para que las personas se encuentren en una situación de seguridad alimentaria, es necesario que dispongan de acceso seguro a una cantidad adecuada de alimentos sanos e inocuos en todo momento, sin interrupciones (FAO, 2016c). Es más, la agricultura y el desarrollo de los países se ven impactados por el cambio climático puesto que el rendimiento de los cultivos puede verse deteriorado, lo que puede afectar el nivel de precios de los alimentos tanto en las fases de consumo como de producción, el consumo calórico per cápita y la nutrición infantil.

Además de la relación directa que una menor producción y calidad de los alimentos tienen con la inseguridad alimentaria, otros de los efectos del cambio climático es sobre la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional: las perturbaciones en las cadenas de suministro debido a incendios o inundaciones; la disminución de la disponibilidad de agua y las pérdidas de medios de subsistencia, entre otros, tienen consecuencias graves para la seguridad alimentaria y nutricional, las cuales también se reflejan en forma importante en la agricultura familiar. Así, el cambio climático modifica los sistemas alimentarios en su conjunto y reduce la productividad del sector agrícola. Además, la agricultura familiar ve afectada la disponibilidad y acceso de la biodiversidad y de los recursos naturales de los que depende, afectando sus medios de vida (FAO, 2016c). Teniendo en consideración que en América Latina y el Caribe la agricultura familiar suministra entre el 27% al 67% de los alimentos (FAO, 2012), el cambio climático podría tener serias repercusiones en la estabilidad del abasto alimentario. Debido a ello, es indispensable contar con los medios necesarios para la adaptación y mitigación de sus efectos, y poder así garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

Es por ello que, para poder reducir los riesgos, mitigar los impactos que tiene el cambio climático en la agricultura familiar, y para que esta posea una capacidad de adaptación mayor, los gobiernos de América Latina y el Caribe han implementado una serie de medidas que pretenden hacer frente al cambio climático con una perspectiva en la reducción de la pobreza, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, fomentar la gestión de riesgos de desastres y el uso sostenible de los recursos naturales (FAO, 2016c). Entre las principales medidas de adaptación sobresalen las siguientes:

Solucionar la problemática de rendimientos variables de los cultivos es vital para que los agricultores familiares puedan subsistir, y a la vez para garantizar la estabilidad del abasto alimentario. Desarrollar sistemas agrícolas adaptados a las condiciones agroclimáticas posibilita que los agricultores cuenten con niveles de productividad estables. Parte de la solución puede encontrarse en la diversificación de la producción, ya sea por medio de sistemas de cultivos múltiples o policultivos, o por medio de agroecosistemas tradicionales. Ambos son sistemas complejos y diversificados, que posibilitan otorgar estabilidad productiva pese a la presencia de condiciones agroclimáticas desfavorables. Los agroecosistemas tradicionales representan un reservorio de alimentos y un recetario adaptado y reconfigurado a partir de las preferencias culturales de las familias que lo poseen; conformándose así en parte de la cultura y cosmovisión de los pueblos y manifestando el conocimiento ecológico tradicional (IPGRI, 2002). Tanto los sistemas de cultivos múltiples o policultivos como los agroecosistemas tradicionales poseen una menor vulnerabilidad a pérdidas producidas por catástrofes debido a que en ellos se produce una diversidad de cultivos y variedades con lo que se generan compensaciones en caso de pérdida (Universidad de Murcia, 2008). La Ley n° 338 de Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM), para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria de Bolivia, rescata las formas tradicionales de producción de la agricultura familiar y la declara de interés público y nacional por ser la base de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano. La ley fomenta la diversificación productiva como estrategia implementada por la agricultura familiar sustentable para incrementar la variedad de la producción y los usos de sus recursos existentes. Además, asegura la preservación, fomento y difusión de las prácticas propias de las OECAS y OECOM, y las familias productoras indígena originario campesinas, interculturales y afrobolivianas organizadas, con el fin de fortalecer la identidad cultural, la transmisión de saberes y la recuperación de buenas prácticas sobre la producción. Asimismo, reconoce la aportación de la agricultura familiar sustentable a la conservación in situ de los recursos fitogenéticos de la agrobiodiversidad nativa del país y su contribución a la diversificación de las actividades productivas.

Otra medida de adaptación y de gestión del riesgo de desastres que busca disminuir la vulnerabilidad de la agricultura y de los agricultores frente al cambio climático son los seguros agrícolas y los seguros climáticos. Dichos instrumentos entregan pagos de indemnización a los agricultores en el caso de la ocurrencia de algún evento climático que afecte el rendimiento de los cultivos para que puedan reincorporarse a sus actividades productivas, otorgándoles una fuente de ingresos contingente. Un estudio del Banco Mundial (2016a) identificó el efecto del seguro de índice climático de México en los rendimientos y en el ingreso y el gasto per cápita, aportando evidencia de que la presencia y la cobertura del seguro en los municipios seleccionados resultó significativa, y fue positivamente asociada con la productividad del maíz. Los resultados señalan que los rendimientos de maíz se incrementaron en alrededor de 6%, y que la presencia del seguro y la cobertura[58] a nivel municipal tiene un impacto significante y positivo en los ingresos y gastos del hogar per cápita.

Por su parte, las políticas enfocadas en modernizar la agricultura buscan posibilitar recursos y financiamiento a los productores para que puedan mejorar sus condiciones de producción y productividad, contribuyendo a disminuir su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Este tipo de políticas incluye: i) políticas que buscan otorgar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, ya sea a través de la entrega de tierras por medio del usufructo o arriendo, acceso a créditos o regularización de títulos; ii) políticas de infraestructura de producción y de post-producción que entregan capitales físicos individuales o colectivos a los agricultores familiares para mejorar la producción agraria y reducir las pérdidas producidas; iii) políticas de desarrollo de capacidades para fortalecer el capital humano posibilitando que las personas cuenten con mayores herramientas para desarrollarse y desarrollar sus emprendimientos.

Por su parte, las políticas de protección social buscan ayudar a los agricultores familiares a enfrentar de mejor manera los riesgos sociales y económicos y las amenazas ambientales a los que se encuentran expuestos. Al apoyar de forma directa los ingresos de las familias más vulnerables, se ayuda a disminuir la pobreza extrema y a sobrellevar la inseguridad alimentaria. Si a ello se le suma brindar un mayor grado de seguridad en los ingresos e invertir en los medios de vida rurales, la protección social puede contribuir a mejorar la productividad agrícola, estimular el desarrollo económico local, crear resiliencia, fomentar los usos sostenibles de los recursos naturales y promover la inclusión social.

La literatura (FAO, 2013) señala que las mejoras en los activos, insumos, producción agrícola e inversiones se atribuyen al alivio de las restricciones de crédito y de liquidez y a la previsibilidad de las transferencias de efectivo y de los esquemas públicos basados en efectivo. La entrega de incentivos económicos para la conservación de recursos naturales puede tener efectos positivos en la adaptación y/o mitigación de los efectos del cambio climático por parte de la agricultura familiar puesto que apoyan a la población en sus esfuerzos por aprovechar los recursos de forma sostenible, contribuyendo así a su conservación. Además, este instrumento brinda un aporte a la mejora de las condiciones de vida de la población beneficiaria. Ejemplo de ellos son los casos del Sistema de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica y el Programa Socio Bosque de Ecuador. El primero “ha permitido lograr impactos positivos en la reducción de las tasas de deforestación, recuperar cobertura forestal y de tierras degradadas, reducir la tala ilegal de bosques, promover las exportaciones no tradicionales, contribuir al desarrollo rural, disminuir la pobreza y contribuir a las metas ambientales globales” (FAO, 2016c, pág. 20). Asimismo, el Programa Socio Bosque se ha establecido como un mecanismo para incrementar la resiliencia de las familias vinculadas al programa y de la comunidad en su conjunto. Además de representar una fuente de ingresos para los agricultores de bajos recursos dado los pagos anuales realizados por mantener y conservar los bosques, lo que ha permitido mejorar su nivel de vida y diversificar el ingreso familiar de dichos agricultores (FAO, 2016c).

También los programas de transferencias condicionadas de efectivo pueden ayudar a proteger el ingreso de los hogares contra los factores negativos del cambio climático. De acuerdo con diversos estudios realizados (FAO, 2008; International Poverty Centre, 2008), las familias beneficiarias del programa Tekoporã de Paraguay, por medio de la transferencia monetaria con corresponsabilidad y el acompañamiento sociofamiliar y comunitario, invierten entre el 45% y el 50% más en actividades agrícolas que aquellas familias no beneficiarias. Es más, el programa ha incrementado la probabilidad de que la familia implemente huertas familiares y adquiera ganado, aves y cerdos.

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ANEXO
RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, MOTORES CLIMÁTICOS DE DICHOS RIESGOS, EFECTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y MEDIDAS PARA AFRONTAR LOS RIESGOS

1 La relación entre pobreza y hambre ha sido ampliamente revisada en versiones anteriores del Panorama, en tanto la relación entre los ODS 2 y 3 fue analizada en la edición 2016 de esta publicación.

2 Cabe recordar que de los 15 indicadores del ODS 2, solo seis están actualmente clasificados como Nivel I y, de ellos, cuatro corresponden a las metas 2.1 y 2.2 (ONU, 2017).

3 Para profundizar revisar ediciones anteriores del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/es/.

4 Para efectos de esta publicación, “región” corresponde a la zona de América Latina y el Caribe.

5 Es necesario tener en cuenta que Sudamérica dado su tamaño, tiene una gran influencia en los valores regionales, concentra carca de 2/3 de la población de América Latina y el Caribe, 5/6 de la superficie regional y 3/4 del PIB.

6 Para mayores detalles consulte la sección de acceso del capítulo 2 de la presente publicación y la edición 2016 del Panorama.

7 Aunque ambas estimaciones presentan fuertes grados de correlación (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, 2017), y si bien ambos dan cuenta de la carencia o privación de alimentos, es necesario tener en cuenta que obedecen a definiciones, conceptos y metodologías distintas (ver Recuadro 2). Es posible que algunas situaciones, como las sequías, por ejemplo, y sus efectos sobre la seguridad alimentaria, no sean capturados plenamente por el indicador de subalimentación, ya que sus impactos solo serán capturados por las hojas de balance de alimentos en la medida de que se disponga de información. Dicho de otro modo, la recolección de información no captura los efectos de forma automática. Sin embargo, la FIES puede recoger fluctuaciones a corto plazo en las condiciones que afectan el acceso a los alimentos, esto es, por la forma en que se levanta la información, preguntas dirigidas a las personas permite contar con información más oportuna respecto a las consecuencias de diversos eventos sobre las personas y hogares.

8 La meta 2.2 hace, asimismo, referencia explícita a las metas acordadas por la Asamblea Mundial de la Salud en el Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño.

9 Si bien la subalimentación y desnutrición crónica han mostrado una tendencia a la baja durante las últimas décadas, este fenómeno, según las últimas estimaciones, la subalimentación se ha alejado de esta tendencia (Figuras 1 y 2). Explicaciones del porqué es posible encontrarlas en la propia definición de los indicadores. Para el caso de la subalimentación, y tal como se señala en el Recuadro 2, es una estimación de privación energética, para la población nacional de un país. En cambio, la desnutrición crónica es una medición antropométrica en niños menores de 5 años que presentan una baja talla para la edad. Si bien es esperable que ambos indicadores presenten tendencias similares, su construcción y conceptualmente son diferentes: la subalimentación tiende a capturar algunos factores más coyunturales y la desnutrición crónica da cuenta de las consecuencias de una privación crónica de alimentos sostenida en el tiempo. Finalmente, la frecuencia con la que se realizan las encuestas de salud que proveen la información necesaria para el cálculo de la desnutrición se realizan cada cinco o diez años dependiendo del país, y por tanto existen diferencias temporales que deben tenerse en cuenta al interpretar ambas series.

10 Pese a que los indicadores comprendidos en el ODS 2 dan cuenta de varias formas de malnutrición, no consiguen capturar algunas manifestaciones, como la carencia de micronutrientes. El Recuadro 4 entrega información respecto a su evolución en la región.

11 OMS.2016. Reducción de la mortalidad en la niñez. Nota descriptiva. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/. Acceso: 19 de julio de 2017

12 Producción de alimentos incluye productos que se consideran comestibles y con valor nutritivo. En consecuencia, el café y el té se excluyen porque, aunque son comestibles, presentan un escaso valor nutritivo.

13 Es necesario notar que los valores esconden las grandes diferencias existentes entre las regiones e incluso al interior de ellas. Sudamérica, dado su tamaño, explica gran parte de la tendencia de América Latina y el Caribe en materia productiva, en tanto representa el 80% de la producción de alimentos de la región, tal como se refleja en la Figura 14.

14 Cálculos a partir de FAOSTAT (FAO, en línea).

15 En versiones anteriores del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se han abordado los rendimientos desde una perspectiva de productiva (por ejemplo, ton/ha) y Valor Agregado Agrícola por trabajador.

16 Suministros hace referencia al componente alimenticio de productos básicos, a la cantidad total del producto disponible para consumo humano durante el año. Considera la producción, variación de existencias, importaciones y exportaciones.

17 La cifra confirma que la mayoría de la producción tiene como destino los mercados nacionales y una menor proporción es destinada a los mercados internacionales.

18 Cálculos a partir de FAOSTAT.

19 En el ítem agroalimentario se consideran todos los productos, tanto primarios como procesados, comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado.

20 Las cifras de comercio para algunos países del Caribe corresponden a estadísticas espejos.

21 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que conforme se encuentran más abiertos al comercio internacional, los países presentan mayores grados de exposición a vulnerabilidades asociadas a cambios repentinos en los mercados agrícolas (FAO, 2015b). Esta situación puede afectar los precios a los cuales se enfrentan los consumidores y productores.

22 Tubérculos, legumbres, lácteos, hortalizas, frutas, cereales y carnes.

23 Los códigos arancelarios utilizados para cada grupo de alimento son: cereales (capítulo 10), carnes (capítulo 02), frutas (capítulo 08), lácteos (partidas 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 y 0406), hortalizas (partidas 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0709, 0710, 0711 y 0712), tubérculos y raíces (partidas 0701, 0714) y legumbres (0708 y 0713).

24 Se utiliza la referencia normativa en términos calóricos para una adecuada nutrición: Average Dietary Energy Requirement (ADER). Indicador desarrollado por la FAO.

25 Tal como se señala en el capítulo 1 de esta publicación.

26 En la edición 2016 del Panorama se analizó el rol fundamental que juega la educación alimentaria para hacer frente al incremento en la disponibilidad de productos ultraprocesados. Por ejemplo, países del Caribe como San Vicente y las Granadinas o Jamaica han implementado iniciativas para reducir el consumo de grasas y aumentar el de frutas y verduras, respectivamente (FAO y OPS, 2017).

27 No incluye, por lo tanto, a México y Belice.

28 El índice total de commodities del FMI se encuentra, a junio de 2016, en 106,84. Los valores registrados antes de 2014 eran cercanos a 180.

29 Promedio ponderado de las tasas de ocupación de 12 países de la región (CEPAL y OIT, 2017).

30 La canasta básica alimentaria (CBA) abarca los bienes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de la población, y es utilizada por la CEPAL para determinar la línea de pobreza extrema de cada país.

31 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

32 Valores mayores a cero indican una correlación positiva ente ambas variables, mientras más cercano a 1, la correlación es mayor.

33 Bolivia (2015), El Salvador (2015), Chile (2012), Guatemala (2015), Honduras (2015), México (2015), Nicaragua (2015) y Uruguay (2015).

34 Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

35 De hecho, en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana el cálculo de la CBA se realiza para una familia representativa del país. En Chile, Costa Rica y México se calcula una CBA por persona. Para este análisis, de modo de facilitar la comparabilidad, se consideró a una familia de cuatro personas.

36 La calidad del empleo, considerando el respeto de los salarios de mínimos junto con mecanismos de protección social en un contexto de estabilidad macroeconómica, han contribuido a la seguridad alimentaria y nutricional.

37 El módulo de seguridad alimentaria de ADePT del Banco Mundial se aplicó a las siguientes encuestas nacionales: Bolivia: Encuesta de Hogares 2009; Colombia: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-07; Ecuador: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2014; México: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014; y Perú: Encuesta de Condiciones de Vida y Pobreza – ENAHO 2016.

38 Para Bolivia, Colombia y México el ingreso utilizado es un proxy calculado en base al total de gastos (que incluye gastos de consumo diario, de bienes, servicios e impuestos). Para Ecuador y Perú el ingreso utilizado es un proxy calculado en base al total de gastos de consumo diario sin incluir bienes, servicios e impuestos.

39 Para esta edición no se encuentra disponible información respecto de la inflación de Venezuela para los años 2016 y 2017, por lo que no se incluyen en el análisis. En Argentina, a partir de mayo 2016, se presentó una nueva serie de índice de precios al consumidor, por lo que no se encuentra disponible la inflación anual para 2016 y los primeros meses de 2017.

40 Para el mes de junio de 2015 Costa Rica presenta el Cambio de Base. Las cifras consideradas en este informe para los meses anteriores corresponden al índice de precios al consumidor con base julio 2006=100. Por esto no hay información de la variación anual para 2016.

41 La protección social es el conjunto de medidas implementadas en una sociedad para garantizar ingresos que permitan tener un nivel mínimo de vida, facilitar el acceso a servicios sociales y de promoción social, y contribuir a la expansión del trabajo decente (Cecchini y Martínez, 2011,p.18). En el logro de estos objetivos, es posible implementar medidas para la provisión y protección directa, la prevención antes riesgos específicos, la promoción de los medios de subsistencia y la transformación para promover la inclusión social (Devereux y Sabates-Wheeler, 2004). Un enfoque operacional de la protección social permite identificar diferentes tipos de intervenciones de acuerdo a su naturaleza: asistencia social (protección social no contributiva), seguridad social (protección social contributiva) y políticas del mercado del trabajo (regulaciones para promover estándares de trabajo decente y prestaciones laborales).

42 Considerando asistencia social, seguridad social y regulaciones laborales.

43 Ver: Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., et al. (2016). Cash Transfers: What Does the Evidence Say? A Rigorous Review of Programme Impact and of the Role of Design and Implementation Features. Londres: ODI; Cecchini, S. y Madariaga, A. (2011). Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL; y Cecchini, S.; Filgueira, F., Martínez R. y Rossel, C. (2015). Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización. Santiago de Chile: CEPAL.

44 Esta aseveración debe, sin embargo, atenuarse en función de la diversidad de situaciones presentes en distintos países de la región. Así, mientras el tamaño (cobertura) de los PTC supera la cantidad de indigentes en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, apenas cubre a cerca de la mitad o menos de los pobres extremos en los países de menor ingreso medio de la región, tales como Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay.

45 En América Latina y el Caribe, es posible mencionar como ejemplos los casos de México en Gertler, Martínez y Rubio-Codina (2006) y Todd, Winters y Hertz (2010); Paraguay en Veras Soares, Pérez Ribas e Hirata (2008), así como una revisión sistemática realizada por FAO en el caso de Tirivayi, Knowles y Davis (2013).

46 Es importante notar que se incluyen principalmente los resultados referidos a alimentación (consumo y producción), educación y nutrición, mientras que otros resultados referidos al empleo y los ingresos, que indudablemente tienen efectos en la seguridad alimentaria y nutricional, han sido omitidos. Estos han sido analizados, además de la literatura de referencia señalada en la tabla, en las ediciones 2013 y 2014 del Panorama.

47 Un reciente estudio coordinado por Higinio et al. (2016) explora las sinergias entre algunos programas sociales y el fomento productivo rural en América Latina. Allí se identifican, entre otros resultados, mejoras en las prácticas productivas, aumento en los activos dedicados a la producción y al capital de trabajo en Perú; así como un aumento en la diversificación de cultivos en El Salvador.

48 Ejemplo de lo señalado, es la situación que se evidencia en los países andinos, en donde la prevalencia de la desnutrición global es menor en aquellos hogares donde el agua proviene de cañerías en comparación con aquellos hogares donde el agua proviene de fuentes inseguras (UNICEF, 2006).

49 Los servicios de agua potable refieren a la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la fuente principal utilizada por los hogares para beber, cocinar, higiene personal y otros usos domésticos. La clasificación utilizada corresponde a:

- Servicio seguro: agua potable de una fuente de agua mejorada en donde se tiene acceso cuando sea necesario y libre de contaminación.

- Servicio básico: agua potable de una fuente mejorada, siempre que el tiempo de recolección no sea superior a 30 minutos para un viaje de ida y vuelta.

- Servicio limitado: agua potable de una fuente mejorada cuyo tiempo de recolección excede de 30 minutos para un viaje ida y vuelta.

- Fuente no mejorada: refiere a agua potable de un pozo excavado no protegido o de una fuente no protegida.

- Aguas superficiales: refiere al consumo de agua directamente de un río, presa, lago, estanque, arroyo, canal o canal de riego.

50 UNICEF. En línea. Data: Monitoring the Situation of Children and Women. (Disponible en: https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/drinking-water/). Acceso: 31 de julio de 2017.

51 Los servicios de saneamiento se refieren a la gestión de excretas de las instalaciones utilizadas por los individuos, mediante el vaciado y el transporte de éstas. La clasificación utilizada corresponde a:

- Servicio seguro: el uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares y donde los excrementos se eliminan de forma segura in situ o se transportan y se tratan fuera del hogar.

- Servicio básico: refiere al uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares.

- Servicio limitado: refiere al uso de instalaciones mejoradas compartidas entre dos o más hogares.

- Fuente no mejorada: refiere al uso de letrinas de pozo o similares.

- Defecación al aire libre: corresponde a los desechos de heces humanas en campos, bosques, arbustos, cuerpos de agua abiertos, playas y otros espacios abiertos.

52 Las leyes generales norman de forma general y obligatoria las bases esenciales de un ordenamiento jurídico, los aspectos complementarios o de detalle son luego normados por la regulación reglamentaria. En tanto, las leyes sectoriales abordan en el contexto de la salud o medio ambiente la problemática del acceso a servicios agua y saneamiento y norman la materia. Finalmente, las leyes sectoriales nacionales o subnacionales establecen el ámbito de aplicación de la institucionalidad sectorial (nacional o subnacional) y definen la forma de prestación de los servicios.

53 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 1992).

54 Estimaciones de la FAO indican que, a nivel global, la producción agropecuaria deberá incrementarse en un 60% para el 2050.

55 Ejemplos de ello fueron los impactos en los precios del maíz tras la sequía que sufrió Estados Unidos en el 2012, elevando los precios internacionales y aumentando las exportaciones del cereal por parte de la región (FAO, 2015b); mientras que en Brasil, los rendimientos del café disminuyeron hasta en un 10% después de la sequía de 2007, impactando también los precios internacionales (FAO, 2015c).

56 Por ejemplo, en Argentina la AF es responsable del 82% de la producción de ganado caprino; mientras que en Brasil es responsable del 87% de la oferta de yuca y el 70% de la oferta de frijol. Asimismo, es responsable del 80% de la oferta de hortalizas en Uruguay y del 54% en Chile, así como del 70% del maíz y 64% de la papa en Ecuador (FAO, 2014a).

57 FAO. 2017. Agricultura de los países en desarrollo sufrió el 23 % de todos los daños y pérdidas causados por desastres. Edición en línea de FAO, 09 de junio de 2017 (Disponible en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/892866/). Acceso: 14 de agosto de 2017.

58 El programa busca apoyar a los pequeños agricultores que no poseen más de 20 hectáreas y que se ven afectados por contingencias climáticas atípicas (Banco Mundial, 2016a).