Cita requerida:
FAO. 2019. Quince años de implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Revisión de los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Roma.

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ISBN 978-92-5-131847-8
E-ISBN 978-92-5-131867-6 (MOBI)
© FAO, 2019

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Foto de portada: ©FAO/Luis Tato

Índice

Prólogo

Agradecimientos

Acrónimos

Introducción

Sección 1
Una breve introducción a las Directrices sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación como derecho humano

Sección 2
Implementación de las Directrices del derecho a la alimentación: buenas prácticas y lecciones aprendidas

Avances legislativos

Avances normativos

Avances institucionales

Sección 3
Desafíos que hay que hacer frente a medida que nos acercamos al 2030

Los desafíos más urgentes y las Directrices sobre el derecho a la alimentación

Hacer frente a desafíos y sinergias: de las Directrices sobre el derecho a la alimentación a los ODS

Conclusiones con la vista puesta en el futuro

Notas

Cuadros

1. El Foro de Derechos Humanos Sur-Sur

2. Eventos, campañas y declaraciones internacionales

3. Nepal, un entorno propicio para la realización del derecho a la alimentación en todos los ámbitos

4. Los pueblos indígenas y la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada

5. Acción colectiva para hacer avanzar el derecho a una alimentación adecuada

6. Estado Plurinacional de Bolivia: Instituciones encargadas de la promoción y protección del derecho a la alimentación

7. Pacto de política alimentaria urbana de Milán

8. Sierra Leona – Crear mecanismos comunitarios de solución de controversias para mediar y resolver problemas de seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación

9. El Foro Mundial Bananero

10. Medidas, acciones y compromisos internacionales

Prólogo

“Las Directrices sobre el derecho a la alimentación anticiparon la urgencia de abordar los desafíos mundiales más decisivos de la actualidad”.

Han pasado 15 años desde que se adoptaron las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices sobre el derecho a la alimentación), en el 127.° período de sesiones del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en noviembre de 2004. En este marco, Quince años de implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación pretende dar a conocer y compartir experiencias sobre cómo la realización progresiva del derecho a la alimentación ha provocado cambios en muchos países en los últimos años.

Con el fin de proporcionar orientación práctica a los Estados en sus esfuerzos por cumplir con los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1999, las Directrices sobre el derecho a la alimentación significaron el primer intento de los gobiernos por interpretar un derecho económico, social y cultural, además de recomendar medidas que hayan de adoptarse para su realización.

Desde principios del siglo XXI, se han producido avances importantes en diferentes niveles para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación, a través de las acciones de una amplia gama de partes interesadas. A nivel global, el punto de partida fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que posteriormente se desarrolló en acuerdos jurídicamente vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1996. Desde entonces, se han otorgado garantías adicionales a grupos específicos como mujeres, niños y personas con discapacidad. Sin embargo, los problemas de marginación, exclusión histórica, desigualdad y vulnerabilidad siguen obstaculizando el disfrute de este derecho en todos los ámbitos.

Lamentablemente, el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019 nos indica que el hambre ha aumentado. Actualmente, hay más de 820 millones de personas hambrientas. Este informe explica que la desaceleración y la recesión de la economía desfavorecen la seguridad alimentaria y nutricional allí donde las desigualdades son mayores. Y nos lanza un mensaje crucial: los países que cuentan con políticas económicas y sociales centradas en las personas, y que protegen la seguridad alimentaria y la nutrición de los más vulnerables, garantizando servicios básicos y derechos para todos, como atención sanitaria, educación o protección social, están, sencillamente, mejor preparados para enfrentar los ciclos económicos adversos.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación nos han guiado a lo largo de este tiempo para actuar precisamente en esa dirección. Hoy en día, este documento muestra su contemporaneidad. Recuerda a los Estados la importancia de tomar medidas inmediatas y cambios duraderos en la forma en que diseñamos, implementamos y monitoreamos las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación han logrado sensibilizar sobre cómo los principios en materia de derechos humanos –la participación, la rendición de cuentas, la no discriminación, la transparencia, la dignidad humana, el empoderamiento, la igualdad y el estado de derecho-pueden aumentar el impacto de las políticas al priorizar a los más vulnerables. Las Directrices han mostrado cómo un enfoque centrado en las personas puede generar inversiones económicas con enormes beneficios, así como incrementar las vías hacia un desarrollo más sostenible. Además, han impulsado la necesidad de ampliar y seguir elaborando orientaciones políticas sobre gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca en pequeña escala, la inversión responsable en la agricultura, las crisis prolongadas y, más recientemente, sobre los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición.

En muchos casos, el objetivo general de garantizar el derecho a la alimentación ha conllevado la redacción, el diseño, la adaptación y la implementación de medidas e iniciativas intersectoriales, junto con las partes interesadas, en favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Estas han adoptado diferentes formas según el contexto, tales como protecciones constitucionales, leyes marco, leyes sectoriales, políticas, programas y estrategias, e incluso marcos de monitoreo específicos para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de este derecho humano.

Como bien señala esta oportuna revisión, las Directrices sobre el derecho a la alimentación anticiparon la urgencia de abordar los desafíos mundiales más decisivos de la actualidad: los conflictos, las migraciones y los problemas relacionados con el cambio climático como la sequía, la escasez de agua y los desastres y amenazas naturales. Ninguno de ellos podrá solucionarse a menos que sin dejar a nadie atrás deje de ser solo un lema. Sobretodo, sin dejar a nadie atrás requiere los esfuerzos de una multitud de actores, que cooperen, dialoguen, establezcan alianzas y avancen juntos de forma coordinada hacia objetivos comunes. La presente revisión expone una serie de iniciativas que ponen de relieve que, si las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentarios, los académicos, las organizaciones de consumidores, las instituciones financieras internacionales y las agencias de cooperación para el desarrollo trabajan estrechamente con el gobierno y sus instituciones, pueden desempeñar un rol muy importante en asegurar el derecho a la alimentación para todos.

Finalmente, la publicación nos recuerda el papel fundamental que ha jugado la FAO en promover el derecho humano a una alimentación adecuada en el último decenio y medio, al convocar y facilitar el diálogo político, ofrecer apoyo técnico y generar conocimiento de alta calidad. La FAO es la agencia de la Naciones Unidas que custodia 21 indicadores en el marco de cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Estos objetivos mundiales están claramente anclados en los derechos humanos, por lo que la FAO, ante su responsabilidad constitucional, debe intensificar y seguir brindando apoyo a los Países Miembros. Todo ello, para garantizar que este poderoso derecho humano pueda convertirse en un verdadero catalizador hacia una hoja de ruta exitosa para 2030 y más allá.

Agradecimientos

El equipo del Derecho a la Alimentación de la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales (ESP) de la FAO ha preparado la publicación Quince años de implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación - Revisión de los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Simon Blondeau y Serena Pepino, Equipo del Derecho a la Alimentación, fueron responsables de la preparación general y la coordinación de la publicación, junto con Juan Carlos García y Cebolla, Líder del Equipo del Derecho a la Alimentación, responsable además de la supervisión técnica.

El Equipo del Derecho a la Alimentación desea agradecer a las siguientes personas, equipos y grupos de la FAO que contribuyeron con sus comentarios y aportes a enriquecer enormemente la publicación a lo largo de diferentes etapas: Ricardo Rapallo, oficial superior de Seguridad Alimentaria; Carlos Laorden, periodista del Programa FIRST; Margret Vidar, oficial legal; May Hani, oficial de Políticas; Christiane Monsieur; Coordinadora de proyectos; Andrea Sánchez Enciso, especialista en género, empoderamiento y movilización comunitaria; José Valls, oficial de Políticas; Valeria Pasarín, consultora Legal; Manuela Cuvi, oficial Legal; Luis Lobo, oficial técnico; Rodrigo de Lapuerta, director; Yon Fernández Larrinoa, líder del Equipo de Pueblos Indígenas; Mariana Estrada, especialista en comunicación de pueblos indígenas; Pascal Liu, economista principal; Victor Prada, especialista en asociaciones público-privadas (Foro Mundial Bananero); y Pedro Marcelo Arias, economista.

El texto fue revisado amablemente por Claire Mason y Melissa Shapiro, y se benefició de los valiosos comentarios de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver.

La edición final fue realizada por Lynette Hunt, y la traducción al español y al francés por Iñigo Álvarez-Miranda y Angeline Hadman, respectivamente. El diseño gráfico es de Carlos de la Fuente. Finalmente, un agradecimiento especial a Marta Ramón Pascual, especialista en comunicación del Equipo de Derecho a la Alimentación, quien apoyó la revisión, edición, traducción y difusión.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del proyecto GCP / GLO / 545 / SPA “Mejores marcos legales y mecanismos de rendición de cuentas para hacer realidad el derecho a la alimentación”.

Acrónimos

Introducción

Aunque en el último siglo se han producido grandes avances socioeconómicos y una mejora significativa del bienestar a nivel mundial, aún queda mucho trabajo por delante para hacer realidad la visión de la FAO de crear un mundo libre de hambre y de malnutrición, en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes - especialmente de los más pobres- de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hace un llamamiento para poner fin al hambre y la malnutrición en el mundo a través del ODS 2 y sus metas. Los ODS se basan en los derechos humanos y reiteran la importancia de la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada para todos.

¿SABÍA USTED QUE..?

Los derechos humanos son universales, indivisibles, interrelacionados, interdependientes e inalienables. Ningún derecho puede realizarse de manera independiente. Un enfoque basado en los derechos humanos promueve la coherencia de las políticas.

Desde que la Carta de las Naciones Unidas se redactó en 1941 y se firmó en 1945, y se aprobó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), se ha prestado especial atención a garantizar que todos los seres humanos tengan un conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos a nivel internacional.

Incluido inicialmente en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una alimentación adecuada ha sido garantizado legalmente en diversos instrumentos internacionales. El más importante, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), garantiza el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la libertad contra el hambre en su artículo 11. Tras la aprobación de instrumentos adicionales que suponen una garantía complementaria para el derecho a una alimentación adecuada de grupos específicos -como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés)-, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996 supuso un punto de inflexión en la mejora de la comprensión del significado concreto del derecho a una alimentación adecuada. Los documentos finales de la CMA sentaron las bases para desarrollar una interpretación más clara, así como para proporcionar orientación práctica sobre las formas de implementar el derecho humano a una alimentación adecuada.

En 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 12, ofreció una interpretación autorizada del artículo 11 del PIDESC. Además de detallar las obligaciones generales y específicas asociadas al derecho a una alimentación adecuada y aclarar muchos de sus aspectos, la Observación General 12 incluye una definición general del significado de realizar el derecho a una alimentación adecuada: “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”[1]. Un año después, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) estableció el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación para responder plenamente a la necesidad de desarrollar un enfoque integrado y coordinado que promueva y proteja el derecho a la alimentación y contribuya a una mejor comprensión del artículo 11 del PIDESC. Sin embargo, continuaba siendo necesario encontrar formas concretas y prácticas para hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada.

¿SABÍA USTED QUE..?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó un Memorando de Entendimiento en 2003 respaldando un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH). Los organismos especializados de la ONU, incluida la FAO, y los programas y órganos que respondieron al llamamiento del Secretario General, acordaron una visión común de un EBDH para la programación. Para el sistema de las Naciones Unidas, la integración de los derechos humanos implica que:

1. Todos los programas de cooperación al desarrollo, las políticas y la asistencia técnica deben fomentar la realización de los derechos humanos, tal y como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los principios derivados de ésta, guían toda la cooperación al desarrollo y la programación en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. Los principios de los derechos humanos incluyen: participación, rendición de cuentas, la no discriminación, transparencia, dignidad humana, el empoderamiento y la igualdad, y el estado de derecho (PANTHER, por sus siglas en inglés).

3. La cooperación al desarrollo contribuye a desarrollar las capacidades de los “titulares de obligaciones” para cumplir sus obligaciones y/o de los “titulares de derechos” para reclamar sus derechos.

Así, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 2002, cinco años después, los jefes de Estado y de Gobierno invitaron al Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a “establecer […] un Grupo de Trabajo Intergubernamental […] con el fin de elaborar, en un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”[2] en consonancia con el Objetivo 7.4 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que consiste en “esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes, y prestar especial atención a la aplicación y la realización plena y progresiva de este derecho como medio de conseguir la seguridad alimentaria para todos”[3]. En noviembre de 2004, tras dos años de trabajo y negociaciones internacionales, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (en lo sucesivo “Directrices sobre el derecho a la alimentación”).

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación proporcionan orientación práctica sobre las formas de implementar el derecho a una alimentación adecuada en una amplia variedad de políticas y programas mediante un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH).

Cuando el Consejo de la FAO aprobó las Directrices sobre el derecho a la alimentación en su 127.° período de sesiones, los Miembros subrayaron la importancia de las Directrices y la necesidad de centrarse en su implementación[4]. En la FAO se creó un equipo de expertos que, a lo largo de los años, ha desarrollado herramientas y documentos para ayudar a las partes interesadas a implementar las Directrices y sensibilizar a los titulares de obligaciones y los titulares de derechos, fortalecer su capacidad y proporcionarles apoyo especializado con el objetivo de ayudarles a lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. La FAO continúa desempeñando un papel importante, 15 años después de la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación y su ratificación posterior durante la reforma del CSA en 2009, y sigue ayudando a los Estados Miembros en su implementación. Numerosas buenas prácticas, experiencias sobre el terreno y procesos de políticas basados en el derecho a la alimentación demuestran claramente que priorizar la realización de los derechos humanos al actuar en materia de seguridad alimentaria y nutrición a nivel país conlleva un mayor compromiso, sensibilización y comprensión.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación son un “instrumento práctico basado en los derechos humanos” que “no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes”[5], por lo que se trata de un documento voluntario que incluye orientación en materia de políticas en diecinueve áreas de acción propicias para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Las Directrices “tienen por objeto garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente y de calidad apropiada para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos; la accesibilidad física y económica universal, incluso de los grupos vulnerables, a alimentos adecuados, libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; o los medios para procurárselos”[6]. Las Directrices formularon un planteamiento que ha influido en la agenda mundial contra el hambre y la malnutrición durante los últimos quince años y que continúa siendo relevante para los actuales esfuerzos mundiales dirigidos al cumplimiento de los ODS. En lugar de suponer un punto final, la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación ha demostrado ser un momento de transición y evolución que encarna la energía, el impulso y el compromiso que existían en ese momento.

Sección 1

Una breve introducción a las Directrices sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación como derecho humano

Tras la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación en 2004, se han desarrollado y aprobado diversos instrumentos mundiales relacionados con la erradicación del hambre y la malnutrición y la realización progresiva del derecho a la alimentación. Además de destacar la importancia que dichos instrumentos conceden al derecho a una alimentación adecuada, uno de sus principales denominadores comunes es su esfuerzo explícito por contribuir a la realización de este derecho mediante un EBDH - complementando la orientación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación- o su inspiración en la estructura, el contenido y el proceso de las Directrices sobre el derecho a la alimentación.

“Un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) exige no sólo tender al resultado definitivo de la abolición del hambre, sino también proponer formas de alcanzar ese objetivo. La aplicación de los principios de los derechos humanos forma parte integrante del proceso”.

Directrices sobre el derecho a la alimentación, Introducción, párrafo 19.

Cada uno de estos instrumentos fue negociado y aprobado para abordar las prioridades específicas establecidas en la agenda mundial de desarrollo. Sin embargo, en su conjunto demuestran la voluntad de la comunidad internacional de subrayar la importancia de la realización progresiva del derecho a la alimentación, un mensaje clave de las Directrices sobre el derecho a la alimentación.

En los años siguientes, se intensificaron las discusiones sobre la necesidad de adaptar el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a los nuevos problemas y realidades. En consecuencia, se reformó el Comité en octubre de 2009 con el objetivo de que se convirtiera en la “principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y coordinada” hacia “un mundo libre del hambre, donde los países apliquen las [Directrices sobre el derecho a la alimentación]”[7]. Poco después, las negociaciones entre los miembros desembocaron en la redacción y aprobación del documento de orientación para la labor y prioridades del CSA reformado: el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). El MEM es un “único documento vivo que el plenario del CSA aprueba anualmente” que hace hincapié en la coherencia de las políticas, ofrece orientación y pretende complementar y asegurar la coherencia entre diversos marcos mundiales fundamentales, entre los que se encuentran las Directrices sobre el derecho a la alimentación[8].

Desde la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación en 2004 y la reforma del CSA en 2009, ha surgido un compromiso renovado con el papel del CSA como impulsor de la agenda mundial para erradicar el hambre y la malnutrición, con una referencia y adhesión subyacentes a este instrumento voluntario y no vinculante basado en los derechos humanos.

Aunque las negociaciones comenzaron unos años antes, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT, por sus siglas en inglés) fueron aprobadas por el CSA en 2012. Estas amplían y analizan diversos detalles de las disposiciones fundamentales de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, especialmente de la Directriz 8. Las VGGT destacan la influencia ejercida por las Directrices sobre el derecho a la alimentación y adoptan numerosos principios de derechos humanos para su implementación, siendo su objetivo general “mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques […] y producir beneficios para todas las personas, en especial las vulnerables y marginadas, y alcanzar las metas de la seguridad alimentaria y la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”[9].

Por otra parte, dado el papel fundamental que desempeñan las inversiones responsables para la realización del derecho a la alimentación, el CSA aprobó los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (CFS-RAI, por sus siglas en inglés) en 2014. Los CFS-RAI tienen a las Directrices sobre el derecho a la alimentación como uno de sus pilares y desarrollan algunos de los elementos orientativos establecidos en éstas diez años antes, con el objetivo de “fomentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios que contribuya a la seguridad alimentaria y la nutrición y que, por tanto, respalde la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”[10].

Al mismo tiempo, el Comité de Pesca lideró el proceso que dio lugar a la aprobación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) en 2014. Las Directrices PPE se basan en las normas internacionales de derechos humanos y prestan “especial atención a los grupos vulnerables y marginados y a la necesidad de apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”, teniendo expresamente por objeto “mejorar la aportación de la pesca en pequeña escala a la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”[11].

En octubre de 2015, otro proceso plurianual culminó en la aprobación de un marco mundial de referencia: el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas del CSA (FFA, por sus siglas en inglés). Entre sus numerosas correlaciones con las Directrices sobre el derecho a la alimentación, el FFA tiene como objetivo general “mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones que se ven afectadas por una situación de crisis prolongada o se encuentran en riesgo de entrar en ella, de tal manera que se aborden las causas últimas, lo cual contribuye a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”, al tiempo que “se esfuerza por reforzar la coherencia de las políticas en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”[12].

Por último, el CSA está facilitando actualmente el proceso de redacción de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que deberían debatirse y negociarse para su aprobación en los próximos meses, reforzando en mayor medida las diversas disposiciones de las Directrices sobre el derecho a la alimentación aprobadas hace 15 años, entre las que destaca la de contribuir de forma sustancial a la realización del derecho a una alimentación adecuada[13].

Destacando la importancia de las Directrices sobre el derecho a la alimentación para el CSA y sus miembros, así como para la agenda mundial para erradicar el hambre y la malnutrición, se celebró un acto temático mundial sobre las Directrices sobre el derecho a la alimentación durante el 45.° período de sesiones en octubre de 2018[14]. En este evento se compartieron experiencias de diferentes lugares del mundo y se celebraron debates entre las diferentes partes interesadas para contribuir al seguimiento de los avances realizados en la implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Además, se recibieron 56 experiencias en las semanas previas al acto, resumidas en el documento oficial CFS 2018/45/Inf.19.[15], que reflejaron procesos nacionales y regionales y diferentes eventos, y sirvieron como balance de la implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. En la sesión plenaria de octubre de 2019, el CSA abordará los desafíos asociados al cumplimiento de los ODS, centrándose especialmente en el ODS 2, proporcionando un espacio de reflexión sobre las implicaciones del derecho a la alimentación.

Si bien las Directrices sobre el derecho a la alimentación han influido enormemente en la labor del CSA y en la definición de algunas de sus principales áreas de acción, también han contribuido a impulsar la realización del derecho a la alimentación en otros foros mundiales.

En 2009, y al finalizar el encuentro, se aprobó la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Esta, entre sus múltiples aspectos, destaca el compromiso de la comunidad mundial de “acelerar colectivamente las medidas para invertir esta tendencia [de un número alarmante de personas que padecen hambre y pobreza] y situar al mundo en el camino hacia la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”, así como su Principio 3 que aboga por la adopción de un enfoque de doble vía para erradicar el hambre de manera inmediata y, al mismo tiempo, hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada de forma progresiva[16]. Unos años más tarde, los documentos finales de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) de 2014 -incluida la Declaración de Roma sobre la Nutrición, que hace hincapié en numerosas ocasiones en el derecho internacional de todas las personas a una alimentación adecuada[17]- ratificaron y destacaron la importancia de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) aprobaron la Declaración Viena+20 en 2013, que reafirma la primacía de los derechos humanos y se suma a la contribución fundamental de la sociedad civil con la publicación anual del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición[18]. Este documento es crucial para realizar un seguimiento de la implementación del derecho a una alimentación adecuada e incluye una sección especial sobre alimentación y nutrición en la que se destacan los elementos clave para la realización del derecho a una alimentación adecuada para toda la población, incluyendo grupos específicos[19].

Otro ámbito en el que las Directrices sobre el derecho a la alimentación han ejercido una influencia evidente es la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Inicialmente, mediante la aprobación de la Resolución A/66/L.56 (“El futuro que queremos”), que reafirma la importancia de todos los derechos humanos -y específicamente del derecho a la alimentación- como un pilar para lograr el desarrollo sostenible. La Resolución hace hincapié en el compromiso mundial “relativo al derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”[20]. La Agenda 2030, aprobada mediante la resolución A/70/L.1 en septiembre de 2015[21], proporciona el marco mundial de acción para aquellas políticas destinadas a abordar los principales desafíos actuales durante los próximos 15 años. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación -y los documentos de orientación posteriores mencionados anteriormente- ofrecen orientación práctica concreta sobre las formas de realizar avances significativos en el cumplimiento de los 17 Objetivos y sus correspondientes metas. Las Directrices pueden ser particularmente útiles para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), a lo que habitualmente se hace referencia como Hambre Cero.

La lista de documentos mundiales que se han visto influidos o inspirados en cierta medida por las Directrices sobre el derecho a la alimentación es mucho más extensa, por no mencionar los documentos regionales y subregionales que reflejan los principios de las Directrices. Sin embargo, todos los instrumentos y documentos citados anteriormente suponen una oportunidad para lograr algunos de los objetivos principales de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, empezando obviamente por la realización progresiva del derecho a la alimentación.

Sección 2

Implementación de las Directrices del derecho a la alimentación: buenas prácticas y lecciones aprendidas

Desde la adopción de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, las partes interesadas, y en particular los Estados, han hecho grandes progresos en el desarrollo, adopción, implementación y seguimiento de las medidas y procesos orientados a la realización del derecho a una alimentación adecuada. A continuación, ofrecemos una amplia variedad de experiencias procedentes de todo el mundo, en las que se presta mayor atención a la fase de diseño que a la de implementación, para mostrar los elementos clave de los avances legislativos, normativos e institucionales, así como los esfuerzos de supervisión que se han llevado a cabo durante los últimos 15 años. Además de ilustrar una muestra de buenas prácticas de carácter innovador, que ofrecen diferentes vías y contextos en los que se pueden dar pasos considerables para la realización del derecho a una alimentación adecuada, también se pondrán de relieve las lecciones relativas a elementos clave de cada sección a nivel individual: legislativos, normativos e institucionales.

Avances legislativos

Si bien las Directrices sobre el derecho a la alimentación son un documento voluntario y no vinculante desde el punto de vista jurídico, se basan en el derecho internacional, tal como se apunta en su introducción. En consecuencia, algunas de las Directrices amplían los elementos que figuran en los principales instrumentos internacionales. En la Directriz 7, por ejemplo, se pide a los Estados que adopten medidas legislativas para seguir contribuyendo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, haciéndose eco de la obligación jurídica general que figura en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC. La Directriz apoya el fortalecimiento de los marcos jurídicos y de rendición de cuentas, tales como los mecanismos administrativos, cuasijudiciales y judiciales para proporcionar recursos adecuados, eficaces y rápidos a los que puedan acceder, en particular, los miembros de los grupos vulnerables”[22].

Sobre la base de esos elementos rectores, hay ciertas formas concretas de adoptar medidas legislativas, mayormente incluyendo el derecho a una alimentación adecuada en la constitución, aprobando una ley marco sobre el derecho a una alimentación adecuada y garantizando la coherencia de la legislación sectorial.

De conformidad con la orientación que aportan las Directrices sobre el derecho a la alimentación, y en especial en la Directriz 7, varios Estados han adoptado medidas legislativas concretas para realizar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada. A continuación, presentamos una medidas y procesos que han tenido lugar en diferentes contextos y mediante métodos diversos. No se pretende hacer una lista exhaustiva, sino más bien ofrecer un conjunto panorámico de buenas prácticas: todas las medidas citadas se han tomado desde la adopción de las Directrices sobre el derecho a la alimentación en 2004.

Constituciones

Incluir el derecho a una alimentación adecuada en la constitución es la forma más notoria de protección legal y supone un pronunciamiento firme por parte de un país para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de sus ciudadanos. Esta inclusión puede producirse de diferentes maneras, ya sea mediante la revisión de la constitución a través de enmiendas, como se hizo en Brasil en 2010[23], o adoptando una nueva constitución, como hizo Egipto en 2014[24]. Mientras tanto, el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada en la constitución puede hacerse también de varias formas.

El método más directo es proveer una protección explícita al derecho a una alimentación adecuada o a no padecer hambre, ya sea para toda la población o únicamente para grupos específicos, como los niños. Esta protección se incluyó recientemente en Cuba, donde la nueva constitución garantiza en su artículo 77 que “todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada”[25]. Nepal promulgó su nueva constitución en 2015, cuyo artículo 36 expresa de forma explícita que “todo ciudadano contará con el derecho a la alimentación”[26]. En Zimbabwe, la Constitución de 2013 garantiza en su artículo 77 que “toda persona tiene derecho a alimentos suficientes”, mientras que el artículo 81 establece el derecho a la nutrición de todos los niños[27]. Por su parte, en la Constitución de México, el artículo 4 reconoce el derecho a alimentos nutritivos, suficientes y de calidad para todas las personas[28]. El artículo 36 de la Constitución de Fiji prevé “el derecho de toda persona a verse libre del hambre, a contar con alimentos adecuados de calidad aceptable”[29], y en el artículo 23 de la carta magna de las Maldivas se recoge el derecho de todos los ciudadanos a “alimentos adecuados y nutritivos”[30].

Otro planteamiento es ofrecer una protección implícita del derecho a una alimentación adecuada a través de otros derechos humanos más amplios. En general, se considera que esos derechos humanos más generales, o bien ya lo incorporan, o resultan fundamentales para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Entre ellos se incluyen los derechos a un nivel de vida adecuado, al bienestar, a los medios necesarios para vivir una vida digna, al desarrollo o a un nivel de vida que no esté por debajo del nivel de subsistencia. Por ejemplo, en Ecuador, mientras que el artículo 13 ofrece una garantía explícita del derecho a la alimentación, el artículo 32 garantiza el derecho a la salud “cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a la [….] alimentación”[31]. Por otro lado, además del artículo 16 que garantiza explícitamente el derecho a la alimentación, el artículo 46 en el Estado Plurinacional de Bolivia prevé el derecho de toda persona a un trabajo digno que le garantice un “salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”[32]. De forma similar, el artículo 62 en la República Dominicana garantiza el derecho de todo ciudadano a “un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, lo que complementa el reconocimiento explícito al derecho a la alimentación que aparece en el artículo 57[33].

Otra forma de consagrar la realización del derecho a una alimentación adecuada es a través de los principios rectores de la política estatal. Tales disposiciones, que no las puede hacer cumplir directamente un tribunal, pueden situar directa o implícitamente el derecho a una alimentación adecuada como un objetivo general del Estado. Un ejemplo exhaustivo de los principios rectores de la política estatal aparece en la Constitución de Kenya de 2010 que, en su artículo 21, estipula que es “un deber fundamental del Estado y de todos los órganos estatales observar, respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración de Derechos” y que el Estado “adoptará medidas legislativas, normativas y de otra índole, incluyendo el fijar normas, para lograr la realización progresiva de los derechos garantizados en el artículo 43”, que garantiza a toda persona el derecho a “no padecer hambre y a disponer de una alimentación adecuada de calidad aceptable”[34]. Otro ejemplo específico se encuentra en el artículo 110 de la Constitución de Panamá, que menciona la responsabilidad primordial del Estado para “desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población”, complementando así la protección explicita que figura en el artículo 56.2[35].

La cuarta vía se basa en el estatus de las obligaciones internacionales en el ordenamiento legislativo nacional. Ya sea a través de la aplicabilidad directa de instrumentos internacionales a nivel nacional -al reconocerse que los compromisos internacionales tienen el mismo rango que las disposiciones constitucionales-, o de la primacía de las obligaciones internacionales sobre las leyes nacionales, todos ellos son medios importantes previstos en la constitución para proteger aún más el derecho a una alimentación adecuada a nivel nacional. Uno de esos enfoques se ha utilizado en particular en la República Democrática del Congo y el Níger, que, además de contar con garantías explícitas al derecho a una alimentación adecuada, indica que los tratados y acuerdos internacionales tienen primacía sobre las leyes nacionales, respectivamente, en el artículo 215[36] y el artículo 171[37].

Leyes nacionales

Si bien las constituciones ofrecen la forma más eminente de garantías jurídicas al derecho a una alimentación adecuada, incluir este último en la legislación -y en especial en las leyes marco-, aporta claridad y contribuye a que sea operativo en la práctica. Además, la adopción y revisión de la legislación sectorial pertinente es una forma importante de garantizar la eficiencia hacia la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

Desde la adopción de las Directrices sobre el derecho a la alimentación en 2004, varios Estados han tomado medidas para incluir el derecho a una alimentación adecuada en su legislación nacional, ya sea mediante la adopción de leyes marco o garantizando la coherencia de las leyes sectoriales clave. A continuación, presentamos una muestra de diversos esfuerzos que se han llevado a cabo en este sentido en los últimos años.

Leyes marco

Dada la naturaleza multidimensional e intersectorial del derecho a una alimentación adecuada, una ley marco desarrolla sus principios generales, asigna responsabilidades a las diferentes partes y garantiza a la vez la coordinación y la dirección entre las diferentes partes implicadas. Además, puede aportar el alcance y contenido del derecho a una alimentación adecuada, establecer las obligaciones de las autoridades estatales y las responsabilidades de los agentes privados, instaurar los mecanismos institucionales necesarios, proporcionar los fundamentos para la compensación y, al mismo tiempo, facilitar la base jurídica para la legislación subsidiaria y otras medidas que sean necesarias[38].

Una ley marco también se beneficia de un enfoque de múltiples partes interesadas, como se describe en las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Este método ofrece información sobre los intereses y preocupaciones relativos a la realización del derecho a una alimentación adecuada. Además, una ley marco contribuye a mejorar la coherencia de las políticas y puede garantizar que el derecho a una alimentación adecuada sea un elemento central de la estrategia nacional de desarrollo[39]. Diferentes países han adoptado diferentes enfoques, y presentamos a continuación algunas experiencias innovadoras.

La República Dominicana adoptó la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en 2016. En ella se define con detalle el derecho a una alimentación adecuada y se establece el marco institucional para la elaboración y desarrollo de políticas de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional como instrumentos para respetar, proteger y ejercer el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas sin distinción, de conformidad con los principios de los derechos humanos[40]. En Cabo Verde, se adoptó la Ley nº. 37/IX/2018 con el fin de definir y garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos, estableciendo al mismo tiempo los principios, normas y procedimientos para garantizar su implementación efectiva, así como para orientar la implementación de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional[41].

Si bien la mayoría de los avances se han producido a nivel nacional, también se han observado prácticas innovadoras a nivel subnacional y regional. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011 de Zanzibar, en la República Unida de Tanzania, establece las obligaciones de las autoridades para la realización del derecho a una alimentación adecuada de todos sin discriminación, al tiempo que establece la estructura institucional para su implementación mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición[42]. A nivel regional, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) adoptó una ley marco regional sobre el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria que, sobre todo, proporciona orientación a los Estados sobre la inclusión de un EBDH en los marcos jurídicos nacionales. La ley marco regional tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada mediante la creación del marco legal de referencia para la elaboración de políticas y estrategias nacionales sobre el derecho a una alimentación adecuada[43].

Leyes sectoriales

Dado que la realización del derecho a una alimentación adecuada es el resultado de la adopción de medidas propicias en una serie de ámbitos sectoriales, garantizar la coherencia de las leyes sectoriales con el derecho a una alimentación adecuada aumenta la eficacia de los esfuerzos e impide que haya medidas contradictorias. Muchas áreas sectoriales son fundamentales, entre las cuales aquellas relativas a los medios de vida y los recursos (Directriz 8 del derecho a la alimentación, que incluye Directrices sobre el mercado laboral -8A-, la tierra -8B-, el agua -8C-), la protección social (Directriz 14 del derecho a la alimentación) y el comercio (Sección III de las Directrices sobre el derecho a la alimentación), por citar sólo algunas.

8.1 Los Estados deberían facilitar el acceso a los recursos y su utilización de manera sostenible, no discriminatoria y segura de acuerdo con su legislación nacional y con el derecho internacional y deberían proteger los bienes que son importantes para la subsistencia de la población. Los Estados deberían respetar y proteger los derechos individuales relativos a los recursos como la tierra, el agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación de algún tipo. Cuando sea necesario y apropiado, los Estados deberían emprender una reforma agraria así como otras reformas de políticas en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y de conformidad con el estado de derecho a fin de asegurar un acceso eficaz y equitativo a las tierras y reforzar el crecimiento en favor de los pobres. Se podría prestar especial atención a grupos como los pastores nómadas y los pueblos indígenas y su relación con los recursos naturales.

8.2 Los Estados deberían adoptar medidas para que los miembros de los grupos vulnerables puedan tener acceso a oportunidades y recursos económicos que les permitan participar plenamente y en pie de igualdad en la economía.

8.3 Los Estados deberían prestar particular atención a los problemas de acceso específicos de las mujeres y de los grupos vulnerables, marginados y tradicionalmente desfavorecidos, incluidas todas las personas afectadas por el VIH/SIDA. Los Estados deberían adoptar medidas para proteger a todas las personas afectadas por el VIH/SIDA contra la pérdida de su acceso a los recursos y bienes.

Directriz 8 del Derecho a la alimentación
Acceso a los recursos y bienes

Si bien la inclusión de todas las medidas adoptadas por los países de todo el mundo en una o varias de las áreas sectoriales mencionadas no puede tener cabida aquí, se presentan a continuación diversos ejemplos. En la India, por ejemplo, la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria en 2013 otorgó derechos a ayudas relacionadas con la alimentación y estableció mecanismos de reclamación, dos elementos cruciales para la realización del derecho a una alimentación adecuada[44]. Otra tendencia ha sido legislar sobre la alimentación escolar con un EBDH, lo que resulta fundamental no sólo para la realización del derecho de los niños a una alimentación adecuada, sino también para su derecho a la salud y a la educación. Ejemplo de ello es el Perú, donde la Ley 30021, aprobada en 2013, tiene por objeto promover la alimentación saludable de los niños y adolescentes regulando la publicidad y los alimentos disponibles en las escuelas, fomentando la educación nutricional y la actividad física, y creando una entidad de seguimiento para recopilar y analizar los datos pertinentes sobre su estado nutricional[45]. Entretanto, varios países han adoptado medidas concretas para abordar la apremiante cuestión de la pérdida y el desperdicio de alimentos[46], como Francia[47] e Italia[48] que han tomado medidas decisivas mediante la adopción de leyes específicas. Otro ejemplo es Montenegro, donde la Ley de Seguridad Alimentaria se ocupa mayormente de la inocuidad alimentaria y la protección del consumidor, al tiempo que reconoce el derecho de toda persona a tener garantizado el acceso a alimentos inocuos y saludables[49].

Procesos actuales

Como se ha ilustrado anteriormente, a lo largo de los años se han producido importantes avances. Sin embargo, los procesos que culminan con la enmienda de una constitución o la adopción de una ley marco sobre el derecho a una alimentación adecuada pueden ser largos. Aunque a veces se prolongan durante varios años, la naturaleza inclusiva y participativa de los procesos puede a su vez proporcionar una mejor oportunidad para su eficiencia y sostenibilidad. Como tal, en Burkina Faso está en curso un proceso de inclusión del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución, mientras que en Costa Rica y Uruguay se está elaborando una ley marco sobre el derecho a una alimentación adecuada. Es más, procesos que pueden haber durado años sin alcanzarse el resultado deseado, pueden reanudarse después de largas interrupciones, como probablemente ocurra en Uganda con la ley marco sobre el derecho a una alimentación adecuada.

Avances normativos

Si bien la legislación, como se ha visto anteriormente, permite la cristalización del derecho a una alimentación adecuada para todos, para resistir mejor a la evolución de los contextos políticos se necesitan medidas normativas que puedan contribuir eficazmente a su realización.

“A fin de conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, los Estados deberían promover un desarrollo económico de amplia base que respalde sus políticas de seguridad alimentaria. Los Estados deberían establecer, en relación con las políticas, objetivos y puntos de referencia basados en las necesidades de la población en materia de seguridad alimentaria”.

Directriz 2.1 del Derecho a la alimentación

Como documento de orientación sobre políticas, las Directrices sobre el derecho a la alimentación ofrecen una serie de medidas que pueden adoptar los responsables de la formulación de políticas para elaborar, adoptar, implementar y supervisar políticas y estrategias de manera eficiente con el fin de realizar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada. Los procesos de formulación de políticas son fundamentales en sí mismos y pueden tener características distintas que sean más propicias para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Si bien las fases de formulación, implementación y supervisión son cruciales y tienen un impacto decisivo en la realización efectiva del derecho a una alimentación adecuada, los avances que han tenido lugar desde la adopción de las Directrices serán explicados sobre todo desde la fase de diseño de políticas.

“Los Estados, según convenga y en consulta con los interesados directos y de conformidad con su legislación nacional, deberían considerar la posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de desarrollo, incluidas estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere”.

Directriz 3.1 del Derecho a la alimentación

Como se indica en la directriz 2.2, a partir de su diseño, una política propicia a la realización del derecho a una alimentación adecuada se basa en una evaluación exhaustiva “en consulta con las principales partes interesadas, [de] la situación económica y social, y en particular el grado de inseguridad alimentaria y sus causas, la situación respecto a la nutrición y la inocuidad de los alimentos”[50].

“Estas estrategias podrían incluir objetivos, metas, puntos de referencia y plazos, así como medidas con miras a formular políticas; encontrar y movilizar recursos; definir mecanismos institucionales; asignar las responsabilidades; coordinar las actividades de los distintos interesados; y establecer mecanismos de vigilancia. Según sea necesario, las estrategias podrían abordar todos los aspectos del sistema alimentario, con inclusión de la producción, la elaboración, la distribución, la comercialización y el consumo de alimentos inocuos. También podrían ocuparse del acceso a los recursos y a los mercados, así como prever medidas paralelas en otros ámbitos. Estas estrategias deberían abordar en particular las necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos y las situaciones especiales, como las catástrofes naturales y las emergencias”.

Directriz 3.3 del Derecho a la alimentación

Un diseño de políticas basado en los derechos humanos tiende a incluir componentes específicos, entre los que se encuentran los siguientes:

► Un elevado nivel de rendición de cuentas, basado en la identificación clara de las responsabilidades y la definición de marcos temporales para el logro de los objetivos y metas;

► Coordinación horizontal y vertical eficaz entre las instituciones gubernamentales y entre los niveles nacional y subnacional del gobierno;

► Participación significativa de la sociedad civil y de los representantes de los grupos de población más marginados y con mayor inseguridad alimentaria;

► Un alto nivel de compromiso político y apoyo que se traduzca en una financiación adecuada y sostenida de las medidas normativas; y

► Supervisión eficaz de las nuevas amenazas a la protección y la realización del derecho a una alimentación adecuada, así como de los avances logrados en la realización de este derecho[51].

Estos componentes se encuentran a través de diferentes características del diseño de políticas y la estrategia, y tienen conexiones intrínsecas con directrices específicas, entre las cuales: el preámbulo del documento de políticas[52], la identificación de los grupos vulnerables y de los que sufren inseguridad alimentaria y de las desigualdades que deben abordarse[53], la declaración de principios[54], los objetivos de las políticas[55], las áreas prioritarias de actuación[56], los principios rectores para la implementación de políticas[57], las estructuras institucionales para la coordinación e implementación[58], y el seguimiento y la evaluación de las políticas59/60.

Teniendo en cuenta esos componentes y las diferentes características del diseño de políticas, algunos de los avances que se han producido en el último decenio y medio se demostrarán de acuerdo con siete temas que abarcan la mayoría de esos componentes y que están comprendidos en las diversas características del diseño de políticas[61]. A continuación, se presenta una muestra limitada de políticas y estrategias que han incluido explícitamente elementos claves de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, al tiempo que contribuyen a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

1 Compromiso político y obligaciones jurídicas con respecto al derecho a una alimentación adecuada

En Granada, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2013 señala de forma explícita en su Preámbulo las obligaciones y compromisos del país en relación con el derecho a una alimentación adecuada, incluyendo una referencia específica a las Directrices sobre el derecho a la alimentación, añadiendo que “el Gobierno reafirma su compromiso con la protección y realización del derecho a la alimentación”. Además, la normativa establece la visión de “reconocer plenamente el derecho a la alimentación y garantizar que todos los granadinos tengan en todo momento acceso físico, económico y social a alimentos inocuos, nutritivos, culturalmente aceptables y asequibles en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades dietéticas para llevar una vida activa y saludable”[62].

En Jamaica, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional recuerda la ratificación de instrumentos internacionales clave para la realización del derecho a una alimentación adecuada, y lo vincula con el derecho a la vida garantizado constitucionalmente en Jamaica, al tiempo que lo reconoce como “un derecho fundamental de todos los ciudadanos, con independencia de su situación socioeconómica”. Igualmente, la normativa tiene la visión de que “todos los jamaicanos y residentes en Jamaica tengan en todo momento acceso universal, físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus preferencias dietéticas y alimentarias para llevar una vida activa y sana”, además del objetivo a largo plazo de “garantizar la plena protección y realización del derecho a la alimentación para todos”[63].

2 Equidad, inseguridad alimentaria y personas vulnerables

Sobre la base de una evaluación nacional de la seguridad alimentaria, la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guyana detalla de manera exhaustiva grupos vulnerables y con inseguridad alimentaria, entre los que se incluyen: a) agricultores de subsistencia (costeros, ribereños, de interior); b) mineros en pequeña escala; c) vendedores ambulantes y pescadores; d) trabajadores de bajos ingresos (trabajadores estacionales o temporales, en particular en las zonas urbanas); e) leñadores; f) cortadores de caña de azúcar; g) mujeres con un solo progenitor; h) amerindios; i) niños de la calle; y j) pensionistas. Esto ha resultado crucial para la estrategia, ya que hace hincapié en la atención a los grupos vulnerables en todos sus objetivos, con el propósito general de “mejorar la salud y el bienestar de todas las personas que viven en Guyana a través de una mayor seguridad alimentaria y nutricional”[64].

3 Realización progresiva del derecho a la alimentación, que combina las conclusiones con respecto a la declaración de principios y los objetivos de las políticas

En Bhután, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2014 parte del principio de que “[t] odas las personas que viven en Bhután tienen en todo momento acceso físico, económico y social a alimentos inocuos y nutritivos adecuados para llevar una vida sana y activa que contribuya a la realización de la Felicidad Interna Bruta”[65]. El derecho a una alimentación adecuada forma parte de los principios rectores, mientras que las metas y objetivos generales de las políticas detallan aspectos específicos del derecho a una alimentación adecuada.

4 Medidas normativas de elevada prioridad

En El Salvador, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la alimentación saludable de todos, con atención urgente a los más vulnerables. Sus objetivos específicos aclaran las facetas pertinentes que conducen a la realización efectiva del derecho a una alimentación adecuada, al tiempo que establecen principios rectores para su implementación, el primero de los cuales es que la política promueva la realización del derecho a una alimentación adecuada para todos. Entre sus acciones políticas prioritarias, se hace especial hincapié en garantizar y facilitar el papel clave de los pequeños agricultores, así como la inclusión y la participación activa de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Además, se han adoptado medidas concretas en esferas fundamentales para la realización del derecho a una alimentación adecuada, como el empleo decente, la protección social, la nutrición y los hábitos alimentarios saludables[66].

5 Principios de implementación de políticas y buena gobernanza

En Sierra Leona, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2016 establece una serie de principios de implementación basados en los derechos humanos: “que la alimentación y la nutrición adecuadas son un derecho humano fundamental”; “que las consideraciones de género y las necesidades de todos los grupos vulnerables son parte integrante de todos los componentes de la política”; que el Gobierno “es responsable y está obligado a mejorar la situación de seguridad alimentaria en el país según lo establecido en las leyes nacionales y en los convenios, tratados y resoluciones internacionales sobre el derecho a la alimentación”; y “que en la planificación, elaboración de presupuestos e implementación de la política se adoptará un enfoque basado en los derechos para promover y proteger el derecho a una alimentación y una nutrición adecuadas, asegurando la participación de los titulares de los derechos”[67].

6 Participación y coordinación de políticas

En el Perú, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 se elaboró mediante un proceso participativo y de múltiples interesados bajo la dirección de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Estrategia adopta el derecho a una alimentación adecuada como su primer marco de implementación, detallando la evolución del derecho a una alimentación adecuada a nivel mundial, así como su contenido normativo, incluido el papel fundamental de las Directrices sobre el derecho a la alimentación en la consecución de los objetivos de la Estrategia. Además, incluye un análisis detallado de los datos desglosados sobre los grupos vulnerables. Expone algunas enseñanzas extraídas del proceso de elaboración de la Estrategia y, en particular, la importancia de adoptar medidas proactivas para garantizar la inclusión social de los grupos vulnerables, así como la necesidad de establecer sinergias entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado, dado el carácter multisectorial de las cuestiones abordadas[68].

7 Supervisión de las políticas y rendición de cuentas

En Uganda, la Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición (UFNS, por sus siglas en inglés) dedica un capítulo específico al seguimiento y la evaluación, que incluye principios subyacentes como “implementar el proceso de seguimiento de la UFNS basado en los principios de derechos humanos”, y pide explícitamente el “seguimiento basado en los derechos del derecho a una alimentación adecuada en Uganda”. Para más detalles sobre el proceso, se hace hincapié en que “supervisar la implementación del derecho a una alimentación adecuada: (a) involucra directamente a las partes interesadas, es decir, a los titulares de deberes y a los titulares de derechos; (b) se centra en los impactos y procesos de las políticas y los programas; y (c) proporciona información con la que los titulares de derechos pueden responsabilizar a los titulares de deberes, al tiempo que fortalece la capacidad de los primeros para actuar por sí mismos”. También añade que “hacer responsables a los titulares de deberes implica el establecimiento de puntos de referencia claros y verificables con respecto a los cuales se puedan evaluar los progresos”. Además, destaca que “el proceso de seguimiento debe ser participativo, motivador, transparente y proporcionar una base para que los titulares de derechos puedan exigir responsabilidades a los titulares de deberes”. Mientras tanto, se subrayan las obligaciones y los compromisos del Estado para con la realización del derecho a una alimentación adecuada y se identifican una serie de grupos vulnerables específicos en las diferentes esferas que la Estrategia se esfuerza por abordar[69].

Procesos actuales

En Colombia, la firma en 2016 del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de la paz ofrece un impulso sobre el que realizar progresos importantes hacia la realización del derecho a una alimentación adecuada. Previsto en el marco del primer pilar del Acuerdo, deben elaborarse planes nacionales de desarrollo rural integral para mejorar los medios de subsistencia y el nivel de vida de las comunidades de las zonas rurales. En este pilar se incluye el establecimiento de un sistema que conduzca a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Dada la interrelación entre la realización del derecho a una alimentación adecuada, el desarrollo rural y la paz y la seguridad, el Acuerdo proporciona una base sólida y adicional para complementar la estructura legislativa, política e institucional existente en Colombia, con el fin de erradicar la pobreza y garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos.

Avances institucionales

Si bien la evolución de la legislación y de las políticas reviste una importancia primordial para la realización del derecho a una alimentación adecuada, no se puede subestimar el papel central de las instituciones en la planificación, implementación, coordinación y supervisión de los esfuerzos encaminados a poner en práctica las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Además, los vínculos entre los cambios a nivel de políticas y legislación y avances institucionales son intrínsecos y abundantes, siendo a menudo los últimos establecidos por los primeros.

“Los Estados, cuando convenga, deberían evaluar el mandato y el rendimiento de las instituciones públicas correspondientes y, de ser necesario, crearlas, reformarlas o mejorar su organización y estructura para contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

Directriz 5.1 del Derecho a la alimentación

Se presentan a continuación dos categorías de instituciones para poner de relieve algunos de los avances que han tenido lugar desde la adopción de las Directrices sobre el derecho a la alimentación: los órganos ejecutivos y legislativos y las instituciones de derechos humanos. Se analizarán también brevemente las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) para mostrar cómo, a nivel supranacional, al hacer referencia a herramientas de políticas globales como las Directrices sobre el derecho a la alimentación, sus mandatos pueden jugar un papel fundamental en impulsar los derechos humanos y reforzar los esfuerzos para hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada y alcanzar los ODS.

“Reconociendo la responsabilidad primaria de los Estados respecto de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, se alienta a los Estados a aplicar un enfoque basado en la existencia de numerosas partes interesadas a la seguridad alimentaria nacional para identificar las funciones y fomentar la participación de todos los interesados directos, comprendidos la sociedad civil y el sector privado, a fin de aprovechar sus capacidades especializadas con vistas a facilitar el uso eficiente de los recursos”.

Directriz 6.1 del Derecho a la alimentación

Al examinar las instituciones nacionales, destacan cuatro dimensiones esenciales como catalizadores de la eficiencia y la sostenibilidad: capacidad, participación, rendición de cuentas y transparencia[70]. Además, los procesos actuales pondrán de relieve dos tendencias recientes que implican a una diversidad de partes interesadas en los esfuerzos por hacer realidad progresivamente el derecho a una alimentación adecuada, como se recomienda en la Directriz 6 sobre partes interesadas: las alianzas parlamentarias contra el hambre y la malnutrición y los observatorios sobre el derecho a una alimentación adecuada.

Órganos ejecutivos y legislativos

Como se menciona sobre todo en la Directriz 5, los órganos ejecutivos y legislativos sirven para poner en práctica o coordinar la implementación de políticas y programas sobre el derecho a una alimentación adecuada. La mayoría de estos organismos son de dos tipos: consejos de seguridad alimentaria y nutricional e instituciones de coordinación. La Directriz 5.2 añade además que estas instituciones pueden “garantizar la aplicación, el seguimiento y la evaluación concertados de las políticas, los planes y los programas”[71] de los ministerios, organismos y oficinas gubernamentales pertinentes. En el último decenio y medio, se ha creado o consolidado un número considerable de esas instituciones, que han desempeñado un papel fundamental para facilitar los progresos alcanzados en la realización del derecho a una alimentación adecuada.

En Brasil, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) fue establecido por la Ley Nº 11.346 de 2006 con el mandato claro de “formular e implementar políticas, planes, programas y acciones que busquen garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada[72]”. La institución tiene un papel fundamental que desempeñar en la promoción de la realización del derecho a una alimentación adecuada, especialmente teniendo en cuenta que Brasil cuenta con una garantía constitucional, una ley marco sobre el derecho a una alimentación adecuada, numerosas leyes sectoriales que tienen un impacto importante en la realización del derecho a una alimentación adecuada, así como políticas, planes y programas que implementan diversas facetas de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Además, el SISAN está formado por una miríada de partes interesadas, entre ellas el sector público y la sociedad civil, así como los sindicatos, el distrito federal, los municipios y las organizaciones privadas.

Mientras tanto, con un enfoque multifacético para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, Guatemala ha promovido igualmente la importante participación de representantes de la sociedad civil dentro de su Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN). Tal como se consagra en el Decreto 32-2005[73], la Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS) asegura que se tomen en cuenta las voces y perspectivas de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), así como en las diferentes medidas para erradicar el hambre y la desnutrición[74].

Instituciones de derechos humanos

Reseñadas en la Directriz 18, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel central en la realización del derecho a una alimentación adecuada. Ya sea mediante el seguimiento de la implementación de medidas, la formulación de recomendaciones detalladas o la elaboración de material didáctico sobre el derecho a una alimentación adecuada, existen instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo, con una mayoría de países que cuentan con estas entidades, que en su mayor parte siguen los niveles más estrictos de cumplimiento incluidos en los Principios de París de 1991[75].

En Sudáfrica, la Comisión de Derechos Humanos tiene el mandato claro de “promover el respeto de los derechos humanos y una cultura de derechos humanos; impulsar la protección, el desarrollo y la realización de los derechos humanos; y supervisar y evaluar la observancia de los derechos humanos en la República”. Además de la transparencia que le confiere su mandato, la Comisión está facultada para “investigar e informar sobre la observancia de los derechos humanos; adoptar medidas y obtener una reparación adecuada en los casos en que se hayan violado los derechos humanos; investigar; y educar”. Sobre la rendición de cuentas, la Comisión tiene el deber anual de “exigir a los órganos pertinentes del Estado que le informen sobre las medidas que hayan adoptado para la realización de los derechos consagrados en la Carta de Derechos relativos […]a la alimentación”, ya que el derecho a una alimentación adecuada está garantizado de forma explícita en la constitución nacional[76].

Órganos judiciales y cuasijudiciales

Si bien las instituciones mencionadas desempeñan un papel primordial en la promoción, aplicación y coordinación de los esfuerzos encaminados a la realización del derecho a una alimentación adecuada, los órganos judiciales y cuasijudiciales juegan un rol fundamental cuando se produce una violación. Como se señala en la Directriz 7.2, los órganos judiciales y cuasijudiciales son los principales foros para garantizar que las víctimas de violaciones del derecho a la alimentación tengan acceso a “vías de recurso adecuadas, eficaces y rápidas”[77]. Entre estos organismos, los más importantes son los tribunales nacionales, a los que se ha encomendado la tarea de defender la legislación nacional, así como las obligaciones internacionales, en su caso.

La Constitución de 2010 de Kenya no sólo garantiza explícitamente el derecho humano a una alimentación adecuada -como se describió anteriormente-, sino que otorga al tribunal un mandato claro para hacer cumplir y garantizar los derechos. Como tal, el artículo 23 estipula que “la Corte Suprema tiene jurisdicción, de conformidad con el artículo 165, para conocer y determinar las solicitudes de reparación de la denegación, violación o vulneración, o de una amenaza, a un derecho o libertad fundamental de la Carta de Derechos”[78].

Instituciones Financieras Internacionales

Según la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario” (párrafo 3 del Artículo 1). Los Artículos 2, 55 y 56 hacen hincapié en que todos los Estados Miembros tienen ciertas obligaciones que deben cumplir, tanto individual como colectivamente. En concreto, todos los Estados Miembros tomarán medidas, conjunta o separadamente, para lograr los propósitos de las Naciones Unidas. Las IFI, las asociaciones regionales y otros actores que facilitan la acción colectiva de los Estados son agentes clave para promover el desarrollo internacional. Dado que sus actividades afectan al desarrollo y a la protección y promoción de los derechos humanos, los Estados deben garantizar que sus acciones colectivas contribuyan a la creación de un entorno internacional propicio para el desarrollo. Entre las IFI, los derechos humanos forman parte de los mandatos generales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además, el Convenio sobre Ayuda Alimentaria de 2012 se renegoció y pasó a denominarse Convenio sobre Asistencia Alimentaria, y hace referencia específica a las Directrices sobre el derecho a la alimentación[79].

Procesos actuales

Los consejos de seguridad alimentaria y nutricional, las instituciones de coordinación, las instituciones de derechos humanos y los órganos judiciales y cuasijudiciales han sido tradicionalmente los foros que mejor han representado el marco institucional relativo a la implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación y las medidas para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Sin embargo, aunque en los últimos 15 años se han producido avances importantes en dichas instituciones, como se ha ilustrado brevemente en secciones anteriores, se ha dado recientemente un fuerte impulso a la incorporación más activa de otras partes interesadas importantes, como los parlamentarios y el mundo académico, en consonancia con el carácter multisectorial de las Directrices sobre el derecho a la alimentación.

Alianzas parlamentarias contra el hambre y la malnutrición

Los parlamentarios deben desempeñar un papel fundamental para asegurar que la población pueda alimentarse con dignidad, dadas sus funciones legislativas, de elaboración de presupuestos y de supervisión, y su influencia decisiva en sus circunscripciones electorales. Para aprovechar la importante función de los miembros del parlamento y promover la cooperación y coordinación entre ellos, se han forjado y se están forjando alianzas parlamentarias, incluso a nivel regional. En América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, se constituyó en 2009 el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), que ha contribuido en gran medida a los procesos legislativos y normativos regionales y nacionales propicios para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Aquí se incluyen la promoción de más de 50 iniciativas legislativas que han dado lugar a la aprobación de 23 leyes y tres enmiendas constitucionales destinadas a lograr el hambre cero. Además, el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe es también único en su composición, ya que actualmente está formado por frentes nacionales plurales en 21 parlamentos de la región, así como en 4 parlamentos regionales y subregionales: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Sudamericano (PARLASUR) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN)[80]. En África, se constituyó la Alianza Parlamentaria Panafricana para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (PAP-FNS, por sus siglas en inglés), con el fin de fomentar un entorno propicio para alcanzar el ODS 2, garantizar un lugar prioritario para el derecho a una alimentación adecuada en los programas legislativos y normativos regionales, e impulsar el proceso de desarrollo y aprobación de una Ley Modelo Regional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por otra parte, se han dado pasos a nivel subregional mediante el establecimiento de alianzas parlamentarias, como la creación en África oriental en 2019 de la Alianza Parlamentaria de África oriental para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. En Europa, la Alianza Parlamentaria Europea para la Lucha contra el Hambre es un grupo integrado por más de 30 parlamentarios de diferentes nacionalidades, partidos políticos y comisiones parlamentarias, que constituye un foro para el diálogo sobre las políticas y la sensibilización sobre el derecho a una alimentación adecuada y la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. A su vez, se creó con carácter interregional la Red Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria en África y el Mundo Árabe, que incluye a países de África y del mundo árabe a iniciativa de la Asociación de los Senados, Shoora y Consejos Equivalentes de África y del Mundo Árabe (ASSECCA, por sus siglas en inglés). Además de la cooperación a nivel regional, la tendencia ha tenido repercusión a nivel nacional con decenas de países forjando alianzas parlamentarias nacionales para lograr el hambre cero. Este impulso se puso de manifiesto durante la primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición celebrada en Madrid en 2018. Tras reunir a más de 200 parlamentarios de unos 80 países, la Cumbre de Madrid concluyó con la aprobación de la Declaración de Madrid, que establece una serie de compromisos para “lograr el Hambre Cero y hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada para todos”[81].

Información para el derecho a una alimentación adecuada

Aunque siempre han desempeñado una función importante en la generación de datos para los procesos legislativos y normativos, las instituciones académicas y de investigación juegan un papel cada vez más destacado en la formulación de medidas que contribuyen a la realización del derecho a una alimentación adecuada. Existe actualmente una nueva tendencia a crear observatorios sobre el derecho a una alimentación adecuada. Un buen ejemplo es el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), creado en 2011 y compuesto por más de 70 instituciones de 17 países de la región, representadas por diferentes escuelas y centros de estudio. Los miembros del Observatorio cuentan con amplia experiencia en la metodología, acción, análisis, seguimiento y evaluación de políticas públicas y legislación, así como en el asesoramiento a comisiones parlamentarias en el contexto de las asociaciones con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe y PARLATINO. Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E), creado en 2018 e integrado por 30 instituciones académicas y organizaciones sociales, tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias y el diálogo entre las instituciones académicas de Iberoamérica, los parlamentos, la sociedad civil y las organizaciones sociales.

Los medios de comunicación cuentan también con un papel fundamental que desempeñar al explicar la situación y apoyar los esfuerzos para la realización del derecho a una alimentación adecuada, ya que las Directrices subrayan la importancia de “promover la libertad de opinión y expresión, la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de reunión y asociación” para cumplir los objetivos[82]. A tal efecto, Togo ha puesto en marcha una iniciativa innovadora: la Red Nacional de Periodistas sobre el Derecho a la Alimentación, que debería contribuir a complementar los esfuerzos nacionales para “ofrecer información a los ciudadanos con objeto de fortalecer su capacidad para participar en las decisiones sobre las políticas relacionadas con la alimentación que les puedan afectar, y para impugnar las decisiones que amenacen sus derechos”[83].

Una de las principales conclusiones de las numerosas experiencias y procesos mencionados previamente es que no resulta necesario ningún contexto o situación determinada para adoptar medidas decisivas destinadas a implementar las Directrices sobre el derecho a la alimentación y realizar de forma progresiva el derecho a una alimentación adecuada. Dicho lo cual, la firme voluntad de los actores involucrados, desde las autoridades a las comunidades, ha demostrado ser un denominador común esencial para garantizar la adopción de medidas concretas y determinantes destinadas a garantizar de forma gradual que todas las personas, sin discriminación alguna y centrándose en los grupos vulnerables y marginados, puedan alimentarse con dignidad. En resumen, algunos de los factores fundamentales de los procesos que llevaron a hacer realidad los casos descritos anteriormente fueron:

► Fuerte compromiso político y asignación de recursos públicos;

► Promoción de la coherencia de las políticas mediante el uso de un enfoque basado en los derechos humanos;

► Compromiso de participación significativa, asociaciones sólidas y diálogo entre múltiples partes interesadas;

► Especial hincapié en las poblaciones, comunidades, grupos e individuos más vulnerables, incluyendo las mujeres, los jóvenes y la población indígena;

► Atención especial a la sensibilización, el acceso a la información y la educación; y

► Realización de análisis basados en datos objetivos, difusión de información y seguimiento para mejorar la rendición de cuentas.

Sección 3

Desafíos que hay que hacer frente a medida que nos acercamos al 2030

El progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos se verá obstaculizado si continúa el modelo al que estamos habituados. A pesar de los meritorios esfuerzos y avances significativos de estos años, entre ellos los descritos anteriormente, son necesarios mayores adelantos y vías alternativas para cerrar la brecha y alcanzar los objetivos fijados en los ODS, incluido el hambre cero. Desde su aprobación, las Directrices sobre el derecho a la alimentación han ayudado a enfrentarse a los desafíos nacionales y mundiales de manera diferente, centrándose en los sectores más vulnerables de la sociedad, reduciendo la brecha en el campo del desarrollo -habitualmente segmentado- y promoviendo un conjunto de principios de derechos humanos en todos los ámbitos que, tal y como se ha demostrado en las secciones anteriores, han servido de catalizadores para mejorar, fortalecer y aumentar la eficacia de la formulación de las políticas. Durante 15 años, este instrumento global ha pedido más y mejores medidas para garantizar “un entorno económico, social, político y cultural pacífico, estable y propicio en el cual las personas puedan alimentarse y alimentar a sus familias con libertad y dignidad”[84] de manera sostenible.

Más concretamente, uno de los principales mensajes de este instrumento mundial es la necesidad de un cambio paradigmático sustancial para redefinir cómo debe afectar la formulación de las políticas al logro de los ODS y más allá, a fin de que repercutan realmente en las causas profundas del hambre y la malnutrición. Éstas suelen tener su origen en los niveles más básicos -las realidades locales, los líderes locales, las comunidades más vulnerables-, en los que el acceso a una alimentación adecuada no suele estar garantizado. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación han proporcionado orientación sobre cómo abordar eficazmente los puntos débiles fundamentales de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La población vulnerable debe ser una prioridad en cada una de las medidas que se adopten para acelerar los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, independientemente de qué ODS impulse la agenda política nacional. Se puede afirmar que un enfoque centrado en las personas y en los grupos más vulnerables es una opción para garantizar soluciones más sostenibles. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación deben traducirse en una acción más eficaz para ayudar a encarar los retos mundiales que están redefiniendo la vulnerabilidad y hacen que ésta afecte a un grupo mucho más amplio y complejo de personas en todas las regiones del mundo.

Hoy en día, en un mundo complejo que está sufriendo un deterioro de la seguridad alimentaria y la nutrición, las Directrices sobre el derecho a la alimentación son más pertinentes que nunca. Sin importar cuáles sean los desafíos globales, las Directrices nos recuerdan la necesidad de actuar de forma innovadora y utilizar un EBDH y en las personas en la formulación de las políticas, desde la fase de diseño hasta su implementación y seguimiento. Además, subrayan la importancia de priorizar no sólo las necesidades de los más vulnerables, sino también sus derechos, que deben atenderse de forma adecuada gracias a la responsabilidad y la rendición de cuentas de los titulares de obligaciones.

Los desafíos más urgentes y las Directrices sobre el derecho a la alimentación

Si bien los desafíos específicos que se describirán a continuación han evolucionado mucho con el paso del tiempo, ya resultaban pertinentes cuando se discutieron, negociaron y aprobaron las Directrices hace 15 años. Dada la relación de dichos retos con las disposiciones establecidas en las Directrices, la experiencia acumulada a lo largo de los años en la implementación de medidas legislativas y normativas exhaustivas -algunas de las cuales se han expuesto antes- puede contribuir a proporcionar información para orientar las acciones colectivas de los próximos años con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Estos desafíos exigen medidas específicas que cambien la dinámica habitual y centren nuestros esfuerzos en quienes se han ido dejando atrás durante décadas. Entre los desafíos urgentes analizados se incluyen los sistemas alimentarios sostenibles y el acceso a los recursos y los mercados, así como el cambio climático y las crisis prolongadas.

Los sistemas alimentarios sostenibles y el acceso a los recursos y los mercados

Un elemento fundamental de los debates de los últimos años a nivel mundial sobre la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y la nutrición es la transformación o adaptación de los sistemas alimentarios actuales para hacer frente a los desafíos urgentes y garantizar, hoy en día y en los próximos años, el derecho a una alimentación adecuada para todos. Estas discusiones ponen de manifiesto la complejidad y la dinámica polifacética de estos sistemas, así como su funcionamiento conjunto o aislado, que podrían restringir gravemente la disponibilidad de alimentos adecuados. Para ello es necesario un nuevo enfoque sobre los sistemas alimentarios que abarque no sólo la cuestión del acceso a los alimentos o los medios para obtenerlos, sino también la necesidad de una dieta saludable que sea social, económica y culturalmente aceptable, adecuada para toda la población y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Si bien el concepto de sistemas alimentarios es amplio y maleable, algunos de los elementos fundamentales de este nuevo enfoque son las dietas saludables, la pérdida y el desperdicio de alimentos, la información comercial y nutricional, el empleo decente o la protección social, por citar algunos.

Hace 15 años, quienes redactaron las Directrices sobre el derecho a la alimentación también tenían muy presentes estos problemas. Por ejemplo, la Directriz 8E aborda específicamente la sostenibilidad; la Directriz 10 es fundamental para la alimentación saludable y la información nutricional; la Directriz 8 A, para el empleo decente; y las Directrices 13 y 14 son pertinentes para la protección social. Por su parte, la Directriz 3.3 pide específicamente a los Estados que adopten estrategias nacionales basadas en los derechos humanos que puedan “abordar todos los aspectos del sistema alimentario, con inclusión de la producción, la elaboración, la distribución, la comercialización y el consumo de alimentos inocuos […] el acceso a los recursos y a los mercados”, al tiempo que se abordan “las necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos y las situaciones especiales, como las catástrofes naturales y las emergencias”[85].

A FONDO
VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS NO SOSTENIBLES

Hoy en día nadie está excluido del riesgo de volverse vulnerable e incapaz de hacer efectivo su derecho humano básico a una alimentación adecuada. Las vulnerabilidades que requieren especial atención están afectando a individuos y grupos sociales que no formaban parte de los grupos vulnerables tradicionales. Por ejemplo, diversos sectores de la sociedad actual se ven afectados por problemas nutricionales de este nuevo milenio, como la obesidad y el sobrepeso. A su vez, dichos problemas ponen de relieve la necesidad de desarrollar políticas destinadas a reducir el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT), que influyen directamente en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la nutrición. Tal y como se comentó anteriormente, que la alimentación sea adecuada conlleva un aspecto cultural esencial, así como elementos cualitativos y cuantitativos y de sostenibilidad, asequibilidad y accesibilidad. La obesidad y el sobrepeso, las ENT y el derecho a la alimentación están estrechamente relacionados, ya que este último no solo es aplicable a la desnutrición, sino también a la hipernutrición. El contenido nutricional de las dietas adecuadas es crucial para los sistemas alimentarios y destaca la obligación de los Estados de abordar estas cuestiones para realizar el derecho a la alimentación, junto a otros derechos humanos interrelacionados como el derecho a la salud, seguridad social, trabajo decente y educación. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación nos recuerdan que las responsabilidades de los Estados trascienden el mero suministro de una cantidad mínima de alimentos para prevenir la malnutrición y el hambre utilizando los máximos recursos disponibles. Para proteger, respetar y realizar el derecho a la alimentación, hoy en día los Estados deben abordar problemas estructurales en la producción, elaboración y comercialización de alimentos para hacer frente también al sobrepeso y la obesidad. La población más vulnerable ha dejado de ser solo un problema de los países menos adelantados o en desarrollo, y ha pasado a ser uno de los principales problemas que afecta también a los países desarrollados.

Más concretamente, el acceso a los recursos y el control sobre éstos es un elemento determinante para los medios de vida de muchas personas, especialmente para la población rural pobre y la población indígena, y uno de los factores que contribuyen en mayor medida a la realización del derecho a una alimentación adecuada. Además, las proyecciones sugieren que en 2050 habrá una creciente escasez de recursos naturales para la agricultura. La intensificación de la competencia por estos recursos podría provocar su sobreexplotación y uso no sostenible, perjudicando al medio ambiente y creando un ciclo destructivo que incrementaría más si cabe la competencia por los recursos disponibles, provocando a su vez una mayor degradación y, por tanto, restringiendo el acceso a una alimentación adecuada. Debido al vínculo crucial entre estas cuestiones, el acceso a los recursos constituye un componente central y transversal de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, tal y como se pone de manifiesto en las diferentes disposiciones de la Directriz 8. Además, se hace hincapié en los “problemas de acceso específicos de las mujeres y de los grupos vulnerables, marginados y tradicionalmente desfavorecidos”[86] y se recomienda prestar especial atención a “los pastores nómadas y los pueblos indígenas y su relación con los recursos naturales”[87]. Por otra parte, la Directriz 4 contiene varias disposiciones relacionadas con los mercados, incluyendo la importancia de garantizar la no discriminación y el acceso de las personas y comunidades desfavorecidas a éstos, además de tener en cuenta el medio ambiente, los bienes públicos y los grupos vulnerables que pueden requerir atención y medidas especiales.

A FONDO
VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON EL ACCESO A LOS RECURSOS Y LOS MERCADOS

La pesca en pequeña escala representa un subsector diverso y dinámico, a menudo caracterizado por la migración estacional. De los 116 millones de personas que viven en países en desarrollo y que dependen directamente de las cadenas de valor de la pesca de captura comercial para su subsistencia, casi 32 millones de pescadores trabajan en el subsector de la pesca en pequeña escala y el 47 por ciento de la masa laboral son mujeres, un porcentaje que equivale a 56 millones de empleos en los países en desarrollo[88]. Las Directrices PPE reconocen que la pesca y sus actividades asociadas previas y posteriores a la captura son algo más que simples tareas de producción económica. Para muchos pescadores y sus comunidades son una forma de vida caracterizada por una riqueza cultural única que incluye tradiciones y normas enraizadas en las comunidades locales y que contribuyen a la cohesión social. A pesar de su importancia, muchas comunidades pesqueras en pequeña escala continúan viéndose marginadas, y su contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo, el acceso a los recursos naturales y los mercados y su utilización -y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en general- no se ha aprovechado plenamente.

A FONDO
VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Debido a los riesgos naturales, como la escasez de precipitaciones, millones de comunidades vulnerables, incluidos los grupos pastoriles, se enfrentan a la escasez de agua y a unos pastos secos y marrones, con el consiguiente deterioro de las condiciones de su ganado. Los pastos naturales suelen ser de mala calidad y no son nutritivos. Esto constituye un muro infranqueable para que los pastores mejoren sus medios de vida, escapen de la pobreza y realicen su derecho a la alimentación. La contribución del pastoreo a la seguridad alimentaria y a la realización del derecho a una alimentación adecuada es significativa, ya que se practica en más del 75 por ciento de los países[89]. Por ejemplo, en África Oriental el pastoreo ayuda directamente a unos 20 millones de personas y produce el 90 por ciento de la carne de la región y el 80 por ciento de la leche de Etiopía. Por tanto, representa un valor añadido importante para las economías locales y nacionales. Sin embargo, los pastores se enfrentan a numerosos desafíos en todo el mundo. Superar estos retos requiere sistemas eficaces de protección social. Éstos se han convertido en una herramienta importante para reducir el hambre en más de 100 países y se estima que han evitado que 150 millones de personas caigan en la pobreza extrema en todo el mundo. Por sí sola, la protección social no solucionará el problema. Teniendo en cuenta a un grupo vulnerable específico, las soluciones pueden adaptarse a sus necesidades concretas. En el caso de los pastores, éstas se centrarían en el acceso a los recursos naturales y los mercados, los servicios adaptados a su vida nómada -como la educación y la atención sanitaria- y, en general, el reconocimiento de sus derechos.

El cambio climático y las crisis prolongadas

El cambio climático tiene profundas consecuencias para los medios de vida de las personas y su capacidad para disfrutar de su derecho a una alimentación adecuada, además de otros derechos humanos básicos. A no ser que se adopten medidas integrales, concertadas y decisivas para hacer frente a sus efectos multisectoriales y transformar los sistemas alimentarios de manera sostenible -teniendo presente que unos 2 500 millones de personas dependen de la agricultura para su subsistencia-, el cambio climático intensificará aún más la presión sobre la producción de alimentos, afectará a su disponibilidad, restringirá el acceso a una alimentación adecuada, perturbará los medios de subsistencia de las comunidades –en especial de las más vulnerables- y nos alejará más si cabe de la realización del derecho a una alimentación adecuada.

A FONDO
VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON LAS CRISIS PROLONGADAS: PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE

El desplazamiento interno suele hacer que las personas sigan dependiendo de la asistencia humanitaria durante años, ya que no se traduce en medidas de desarrollo sostenible a más largo plazo con el objetivo final de realizar su derecho fundamental a un nivel de vida adecuado. Las personas desplazadas internamente (PDI) no son sólo un problema para intervenir en las crisis prolongadas, sino que su grave situación es principalmente un desafío político y de desarrollo que relaciona diversas consideraciones en materia de derechos humanos contempladas en muchos ODS como la pobreza, el hambre y la malnutrición, sanidad, educación, género, el agua, saneamiento, trabajo decente, desigualdades, la acción climática, la paz, la justicia y la fortaleza de las instituciones. Decenas de millones de desplazados internos viven por debajo del umbral de la pobreza y no deberían tener que esperar a que se resuelva completamente un conflicto o a que cesen todos los efectos de un desastre para poder comenzar a reconstruir sus vidas, de conformidad con las normas fundamentales de los derechos humanos y la dignidad[90].

¿SABÍA USTED QUE…?

La Directriz 19 sobre el derecho a la alimentación pide a los Estados “aplicar las medidas, las acciones y los compromisos de alcance internacional […] en apoyo de la aplicación de las Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación”. En la Sección III, las Directrices sobre el derecho a la alimentación también continúan “subrayando que los esfuerzos nacionales de desarrollo deberían ser respaldados por un entorno internacional propicio, se exhorta a la comunidad internacional y al sistema de las Naciones Unidas, incluida la FAO, así como a otros organismos y órganos pertinentes con arreglo a sus mandatos, […] para tomar medidas de apoyo a los esfuerzos nacionales de desarrollo para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. La función esencial de la cooperación internacional está bien reconocida y establecida en el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se estipula que “todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55”. El Artículo 55 es relevante para las Directrices sobre el derecho a la alimentación porque muestra el compromiso de la comunidad internacional de promover:

► Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;

► La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y

► El respeto universal y el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Esto también es un factor importante en los ODS, que hacen un llamamiento a todos los países para que asuman su responsabilidad y trabajen conjuntamente para proporcionar una financiación y una cooperación adecuadas a fin de cumplir los objetivos en 2030.

Si bien la interdependencia del cambio climático y la realización del derecho a una alimentación adecuada ha formado parte en distinta medida de los principales instrumentos mundiales durante décadas, rara vez se han abordado conjuntamente. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación son un medio a través del cual pueden realizarse acciones conjuntas y han incluido este desafío urgente en diferentes secciones del documento, como la Directriz 3 -que presta especial atención a las estrategias nacionales- y, más concretamente, la Directriz 16.

Mientras tanto, las crisis prolongadas debidas a los conflictos, así como las que surgen como consecuencia de los riesgos naturales y el cambio climático, pueden arruinar los medios de vida de la población, dificultando seriamente la posibilidad de contar con el derecho a una alimentación adecuada y contribuyendo considerablemente al incremento del hambre, la pobreza y la migración forzada. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales, donde la mayor parte de los medios de subsistencia se basan en la agricultura y dependen del acceso a los recursos naturales y su propiedad. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación abordan diversos aspectos clave relacionados con las crisis y los conflictos prolongados, en la Directriz 15 y la disposición específica en el párrafo 13 de la Sección III sobre ayuda alimentaria internacional. Las obligaciones de los Estados en situaciones de crisis y conflictos prolongados se subrayan principalmente en la Directriz 16. Siguiendo la orientación ofrecida por este instrumento internacional, el derecho a la alimentación ha formado parte de los marcos estratégicos para la ayuda alimentaria y la prevención de crisis alimentarias en los acuerdos, políticas y normas internacionales aprobados en la última década. El Convenio sobre la Asistencia Alimentaria y la Carta revisada para la Prevención y Gestión de Crisis Alimentarias en el Sahel y África occidental, ambos de 2012, son dos buenos ejemplos de ello.

Hacer frente a desafíos y sinergias: de las Directrices sobre el derecho a la alimentación a los ODS

En la actualidad, se sabe bien que para lograr los ODS se requiere un conjunto coordinado de acciones en varios frentes, incluyendo políticas y programas coherentes en línea con las prioridades nacionales y una mayor colaboración entre los diferentes sectores y partes interesadas, como las OSC, los consumidores y el sector privado. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación han ido ofreciendo una orientación directa a los Estados para que se esfuercen cada vez más y vinculen los diferentes puntos del paradigma del desarrollo -que a menudo se tratan de forma aislada-, que ahora más que nunca deben considerarse de forma global. Si bien los desafíos antes mencionados ya estaban previstos en las Directrices sobre el derecho a la alimentación cuando se adoptaron en 2004, su complejidad y urgencia han dado pasos agigantados en los años transcurridos desde entonces por muy diversas razones, al igual que ha ocurrido con la cantidad de información y recomendaciones sobre las formas de abordarlos. Si bien es posible que los ODS no siempre reconozcan algunas de las conexiones entre esos desafíos -y pueden en ocasiones promover enfoques inconexos para abordarlos-, todos ellos son aspectos clave que los ODS se esfuerzan por solucionar. Esto es crucial si se tiene en cuenta que el mundo entero necesita comprometerse y encararlos, ya que se ve afectado por estos retos sin distinción. Veamos cómo las Directrices sobre el derecho a la alimentación pueden apoyar aún más los logros de los ODS.

La relación intrínseca entre el ODS1 y el ODS2 estaba ya prevista en la Directriz 2.4 cuando menciona que “los Estados deberían considerar la adopción de un enfoque holístico y global con miras a reducir el hambre y la pobreza”[91]. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación, y la experiencia acumulada a lo largo de los años con su implementación, pueden entonces ofrecer una contribución esencial a los esfuerzos más amplios para lograr los ODS. Con este fin, dos de los principios generales de las Directrices sobre el derecho a la alimentación -la no discriminación y el empoderamiento-, podrían resultar útiles para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Hay ejemplos como la Meta 10.2, que insta a los actores a “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”[92]; la Meta 10.3, que se esfuerza en “garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”[93]; así como la Meta 16.B, que destaca la necesidad de “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”[94].

Un elemento importante a recordar al considerar los ODS y sus objetivos es que los ODS, basados en la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se guían por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional[95]. La Carta de las Naciones Unidas -y de forma más específica los artículos 55 y 56-, se mencionan también en las Directrices sobre el derecho a la alimentación como base para su existencia[96]. Los ODS se basan igualmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, que -con la excepción de este último- también sirvieron de fundamento para las Directrices sobre el derecho a la alimentación[97]. Los procesos de la Agenda 2030 deben guiarse por los principios de igualdad y no discriminación, participación y transparencia, dignidad humana y empoderamiento, y rendición de cuentas y estado de derecho, que son principios de derechos humanos que se encuentran en todas las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Por último, en la Agenda 2030 se alienta a los Estados a que aborden los obstáculos estructurales que agravan y perpetúan la discriminación, la exclusión y la marginación, centrándose en aquellos que se quedan atrás, lo que recuerda la atención que prestan las Directrices sobre el derecho a la alimentación a los grupos marginados y vulnerables.

Sistemas alimentarios sostenibles y acceso a recursos y mercados

Como se ha visto anteriormente, los sistemas alimentarios sostenibles abarcan muchos elementos importantes para la realización del derecho a una alimentación adecuada. De manera similar a lo que se comentó antes en las Directrices sobre el derecho a la alimentación, esos elementos se encuentran en los diferentes ODS y sus objetivos asociados.

Muy relacionada con la acción climática -como se aprecia en la Directriz 8E sobre sostenibilidad, la Meta 2.4 hace un llamamiento para “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”[98].

Mientras tanto, el ODS12 comprende muchas metas específicas que van desde el consumo y la producción sostenibles, hasta la gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales. De manera más específica, la Meta 12.3 pretende “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”[99]. También importante para las dietas y estilos de vida sostenibles, la Meta 12.8 apunta a “asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza”[100], recordando elementos clave de las Directrices 10 y 11.

¿SABÍA USTED QUE..?

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) representan un tercio de la producción mundial de alimentos y suponen alrededor del 8-10 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas alimentarios[101]. La reducción de las PDA podría contribuir significativamente a los esfuerzos por realizar el derecho a una alimentación adecuada y, al mismo tiempo, disminuir el impacto de los sistemas alimentarios en el medio ambiente[102]. El actual borrador cero de las Directrices Voluntarias del CSA sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición incluye la pérdida y el desperdicio de alimentos[103] como un ámbito de políticas clave para la intervención destinada a mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la nutrición. Es importante recordar que el borrador cero se basa en el Informe nº8 del Grupo de alto nivel de expertos (HLPE, por sus siglas en inglés)[104] y las subsiguientes recomendaciones políticas[105], “Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles”, aprobado por el CSA41. Este documento recomienda a todas las partes interesadas:

► Mejorar la recopilación de datos y el intercambio de conocimientos sobre las PDA;

► Desarrollar estrategias efectivas para reducir las PDA;

► Tomar medidas eficaces para reducir PDA; y

► Mejorar la coordinación de políticas, estrategias y medidas para reducir PDA.

Como ya se ha visto en la Directriz 8, el empleo decente es un motor fundamental detrás de la capacidad de las personas para disfrutar de su derecho a una alimentación adecuada. No es casualidad que el derecho al trabajo decente esté estrechamente vinculado en los instrumentos internacionales al derecho a una alimentación adecuada. A este respecto, la Meta 8.5 de los ODS insta a “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”[106], lo que contribuiría en gran medida a lograr el hambre cero.

Dada la importancia de la educación para introducir cambios positivos a fin de hacer frente a los principales desafíos mundiales -incluido el derecho a una alimentación adecuada, como se destaca en particular en la Directriz 11-, la Meta 4.7 trata de “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género”[107].

La Meta 1.3 pide por su parte a los Estados que implementen “sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”[108], tomando así como base los numerosos elementos que figuran en la Directriz 14.

En cuanto al acceso a los recursos, la Directriz 8.1 establece que “Los Estados deberían facilitar el acceso a los recursos y su utilización de manera sostenible, no discriminatoria y segura de acuerdo con su legislación nacional y con el derecho internacional y deberían proteger los bienes que son importantes para la subsistencia de la población. Los Estados deberían respetar y proteger los derechos individuales relativos a los recursos como la tierra, el agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación de ningún tipo”[109]. Por ello la Meta 2.3 subraya la importancia de estos aspectos para lograr el hambre cero cuando afirma la necesidad de “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”[110].

Por último, la Meta 1.4 refuerza aún más la Meta 2.3 de los ODS, al añadir otra capa fundamental para la realización del derecho a una alimentación adecuada e insistir en la necesidad de “garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros”[111].

Cambio climático y crisis prolongadas

Un objetivo general de las Directrices sobre el derecho a la alimentación es crear un entorno propicio para que las personas puedan disfrutar dignamente de su derecho a una alimentación adecuada. Uno de sus componentes reside en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y los pueblos. Considerando el impacto devastador que el cambio climático puede tener en la realización del derecho a una alimentación adecuada, la Meta 1.5 resulta especialmente relevante y evoca la necesidad de “fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales”[112]. Además, la Meta 13.2 pide a su vez a los Estados “incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales”[113], ofreciendo así una base sólida para medidas coherentes con la implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, en virtud de las cuales la Directriz 3.1 pide la adopción de “una estrategia nacional basada en los derechos humanos […] como parte de una estrategia nacional general de desarrollo”. Según la Directriz 3.9, estas estrategias deberían ser “transparentes, generales y amplias, referirse al conjunto de las políticas, los programas y los proyectos nacionales”[114].

Por otro lado, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París se presentan como dos documentos centrales para alcanzar las metas del ODS 13. La CMNUCC tiene como objetivo “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel […] que debería lograrse en un plazo suficiente […] para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada”[115], mientras que el Acuerdo de París reconoce “la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático”[116]. Entretanto, la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura -que hace hincapié en el papel fundamental de la agricultura y la seguridad alimentaria en la agenda internacional sobre el cambio climático-, fue aprobada en 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) y prevé la realización de trabajos conjuntos en seis esferas, incluidas las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del impacto del cambio climático en el sector agrícola[117]. En las Directrices sobre el derecho a la alimentación se encuentran numerosas disposiciones que también son pertinentes, y la directriz 8.13 es un ejemplo de ello: “Los Estados deberían estudiar políticas, instrumentos jurídicos y mecanismos de apoyo nacionales específicos para proteger la sostenibilidad ecológica y la capacidad de carga de los ecosistemas a fin de asegurar la posibilidad de una mayor producción sostenible de alimentos para las generaciones presentes y futuras, impedir la contaminación del agua, proteger la fertilidad del suelo y promover la ordenación sostenible de la pesca y de los bosques”[118].

Estrechamente relacionadas con los efectos del cambio climático figuran las crisis prolongadas, en las que una parte importante de la población es muy vulnerable a la muerte, las enfermedades y la interrupción de los medios de subsistencia durante un período prolongado de tiempo. Si bien cada crisis es diferente, las causas recurrentes incluyen tanto los factores provocados por el hombre como las amenazas naturales y, en particular, conducen a la vulneración del derecho a una alimentación adecuada, a la alteración de los medios de subsistencia y los sistemas alimentarios y al debilitamiento de la gobernanza y las capacidades institucionales[119]. Huelga decir que las crisis prolongadas tienen importantes repercusiones en la consecución de los ODS, en particular los ODS 1 y 2.

Trabajando hacia una mayor coherencia

Además de la naturaleza interrelacionada de los ODS y sus fundamentos –sobre todo en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos-, existen varias vías para garantizar una mejor y mayor coherencia entre los procesos jurídicos y normativos que tienen por objeto abordar los desafíos fundamentales para la realización del derecho a una alimentación adecuada, relativos a los sistemas alimentarios sostenibles, acceso a los recursos, cambio climático y crisis prolongadas. Con este fin, las Directrices sobre el derecho a la alimentación y la experiencia adquirida en los últimos 15 años de su implementación pueden ofrecer un vínculo valioso y un marco para la adopción de medidas decisivas que conduzcan a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, incluidos los mencionados en la Meta 17.14 de los ODS, en la que se pide concretamente a los actores “mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible”[120].

Además, como se reiteró en el reciente Simposio Internacional sobre el Futuro de la Alimentación, “deben reforzarse los acuerdos institucionales a nivel internacional y nacional para garantizar una mayor coherencia de las políticas y acciones que promueven la buena gobernanza a todos los niveles” con medidas expresas a tal fin que “incluyan: i) políticas nacionales coherentes con objetivos explícitos en materia de nutrición; ii) mejores arreglos institucionales para una cooperación multisectorial eficaz; iii) colaboración con los asociados para crear y mantener un entorno propicio e inclusivo para mejorar la nutrición; iv) facilitación de la implementación efectiva a todos los niveles; v) esfuerzos concertados para fomentar el diseño, implementación y supervisión eficaces de las medidas a diversos niveles; vi) evaluación pública periódica y sistemática de los progresos realizados para mejorar la rendición de cuentas y la eficacia y mejorar la utilización de los recursos; y vii) apoyo a los gobiernos nacionales a fin de que puedan establecer e implementar sus propias políticas y estrategias nacionales”[121].

Conclusiones con la vista puesta en el futuro

Cuando se redactaron las Directrices sobre el derecho a la alimentación hace 15 años, muchas de las cuestiones apremiantes para la realización del derecho a una alimentación adecuada no estaban demasiado alejadas de las que se plantean hoy en día. Por tanto, no resulta sorprendente que tantos elementos de este documento aprobado a nivel mundial se hayan integrado en la agenda global establecida en los ODS. En el último decenio y medio, países de todo el mundo -con historias y realidades diferentes- han puesto en práctica componentes de las Directrices y han adoptado medidas innovadoras e importantes para abordar algunas de las causas subyacentes que obstaculizan la plena realización del derecho a una alimentación adecuada. Si bien en las páginas anteriores se ha puesto de relieve una serie de novedades legislativas, normativas e institucionales, éstas no representan en absoluto la extensión y complejidad de las medidas que han adoptado los diferentes actores para promover el derecho a la alimentación en todo el mundo. Sin embargo, tal y como está firmemente consolidado en la Agenda 2030, queda mucho por hacer para que el mundo pueda afrontar y superar algunos de los desafíos más acuciantes del siglo XXI, en particular el hambre y la malnutrición generalizadas. Con la gran experiencia adquirida en los últimos 15 años y dada su importancia inherente para abordar algunos de los componentes más fundamentales y apremiantes del actual marco de acción mundial, las Directrices sobre el derecho a la alimentación pueden contribuir de manera positiva y decisiva a esos esfuerzos en los próximos años. Con esto en mente, presentamos a continuación mensajes con conclusiones de las políticas de Quince años de implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, que deberían ayudar a guiar las actuaciones en los años venideros:

Análisis, información y supervisión basados en evidencias para una mayor rendición de cuentas con el fin de realizar gradualmente el derecho a una alimentación adecuada y alcanzar los ODS

Las medidas normativas y legislativas son fundamentales para lograr las ODS. Sin embargo, si queremos realizar progresivamente el derecho de todos a una alimentación adecuada, es de suma importancia que estén basadas en evidencias, y que se haga un seguimiento de los progresos y las insuficiencias de esas medidas a lo largo del tiempo, para garantizar que sean eficaces y se ajusten a los objetivos y metas establecidos. Los indicadores, metas y puntos de referencia que se supervisan a lo largo del tiempo con mecanismos adecuados y eficientes resultan claves para subsanar las deficiencias y ajustar mejor las medidas encaminadas a alcanzar los ODS.

El conocimiento y el acceso a la información empoderarán a los titulares de derechos, que disfrutarán en toda su amplitud del derecho a alimentarse adecuadamente con dignidad

Los esfuerzos mundiales tienen que pasar de la erradicación del hambre a la necesidad de abordar el concepto completo del derecho a una alimentación adecuada, sobre todo el componente de la adecuación. El conocimiento y el acceso a la información son de vital importancia para empoderar a las personas para que conozcan el alcance de sus derechos y puedan elegir opciones saludables. Para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, es importante incluir no sólo el acceso a alimentos nutritivos y suficientes o saludables, sino también a una alimentación adecuada desde una serie de puntos de vista y dimensiones que incluyen la sostenibilidad, además de factores culturales, sociales, económicos, climáticos y ecológicos.

Es necesario que los esfuerzos de las múltiples partes interesadas cuenten con todos los asociados para implementar la Agenda 2030 en su totalidad

Si bien los esfuerzos enérgicos y decisivos de los agentes tradicionales que participan en los procesos de formulación de políticas sobre el derecho a una alimentación adecuada están justificados para alcanzar los objetivos de los ODS, otros agentes importantes de los sistemas alimentarios -entre los que figuran la sociedad civil, las asociaciones de consumidores, los medios de comunicación y el sector privado- deberían desempeñar un papel más importante. La evolución de los desafíos mundiales a los sistemas alimentarios sostenibles requiere la participación activa y la contribución positiva de esos agentes, quienes juegan un rol fundamental a la hora de formular e influenciar los procesos normativos que repercuten en los esfuerzos para lograr los ODS. Los espacios dedicados a los diálogos entre múltiples interesados pueden facilitar el compromiso y la cooperación entre un grupo limitado de actores para abordar cuestiones específicas.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación promueven la coherencia de las políticas en base a la experiencia adquirida para alcanzar los ODS

Superar los principales desafíos para la realización del derecho a una alimentación adecuada requiere coherencia entre las acciones de los diferentes actores. Como se ha visto a lo largo del documento, las Directrices sobre el derecho a la alimentación son pioneras en la definición de las características fundamentales de los sistemas alimentarios sostenibles, que deben abordarse para garantizar que todas las personas puedan alimentarse dignamente y de manera sostenible. El mundo debe ahora hacer frente a los retos planteados por los ODS, cuyos indicadores y metas retoman numerosos componentes de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. La riqueza de las experiencias adquiridas en los últimos 15 años, retos difíciles encontrados e importantes progresos realizados, debería contribuir a orientar los esfuerzos para consolidar las sinergias y hacer más eficaces las acciones comunes para erradicar el hambre y la malnutrición.

Las vulnerabilidades evolucionan en un mundo cambiante y es necesario realizar esfuerzos para hacer frente a esos cambios

Al analizar las causas que dificultan la realización del derecho a una alimentación adecuada -con un enfoque en los grupos vulnerables que incluyen a mujeres, niños y pueblos indígenas- es crucial comprender también la naturaleza flexible y cambiante de la vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Con el paso de los años, las nuevas realidades y desafíos han hecho que otros grupos diferentes sean vulnerables a que su derecho a una alimentación adecuada se vea infringido y dificultado. Cuando cuestiones de alcance importante para los sistemas alimentarios -como los efectos del cambio climático, la rápida urbanización y la creciente tendencia al sobrepeso y la obesidad-, agravan las vulnerabilidades existentes y las debilidades estructurales, la capacidad de responder eficazmente a las necesidades de los más vulnerables depende de su adaptabilidad a esas circunstancias cambiantes.

El derecho al desarrollo es un vector común para lograr un nivel de vida adecuado para todos

La realización del derecho a una alimentación adecuada requiere medidas audaces en diversos campos. Al igual que en el caso de los derechos humanos, que están interrelacionados y son interdependientes, muchas de las cuestiones subyacentes deben abordarse de manera unificada si queremos lograr progresos tangibles y concretos hacia el logro de los ODS. Abarcando muchos de esos ámbitos y cuestiones, el derecho al desarrollo debería recibir especial atención para aunar nuestros esfuerzos a fin de lograr un nivel de vida adecuado para todos como “derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”[122].

Notas

1 CDESC. 1999. Obervación General 12 – El Derecho a una Alimentación Adecuada (art. 11). E/C.12/1999/5. Ginebra. Párrafo 6. (disponible en: www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf).

2 FAO. 2005. Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. Roma. Párrafo 10. (disponible en: www.fao.org/3/Y7106E/Y7106E09.htm).

3 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Prefacio, Párrafo 2. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

4 CSA. 2004. Informe del 30.° período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Roma. Párrafo 23. (disponible en: www.fao.org/3/J3345e/j3345e01.htm#5).

5 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Prefacio, Párrafo 9. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

6 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Prefacio, Párrafo 16. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

7 CFS. 2009. Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Vision. Párrafo 4. (disponible en: www.fao.org/3/a-k7197s.pdf).

8 CFS. 2017. Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). Roma. (disponible en: www.fao.org/3/a-mt648s.pdf).

9 FAO. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 1.1. (disponible en: www.fao.org/3/a-i2801s.pdf).

10 CFS. 2014. Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. Roma. Objetivo. Párrafo 10. (disponible en: www.fao.org/3/a-au866s.pdf).

11 FAO. 2015. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Roma. Directriz 1.1. (disponible en: www.fao.org/3/i4356es/i4356es.pdf).

12 CFS. 2015. Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. Objetivo. Párrafo 8. (disponible en: www.fao.org/3/a-bc852s.pdf).

13 A fecha de agosto de 2019, se ha elaborado un borrador cero y se debería aprobar una versión final durante la 47a reunión del CSA en octubre de 2020.

14 CFS. 2018. 45.° período de sesiones “Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición”. Informe. (disponible en: www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_es.pdf).

15 CFS. 2018. 45.° período de sesiones “Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición”. Experiencias y buenas prácticas respecto del uso y la aplicación de las directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional: resumen y elementos clave. (disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_es.pdf).

16 FAO. 2009. Borrador de Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. WSFS 2009/2. Párrafo. (disponible en: www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Declaration/WSFS09_Draft_Declaration.pdf).

17 FAO. 2014. Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Documento final de la Conferencia: Declaración de Roma sobre la Nutrición. (disponible en: www.fao.org/3/a-ml542s.pdf).

18 Para más información sobre el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, ver www.righttofoodandnutrition.org/es/observatorio-main.

19 Declaración de la Conferencia Viena+20 OSC. 2013. (disponible en: https://viennaplus20.files.wordpress.com/2013/04/vienna20-cso-declaration-final.pdf).

20 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2012. El futuro que queremos. A/Res/66/288. Nueva York. Párrafo 108. (disponible en: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S).

21 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/Res/70/1. Nueva York. (disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S).

22 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 7.2. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

23 Constitución de la República Federativa del Brasil. (disponible en: http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/bra/es/ y http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC116951). Artículos 6 y 7.

24 Constitución de la República Árabe de Egipto. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/egy/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127542/). Artículos 79 and 80.

25 Constitución de la República de Cuba. (disponible en: www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf).

26 Constitución de la República Federal Democrática de Nepal. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/npl/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC155698/).

27 Constitución de la República de Zimbabwe. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/zwe/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127325/).

28 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/mex/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC126640/).

29 Constitución de la República de Fiji. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/fji/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127719/).

30 Constitución de la República de Maldivas. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/mdv/es/ y www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/es/?iso3=MDV).

31 Constitución de la República del Ecuador. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/ecu/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127389/).

32 Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. (disponible en: www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/bol/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC117795/).

33 Constitución de la República Dominicana. (disponible en www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/dom/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC187716/).

34 Constitución de la República de Kenya. (disponible en www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/ken/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127322/).

35 Constitución de la República of Panamá. (disponible en www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/pan/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC127522/).

36 Constitución de la República Democrática del Congo. (disponible en www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/cod/es/ y www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC128142/).

37 Constitución de la República de Níger. (disponible en www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/ner/es/ y http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/es/?iso3=NER).

38 FAO. 2014. Los avances jurídicos en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Estudio temático 3, página 5. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3892e.pdf).

39 FAO. 2014. Los avances jurídicos en la realización del derecho a una alimentación adecuada. Estudio temático 3, página 7. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3892e.pdf).

40 Puede encontrarse un análisis detallado en las páginas 36 y 37 de Frentes Parlamentarios contra el Hambre, e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas: La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016. (disponible en: www.fao.org/3/a-i7872s.pdf).

41 Ley n. 37/IX/2018 (disponible en: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cvi180305.pdf). Para más información, ver http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC180305.

42 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Zanzíbar, 2011. (disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tan108982.pdf).

43 Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria del Parlatino, 2012. Puede encontrarse un análisis detallado en las páginas 34 y 35 de Frentes Parlamentarios contra el Hambre, e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas: La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016 (disponible en www.fao.org/3/a-i7872s.pdf).

44 Mander, Harsh. 2015. Suministro estatal de alimentos como forma de protección social: Debate sobre la ley nacional sobre seguridad alimentaria en la India. (disponible en: www.fao.org/3/a-i4957e.pdf). Para más información, ver páginas 7 a 9 del Estudio temático 3. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3892e.pdf).

45 Puede encontrarse un análisis detallado en las páginas 52 y 53 de Frentes Parlamentarios contra el Hambre, e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas: La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016. (disponible en: www.fao.org/3/a-i7872s.pdf).

46 Para más información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos, ver: FAO. 2018. Pérdida y desperdicio de alimentos y el derecho a una alimentación adecuada: Estableciendo el vínculo, Documento de debate sobre el derecho a la alimentación. (disponible en: www.fao.org/3/CA1397EN/ca1397en.pdf).

47 Loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. (disponible en: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/fra155386.pdf).

48 Ley Nº. 166 relativa a la donación y distribución de alimentos y productos farmacéuticos con fines de solidaridad social y prevención del desperdicio alimentario. (disponible en: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ita160906.pdf).

49 Ley sobre Seguridad Alimentaria (disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mne130368.pdf). Para mayor información, ver la página 9 del Estudio temático 3. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3892e.pdf).

50 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 2.2 (Disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

51 FAO. 2014. El estado actual del derecho a la alimentación en la formulación de las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Estudio temático 1, página 3. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3890e.pdf).

52 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: párrafos 10, 11, 12, 15, 16 y 17 de la Introducción y la Directriz 16.2.

53 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: párrafo 19 de la Introducción, así como las Directrices 2.2, 13 y 16.8.

54 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 1.1 y 1.2.

55 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 2.1 y 3.3.

56 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 2.4, 2.5, 7, 8, 9, 10, 11 y 14.

57 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 1.3, 2.5, 3.8, 3.9, 5.4 y 5.5.

58 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 5, 6, 7 and 18.2 así como el párrafo 14 de la Sección III.

59 Las Directrices más relevantes de forma específica, incluyen: Directrices 16.8 y 17.

60 FAO. 2014. El estado actual del derecho a la alimentación en la formulación de las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Estudio temático 1, páginas 32 y 33. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3890e.pdf).

61 FAO. 2014. El estado actual del derecho a la alimentación en la formulación de las políticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Estudio temático 1, página 4. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3890e.pdf).

62 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Granada, 2013 (disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/grn144960.pdf).

63 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Jamaica. (disponible en : https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/JAM%202013%20Food%20and%20nutrition%20security%20policy.pdf).

64 Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guyana. (disponible en: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/guy166205.pdf).

65 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Reino de Bhután, 2014 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bhu175533.pdf.

66 CONASAN. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 (disponible en: drive.google.com/file/d/0BzZiP2_1UjVNUVRpZ1JnNnZsQjQ/view). Para más información, ver http://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/en/c/284684/.

67 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Sierra Leona 2012-2016 https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/SLE%202012%20Sierra%20Leone%20Nutrition%20Policy%20pdf%20version.pdf.

68 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2013-2021 (disponible en extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/PER%202013%20-%20ENSAN_Estrategia-Nacional-Seguridad-Alime.pdf).

69 Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (disponible en: https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/UGA%202005%20The%20National%20Food%20and%20Nutrition%20Strategy.pdf

70 FAO. 2014. El marco institucional del derecho a una alimentación adecuada. Estudio temático 2. http://www.fao.org/3/a-i3891e.pdf

71 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 5.2. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

72 Ley no 11.346 de 2006. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra66189.pdf.

73 Decreto 32-2005. http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/guatemala_decreto_nro_32_2005.pdf.

74 Para más información, ver el sitio web de INCOPAS http://www.incopas.org/.

75 Redactados en Paris in 1991 y adoptados por la Resolución 48/134 de las Naciones Unidas, del 20/12/1993, sobre las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos www.nhri.ohchr.org

76 Constitución de la República de Sudáfrica http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/saf127487.pdf. Para más información, ver https://www.sahrc.org.za/index.php/about-us/about-the-sahrc.

77 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 7.2. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

78 FAO.2014. El marco institucional del derecho a una alimentación adecuada. Estudio temático 2. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3891e.pdf).

79 Convenio sobre Asistencia Alimentaria (disponible en: www.foodassistanceconvention.org/convention/FoodAssistance.pdf).

80 Para más información, consulte Frentes Parlamentarios contra el Hambre e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas: La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016. (disponible en: www.fao.org/3/a-i7872s.pdf).

81 FAO. 2018. Declaración final aprobada por consenso y aclamación: Llamamiento a la acción para lograr el Hambre Cero y hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada para todos. (disponible en: http://www.fao.org/3/CA2259Es/ca2259es.pdf).

82 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 1.2. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

83 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 11.5. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

84 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 1.1. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

85 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 3.3. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

86 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 8.3. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

87 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 8.1. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

88 FAO. 2015. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Roma. (disponible en: www.fao.org/3/i4356es/i4356es.pdf).

89 Panel Intergubernamental del Cambio Climático(IPCC). 2009. El cambio climático y la tierra. Capítulo 5. (disponible en: www.ipcc.ch/report/srccl/).

90 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 2017. Ending protracted internal displacement understanding the issue. (disponible en: www.unocha.org/ending-protracted-internal-displacement/understanding-issue).

91 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 2.4. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

92 Meta 10.2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/.

93 Meta 10.3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/.

94 Meta 16.B. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/.

95 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/Res/70/1., Nueva York. Párrafo 10. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

96 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 8.3. Introducción, Párrafo 11. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

97 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Introducción. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

98 Meta 2.4. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/.

99 Meta 12.3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/.

100 Meta 12.8. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/.

101 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 2009. El cambio climático y la tierra. Capítulo 5. https://www.ipcc.ch/report/srccl/.

102 Para mayor información sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, ver http://www.fao.org/3/CA1397EN/ca1397en.pdf

103 En agosto de 2019 existía un borrador cero. La versión final debería aprobarse en el CSA47 en octubre de 2020.

104 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE). 2014. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles. Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. (disponible en: www.fao.org/3/a-i3901s.pdf).

105 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE). 2014. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles. Recomendaciones políticas. http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf.

106 Meta 8.5. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

107 Meta 4.7. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/.

108 Meta 1.3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/.

109 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 8. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

110 Meta 2.3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/.

111 Meta 1.4. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/.

112 Meta 1.5. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/.

113 Meta 13.2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/.

114 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 3.9. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

115 United Nations. 1992. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Artículo 2. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf.

116 Naciones Unidas. 2015. Acuerdo de París. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

117 FAO. 2018. La Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura y los órganos de la convención: un panorama general. http://www.fao.org/3/ca1544en/CA1544EN.pdf.

118 FAO. 2005. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. Directriz 8.13. (disponible en: www.fao.org/3/a-y7937s.pdf).

119 FAO. 2017. Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en las crisis prolongadas. Orientación para aplicar el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en las crisis prolongadas (CSA-FFA). Roma. http://www.fao.org/3/a-i6752e.pdf.

120 Meta 17.14. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17.

121 FAO. 2019. El futuro de la alimentación, Simposio Internacional. Página 6. http://www.fao.org/3/ca4967en/ca4967en.pdf.

122 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH). 1996. Declaración sobre el derecho al desarrollo, artículo 1. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx.

CUADROS

1

1 SSHRF. 2017. Declaración adoptada en el Primer Foro de Derechos Humanos Sur-Sur. Beijing. (disponible en: p.china.org.cn/2017-12/10/content_50095729.htm).

2

1 FAO. 2019. Año Internacional de las Frutas y las Verduras (Proyecto de resolución). (disponible en: www.fao.org/3/mz202es/mz202es.pdf).

2 FAO. 2019. Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (Proyecto de resolución). (disponible en: www.fao.org/3/mz204es/mz204es.pdf).

3 FAO. 2019. Día Mundial de la alimentación. [en línea]. Roma. [consultado 13 agosto 2019]. http://www.fao.org/world-food-day/home/es/.

4 Naciones Unidas. 2007. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nueva York. (disponible en: www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf).

5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH). 2016. Preguntas frecuentes sobre el derecho al desarrollo, Nueva York y Ginebra. (disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet37_SP.pdf).

3

1 FAO. 2011. La Corte Suprema de Nepal dicta una decisión sobre el derecho a la alimentación. [en línea]. Rome. [consultado 5 agosto 2019] http://www.fao.org/right-to-food/news/news-detail/es/c/124032/.

4

1 Información obtenida de The Indigenous World 2019, IWGIA.

2 UNFPII. 2017. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.19/2017/4. A este respecto, dada la diversidad de los pueblos indígenas, existe un amplio consenso internacional en el sentido de que una definición universal no es ni necesaria ni deseable.

3 La falta de reconocimiento de su existencia pone en peligro de hecho la realización del resto de los derechos humanos.

4 Bosques de propiedad consuetudinaria.

5

1 Para más información, ver http://www.fao.org/rural-institutions/es, así como http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1200427.

2 Para más información, ver https://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468855507_329917.html.

7

1 Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. The narrative report on the role of Milan pact cities in the transformation of food systems. http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2018/10/04/mpa-narrative-report.

2 Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. Muffp monitoring framework indicators to be presented in Tel Aviv. http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2018/08/30/muffp-monitoring-framework-indicators-presented-tel-aviv.

3 Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. First regional forum of Latin American signatory cities. http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2019/05/02/the-first-regional-forum-of-latin-american-signatory-cities-of-the-mufpp-is-approaching.

4 Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. How food can be the key to a long-term climate change solution. http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2019/06/19/how-food-can-be-the-key-to-a-long-term-climate-change-solution.

10

1 Numerosos países contribuyen a la realización del derecho a la alimentación en todo el mundo a través de sus políticas y programas internacionales de desarrollo y cooperación. En esta sección se enumeran algunos ejemplos con una referencia explícita a los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación.

2 Para más información, ver http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/alimentacion-escolar/es.

3 Ver http://um.dk/en/danida-en/Strategies%20and%20priorities.

4 Ver https://ec.europa.eu/europeaid/node/116803_fr.

5 Ver https://ec.europa.eu/europeaid/node/967_fr.

6 Ver https://um.fi/finland-s-international-human-rights-policy#escr.

7 Ver https://www.diplomatie.gouv.fr/en/photos-publications-and-graphics/publications/article/human-rights-and-development-a-human-rights-based-approach-to-development.

8 Ver https://www.bmz.de/en/issues/HumanRights/index.html.

9 Ver https://www.giz.de/en/aboutgiz/identity.html and https://www.giz.de/en/aboutgiz/40669.html.

10 Para más información, ver https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/donde-y-con-quien-cooperamos-29337.

11 Para más información, ver http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/elprograma/general/es.

12 Más información en Frentes Parlamentarios contra el Hambre e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas: La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016. (disponible en: www.fao.org/3/a-i7872s.pdf).

13 Ver https://www.dutchdevelopmentresults.nl/themes y https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands.

14 Ver https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/development-cooperation/id1159/ y https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/combat_hunger/id2661244/.

15 Ver http://www.aecid.es/ES/la-aecid.

16 Ver https://www.government.se/country-and-regional-strategies/2017/12/strategy-for-swedens-development-cooperation-in-the-areas-of-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law-20182022/ y https://www.government.se/49b9d3/contentassets/9f1870ad998f4b53a79989b90bd85f3f/rk_strategi-for-sveriges-utvecklingssamarbete_eng_webb22.pdf.

17 Ver https://www.sida.se/English/About-us/How-we-are-governed/strategies-for-swedish-development-cooperation.