IGWG RTFG 1/2 Sup.2  |
| IGWG RTFG 1/2 Sup.2 |
GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONJUNTO DE DIRECTRICES VOLUNTARIAS CON EL FIN DE RESPALDAR LA REALIZACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL |
Primera reunión |
Roma, 24-26 de marzo de 2003 |
SEGUNDO SUPLEMENTO AL INFORME DE SÍNTESIS DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE GOBIERNOS Y PARTES INTERESADAS |
En este segundo suplemento queda plasmado el debate de la sesión de la mañana del 25 de marzo de 2003, antes de que el GTI pasara a examinar los puntos de convergencia y divergencia entre las delegaciones. Se exponen las cuestiones no abordadas en el informe de síntesis o que no se han puesto suficientemente de relieve en él. La estructura y la enumeración del suplemento se ajustan a las utilizadas en el informe de síntesis.
En respuesta a las preguntas planteadas acerca de la necesidad y utilidad de las directrices voluntarias, varias delegaciones reafirmaron su interés en un instrumento como éste y su necesidad.
La utilidad de la definición del derecho a una alimentación adecuada que figura en la Observación general 12 fue objeto de varias intervenciones.
Se señaló que no todos los miembros del GTI eran parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero esto no tenía por qué impedir a las partes en éste elaborar instrumentos a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto.
También se subrayó la importancia del enfoque basado en los derechos para combatir el hambre, en contraposición a un enfoque exclusivamente de seguridad alimentaria. El enfoque basado en los derechos faculta a la población para reclamarlos.
Algunos insistieron en la necesidad de medidas en relación con el derecho a una alimentación adecuada de la población urbana pobre, prestando atención al empleo y los ingresos.
Otros pusieron de relieve las posibilidades de la agricultura orgánica para garantizar la seguridad alimentaria.
Varias delegaciones abordaron de nuevo la cuestión de la necesidad de actuaciones judiciales frente a las violaciones del derecho a una alimentación adecuada. Se propuso que en las Directrices se establecieran criterios para identificar tales violaciones. Se destacó la función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la vigilancia nacional de la aplicación del derecho a una alimentación adecuada.
En varias intervenciones se aludió a los factores internacionales que afectan a la capacidad nacional para hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada, así como a otras cuestiones con una dimensión internacional. Se puso de relieve la responsabilidad primordial de los gobiernos nacionales.