Durante los últimos 25 años los países en desarrollo de Asia y el Pacífico han registrado un crecimiento económico medio del 6,5 por ciento anual, mientras que el promedio de todos los países en desarrollo era del 4,5 por ciento. Se han conseguido de nuevo excelentes resultados en 1993, y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) estima que el crecimiento medio de la región será del 7,4 por ciento en 1993 y del 7 por ciento en 1994. Entre las economías de rápido crecimiento figuran China, Malasia, Tailandia y Viet Nam, pero casi todos los países obtuvieron buenos resultados excepto el Pakistán y Filipinas. En general, todos los países de la región estabilizaron sus economías, redujeron el déficit fiscal, mejoraron la balanza de pagos y frenaron la inflación.
Entre los factores determinantes de este elevado crecimiento económico cabe mencionar la introducción de políticas de mercado encaminadas a ampliar la participación del sector privado, aumentar la competitividad del sector económico, atraer inversiones extranjeras y participar en mayor medida en el comercio mundial. Las políticas seguidas por los países asiáticos presentan ahora una mayor convergencia que en épocas anteriores.
Sin embargo, las cifras generales no revelan todos los aspectos de la situación. Ha habido considerables diferencias de crecimiento económico dentro de los países y entre las diversas regiones; en muchos países sigue habiendo enormes problemas de pobreza, y el cometido de obtener a toda costa un rápido crecimiento económico resulta perjudicial para el medio ambiente y pone en peligro el desarrollo sostenible a largo plazo.
Si bien la participación de la agricultura en el PIB de la región ha disminuido de alrededor del 30 por ciento a mediados de los años ochenta al 22 por ciento durante los últimos años, la agricultura sigue siendo la fuerza económica principal y la mayor fuente de empleo en muchos países. Además, a nivel mundial la región asiática es el mercado de importación de productos agrícolas que registra el mayor crecimiento. La parte de las importaciones agrícolas mundiales correspondiente a la región ha aumentado del 17 por ciento a principios de los años ochenta a casi un 25 por ciento en la actualidad; las importaciones agrícolas aumentan aproximadamente un 6 por ciento al año, lo que representa la mayor parte del incremento de las importaciones mundiales.
El Cuadro 4 presenta un resumen de la evolución reciente del PIB agrícola y de las estimaciones del BAsD relativas a las tasas de crecimiento para 1994. A continuación se reseñan las experiencias de algunos países.
CUADRO 4 | ||||
Tasas de crecimiento del PIB agrícola | ||||
País |
1991 |
1992 |
1993 |
19941 |
Bangladesh |
1,6 |
2,2 |
1,9 |
2,6 |
Camboya |
4,7 |
1,9 |
3,2 |
- |
China |
2,4 |
4,0 |
4,0 |
3,7 |
Filipinas |
1,4 |
-0,1 |
1,5 |
2,0 |
India |
-1,4 |
4,6 |
2,3 |
2,5 |
Indonesia |
1,4 |
6,5 |
1,5 |
4,5 |
Laos |
-1,7 |
7,9 |
0,0 |
- |
Malasia |
0,0 |
4,3 |
3,0 |
1,2 |
Mongolia |
-5,1 |
-3,9 |
-7,0 |
4,0 |
Myanmar |
-2,4 |
13,6 |
7,5 |
- |
Nepal |
2,8 |
-1,2 |
-1,2 |
5,0 |
Pakistán |
5,0 |
9,7 |
-3,9 |
4,0 |
Sri Lanka |
1,9 |
-1,5 |
5,1 |
3,5 |
Thailandia |
5,0 |
4,0 |
2,6 |
2,5 |
Viet Nam |
2,2 |
6,0 |
3,3 |
6,5 |
1 Proyecciones. | ||||
Funciones del sector público y del privado en las reformas normativas
Los resultados positivos obtenidos por las medidas de fomento del mercado en los primeros países reformistas han alentado a otros países a seguir su ejemplo introduciendo reformas económicas e institucionales similares. La estrategia básica consiste en reducir el predominio del sector público, liberalizar los mercados y hacer hincapié en la participación del sector privado. Por ejemplo, desde julio de 1991 la India ha realizado progresos considerables en la liberalización de los regímenes de inversión, comercio y cambio de divisas. Si bien todavía existen subvenciones agrícolas para el agua, la electricidad y los fertilizantes, y la política comercial perjudica al sector agrícola, se está reduciendo gradualmente la intervención directa del Gobierno en las actividades agrícolas.
Durante los últimos años algunas economías de planificación central (Camboya, Laos, Mongolia, Viet Nam y seis ex repúblicas soviéticas del Asia central) iniciaron reformas o realizaron progresos sustanciales en la adopción de un sistema económico más basado en el mercado. La reorientación de las políticas económicas tiene como objetivo mejorar la eficiencia y los resultados sectoriales generales, conservando al mismo tiempo la base de recursos naturales y manteniendo los desequilibrios macroeconómicos, fiscales y de las cuentas con el exterior dentro de límites tolerables. También interesa reducir al mínimo o compensar las consecuencias negativas para los sectores pobres de la población.
Sin embargo, entre las economías de planificación central existe una gran diversidad en cuanto al ritmo de las reformas, las dificultades halladas y el éxito obtenido en superarlas. Por ejemplo, Viet Nam sigue aplicando reformas estructurales y la economía responde bien; el sector agrícola ha reaccionado positivamente a la mayor seguridad en la tenencia de tierras, la liberalización de los precios de insumos y productos y el incremento del crédito agrícola. En Laos, por el contrario, el plan de privatizaciones parece haber aminorado su ritmo. Hasta el momento se ha privatizado tan sólo un 5 por ciento de las empresas estatales, aunque el Gobierno tiene previsto privatizarlas todas para 1996.
En Mongolia y las repúblicas del Asia central, los elevados índices de inflación y desempleo, el descenso de la producción y los problemas para financiar programas mínimos de seguridad social durante los últimos tres años han provocado un deterioro gradual de los niveles de vida y un aumento considerable de la pobreza. Para hacer frente a estos problemas vuelven a introducirse controles sobre los precios de determinados productos y servicios básicos, como los alimentos, el transporte público y los alquileres de las viviendas, o bien, cuando es posible, se conceden indemnizaciones en efectivo a las poblaciones afectadas. Incluso en China se han tomado medidas para controlar los precios de algunos productos y servicios básicos, lo que equivale a reconocer que no basta con limitar el crecimiento de la masa monetaria e imponer las restricciones al crédito para frenar una inflación de dos cifras (que actualmente supera el 20 por ciento en las ciudades).
La diversidad de experiencias registradas en los programas de ajuste estructural en los países en transición hacia la economía de mercado demuestra que al aplicar reformas deben tenerse en cuenta las ventajas comparativas propias de los sectores privado y público de cada país en lo que respecta a las funciones económicas y los servicios de apoyo. En particular, la experiencia adquirida pone de relieve la importancia del sector público cuando el sistema de mercado es incapaz de mejorar la eficiencia del sector privado, aumentar la competitividad y la calidad de los servicios y alcanzar objetivos de bienestar social a largo plazo, incluida la protección del medio ambiente. Además, se ha comprobado que, antes de introducir reformas de política económica o coincidiendo con su aplicación, es preciso establecer un marco institucional propicio a la economía de mercado. Sin las instituciones apropiadas, no se producirá la reacción prevista de la oferta y lo único que se conseguirá será un elevado nivel de inflación y el empobrecimiento de la población.
Importancia creciente del comercio intrarregional, las corrientes de inversión y los triángulos de crecimiento
El comercio dentro de la región de Asia está creciendo con mayor rapidez que el comercio con el resto del mundo; la proporción del comercio intrarregional pasó del 30 por ciento en 1986 al 40 por ciento en 1992. El comercio entre China y el resto del mundo registró una expansión especialmente rápida. Las importaciones de China registraron un aumento espectacular de más del 25 por ciento en cada uno de los dos últimos años y una parte cada vez mayor de esas importaciones procedían de otros países del Pacífico que dependen cada vez más de China. De hecho, China se considera el principal motor del crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.
En parte, el crecimiento del comercio intrarregional se ha visto favorecido por la persistente recesión (desde 1990) y el aumento del desempleo, que ha originado fuertes tendencias proteccionistas en los países industriales. Se espera que la reciente conclusión de la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT permita eliminar algunas de esas barreras. Sin embargo, existe cierta preocupación acerca de la posibilidad de una internalización del comercio en Europa y América del Norte de resultas de los progresos conseguidos en la integración económica de la Unión Europea y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pese a la reciente diversificación de las corrientes comerciales, la región de Asia y el Pacífico todavía vende entre una tercera parte y la mitad de sus exportaciones totales a estas dos regiones.
Durante el último decenio, la región ha recibido un volumen creciente de capitales, que comprenden inversiones extranjeras directas y créditos a medio y largo plazo. Recientemente estas corrientes de capital han aumentado con gran rapidez. Dos de los factores que contribuyen al aumento de las inversiones extranjeras directas son la prolongada recesión de los países desarrollados y el impresionante nivel de crecimiento, la estabilidad y las reformas orientadas hacia la economía de mercado en los países asiáticos. El BAsD estima que durante 1989-92 las entradas de capital fueron por término medio de 36 000 millones de dólares anuales en comparación con los 20 500 millones registrados durante los cuatro años precedentes. Entre 1987 y 1992 las entradas de inversiones extranjeras directas aumentaron en un 27 por ciento anual. Anteriormente, la afluencia de capitales se concentraba sobre todo en el Asia sudoriental. Hoy en día se dirige cada vez más hacia China, que en 1992 recibió 11 000 millones de dólares y la India, que atrajo 5 000 millones de dólares de capital extranjero en 1993.
La aparición de los denominados triángulos de crecimiento es otra importante novedad que apunta hacia una mayor integración económica regional. Los triángulos de crecimiento vinculan zonas geográficamente contiguas y evolucionan en función de las oportunidades existentes para aprovechar características nacionales complementarias en lo que respecta a recursos naturales, capital y mano de obra. Si bien varias organizaciones gubernamentales de cooperación y comercio regional, como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) y el Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA), tienen todavía dificultades para establecer un sistema viable, por toda la región se están multiplicando rápidamente triángulos de crecimiento de carácter extraoficial. Este sistema está más orientado hacia el exterior que los bloques comerciales, que procuran sobre todo fomentar el comercio dentro del bloque. Algunos triángulos de crecimiento que han dado excelentes resultados son la Zona Económica China integrada por la China meridional, Hong Kong y Taiwan, provincia de China, y el Triángulo de Crecimiento Meridional, entre Singapur, el estado de Johore en Malasia y la isla de Batam en Indonesia.
Repercusiones del acuerdo de la Ronda Uruguay en la agricultura asiática
Aunque el acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT no entra en vigor hasta mediados de 1995 y muchas de sus disposiciones empezarán a aplicarse gradualmente durante el próximo decenio, la firma del Acta Final ha despertado mucho interés entre los agricultores asiáticos. No se ha analizado sistemáticamente cuál será el efecto neto de las disposiciones del GATT en materia de agricultura para la mayor parte de los países; en algunos de ellos, las asociaciones de agricultores y otros grupos de presión expresan opiniones contundentes al respecto. Por ejemplo, algunos grupos de agricultores estiman que la disposición relativa al volumen total de apoyo permitido reducirá las subvenciones a los fertilizantes, el agua y la energía y que podrán aumentar los precios de las semillas si se prohíbe a los agricultores vender semillas protegidas por la normativa sobre la propiedad intelectual.
En los países asiáticos se están consumiendo cada vez más productos de trigo, carne, frutas y hortalizas en sustitución del arroz, de resultas del aumento de los ingresos y la creciente urbanización. Por ese motivo disminuye la demanda de arroz per cápita en toda la región, pero hay una mayor demanda de variedades de arroz de calidad superior. Está previsto un aumento de la demanda de cereales forrajeros y harinas oleaginosas, con los consiguientes cambios en los precios relativos. Una de las consecuencias del acuerdo de la Ronda Uruguay para los países asiáticos es la intensificación de las inversiones para mejorar la tecnología de la producción y la comercialización así como la infraestructura de transformación a fin de facilitar la diversificación agrícola -inducida por los cambios en las preferencias del consumidor- en consonancia con las principales ventajas comparativas de que gozan los países de la región.
Crecimiento económico, mitigación de la pobreza y desarrollo regional
El crecimiento económico sostenido y la aplicación de determinadas políticas oficiales han reducido considerablemente la pobreza en la región tanto en términos absolutos como relativos. Sin embargo, casi tres cuartas partes de los más de 1 000 millones de pobres de todo el mundo viven en Asia; de ellos, casi 500 millones viven en un estado de extrema pobreza. Por lo tanto, paliar la pobreza es un objetivo prioritario y es probable que lo siga siendo durante muchos años.
La pobreza suele concentrarse en las zonas rurales remotas y carentes de recursos y que apenas tienen acceso a los servicios sociales y a la infraestructura. Los aumentos de productividad y, por consiguiente, la tecnología que permite ahorrar tierras han beneficiado principalmente al arroz y al trigo. Así pues, las regiones poco aptas para el cultivo intensivo de arroz o trigo han ido quedando rezagadas. La pobreza rural en gran escala se concentra en las regiones de escaso rendimiento agrícola.
Incluso en los países con elevados niveles de crecimiento, las desigualdades en el desarrollo regional han dado lugar a graves disparidades de ingresos y creado bolsas de pobreza rural crónica. Las regiones del interior de China, especialmente en la zona nordoccidental, las islas exteriores de Indonesia y Filipinas y la región próxima a Bangkok en Tailandia, son ejemplos de zonas seleccionadas por los respectivos gobiernos para la realización de actividades especiales de desarrollo.
Los gobiernos asiáticos siguen aplicando programas específicos para mejorar la infraestructura, fomentar las aptitudes laborales de determinadas poblaciones, ofrecer incentivos para la inversión, ayudar al establecimiento de empresas rurales, crear zonas de transformación de productos para la exportación y participar en programas de desarrollo integrado en regiones subdesarrolladas a fin de contrarrestar los desequilibrios espaciales provocados por las políticas macroeconómicas y sectoriales. Por ejemplo, entre las medidas para mitigar la pobreza adoptadas en la India figuran programas de trabajo asalariado en zonas rurales durante la temporada agrícola baja, programas integrados de desarrollo rural e iniciativas de reforma agraria. Bangladesh ha organizado programas de alimentación de grupos vulnerables, cooperativas especiales para fomentar actividades generadoras de ingresos para los pobres, programas de desarrollo infraestructural con ayuda alimentaria y programas especiales de crédito y formación profesional para los pequeños agricultores. Es cada vez más evidente que estos programas deben complementarse prestando la debida atención al mejoramiento tecnológico de los cultivos que se producen en las regiones beneficiarias.
Las profundas transformaciones económicas que han tenido lugar en China durante los últimos quince años han sido objeto de la atención mundial. La reforma económica, la modernización y la apertura al mundo exterior han ido acompañadas de una extraordinaria actividad económica. Tras haber crecido a un ritmo anual de cerca del 10 por ciento durante los años ochenta, la economía nacional entró en una fase de austeridad de 1989 a 1991, pero volvió a acelerarse hasta alcanzar un nivel de crecimiento de más del 13 por ciento tanto en 1992 como en 1993, uno de los mayores porcentajes registrados a nivel mundial. Sin embargo, los niveles actuales de renta per cápita (318 dólares en 1990 a precios corrientes) todavía colocan a China entre los países en desarrollo de bajos ingresos42.
Con la aceleración del crecimiento económico, se han registrado cambios importantes en la estructura de la economía. La estructura de la producción y del empleo se han ido orientando en beneficio de la industria de los servicios. El sector industrial, que en 1970 representaba tan sólo un 36 por ciento del PIB y un 10 por ciento de la mano de obra empleada, en 1990 elevó estos porcentajes a alrededor del 55 por ciento y del 22 por ciento, respectivamente. En cambio la parte correspondiente a la agricultura disminuyó del 47 al 23 por ciento del PIB y del 81 al 60 por ciento de la fuerza del trabajo durante el mismo período. El sector industrial sigue encabezando la expansión económica. Se calculó que su crecimiento en 1993 fue de casi un 21 por ciento, aunque hubo grandes diferencias entre las provincias dinámicas de la costa oriental y las más pobres del centro y de la zona occidental. El crecimiento del valor añadido en la agricultura ha sido más lento (alrededor del 4 por ciento tanto en 1992 como en 1993) y, por consiguiente, este sector ha seguido perdiendo importancia económica.
El rápido crecimiento de los últimos años se vio impulsado por inversiones masivas, sobre todo en el sector industrial, favorecidas por una política monetaria laxa y un rápido incremento del dinero en circulación. (La inversión en capital fijo aumentó más de un 60 por ciento durante el primer semestre de 1993.) Diversos indicios concomitantes hacían pensar que esa tendencia era insostenible y que se estaba forzando la economía al máximo de sus posibilidades. Problemas de transporte, suministro insuficiente de energía y falta de varias materias primas industriales esenciales, así como la aceleración de la inflación (que pasó del 8,6 por ciento en 1992 al 14,5 por ciento en 1993), todo apuntaba a que la presión de la demanda fuese excesiva y a que fuese necesario aplicar una disciplina financiera y una política monetaria más estrictas.
La gran expansión de la demanda interna también hizo que en 1993 la balanza comercial fuese negativa por primera vez desde 1989. La demanda de importaciones registró un fuerte aumento y el crecimiento de las exportaciones fue menor ya que el capital exportable y los bienes de consumo fueron absorbidos por el mercado interno. Las considerables medidas de liberalización relacionadas con la solicitud de ingreso de China en el GATT también contribuyeron al notable crecimiento de las importaciones.
Para los próximos años están previstas políticas monetarias cada vez más restrictivas e importantes reformas del sector financiero. Inevitablemente, estas medidas frenarán el crecimiento aunque se esperan todavía índices bastante robustos de un 9 o un 10 por ciento en 1994 y 1995. Entre las expectativas positivas implícitas están las reacciones favorables de la oferta a las reformas en curso, la gran afluencia de inversiones extranjeras directas, la sólida posición de las cuentas con el exterior y los elevados niveles de reservas de divisas.
Pese a esas expectativas optimistas, quedan por resolver algunos problemas fundamentales. En primer lugar está el problema demográfico. El crecimiento de la población, a un ritmo anual de alrededor del 1,3 por ciento (1,5 por ciento durante 1980-1990) sigue siendo relativamente elevado teniendo en cuenta la base actual de población de más de 1 200 millones de habitantes. Pese a la reglamentación activa del control de la natalidad, las políticas de planificación de la familia han hallado importantes obstáculos, sobre todo en las zonas rurales, que en algunos casos se deben a las propias medidas adoptadas por el Gobierno43.
Otros problemas son la posibilidad de mantener elevados niveles de crecimiento a largo plazo así como de lograrlo mediante una combinación equilibrada de métodos intensivos (elevando la productividad) y extensivos (permitiendo la absorción de una vasta y creciente mano de obra). Un factor importante que influirá en el ritmo de crecimiento futuro es la capacidad de incorporar a las empresas estatales, especialmente a las de mayores dimensiones, a la economía de mercado con el fin de aumentar su vitalidad y eficiencia.
A pesar del rápido crecimiento, y en cierta medida a causa de él, han aumentado las disparidades de niveles de vida y de ingresos entre las zonas rurales y las urbanas, las provincias de la costa y las del interior, las zonas económicamente favorecidas y de mayor desarrollo y las zonas con escaso apoyo público y limitadas oportunidades de mercado. Una tarea importante que debe afrontar el Gobierno es impedir que se acentúen aún más las desigualdades regionales e intersectoriales. Para consolidar una economía socialista de mercado es preciso establecer un sistema económico liberal que fomente la iniciativa privada y al mismo tiempo impida las desigualdades sociales, la especulación y la corrupción.
El sector agrícola de China en fase de transición
A finales de los años setenta, las autoridades chinas iniciaron una serie de reformas del sector rural encaminadas a acelerar el lento crecimiento agrícola del país. Pese a haber estado insistiendo durante tres decenios en la necesidad de la autosuficiencia alimentaria y haber logrado progresos notables en sanidad y educación, las autoridades estaban insatisfechas por la incapacidad del sector rural de mejorar la cantidad, calidad y variedad de la producción agrícola. Durante más de 30 años, el sector rural necesitó cada vez mayores inversiones estatales para generar crecimiento, pero apenas pudo aumentar la productividad. De hecho, en algunos años la productividad agrícola quedó estancada o incluso disminuyó. La producción de cereales per cápita aumentó tan sólo un 14 por ciento entre 1952 y 1978, mientras que la producción de alimentos apenas superó el crecimiento demográfico. Además, el país había sido importador neto de cereales durante más de un cuarto de siglo.
Aunque las reformas de 1978 se centraron en elevar la producción agrícola dando a los agricultores mayores incentivos de precios e ingresos, inmediatamente después se procedió a una reestructuración completa del sector agrícola del país. En menos de cinco años, se cambió la política de control de los recursos y de la producción y se pasó del sistema de granjas colectivas a un sistema agrícola basado en la explotación familiar. La planificación estatal directa de la producción agrícola se sustituyó por la acción de los mercados y los precios. A principios de los años ochenta, el Gobierno había desmantelado el sistema de comunas, adoptado el sistema de la responsabilidad familiar y permitido que fuesen los precios y los mercados los que influyeran en las decisiones sobre la utilización de insumos y la producción.
Esta transición de un sector agrícola dependiente de la planificación central a otro basado en el mercado no sólo redefinió profundamente la función del Estado en la agricultura sino que también dio lugar a considerables aumentos de la productividad, los ingresos y el bienestar de la población rural. Por ejemplo, desde las reformas de 1978, el sector agrícola ha crecido a un ritmo anual medio de casi el 6 por ciento, uno de los mayores del mundo y el doble del registrado durante el período 1953-1978. El valor real de la producción agrícola china se ha duplicado con creces desde 1978. Y lo que es más importante, se registró un rápido incremento de la renta per cápita de la población rural, reduciéndose en dos terceras partes el número de personas que vivían en una situación de extrema pobreza. Los aumentos más rápidos de la renta per cápita rural se produjeron entre 1979 y 1984, cuando fueron de un 15 por ciento anual por término medio.
Reformas rurales iniciales. Antes de las reformas de 1978, el Gobierno central de China se encargaba de planificar y dirigir la actividad económica del país. El Estado elaboraba planes económicos anuales para la industria y la agricultura y asignaba objetivos de producción a las empresas industriales y agrícolas. El Estado se ocupaba también de facilitar a las empresas los insumos necesarios para alcanzar los objetivos y de comprar y distribuir la producción. Por ejemplo, el Gobierno impuso una política de compras obligatorias en virtud de la cual las familias de agricultores debían vender sus productos a los precios por él fijados. Más tarde el Gobierno racionó diversos artículos, entre ellos cereales, aceites comestibles, carne de cerdo, azúcar y tejidos de algodón destinados a la población urbana. En un momento determinado, los artículos para la población urbana racionados eran más de cien.
Las comunas populares rurales se encargaban de ejecutar las actividades asignadas por el plan central al sector rural. Las comunas eran a la vez organismos oficiales y cooperativas obligatorias que aplicaban las directrices del Estado y administraban pequeñas empresas y tiendas. La comuna solía estar integrada por 10-15 brigadas de producción, subdivididas en 10 equipos de producción de 20 a 30 familias cada uno. La comuna media incluía unas 5 000 familias con 4 000 ha de tierras cultivadas.
Las brigadas de producción asignaban cupos de producción y de compra a cada equipo y administraban las escuelas primarias, centros de salud y pequeños negocios minoristas no agrícolas. Los equipos de producción organizaban las actividades agrícolas y mantenían sistemas de contabilidad y distribución de los ingresos. Los pagos a los trabajadores se basaban en una fórmula de puntos por trabajo. Los equipos controlaban también los derechos de propiedad sobre la tierra y los bienes.
El sistema de comunas de China alcanzó casi todos los objetivos para los cuales se había establecido. Las comunas construyeron y explotaron obras de infraestructura rural (sistemas de riego, redes de transporte, etc.), organizaron y gestionaron instituciones económicas y de protección social (incluidas la atención de salud y la educación) y aseguraron la autosuficiencia alimentaria en el sector rural.
El objetivo inicial de las reformas de 1978 fue consolidar esa infraestructura material y humana bien desarrollada utilizando los precios como incentivo para aumentar la producción global. Las primeras medidas consistieron en relajar el control del Gobierno central sobre la superficie sembrada y elevar en más de un 20 por ciento los precios de compra de los cereales, en un 15 por ciento los del algodón, en un 25 por ciento los de las semillas oleaginosas y en un 25 por ciento los de los cerdos. Además, los sobreprecios para las ventas superiores al cupo aumentaron en un 50 por ciento y los precios de los insumos se redujeron en un 10 por ciento.
Reorganización de la unidad de producción. Otro incentivo del Gobierno consistió en permitir a los equipos de producción que experimentaran diversos sistemas de pago, con la condición de que se mantuviera la estructura de propiedad y gestión colectiva de la comuna. Algunos equipos optaron por vincular los pagos al tipo de trabajo, mientras que otros los condicionaron a la cantidad de tiempo trabajado, al tipo de tierra o al volumen de la producción final. Un grupo de agricultores de la provincia de Anhui adoptó el sistema de pago que acabaría siendo más satisfactorio. Conocido como Da Baogan o Baogan Dao Hu (que significa dar en contrato todas las actividades a las familias), este sistema repartía las tierras, los bienes y el cupo del equipo de producción entre las distintas familias. Después de haber cumplido con las obligaciones del cupo y haber pagado una parte estipulada de la producción o de los ingresos al equipo de producción como impuesto con fines comunitarios, cada familia podía conservar o vender la producción excedente como deseara. Este sistema pasó a ser conocido más tarde como el Sistema de Responsabilidad Familiar.
Al principio, el Gobierno no apoyó el Sistema de Responsabilidad Familiar insistiendo en que los equipos de producción debían seguir siendo la unidad básica de gestión y manteniendo la propiedad colectiva de la tierra y de los bienes. Sin embargo, lo promovió de hecho como medida eficaz en las regiones remotas y montañosas más pobres.
En 1982, el Gobierno permitió que el sistema se convirtiera en la institución rural dominante para la producción agrícola en China. Las familias suscribieron contratos con los equipos de producción para el uso de la tierra durante un período determinado. Los contratos iniciales estipulaban derechos sobre la tierra por un período de tres a cinco años; a finales del decenio de 1980, los contratos se ampliaron a períodos de 15 años; y en 1993 se prolongaron a 30 años. Las familias firmaron también contratos con los equipos de producción para cumplir con los cupos de compras estatales y pagar diversos impuestos.
A finales de 1983, 200 millones de explotaciones agrícolas familiares habían adoptado el Sistema de Responsabilidad Familiar y más de 50 000 comunas habían sido suprimidas. Durante ese mismo período, el Gobierno introdujo otros dos cambios normativos: en primer lugar, en 1983 se permitió a las familias que intercambiaran y contrataran mano de obra para realizar labores agrícolas; y, en segundo lugar, en 1984 se aprobó el subarriendo de la tierra a otras familias a título de compensación. La finalidad de estas dos reformas era aumentar las inversiones en las explotaciones agrícolas mejorando el funcionamiento de los mercados de tierra y de trabajo.
Reformas de los mercados de productos. Antes de las reformas de 1978, el Gobierno chino clasificaba los productos agrícolas en tres categorías. La primera de ellas, que incluía los cereales, los cultivos oleícolas y el algodón, estaba sometida a la tong gou o compra unificada: el Gobierno era el único comprador a través del sistema de cupos obligatorios. Tanto los cupos y objetivos de producción como los precios de compra se fijaban para un período de 3 a 5 años. Las entregas de la producción que excedía del cupo eran obligatorias, pero recibían un sobreprecio del 20 al 30 por ciento. Estos productos no podían venderse en el mercado libre.
La segunda categoría incluía la carne, los productos acuáticos, el tabaco, el té, la seda y el azúcar y estaba sujeta a la pai gou o compra impuesta: el Gobierno fijaba los cupos y precios de compra obligatoria pero permitía la venta de los excedentes en el mercado libre. No había cupos obligatorios para los productos de la tercera categoría, integrada por hortalizas, frutas y algunos cultivos industriales. Sin embargo, organismos oficiales establecían los precios y controlaban el mercado interregional; los productores sólo podían realizar transacciones en los mercados locales.
A principios del decenio de 1980, otras reformas orientadas al mercado habían legalizado los mercados mayoristas y autorizado el comercio de cereales en el mercado libre (a condición de que se cumpliera con el cupo de compras). El Gobierno redujo gradualmente la cantidad de productos sujetos a cupos de compra y reformó el sistema cooperativo de comercialización y suministro rural. Estos cambios normativos favorecieron a las empresas de comercialización de propiedad de los agricultores, que incluían tanto las cooperativas privadas como los negocios individuales. A principios del decenio de 1990, había 3,7 millones de empresas privadas de comercialización que empleaban a unos 14 millones de personas.
Estas empresas compraban productos agrícolas a los comerciantes en los mercados locales o directamente a los agricultores y a continuación los elaboraban, transportaban o vendían en los grandes mercados mayoristas. En muchos casos, competían con los organismos oficiales de compra (es decir las cooperativas de suministro rural reformadas). A finales de 1993, los agricultores chinos vendían el 85 por ciento aproximadamente de sus productos agrícolas a precios de mercado en comercios del sector privado.
A mediados del decenio de 1980, los productos no agrícolas se sustrajeron también progresivamente al plan obligatorio y a los sistemas privados de distribución, y los canales del mercado se ampliaron gradualmente. El Gobierno introdujo en 1985 la dualidad de precios para los productos industriales (lo cual permitía que la producción que superaba los objetivos fijados se vendiera en el mercado libre) y comenzó a eliminar paulatinamente el sistema de fijación de los precios de compra a finales del decenio de 1980. En 1980, el 90 por ciento de los productos industriales se distribuían con arreglo al plan central; en 1994, la proporción de productos industriales sometidos a la planificación estatal había disminuido a menos de un 10 por ciento. Además, el número de productos de consumo reglamentados por organismos públicos, incluidos los productos alimenticios básicos, se redujo de 274 en 1978 a 14 a principios de 1994.
Reformas rurales y desarrollo agrícola
Durante el decenio de 1980 el valor bruto real de la producción agrícola se duplicó con creces y estuvo acompañado de una diversificación considerable y de un aumento de la productividad. Por ejemplo, entre 1979 y 1985 la superficie sembrada de cereales disminuyó en un 6 por ciento y la parte correspondiente a este cultivo en el empleo agrícola descendió del 93 por ciento al 70 por ciento, dado que los agricultores desplazaron recursos y mano de obra hacia otras actividades agrícolas más rentables como el cultivo de frutas y hortalizas. La mano de obra agrícola total se redujo desde más del 70 por ciento de la población total en 1979 al 58 por ciento en 1993, pero la parte correspondiente a la agricultura en el ingreso nacional se mantuvo en un 33 por ciento.
No obstante, esta reasignación de los recursos no se tradujo en un descenso de la producción. La disponibilidad de cereales aumentó de 305 kg per capita en 1978 a 400 kg en 1984. La producción total de cereales subió de 304,8 millones de toneladas en 1978 a 456,4 millones en 1993, lo que representó un crecimiento del 50 por ciento. Durante los últimos 15 años, el rendimiento de los cereales, el algodón y las semillas oleaginosas aumentó en un 3,5 por ciento al año. Estos aumentos de la productividad se debieron en su mayor parte al incremento de los insumos: el consumo de fertilizantes químicos se triplicó y el número de pequeños tractores se cuadruplicó.
La ganadería, la pesca, la silvicultura y otras actividades no relacionadas con el cultivo registraron una expansión aún más rápida. Durante los últimos quince años, la producción pecuaria y pesquera aumentó en un 10 por ciento anual, la forestal en un 5 por ciento y otras actividades «secundarias» en un 15 por ciento. Aun cuando el valor de los cultivos aumentó en más de un 4 por ciento al año, su participación en el valor total de la producción agropecuaria disminuyó de un 77 a un 60 por ciento. La parte correspondiente a la producción pecuaria aumentó de un 14 a un 26 por ciento de la producción total. La liberalización relativa de los mercados pecuarios y el rápido crecimiento de los ingresos fueron la causa de que la producción y el consumo de carne se incrementaran con mayor rapidez que todos los demás productos agrícolas. Durante el decenio de 1980, el consumo per capita de carne de cerdo aumentó en un 200 por ciento, el de aves de corral en un 440 por ciento y el de huevos en un 290 por ciento.
Sin embargo, este rápido crecimiento económico y esta transición hacia una economía orientada al mercado han ido acompañados de períodos de inflación elevada y desequilibrios macroeconómicos. A finales del decenio de 1980 el Gobierno introdujo varios programas de austeridad para frenar la inflación y enfriar la economía sobrecalentada. Por consiguiente, en 1989 y 1990 la tasa de crecimiento del PNB real se redujo a cerca de la mitad de la tasa media anual registrada durante los primeros años de la reforma.
Además, los beneficios del crecimiento no se han distribuido de modo uniforme. Por ejemplo, el fuerte crecimiento del sector rural contribuyó considerablemente a rebajar los niveles de pobreza a principios de los años ochenta, pero la aminoración posterior del crecimiento agrícola a partir de 1985 coincidió con el estancamiento de dichos niveles. El número de personas pobres en las zonas rurales disminuyó de 260 millones en 1978 a 100 millones en 1990 (es decir de un 33 por ciento de la población rural a un 12 por ciento aproximadamente). Sin embargo, en 1985-1990 la incidencia de la pobreza rural se mantuvo bastante constante. En 1978, la mayor parte de las personas pobres residían en zonas donde era posible aumentar rápidamente la productividad mediante un mayor uso de insumos agrícolas y semillas híbridas. Sin embargo, en 1985 la población pobre de China se concentraba en las zonas de secano menos productivas. Aunque en estas zonas con pocos recursos se consiguieron algunos incrementos de productividad, el crecimiento de la población contrarrestó en gran medida esos aumentos del crecimiento agrícola.
Lo paradójico es que el aumento espectacular de la disponibilidad de cereales a principios del decenio de 1980 condujo a una segunda ronda de reformas normativas que perjudicaron a muchos agricultores. La cosecha sin precedentes de cereales y algodón recogida en 1984 planteó un grave problema fiscal al Gobierno central, ya que éste seguía estando obligado a comprar a los agricultores, a precios relativamente altos en comparación con los de consumo, toda la producción de cereales que superara el cupo. Aunque el Gobierno había aumentado los precios al por menor de la carne de cerdo, el pescado y los huevos para compensar el aumento de los precios de compra, los precios al por menor de productos de primera necesidad como los cereales y los aceites comestibles no habían subido. Por tanto, las subvenciones a los alimentos aumentaron de un 8 por ciento del presupuesto estatal en 1979 a un 25 por ciento en 1984. Este aumento representó una carga financiera insoportable para un país que trataba de destinar más inversiones al sector industrial.
Para reducir esa carga, el Gobierno convirtió el sistema de adquisición de 30 años de antigüedad, en un sistema de «compras contractuales» en virtud del cual se eliminaron los cupos obligatorios para el algodón en 1984 y para los cereales en 1985. El nuevo sistema establecía precios unificados para el promedio ponderado del cupo y precios al nivel de 1984 para la producción superior al cupo. Además, establecía cupos más bajos para las compras de algodón, elevaba el costo de insumos como el gasóleo y los fertilizantes y reducía las inversiones estatales en la agricultura. El descenso de los precios de los cereales y del algodón se tradujo en una reducción tanto de la superficie sembrada como del uso de insumos: en 1985 la producción de cereales disminuyó en un 7 por ciento en 1985 y la de algodón en un 34 por ciento.
El auge de las empresas rurales y la agricultura
Tras la disolución del sistema de comunas, el Gobierno permitió que los municipios heredaran las funciones administrativas y las propiedades de las comunas y que las aldeas se hicieran cargo de las funciones y propiedades de las brigadas. Estas empresas municipales y aldeanas empezaron pronto a funcionar como empresas colectivas, muchas de las cuales suministraban insumos a los agricultores, produciendo una variedad de bienes y servicios. Mientras tanto, las empresas rurales de propiedad privada experimentaron un rápido crecimiento.
A mediados del decenio de 1980, cuando el Gobierno empezó a enfrentarse a los problemas fiscales causados por las subvenciones de alimentos y la compra de cereales, puso en marcha una serie de reformas normativas centradas en las empresas municipales y aldeanas y las empresas industriales urbanas. Entre las reformas adoptadas se incluyeron un sistema de beneficios distribuibles, el derecho a vender en el mercado libre la producción que excediera de los objetivos del plan y el permiso para contratar mano de obra (y para que los agricultores trabajaran fuera de las explotaciones agrícolas). El Gobierno incentivó además las empresas municipales y aldeanas con exenciones fiscales y crédito subvencionado. La expansión de éstas superó todas las previsiones. Entre 1978 y 1993, la producción de dichas empresas aumentó a una tasa anual del 21 por ciento, y el empleo en un 12 por ciento. En 1978, su producción representaba sólo el 35 por ciento de la producción agrícola, pero a principios del decenio de 1990 la proporción se había incrementado hasta un 200 por ciento aproximadamente. Entre 1978 y 1993, el número de empresas pasó de 1,5 millones a 20,8 millones, creando casi 80 millones de puestos de trabajo para los campesinos, de quienes se decía que dejaban la tierra, pero no el campo.
Las empresas municipales y aldeanas tuvieron efectos variados sobre el sector agrícola. Por ejemplo, en los primeros años después de las reformas, contribuyeron al crecimiento agrícola suministrando insumos, prestando servicios técnicos y mejorando la infraestructura de las comunidades. También crearon empleo, absorbieron la mano de obra sobrante, aumentaron los ingresos rurales y acortaron la distancia entre los sectores rural y urbano. Sin embargo, ofrecían una recuperación de las inversiones más elevada que el sector agrícola, al tiempo que competían por los mismos recursos; como resultado de ello, los agricultores y el Estado empezaron a invertir sus nuevos ahorros en las empresas municipales y aldeanas en mayor medida que en el sector agrícola. Esto tuvo efectos negativos sobre la producción agrícola y creó nuevas diferencias de ingresos entre los trabajadores agrícolas y la industria rural.
Además, en el curso del decenio de 1980, mientras la producción destinada a los mercados urbanos y de exportación aumentaba, la producción de insumos agrícolas disminuía: la de fertilizantes nitrogenados en un 27 por ciento y la de maquinaria agrícola en un 50 por ciento. Muchos agricultores se veían obligados a recorrer largas distancias para adquirir esos insumos en las ciudades, de modo que los costos de producción se elevaban y los ingresos agrícolas disminuían, lo cual reducía los incentivos para invertir en la agricultura.
Cuando en 1984 se redujeron los incentivos de los precios agrícolas y descendió la producción de cereales, la rentabilidad decreciente de la agricultura indujo a muchos agricultores a invertir la mayor parte de sus nuevos ahorros y mano de obra en las empresas municipales y aldeanas. En 1993, el total de los préstamos de dichas empresas pendientes de devolución a las cooperativas de crédito rurales ascendían a 147 200 millones de yuans, mientras que sus depósitos totales sumaban sólo 30 200 millones de yuans. Al mismo tiempo, los depósitos y préstamos sin reembolsar de las familias de agricultores ascendían a 286 700 millones y 75 900 millones de yuans respectivamente. Las empresas municipales y aldeanas habían extraído del sector agrícola 117 000 millones de yuans, cantidad equivalente al 30 por ciento del valor de todo el capital fijo productivo que poseían las familias agrícolas a finales de 1992.
La inversión de los agricultores en bienes agrícolas como porcentaje de sus ahorros disminuyó desde un 25 por ciento a principios del decenio de 1980 a menos de un 6 por ciento a finales del decenio siguiente. Del mismo modo, la inversión estatal en la agricultura disminuyó de un 10 por ciento del total nacional a finales de los años setenta a un 3,3 por ciento a finales de los ochenta. Como promedio, entre 1985 y 1990 la inversión de capital en la agricultura por parte del Estado y de los agricultores conjuntamente fue sólo un 30 por ciento de las inversiones de las empresas municipales y aldeanas. Los últimos datos disponibles indican que la inversión insuficiente en el sector agrícola y la débil infraestructura están empezando a limitar el crecimiento. Por ejemplo, la superficie de las tierras de regadío sigue siendo similar a la de 1979 y el 25 por ciento de los embalses del país están sufriendo una merma a causa de la sedimentación y la erosión.
Las empresas municipales y aldenas han causado otros trastornos en el sector agrícola. Por ejemplo, a diferencia de las empresas urbanas, que atraen a familias enteras, aquéllas suelen captar a los trabajadores mejor preparados y más competentes, con lo que en las explotaciones agrícolas quedan los miembros menos productivos de las familias. Por último, no están sujetas a la misma legislación ambiental que las industrias urbanas y en muchas zonas están degradando las tierras agrícolas y el agua de riego.
Orientación de la organización agrícola y de la agricultura en el futuro
En 1994, sólo siete productos agrícolas seguían sometidos a algún tipo de control oficial. A mediados de 1993 se relajaron los controles sobre los precios de los cereales y aceites comestibles y se introdujeron mercados de futuros para los cereales. El Gobierno central ha anunciado que para 1996 se habrán eliminado por completo los controles administrativos sobre los cereales y semillas oleaginosas.
RECUADRO 6 Los estados insulares del Pacífico presentan una gran diversidad en cuanto a sistema económico, régimen de tenencia de la tierra, dotación de recursos y densidad de población. Sin embargo, los países de la subregión se enfrentan con una serie de limitaciones comunes, entre ellas mercados internos pequeños, una base productiva y de recursos reducida, costos unitarios de infraestructura relativamente altos, una fuerte dependencia respecto del comercio externo y una gran vulnerabilidad a las catástrofes y conmociones externas. Además, los estados insulares del Pacífico (a diferencia de los del Caribe) no tienen en sus proximidades un gran mercado de altos ingresos. El crecimiento económico tiende a ser irregular, con tasas de crecimiento a largo plazo que simplemente se mantienen a la par del crecimiento de la población. El PNB per cápita oscila entre 1 830 dólares en Fiji y 560 dólares en las Islas Salomón. Los indicadores sociales son en general superiores a los de los países en desarrollo con un nivel de ingresos análogo o más elevado. Los estados insulares del Pacífico cuentan con recursos naturales relativamente abundantes, un índice elevado de tierras por habitante y extensas zonas marítimas que contienen importantes riquezas minerales y pesqueras. La zona marítima media es más de 24 veces superior a la de los estados insulares del Caribe. En el curso de los años, los estados insulares del Pacífico se han beneficiado de importantes flujos de ayuda en condiciones de favor, remesas de trabajadores y una base de recursos naturales favorable a una economía de subsistencia. La pobreza absoluta es escasa, pero la relativa sigue planteando problemas en las Islas Salomón y Vanuatu. Los últimos indicadores sobre la tasa de autosuficiencia en alimentos muestran en todos los países niveles elevados que oscilan desde el 95 por ciento en Papua Nueva Guinea hasta el 145 por ciento en Vanuatu. Los ingresos per cápita se mantienen estancados desde principios del decenio de 1980 y las tasas medias de crecimiento de la población siguen siendo superiores al 2 por ciento. Este crecimiento económico bajo y estancamiento a pesar de la fuerte afluencia de recursos externos y de las elevadas tasas de inversión se denomina con frecuencia «paradoja del Pacífico». Debido a las limitaciones de la política monetaria en economías pequeñas y abiertas con subsidios externos y remesas de trabajadores relativamente altos, la política fiscal es el principal instrumento macroeconómico. La estrategia de desarrollo más reciente y común consiste en buscar oportunidades de exportación y sustitutos eficientes de las importaciones con miras a promover la economía interna. La agricultura, la pesca y la silvicultura son tres de las principales actividades que ofrecen perspectivas alentadoras de crecimiento en el futuro (otras dos de ellas son el turismo y la manufactura en pequeña escala). La agricultura, que es la principal fuente de empleo en la región, está dominada por una combinación de cultivo de raíces y hortalizas de semisubsistencia y producción de copra, cacao, azúcar y café para la exportación. Los precios en descenso e inestables de los cultivos tradicionales de exportación han impulsado a los agricultores a diversificar su producción introduciendo productos no tradicionales como la calabaza, la vainilla, el melón, la leche de coco y la carne de ganado vacuno criado en dehesas para los mercados de exportación. Aunque los derechos marítimos son muy amplios, se han destinado pocas inversiones internas al sector pesquero. Hasta ahora se ha preferido arrendar los derechos de pesca a embarcaciones extranjeras antes que fomentar la capacidad pesquera autóctona. Sin embargo, recientemente muchos gobiernos han promovido los vínculos entre las pesquerías extranjeras y la industria interna en cierne. Será necesario que las pesquerías internas mejoren los conocimientos técnicos locales, amplíen los servicios de recogida y comercialización, reserven sectores de sus zonas económicas para las comunidades pesqueras locales y ofrezcan incentivos fiscales, financieros e infraestructurales suficientes. El medio ambiente de estos estados es frágil y está expuesto a diversos tipos de degradación. Dada la fuerte dependencia económica y cultural respecto del medio ambiente natural, las preocupaciones ambientales se están convirtiendo en la característica más destacada de las estrategias de desarrollo a largo plazo. Aunque ninguno de estos problemas ambientales es exclusivo de las islas del Pacífico, casi todos ellos se ven agravados por el hecho de que estas pequeñas masas de tierras bajas están diseminadas por una parte del mayor océano del mundo, lo cual se traduce en una vulnerabilidad a las subidas del nivel del mar y las catástrofes naturales y un alto grado de diversidad de los ecosistemas y especies. Entre los problemas ambientales comunes de toda la región se incluyen los efectos del crecimiento demográfico sobre el sistema urbano de abastecimiento de agua y alcantarillado; la degradación de las cuencas hidrográficas como resultado de las prácticas forestales y de la deforestación conexa; las amenazas a los acuíferos costeros y de los atolones; la contaminación del mar a causa de la deforestación, el alcantarillado y los desmontes; el deterioro de las tierras debido a la erosión y a la compactación del suelo; la pérdida de diversidad biológica; la pesca de altura con redes de deriva y la sobrepesca de recursos marinos. |
A medida que se suprimen los controles sobre los precios al por menor y se reduce gradualmente el sistema de racionamiento, la población urbana compra una cantidad cada vez mayor de alimentos básicos en el mercado libre. En junio de 1993, sólo tres provincias (Tibet, Hainan y Gansu) mantenían el sistema de racionamiento de cereales en virtud del cual la población urbana tiene derecho a comprar cereales a bajo precio con cupones. En todas las demás provincias se han eliminado estos cupones, y los agricultores reciben ahora otros suplementos salariales como compensación parcial. Estas modificaciones seguirán causando numerosas dificultades en el sector agrícola de China en el curso del decenio de 1990. El fuerte crecimiento de los ingresos, unido a una reducción ulterior de las subvenciones a los productos básicos, seguirá alterando las modalidades de consumo de alimentos. La mayor elasticidad de la demanda de productos pecuarios y piensos en función de los ingresos hará que ésta aumente más deprisa que la del arroz. La demanda de trigo de mejor calidad, frutas, hortalizas y arroz japonica parece también estar aumentando.
Asimismo, las ayudas a la producción de cereales afectarán a las estructuras de los incentivos y a las decisiones de los agricultores con respecto a lo que han de sembrar. El crecimiento del sector agrícola y las mejoras en la producción de cereales en el futuro dependerán de las modificaciones normativas que se introduzcan en la política de inversiones, mano de obra y migración de la población, derechos de propiedad y otras reformas de la producción, comercialización y sistemas de almacenamiento de los cereales. Por ejemplo, un problema importante con el que se enfrentan las autoridades de China es la fragmentación de las tierras agrícolas. Cuando a principios del decenio de 1980 las familias se convirtieron en productores independientes, cada explotación agrícola solía tener cuatro o cinco parcelas de 0,5 ha en total, dispersas por diferentes localidades y aptas para diferentes usos. Aumentaron los incentivos a la producción, pero desaparecieron las economías de escala. Algunos equipos de producción intentaron concentrar las parcelas, pero el tamaño total no se vio afectado. Además, las tentativas de concentración parcelaria dieron a menudo lugar a un conflicto de intereses entre familias. Otros agricultores no tenían confianza en el arrendamiento a largo plazo de tierras y activos.
Los responsables de la formulación de políticas en China están examinando actualmente medidas para seguir reformando las instituciones agrícolas, tales como permitir la libre migración de mano de obra y población tanto entre regiones como de las zonas rurales a las urbanas. El propósito es alentar a algunas familias a que dejen la tierra, lo que permitiría a otras concentrar sus parcelas y mejorar su eficiencia. Uno de los obstáculos es el sistema de registro de residentes, que asigna condiciones jurídicas diferentes a las poblaciones rural y urbana y limita los lugares donde las personas pueden vivir y trabajar. El Gobierno presentó en marzo de 1994 una propuesta para reformar este sistema.
Otro problema es la confusa situación jurídica de la propiedad de la tierra y de los derechos de propiedad. A principios del decenio de 1980, los agricultores firmaron contratos con los equipos de producción, que representaban al propietario oficial de la tierra y de los bienes. Sin embargo, el Gobierno conservó el derecho a modificar la duración de los arrendamientos. Hoy en día, en casi todas las zonas rurales las principales preocupaciones en relación con la tenencia de la tierra son la seguridad, duración, transferibilidad y «comerciabilidad» de los arrendamientos de tierras (y las consecuencias para las inversiones a largo plazo). En un experimento llevado a cabo recientemente se dividieron todas las tierras de una aldea en dos categorías: las tierras de una categoría se distribuyeron a título perpetuo entre los miembros de la aldea, mientras que las de la otra categoría se destinaron a licitación abierta. La propiedad de la tierra sigue siendo una cuestión espinosa y un problema práctico que seguirá planteándose en los años venideros.
42 El 13° Congreso Nacional del Partido Comunista había definido una estrategia de desarrollo en tres fases. Estaba previsto doblar el PIB durante la primera fase decenal que iba hasta 1990 (objetivo alcanzado) y doblarlo de nuevo en la segunda fase que iba hasta el año 2000 (objetivo no improbable teniendo en cuenta las tendencias recientes); al final de la tercera fase, en el año 2050, la renta per cápita de China debía ser la de un país desarrollado medio.
43 Por ejemplo, las tierras agrícolas y las viviendas se alquilaban a los agricultores según el número de personas lo que suponía un estímulo para aumentar el tamaño de la familia.
