La política se ocupa de determinar y expresar un plan de acción para el logro de un objetivo específico. Así, la política forestal se encarga del modo en que deberían manejarse los recursos forestales para cubrir las necesidades humanas y satisfacer las demandas de la sociedad en cuanto a los bienes y servicios que puede ofrecer la silvicultura, así como a los valores inmateriales que representan los árboles y los bosques.
La legislación tiene por objetivo orientar y controlar la actuación de los grupos e individuos con respecto a una política establecida. Las leyes y los reglamentos fijan incentivos para el cumplimiento de los objetivos de las políticas y sanciones para desalentar las actuaciones que se oponen a su consecución. También atribuyen a uno o varios organismos ejecutivos las responsabilidades de su aplicación.
En los últimos veinte años, la visión del papel de los bosques en la sociedad ha evolucionado y se ha ampliado enormemente; el planteamiento oficial, relativamente limitado, de los bosques como fuente de madera y como protección para los recursos hídricos de las tierras altas, ha sido cuestionado abiertamente en favor de un planteamiento que refleja de forma más completa la diversidad de oportunidades y exigencias, presentes y futuras, en relación con los bosques y sus recursos.
Ante estas circunstancias, en muchos países - tanto en desarrollo como desarrollados - se han criticado las políticas forestales y las legislaciones correspondientes, por su demora en reflejar el cambio de prioridades y en armonizar las diversas exigencias que pueden originar un conflicto de intereses. En este número de Unasylva se examinan algunos de los elementos significativos del «proceso» y de los «productos» de la revisión de la política y legislación forestales.
En el artículo principal, M.-R. de Montalembert y F. Schmithüsen analizan las consecuencias políticas y jurídicas del abandono del concepto tradicional de una gestión forestal orientada fundamentalmente a la producción sostenida de productos a base de madera, por el de una gestión con vistas a un flujo permanente de múltiples beneficios que contribuyen directamente al bienestar de las poblaciones y al logro de objetivos globales de desarrollo. Uno de los conceptos fundamentales que se desprende de este análisis (y de los restantes artículos de este número) es que, aunque la enunciación oficial de la política forestal (y de la legislación correspondiente) sea una tarea del gobierno, para que ésta responda a la realidad y su ejecución tenga éxito, debe ser el resultado de un proceso dinámico basado en la participación y aceptación por parte de todos los interesados. Una política forestal moderna debe establecer un equilibrio entre el destino de los hombres y el de los bosques.
M.T. Cirelli considera el proceso de revisión de la legislación forestal, analizando el papel y las repercusiones de la asistencia internacional - a partir de la experiencia del Servicio del Derecho para el Desarrollo de la FAO -, con el objeto de extraer conclusiones que permitan una mayor eficacia en el futuro.
Uno de los elementos con importancia creciente en la formulación y revisión de la política y la legislación forestales es la armonización de los códigos «oficiales» con las prácticas tradicionales y sus correspondientes mecanismos de regulación. J.S. Fingleton analiza el cambio que se está produciendo en las competencias de los responsables tradicionales y los oficiales en materia de ordenación forestal en los países del Pacífico Sur. P.E. Wynter expone un ejemplo de instituciones locales para el uso de las tierras en la isla de Inhaca, Mozambique, caracterizada por manglares, y extrae una serie de conclusiones para el desarrollo de una política y una legislación sobre gestión de recursos en dicho país. G. Castilleja estudia los cambios ocurridos en las políticas forestales de tres países latinoamericanos como resultado de la mayor conciencia sobre los derechos de los propietarios indígenas, la evolución de la situación del mercado y la mayor sensibilidad ante los problemas medioambientales.
L. Lönnstedt estudia las consecuencias económicas de la política forestal sueca, adoptada en 1989, respecto a la producción sostenible de bienes de alto valor procedentes de la silvicultura privada no industrial; a su vez, F.H. McKinnell estudia el proceso de desarrollo de la nueva política forestal australiana de 1992 y sus repercusiones.
Los dos artículos finales tratan de los instrumentos normativos y jurídicos para la gestión de dos sectores específicos de la ordenación de recursos forestales: T.J.P. McHenry examina los aspectos normativos de la ordenación de la flora y fauna silvestres, mientras que J. Soussan presenta un análisis de las cuestiones normativas relacionadas con la función de la biomasa y, particularmente, de la leña como recurso energético. En ambos artículos, se destaca como un aspecto fundamental la interpelación entre los problemas del sector forestal y las cuestiones de desarrollo de más amplio alcance.
En conclusión, se debe acentuar el hecho que el proceso dinámico y participativo de la adaptación del marco normativo y jurídico no basta por sí solo para dar respuesta al cambio de orientación de la silvicultura con respecto al desarrollo. Para que sea eficaz, esta respuesta debe ir acompañada de un profundo esfuerzo para reformar y fortalecer aquellas instituciones, públicas y privadas, que desempeñarán una función primordial en la ejecución de las políticas sometidas a revisión.
