Asegurarse de que las mujeres tengan igualdad de acceso y control sobre los recursos es esencial para lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres en los sistemas agroalimentarios. Los derechos seguros sobre la tierra, el agua y el ganado pueden ampliar las oportunidades económicas de las mujeres, fortalecer su facultad decisoria sobre los activos productivos del hogar y los ingresos y contribuir a su resiliencia frente a las perturbaciones, incluidas las crisis económicas mundiales y las perturbaciones relacionadas con el clima (en el Capítulo 5 Figura un análisis más profundo).
La igualdad de acceso de los agricultores y las agricultoras a los insumos agrícolas, las tecnologías y los recursos complementarios contribuiría a reducir las brechas de género en la productividad de la tierra y de la mano de obra y a disminuir la inseguridad alimentaria de las mujeres. Es posible que surjan nuevas fuentes de desigualdad (por ejemplo, en la tecnología digital) a medida que el desarrollo económico y la transformación de los sistemas alimentarios facilitan el desplazamiento progresivo del empleo desde la agricultura hacia los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios. Estos cambios también confieren mayor urgencia a la necesidad de eliminar las desigualdades de larga data existentes en el acceso a recursos como la educación.
En el presente Capítulo se describen los patrones de género en el acceso y la propiedad de los recursos que son importantes para los medios de vida y el empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, entre los que cabe citar la educación, la tierra, el agua, el ganado y los recursos, tecnologías y servicios complementarios. Asimismo, se hace balance de los aspectos en los que se ha progresado y aquellos en los que se ha producido un estancamiento o incluso un retroceso a lo largo del último decenio. Las investigaciones recientes no se han limitado a documentar las brechas de género en la agricultura y los sistemas agroalimentarios, sino que han examinado los procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y analizado las limitaciones subyacentes que desencadenan y mantienen tales desigualdades1.
EN UNA MUESTRA DE 20 PAÍSES, MENOS DEL 1 % DE LAS MUJERES POBRES DEL MEDIO RURAL COMPLETARON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
La educación, tanto en el caso de los niños como en el de las niñas, es fundamental para abordar todos los aspectos de la desigualdad de género. La educación de las mujeres y las niñas proporciona algo más que el acceso a mejores empleos en los sistemas agroalimentarios. Implica dotarlas de los medios para perseguir las oportunidades que elijan, en los sistemas agroalimentarios y fuera de ellos. Sin una educación suficiente, las mujeres quedan en situación de considerable desventaja en cuanto a su capacidad de ejercer los derechos que puedan tener en materia de posesión y herencia de tierras, acceso a la financiación agrícola o uso de las tecnologías digitales. La brecha de género en el acceso a la tierra tiende a ser menor en los países con mayor nivel de educación femenina que en aquellos con un nivel más bajo2. Las mujeres con niveles de educación más altos empleadas en los sistemas agroalimentarios perciben salarios más altos y son más productivas que las que tienen niveles educativos más bajos (Capítulo 2). Pero la educación reporta otros muchos beneficios sociales y económicos de carácter muy diverso como, por ejemplo, la mejora de la salud maternoinfantil y de la nutrición3.
Las desigualdades de género en la educación persisten en todo el mundo y en todos los niveles educativos, a pesar de las mejoras de los dos últimos decenios. Los progresos en materia de paridad de género han sido más constantes en la educación primaria que en la secundaria y terciaria, también entre regiones4. El África subsahariana sigue obteniendo la puntuación más baja en paridad de género tanto en la educación secundaria como en la terciaria4. Las disparidades de género en la educación son mayores entre los hogares más pobres y en las zonas rurales. En una muestra de 20 países, menos del 1 % de las mujeres pobres de las zonas rurales completaron la educación secundaria5, lo que supone un obstáculo importante para aumentar su empoderamiento.
Cuando los derechos sobre la tierra y los derechos de propiedad son inseguros, las mujeres y los hombres no pueden planificar, invertir, mejorar o disponer de sus tierras con confianza. El fortalecimiento de los derechos de las mujeres sobre la tierra se asocia positivamente con una mayor adopción de tecnologías, un aumento de las inversiones y mayores niveles de productividad e ingresos agrícolas (véase el Capítulo 6). La tenencia segura de la tierra también es un aspecto importante del empoderamiento de las mujeres y se asocia con beneficios sociales adicionales, como la reducción de los índices de violencia doméstica (Recuadro 3.1).
Cada vez hay más pruebas que tratan de desentrañar la ambigua relación entre la propiedad de la tierra por parte de las mujeres y la violencia de género. La propiedad de la tierra por parte de las mujeres no reduce por sí sola la violencia de género, sino que es probable que actúe mediante i) el aumento del empoderamiento económico y el poder de negociación de las mujeres, ii) la mejora de sus conocimientos y autoestima, junto con la libertad de movilidad y acceso a los mercados, iii) la mejora de la posición social de las mujeres mediante el reconocimiento de su capacidad de acción y sus reivindicaciones de derechos y libertadi. No obstante, si los hombres ven el empoderamiento económico de las mujeres y el aumento de sus propiedades como una amenaza al poder masculino, pueden tomar represalias perpetrando actos de violencia, tanto dentro como fuera del hogari, ii.
En varios estados de la India, las mujeres que poseían tierras declararon que la propiedad de tierras y bienes había reducido los abusos verbales, físicos y sexuales que sufríani, iii, iv. Las mujeres sin tierras también declararon que sufrirían menos violencia si poseyeran tierras. Muchas mujeres afirmaron que la propiedad de la tierra redujo la dependencia y los sentimientos de malestar e indignidad, y las ayudó a hacerse escuchar y a ser aceptadas por sus propias familias y las de sus cónyugesi.
Sin embargo, las percepciones de los hombres eran dispares: algunos afirmaban que el derecho de las mujeres sobre la tierra les permitiría gestionar mejor el hogar y mejorar la nutrición, mientras que otros aseguraban que las mujeres a las que se les otorgaran tierras se volverían egoístas y crearían problemas en el hogar. Tanto los hombres como las mujeres se quejaron de la mala calidad de las tierras que el Gobierno entregaba a las mujeres, pero señalaron que la propiedad de la tierra había propiciado una mayor movilidad y aumentado la sensibilización de las mujeres en el último decenio. No obstante, se detectaron factores estructurales y ecológicos restrictivos, como la escasa información sobre los procesos de administración de tierras e ingresos, los servicios de administración de rentas integrados únicamente por personal masculino y las instituciones exclusivamente masculinas (por ejemplo, los órganos de gobierno de las aldeas)i.
En Nicaragua y la República Unida de Tanzanía, la propiedad de tierras por parte de las mujeres se relacionó significativamente con niveles más bajos de poder de sus parejas, lo que se tradujo en una disminución de la violencia física y psicológicav. Las mujeres afirmaron que ser propietarias de tierras reforzaba su capacidad para hacer frente a sus propias necesidades con independencia de sus cónyuges, lo que permitía desmantelar las estructuras socioculturales de poder masculino. Pese a ello, un análisis de la propiedad única o conjunta de la tierra por parte de las mujeres y de la experiencia de violencia doméstica a partir de 28 encuestas demográficas y de salud no encontró pruebas concluyentes sobre esta relaciónii.
Para proteger a las mujeres de la violencia de género también es crucial que conozcan sus derechos de propiedad y cuenten con el apoyo de las instituciones, lo que abarca también las normas sociales y las leyes que rigen la propiedad de la tierravi. Los particulares, el sector privado, el gobierno u otras partes interesadas pueden utilizar la violencia de género como táctica coercitiva en el acaparamiento de tierrasvi, vii. Las mujeres también pueden verse obligadas a comerciar con sexo para tener acceso a la tierra o para resolver cuestiones relacionadas con ella. En Sierra Leona, por ejemplo, el 8 % de las mujeres y el 5 % de los hombres declararon que se les habían pedido favores sexuales para resolver cuestiones relacionadas con la tierra o que conocían a alguien a quien se le había solicitado ese tipo de favoresvi, viii.
La falta de acceso al agua y la incapacidad de beneficiarse de este recurso de forma asequible, adecuada, fiable y salubre aumentan los riesgos de violencia de género, ya que las mujeres y las niñas tienen dificultades para obtener de forma segura agua suficiente para su uso doméstico. Un examen mundial de las pruebas relacionadas con la violencia de género realizado en 2022 muestra que la violencia contra la mujer está relacionada con las normas de género que racionalizan la violencia, hacen que el agua y las tareas domésticas relacionadas sean responsabilidad exclusiva de las mujeres y limitan la capacidad de estas para pedir ayudaix. La inseguridad hídrica suele aumentar el riesgo de violencia sexual, mientras que el acceso al agua y la disponibilidad insuficiente de agua en el hogar pueden conducir a la violencia física, perpetrada a menudo por la pareja.
La importancia de los derechos de la mujer sobre la tierra ha adquirido cada vez mayor reconocimiento en los principales procesos e instrumentos internacionales, incluidos los ODS y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional6, que fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2012. Las Directrices voluntarias incluyen la igualdad de género como uno de sus diez principios de aplicación, y destacan su importancia en todos los aspectos relacionados con la gobernanza de la tenencia de la tierra. En los ODS se reconoce que los derechos seguros sobre la tierra son fundamentales para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ODS 5) y para la eliminación de la pobreza (ODS 1), y se incluyen los tres indicadores independientes sobre la tierra que se citan a continuación: 1) en el indicador 5.a.1 se hace un seguimiento de los modelos de género respecto de la propiedad de la tierra o los derechos seguros entre las poblaciones agrícolas; 2) en el indicador 5.a.2 se evalúa el grado en que las leyes y políticas nacionales reconocen y protegen los derechos de la mujer sobre la tierra (véase el Recuadro 3.2); 3) en el indicador 1.4.2 se informa de las estadísticas de género relacionadas con la inseguridad de la tenencia de la tierra7.
El indicador 5.a.2i de los ODS está definido como “Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras”. Este indicador no se limita a las poblaciones o terrenos agrícolas y se mide utilizando los seis criterios siguientes:
Los criterios se han extraído del derecho internacional y de las buenas prácticas aceptadas en el ámbito internacional, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujerii y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacionaliii.
Se considera que los criterios D y F se cumplen cuando la ley prescribe recursos o cuotas o, en ausencia de tales disposiciones, cuando las estadísticas nacionales oficiales reflejan que al menos el 40 % de las personas con derechos de propiedad o derechos seguros sobre la tierra son mujeres. Esta situación se da en siete países: Camboya, Etiopía, Georgia, Hungría, Lituania, Rwanda y Suecia.
El criterio E no es aplicable en el derecho interno de 28 países, sobre todo en Europa y Asia occidental. El criterio E no es aplicable cuando el derecho consuetudinario, las tierras consuetudinarias o las instituciones consuetudinarias no están reconocidos por ley, aunque, en la práctica, en algunos países puedan afectar a los acuerdos de tenencia de la tierra.
Los países no empezaron a informar sobre el indicador 5.a.2 de los ODS hasta 2019 debido a que la metodología y las normas aceptadas en el ámbito internacional para la recopilación de datos no se acordaron hasta noviembre de 2017. A fecha de marzo de 2023, 68 países de todas las regiones, niveles de desarrollo y ordenamientos jurídicos, y que representan distintos contextos religiosos y culturales, habían presentado informes sobre el indicador 5.a.2 de los ODS, y el Pakistán era el único país que lo había hecho dos veces.
La protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la tierra es escasa en 34 de los 68 países que han presentado informes sobre el indicador 5.a.2 (Cuadro 3.1). En esos países están presentes, como máximo, dos de los cinco o seis criterios utilizados para medir el indicador 5.a.2. Sin embargo, 21 de los 68 países tienen niveles altos o muy altos de protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la tierra, con presencia de entre cuatro y seis criterios en la normativa. Como se destaca en el Recuadro 3.2, siete de estos 21 países obtienen una buena puntuación porque las estadísticas nacionales oficiales reflejan que al menos el 40 % de las personas con derechos de propiedad o derechos seguros sobre la tierra son mujeres.
En cada región existe gran variación en el número de criterios presentes en el ámbito nacional (Figura 3.1). En todas las regiones existen buenos ejemplos de gobiernos que han adoptado reformas jurídicas y en materia de políticas para promover los derechos de las mujeres sobre la tierra. No obstante, a menudo es necesario intensificar los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos de las mujeres sobre la tierra, incluso en los países con niveles altos o muy altos de protección de dichos derechos.
La mayoría de los países que han presentado informes obtiene buenos resultados en las esferas de bienes gananciales (criterio B)9 y sucesiones (criterio C) (Figura 3.2), pero se han aprobado pocas reformas jurídicas en estas esferas desde 201010. En el 60 % de los países, uno de los cónyuges no puede disponer de la tierra o de los bienes considerados gananciales sin el consentimiento del otro. El 57 % de los países que han presentado informes apoya la igualdad de derechos sucesorios para todos los hijos y el cónyuge supérstite, independientemente del sexo. En el 43 % de los países, las mujeres y las niñas no gozan del reconocimiento total o parcial de sus derechos de sucesión, esos derechos no son iguales a los de los hombres, o bien se aplican tan solo a determinados grupos11. Esto suele deberse a que las leyes religiosas o consuetudinarias influyen en el régimen sucesorio.
El registro conjunto de la propiedad (criterio A) está presente en 24 de los 68 países que han presentado informes. En la mayoría de esos países, las tierras de propiedad conjunta deben inscribirse en el registro y los certificados o títulos deben expedirse a nombre de ambos cónyuges. Kenya figura entre los países que han aprobado reformas de la tenencia de la tierra en los últimos 10 años para exigir el registro conjunto12. La titularidad conjunta obligatoria también ha sido un rasgo de los programas de asignación de tierras y de reforma agraria en varios países de América Latina, como el Estado Plurinacional de Bolivia13 y la República Dominicana14. Solo dos países de la muestra —Nepal15 y Tailandia16— fomentan el registro conjunto de la tierra mediante incentivos económicos.
De los 40 países que reconocen el derecho consuetudinario en su marco jurídico (criterio E), 21 velan por la igualdad de género con respecto a los derechos sobre la tierra. Por ejemplo, tanto en la constitución como en el derecho del suelo del Chad, el Ecuador, Kenya, Malawi, la República Unida de Tanzanía y Uganda se especifica de forma explícita que el derecho consuetudinario no puede contradecir los principios de no discriminación o de igualdad de género, con lo que se establecen límites claros para los responsables de aplicar la legislación vigente. En otros ordenamientos jurídicos, las protecciones pueden existir únicamente en el plano constitucional o en el derecho del suelo pertinente. La mayoría de estas reformas se ha introducido recientemente, sobre todo en el África subsahariana17.
Las medidas especiales18 de carácter provisional pueden respaldar la aplicación de las políticas y la legislación, y contribuir así a acelerar la igualdad de género en la práctica. En el último decenio se han aprobado cada vez más medidas de este tipo, sobre todo en el África subsahariana (a menudo como parte de un conjunto más amplio de reformas jurídicas) y en América Latina. También se encuentran en países con leyes matrimoniales y sucesorias poco eficaces, como el Chad, Liberia, Malawi, Malí y el Níger. 9 de los 16 países con el criterio D han aprobado disposiciones legales que asignan recursos financieros al fortalecimiento de la propiedad de la tierra por parte de las mujeres, mientras que 22 de los 28 países con el criterio F han establecido cuotas para la representación de las mujeres en las instituciones de gobernanza de la tierra. Aunque se han constatado progresos alentadores, pueden ser necesarias medidas adicionales para abordar la disparidad de género en otros ámbitos que podrían impedir la aplicación efectiva de estas medidas. En la mayoría de los estados de Etiopía, por ejemplo, se revocó el requisito que exigía el 30 % de participación femenina en los comités de adjudicación de tierras rurales porque numerosas mujeres rurales que habían sido nombradas miembros de esos comités no podían cumplir con sus obligaciones debido a incompatibilidades relacionadas con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas.
La falta de aplicación y observancia de los derechos amparados por la ley sigue siendo un obstáculo importante para el logro de la igualdad de género en los derechos sobre la tierra en la práctica, especialmente entre las poblaciones rurales y dependientes de la agricultura. Lamentablemente, a escala mundial, las estadísticas armonizadas y desglosadas por sexo relativas a los derechos sobre la tierra siguen siendo escasas, a pesar de los avances en la forma de recopilarlas y elaborarlas. La mayoría de los países no recopila datos sobre el indicador 5.a.1 de los ODS. Incluso cuando informan sobre este indicador, no todos los países siguen la metodología acordada, y pocos proporcionan información relativa a derechos múltiples sobre la tierra (véase el Recuadro 3.3).
Desde la publicación del informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-11 (SOFA 2010–11)i se han realizado mejoras significativas en la medición y el seguimiento de los derechos de hombres y mujeres sobre la tierra.
¿Quiénes son los titulares de los derechos sobre los que se informa, los productores agrícolas o los hombres y las mujeres a título individual? El informe SOFA 2010–11 presentó estadísticas sobre los productores agrícolas, definidos como “la persona o grupo de personas que ejercen el control de la gestión de una explotación agrícola”. No obstante, el concepto de productores agrícolas no capta la verdadera distribución de la propiedad de la tierra (u otros derechos) entre los miembros del hogar y por géneroii, iii, y se ha sustituido por un enfoque centrado en los derechos individuales de los hombres y las mujeres sobre la tierra.
¿Qué derechos deben medirse? Los derechos de las mujeres sobre la tierra se conceptualizan como un conjuntoiv, lo que pone de manifiesto el hecho de que las mujeres y los hombres pueden tener determinados derechos sobre una parcela de tierra concreta, pero carecen de otros. Los responsables de la administración de la tierra no siempre tienen derecho a venderla (derechos de enajenación) y, en algunos contextos, los hombres y las mujeres pueden declarar ser propietarios de la tierra, pero sin derecho a venderla o legarlav.
Se impulsaron innovaciones metodológicas en la formulación del indicador 5.a.1 de los ODS, que consta de dos subindicadores: a) proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. En la metodología para el indicador 5.a.1 de los ODS, los derechos de tenencia segura comprenden tanto la propiedad de la tierra como dos derechos clave de enajenación: el derecho de venta y el derecho a legar tierras agrícolas. No obstante, existen deficiencias importantes en la aplicación de la metodología, especialmente en lo que respecta a la forma en que se recopilan en las encuestas los datos relativos a los derechos sobre la tierra de quienes dependen de la agricultura para su subsistencia. Por ejemplo, para una gran proporción de países, las estimaciones del indicador 5.a.1 se basan en datos de las encuestas demográficas y de salud. Dichas encuestas únicamente recogen información comunicada por los encuestados sobre si poseen alguna tierra; con frecuencia no hacen un seguimiento con preguntas sobre el tipo de suelo que se posee (agrícola, residencial, etc.) ni sobre si los encuestados tienen derecho a enajenar la tierra mediante su venta o legado. En ellas también se entrevista a mujeres y hombres en edad reproductiva, por lo que es posible que no se incluyan datos sobre mujeres de más edad, cuyos derechos sobre la tierra pueden ser más inciertosvi.
Apenas cinco encuestas nacionales representativas han recopilado datos sobre derechos múltiples sobre la tierra, incluido el derecho a legar la tierra, como se indica en la metodología (Cuadro A). En la República Unida de Tanzanía, el porcentaje de hombres y mujeres en hogares agrícolas que disponen de documentación sobre la propiedad de la tierra es similar, y el equilibrio de género ha mejorado con el paso del tiempo. No obstante, en los demás países, la proporción de mujeres que tienen acceso a los documentos de propiedad es muy inferior a la de los hombres. En Malawi, donde la proporción de mujeres propietarias de tierras es muy amplia, la proporción de mujeres titulares de documentos que confirmen sus derechos sobre la tierra es inferior a la de los hombres. La brecha de género en los derechos documentados es particularmente notoria en Nigeria. La proporción de hombres y mujeres que declaran tener derechos de propiedad o enajenación y que disponen de documentos que avalan los derechos que reivindican sobre la tierra es muy baja en todos los países, excepto en Camboya y Etiopía.
En los casos en que se cuenta con información disponible, las mujeres de los hogares agrícolas siguen estando en una situación de considerable desventaja en cuanto a la propiedad de la tierra. En más del 30 % de los 46 países que han informado sobre el indicador 5.a.1 de los ODS, el porcentaje de hombres que tienen derechos de propiedad o de tenencia segura sobre la tierra duplica al de las mujeres (Figura 3.3). Estos datos se refieren de manera específica a los hogares agrícolas. Asimismo, en casi todos los países (40 de 46), el porcentaje de hombres con derechos de propiedad o de tenencia segura es superior al de las mujeres.
Proporción de mujeres y hombres en la población agrícola adulta con derechos de propiedad o derechos de tenencia segura de la tierra. Los puntos que pueden verse sobre la línea diagonal indican que el porcentaje de hombres propietarios de tierras es superior al de mujeres propietarias.
De acuerdo con la Figura 3.4, la proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas o titulares de derechos de tenencia segura oscila entre el 6,6 % del Pakistán (cifra de 2018) y el 57,8 % de Malawi (2020). En 14 países —la tercera parte de todos los que han presentado informes sobre el indicador 5.a.1 de los ODS—, al menos el 70 % de los propietarios de tierras o titulares de derechos de tenencia segura son hombres. Muchos de esos países se encuentran en África occidental, pero también hay ejemplos en el continente asiático (Pakistán) y en América Latina y el Caribe (Honduras y Perú). En 11 países se registró un predominio de mujeres propietarias de tierras agrícolas en la encuesta anual más reciente. Etiopía y Rwanda han hecho esfuerzos considerables para velar por una certificación de la tierra que tenga en cuenta las cuestiones de género y para sensibilizar acerca de los derechos de las mujeres sobre la tierra19. En Malawi, las líneas maternas de sucesión están bien afianzadas, lo que puede explicar la gran proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas.
Las investigaciones indican que las mujeres poseen más activos en los países que cuentan con regímenes jurídicos más igualitarios20, 21. Sin embargo, el vínculo entre los derechos legales de las mujeres sobre la tierra (indicador 5.a.2 de los ODS) y la propiedad de la tierra por parte de las productoras agrícolas no es sólido, según se desprende de las encuestas (indicador 5.a.1 de los ODS). Un mayor apoyo a los derechos legales de las mujeres sobre la tierra se asocia con menores brechas de género, si bien dicha asociación no es significativa en términos estadísticos. Algunos países cuentan con una sólida protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la tierra, pero su aplicación se demora y las encuestas revelan importantes desigualdades de género en los derechos sobre la tierra22. En otros (por ejemplo, en Myanmar), las encuestas sugieren igualdad en la propiedad de la tierra entre los productores agrícolas, a pesar de que en el indicador 5.a.2 de los ODS se informó de la escasa protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la tierra.
Durante el último decenio, la proporción de mujeres entre los propietarios de tierras ha aumentado en 10 de los 18 países para los que se dispone de datos longitudinales (Figura 3.5). El aumento de la proporción de mujeres propietarias de tierras en la India, Nepal, Nigeria y la República Unida de Tanzanía es considerable. En los demás países este aumento es bastante reducido, debido en parte a que el cambio se midió en un período muy corto o a que, en países como Camboya y Rwanda, la proporción de mujeres propietarias de tierras ya era relativamente elevada desde el principio. En tres países —Burkina Faso, Indonesia y el Perú— no se ha producido ningún avance notable. La proporción de mujeres propietarias de tierras ha disminuido en cinco países.
Las investigaciones indican que las mujeres poseen más activos en los países que cuentan con regímenes jurídicos más igualitarios20, 21. Sin embargo, el vínculo entre los derechos legales de las mujeres sobre la tierra (indicador 5.a.2 de los ODS) y la propiedad de la tierra por parte de las productoras agrícolas no es sólido, según se desprende de las encuestas (indicador 5.a.1 de los ODS). Un mayor apoyo a los derechos legales de las mujeres sobre la tierra se asocia con menores brechas de género, si bien dicha asociación no es significativa en términos estadísticos. Algunos países cuentan con una sólida protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la tierra, pero su aplicación se demora y las encuestas revelan importantes desigualdades de género en los derechos sobre la tierra22. En otros (por ejemplo, en Myanmar), las encuestas sugieren igualdad en la propiedad de la tierra entre los productores agrícolas, a pesar de que en el indicador 5.a.2 de los ODS se informó de la escasa protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la tierra.
Durante el último decenio, la proporción de mujeres entre los propietarios de tierras ha aumentado en 10 de los 18 países para los que se dispone de datos longitudinales (Figura 3.5). El aumento de la proporción de mujeres propietarias de tierras en la India, Nepal, Nigeria y la República Unida de Tanzanía es considerable. En los demás países este aumento es bastante reducido, debido en parte a que el cambio se midió en un período muy corto o a que, en países como Camboya y Rwanda, la proporción de mujeres propietarias de tierras ya era relativamente elevada desde el principio. En tres países —Burkina Faso, Indonesia y el Perú— no se ha producido ningún avance notable. La proporción de mujeres propietarias de tierras ha disminuido en cinco países.
La propiedad declarada no proporciona necesariamente una indicación clara de la seguridad de la tenencia. Según los datos de 70 países de ingreso mediano y de ingreso bajo23, uno de cada cinco hombres y mujeres de todo el mundo afirma que los derechos sobre la tenencia de su propiedad principal, que suele ser su hogar, no son seguros. Asimismo, una proporción similar califica de insegura la tenencia de una propiedad adicional que se utiliza específicamente para fines agrícolas. Es mucho más probable que a las mujeres les preocupe perder su propiedad en caso de divorcio o deceso del cónyuge: casi el 22 % de las mujeres afirman estar preocupadas por la posible pérdida de su propiedad principal y las tierras adyacentes, en comparación con el 17 % de los hombres, y alrededor del 25 % de las mujeres califican de insegura la tenencia de otra propiedad agrícola, en comparación con el 15 % de los hombres. Además, las mujeres del medio rural tienen muchas más probabilidades que las que viven en zonas urbanas de preocuparse por perder su vivienda y tierras adyacentes en caso de divorcio o deceso del cónyuge. Entre los hombres, la inseguridad disminuye con la edad, pero no sucede lo mismo entre las mujeres. Las mujeres con mayor nivel educativo tienen menos probabilidades de informar sobre inseguridad en la tenencia, quizá porque podrían ser más conscientes de sus derechos de tenencia.
La salud y el bienestar de las personas dependen de su acceso al agua limpia, el saneamiento y la higiene (ODS 6), pero el acceso a los servicios de agua potable sigue siendo deficiente en las zonas rurales de los países de ingresos bajo y los de ingreso mediano. Aunque a escala mundial los hombres tienen las mismas probabilidades que las mujeres de sufrir inseguridad hídrica24, 25, las mujeres son más conscientes de todas las actividades diarias que se llevan a cabo para mantener el suministro de agua en el hogar26, y esta sigue siendo una fuente importante de desigualdades. La inseguridad hídrica tiene efectos directos sobre la salud y la nutrición de todos los miembros de la familia; los niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores son especialmente vulnerables a la inseguridad hídrica debido a sus distintas necesidades y dependencias. Las mujeres y las niñas asumen de forma desproporcionada la responsabilidad de recolectar agua debido a las normas de género imperantes y a la división del trabajo en función del género (véase el Capítulo 2), pero, a menudo, la recolección del agua las expone a la violencia de género27 (Recuadro 3.2).
El agua es un recurso esencial para la producción agrícola y para otras esferas de los sistemas agroalimentarios, como la elaboración, el comercio, la venta al por menor y el consumo. El acceso al agua y su uso en los sistemas agroalimentarios están fuertemente condicionados por el género y convergen con otras formas de diferenciación social como la clase, la edad y el origen étnico28, 29. Las desigualdades de género en el acceso y la gestión de los recursos hídricos tienen amplias repercusiones en la educación de las niñas30, los medios de vida31 y el empoderamiento32 de las mujeres y la salud y la nutrición de sus familias33, 34.
En los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, los derechos sobre la tierra y el agua para la agricultura están estrechamente relacionados35. Las desigualdades de género en los derechos sobre la tierra pueden afectar a los derechos de las mujeres al agua36 y los derechos a la tecnología de riego37. Si bien en muchas regiones los países se basan en grupos de usuarios del agua y en la participación de las comunidades para gestionar los recursos hídricos, en esos grupos participan menos mujeres que hombres, y el porcentaje de participación de las mujeres en ellos sigue siendo escasa (Figura 3.6). La afiliación a asociaciones de usuarios del agua puede estar restringida a los propietarios de tierras y, por lo tanto, limitar la participación de las mujeres36, 38.
En el plano nacional, pocos países han desarrollado políticas en materia de recursos hídricos que apliquen enfoques con perspectiva de género. En 2020, solo 44 de los 170 países que facilitaron datos sobre el cumplimiento del ODS 6 (agua limpia y saneamiento) trabajaron de manera activa en la integración de la transversalidad de género en la gestión de los recursos hídricos, mientras que solo 47 de 104 cuentan con políticas específicas para facilitar la participación de las mujeres en la gestión hídrica39.
Las barreras de género en el acceso al agua para fines productivos también guardan una relación estrecha con cuestiones de gobernanza y con quién tiene voz en las instituciones encargadas de los recursos hídricos. A escala mundial, la participación de las mujeres en la gestión integrada y la gobernanza de los recursos hídricos (es decir, las mujeres representadas oficialmente o consultadas con regularidad en estos procesos) solo tiene lugar a un nivel elevado en el 22 % de los países (Figura 3.6)39.
Los datos sobre el acceso de las mujeres al riego son limitados, y los datos disponibles no ofrecen una imagen clara de los patrones de género en el acceso al riego. En un análisis reciente de las brechas de género en la productividad agrícola40 se constató que las explotaciones administradas por mujeres tienen menos probabilidades de ser regadas que las administradas por hombres o conjuntamente en Etiopía y Guatemala, pero más probabilidades de ser regadas en Camboya y el Perú. En Uganda no se observaron brechas de género en el acceso al riego, pero menos del 2 % de todas las explotaciones encuestadas eran de regadío. Una muestra de cinco países del África subsahariana con datos de series cronológicas indica que los hogares cuyo cabeza de familia es una mujer están en desventaja en el acceso al riego cuando este está más extendido, como en los casos de Etiopía y Malawi41. En general, pocas explotaciones utilizan el riego en estos países (Figura 3.7), y no se han registrado variaciones significativas en las brechas de género en los últimos años.
Existen desigualdades claras de género, que se hacen evidentes con respecto a la toma de decisiones sobre la tecnología de riego. Un estudio cualitativo sobre Kenya y la República Unida de Tanzanía reveló que las mujeres compraban menos del 10 % de las bombas de riego y que los hombres tomaban la mayoría de las decisiones importantes sobre la elección de cultivos y el uso de los ingresos procedentes de los cultivos de riego42. Asimismo, en Sri Lanka los hombres dominaban la toma de decisiones relacionadas con el riego43, y en Etiopía, Ghana y la República Unida de Tanzanía las tecnologías de riego mecanizado se aplicaban con mayor frecuencia en las parcelas administradas por hombres, mientras que las mujeres casadas que formaban parte de hogares encabezados por hombres rara vez las utilizaban en las parcelas que administraban37.
El cambio climático y la degradación ambiental, que provocan la escasez de agua, también tienen diversas repercusiones sobre las mujeres y grupos étnicos concretos. Por ejemplo, en Burkina Faso se observó que las funciones y normas relacionadas con el género influían en la vulnerabilidad de las mujeres durante la estación seca, al igual que las diferencias étnicas en el uso de los recursos hídricos44.
El estrés por falta de agua puede acelerar la emigración rural y provocar cambios en las relaciones de género y en las dinámicas de poder con respecto al agua en el hogar y la comunidad. En Tayikistán, por ejemplo, las mujeres cuyos maridos habían emigrado experimentaron un aumento considerable de la demanda de su mano de obra, lo que les dejó menos tiempo para participar en grupos de agricultura y de usuarios del agua45. En Nepal, las mujeres que tenían que gestionar el riego de las explotaciones agrícolas tras la emigración de sus cónyuges informaron de mayores dificultades para alquilar equipos de bombeo y pozos entubados, ya que no disponían de las redes sociales necesarias y se sentían incómodas negociando con los propietarios de los pozos46. La creciente presión sobre las fuentes de agua, provocada por el cambio climático y la contaminación, también puede aumentar la incidencia de conflictos aislados y a mayor escala por los recursos hídricos y obstaculizar aún más el programa de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (véase el Capítulo 5).
La propiedad del ganado es importante para reducir la pobreza entre las mujeres47. También contribuye a aumentar la resiliencia de los hogares al cambio climático y las perturbaciones asociadas48, 49. Las mujeres que gozan de acceso y control sobre el ganado poseen una mayor capacidad para mejorar la salud, la educación y la seguridad alimentaria de sus hogares50, 51, 52. No obstante, siguen estando en desventaja en cuanto a la propiedad del ganado. Los hogares encabezados por hombres poseían más ganado (medido en unidades ganaderas tropicales)53 que los hogares encabezados por mujeres en ocho de cada diez países para los que se dispone de datos a lo largo del tiempo (Figura 3.8). Estas brechas han aumentado en cuatro países, a saber, Etiopía, Georgia, Malí y el Perú.
Las diferencias en la propiedad del ganado entre los hogares encabezados por mujeres y los encabezados por hombres difieren en función de las especies de ganado. Las brechas de género tienden a ser más uniformes en la propiedad de los grandes rumiantes, si bien también existen brechas en la propiedad de los pequeños rumiantes y las aves de corral (Figura 3.9). Las diferencias en la propiedad de los grandes rumiantes no parecen reducirse con el tiempo, y han aumentado en varios países, como Georgia, Malí y el Perú. En cambio, se han reducido o colmado en el Ecuador y Guatemala, donde las brechas iniciales eran pequeñas.
La tendencia de las brechas de género en cuanto a la propiedad de las aves de corral no queda tan clara: en cuatro de cada diez países se han reducido, y en uno (a saber, Malawi) se han invertido a favor de los hogares encabezados por mujeres según los datos de la encuesta más reciente disponible. En cambio, en los otros cinco países, o bien no se han producido cambios en la brecha relativa a la propiedad de las aves de corral entre los hogares encabezados por mujeres y los encabezados por hombres, o bien la brecha se está ensanchando.
Apenas seis países han recopilado datos individuales sobre la propiedad y las responsabilidades en relación con diversas especies de ganado54. Todos ellos se encuentran en África y forman parte de la iniciativa del Estudio de medición de los niveles de vida – Encuestas agropecuarias integradas (LSMS-ISA)55. En la Figura 3.10 se muestra la proporción de mujeres propietarias de diferentes tipos de ganado sobre el total de mujeres en hogares agrícolas y la proporción de hombres propietarios de ganado sobre el total de hombres en hogares agrícolas. Las brechas individuales de género en la propiedad del ganado son menos claras que las diferencias entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres56.
La proporción de mujeres propietarias de aves de corral es superior a la de hombres (Figura 3.10). En el Níger existía una brecha de género a favor de los hombres en 2011, pero casi se había cerrado en 2014, fecha más reciente para la que se dispone de datos. En Etiopía, la proporción de mujeres que poseían aves de corral era considerablemente mayor a la de hombres en 2013, pero en 2019 la brecha de género a favor de las mujeres había desaparecido. En cambio, la brecha a favor de las mujeres aumentó en Malawi, Uganda y la República Unida de Tanzanía. En su conjunto, esos datos sugieren que las brechas de género en la propiedad del ganado son menos pronunciadas que las brechas de género en el número de animales en propiedad.
Los estudios de casos de los países reflejan con gran claridad la existencia de diferencias significativas en los tipos de ganado que poseen las mujeres y los hombres y en las decisiones que controlan57. Aunque se aprecian variaciones en función de cada contexto, en general las mujeres tienen más probabilidades de poseer ganado de menor tamaño y aves de corral que ganado vacuno y ganado de mayor tamaño58, 59, así como más probabilidades de criar razas locales60.
Además, se han notificado importantes brechas de género en los ingresos derivados de la venta de ganado59, 61, aunque esto varía en función de la especie, el producto y el nivel de comercialización. La intensificación y el aumento de la orientación comercial de la producción ganadera pueden modificar la distribución tradicional de derechos y responsabilidades y provocar que las mujeres pierdan el control sobre las especies ganaderas y los productos que controlaban62. En un estudio sobre pequeños productores realizado en Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzanía, la mayor rentabilidad del ganado y los productos pecuarios se asoció con un menor control de los ingresos por parte de las mujeres63.
Los estudios de casos también reflejan brechas de género en el acceso a los recursos asociados necesarios para la producción ganadera57, 64. Las mujeres tienen menos acceso que los hombres a la tierra y los pastos65, 66, la hierba y el forraje67, el agua68, los créditos69, la tecnología, la información y los servicios veterinarios y productos tales como las vacunas70, 71.
El acceso a las tecnologías agrícolas y de los sistemas agroalimentarios es crucial para aumentar la productividad agrícola y facilitar la participación de los agricultores en cadenas y nodos de valor más alto y en mercados más rentables, así como para adaptarse a los efectos del cambio climático1. Los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de adoptar nuevas tecnologías cuando se establecen los factores propicios necesarios y tienen igual acceso a los recursos productivos72. No obstante, las mujeres agricultoras tienen un acceso significativamente menor que los hombres a insumos como semillas mejoradas, fertilizantes, servicios de extensión y capacitación, créditos y equipos mecanizados1. En una revisión sistemática se señalaron 53 estudios que reflejaban la existencia de brechas de género en el acceso a los recursos agrícolas; de ellos, 25 relacionaban directamente el acceso limitado de las mujeres a los recursos con una menor productividad de las parcelas gestionadas por mujeres, las agricultoras o los hogares encabezados por mujeres en comparación con sus homólogos masculinos73, en consonancia con lo expuesto en el Capítulo 2.
A medida que aumenta el empleo femenino en actividades no agrícolas se hacen más evidentes las brechas en las tecnologías pertinentes para los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios. Por ejemplo, se calcula que, en Zambia, las pérdidas físicas posteriores a la captura que sufren las elaboradoras de productos pesqueros son tres veces mayores que las de sus homólogos masculinos, en gran parte porque las mujeres carecen de acceso a las tecnologías de elaboración74.
En los países para los que se dispone de datos, las brechas de género en el acceso a semillas mejoradas y fertilizantes inorgánicos han fluctuado a lo largo del tiempo y entre países, con pocos indicios de que las brechas se estén colmando (Figura 3.11). En Uganda, la reducción de la brecha en el acceso a semillas mejoradas se debe principalmente a que en 2014 había menos explotaciones agrícolas encabezadas por hombres que utilizaban semillas mejoradas en comparación con 2010. La situación es similar en el Ecuador en lo relativo al uso de fertilizantes inorgánicos.
El uso de la mecanización en pequeña escala en los sistemas de pequeños agricultores va en aumento en varias regiones del mundo, entre ellas Asia meridional y el África subsahariana75, 76. La expansión de la mecanización puede impulsar cambios sustanciales en la agricultura y los sistemas agroalimentarios, que comprenden el tipo y la calidad del trabajo realizado por hombres y mujeres77. Los cambios concretos dependen del tipo de tecnología, de la división tradicional del trabajo en función del género y de qué mano de obra y qué ingresos se ven afectados78. Aunque la mecanización puede ampliar la escala de la producción agrícola y, en consecuencia, aumentar los ingresos de los agricultores79, también puede sustituir directamente a la mano de obra80. Por ejemplo, las sembradoras directas, las escardadoras eléctricas, las cosechadoras y las trilladoras pueden mecanizar tareas que antes realizaban las mujeres81. En la India, un aumento del 10 % en el cultivo mecanizado entre 1999 y 2011 condujo a una reducción del 5 % de la mano de obra agrícola femenina, sin que se produjera un aumento en el trabajo no agrícola debido a las limitadas oportunidades que tenían las mujeres fuera de la explotación82. Así pues, aunque la mecanización puede generar importantes beneficios para quienes se dedican a la agricultura, incluidas las mujeres, también puede tener consecuencias negativas significativas para los medios de vida de grupos específicos, como las mujeres de entornos sumidos en situación de pobreza extrema, las mujeres sin tierras, las viudas y las mujeres que son cabeza de familia83, 84.
De manera inversa, la mecanización también puede dotar de medios a las mujeres, ya que puede reducir su dependencia de los hombres para la mano de obra y permitirles dedicarse a la producción de cultivos “masculinos” y a otras actividades tradicionalmente masculinas75, 85, además de contribuir a reducir las tareas más fatigosas, que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres86. Un estudio realizado en África austral demostró que la mecanización de la preparación del suelo, que realizan principalmente los hombres, también redujo la necesidad de quitar las malas hierbas, una laboriosa tarea que suelen llevar a cabo las mujeres en las pequeñas explotaciones86. La consiguiente reducción del tiempo dedicado a la explotación permitió a las mujeres destinar más tiempo a actividades de cuidados familiares y propios, si bien esto no se asoció con un aumento de la oferta de trabajo remunerado86.
A pesar de los posibles beneficios que la mecanización reporta a la pequeña agricultura, las agricultoras siguen estando por detrás de los agricultores en cuanto al acceso y uso de la mecanización. En un examen reciente de los datos de seis países se constató que las explotaciones administradas por mujeres utilizaban menos maquinaria agrícola que las administradas por hombres o conjuntamente en cinco de los seis países; la única excepción fue el Perú, donde la diferencia no resultó estadísticamente significativa40. Los hogares encabezados por mujeres tienen muchas menos probabilidades de poseer equipos mecanizados que los encabezados por hombres (Figura 3.12). Entre los ocho países para los que se dispone de datos a lo largo del tiempo en el Sistema de información sobre medios de vida rurales de la FAO, la brecha de género en la mecanización ha aumentado o se ha mantenido sin cambios, excepto en el Ecuador. Entre las razones que explican el menor uso de la mecanización por parte de las mujeres se incluyen los obstáculos para acceder al capital y a los insumos y servicios complementarios, los niveles más bajos de alfabetización, la accesibilidad física y, en determinados contextos, las normas socioculturales con sesgo de género87, 88.
Las mujeres también suelen tener menos oportunidades de recibir información sobre tecnologías agrícolas mejoradas, lo que a su vez afecta a su capacidad para adoptarlas y utilizarlas89. Un estudio realizado en Ghana demostró que, mientras que los hombres recibían capacitación sobre nuevas tecnologías agrícolas impartida directamente por el personal de extensión y se convertían en los primeros en adoptarlas, las mujeres recibían información sobre estas tecnologías a través de sus cónyuges, lo que retrasaba su adopción90.
Un obstáculo importante para las mujeres es que la maquinaria y los aperos siguen diseñándose principalmente pensando en los agricultores y los trabajadores varones, incluidas sus características ergonómicas. Según un estudio realizado en Etiopía, Ghana y la República Unida de Tanzanía, las mujeres no solían utilizar bombas a motor debido a su complejidad tecnológica, la fuerza física necesaria para manejarlas y las dificultades para contratar y supervisar mano de obra91. Por lo que respecta a la producción comercial de patatas en el Estado Plurinacional de Bolivia, aunque la clasificación de las patatas es una tarea predominantemente femenina, las mujeres no participaron en la evaluación de una máquina que automatizaba parte del proceso; en consecuencia, no se adoptó porque las mujeres la consideraban difícil de manejar92. Un método de evaluación participativa para evaluar la adopción de molinería portátil en Bangladesh puso de relieve la importancia de implicar a las mujeres en las sesiones de capacitación93.
Datos recientes apuntan también a la influencia de los procesos de toma de decisiones en el seno del hogar en relación con la adopción de nuevas tecnologías por parte de hombres y mujeres91, 94. Ello incluye decisiones sobre cómo se utilizará una tecnología y quién se beneficiará de ella en el hogar, lo que refleja los diferentes intereses de los hombres y las mujeres del hogar. En Etiopía, las mujeres preferían las bombas de agua a energía solar frente a las impulsadas por motores de combustión interna, ya que estas últimas les hacían perder más tiempo, mientras que consideraban que las primeras reducían el trabajo doméstico y en el campo y contribuían a mantener los cultivos domésticos91.
La adopción de la mecanización en los segmentos no agrícolas de los sistemas agroalimentarios está muy influida por el predominio masculino en la propiedad y la administración de los agronegocios en la mayoría de los países. Los propietarios y administradores varones pueden tener incentivos limitados para adoptar tecnologías que no aumenten directamente la eficiencia y la productividad, incluso si dichas tecnologías mejoran las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores que se dedican a la elaboración, la mayoría de los cuales son mujeres92. Sigue habiendo lagunas de conocimiento sobre las relaciones entre la mecanización, las relaciones de género y el bienestar de las mujeres a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria.
Las mujeres siguen estando gravemente desatendidas por los servicios de extensión y asesoría en todo el mundo95, 96, 97. Una proporción menor de hogares encabezados por mujeres que de hogares encabezados por hombres recibió apoyo mediante servicios de extensión en cuatro de los seis países con datos disponibles para varios años, con pocas mejoras en los últimos años (Figura 3.13). En un estudio realizado en Etiopía se puso de manifiesto que tanto las mujeres que son cabeza de familia como las administradoras de parcelas tienen un 10 % menos de probabilidades de beneficiarse de estos servicios que sus homólogos masculinos98.
Las mujeres de los hogares encabezados por hombres también están en desventaja en el acceso a los servicios de extensión, pero los datos a escala personal no se recogen de forma rutinaria en las encuestas por hogares. Los datos procedentes de Siria reflejaron que las mujeres, especialmente las jóvenes, tenían un acceso limitado a las semillas mejoradas y la información a pesar de que desempeñaban funciones importantes en las prácticas de cultivo en todo el sistema alimentario99. Del mismo modo, en todos los países en desarrollo, las trabajadoras están expuestas a importantes problemas de salud debido a que carecen de información acerca de los plaguicidas utilizados y los peligros que conllevan, aun cuando constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en las explotaciones y plantaciones comerciales100, 101.
La percepción estereotipada de las mujeres como cuidadoras o ayudantes puede dar lugar a que los servicios de extensión y asesoría agrícola se presten preferentemente a los hombres que son cabezas de familia, al ser considerados los principales agricultores102. En algunos contextos conservadores, las normas sociales imperantes hacen que los oficiales responsables de los servicios de extensión se relacionen únicamente con agricultores varones99; a su vez, los oficiales de extensión suelen ser varones en la mayoría de las regiones, como en el caso de Asia sudoriental103. En el Pakistán se constató que el acceso de las mujeres a los servicios de extensión no se consideraba prioritario en un contexto de predominio masculino en la fuerza de trabajo de extensión104. La capacidad de las mujeres para asistir y beneficiarse de las sesiones de capacitación o de las parcelas de demostración puede verse limitada por varios factores, como las normas sociales en torno a la movilidad, los niveles de alfabetización, la carga de trabajo o las dinámicas de poder asimétricas105. Del mismo modo, en algunos programas gubernamentales de extensión se puede exigir que los beneficiarios sean propietarios o administradores de determinados activos (por ejemplo, estanques piscícolas o tierras), lo que puede resultar discriminatorio para las mujeres106.
Las redes y el capital social son fundamentales para el intercambio de información, la innovación agrícola, la adopción de tecnología, la distribución de recursos y la acción colectiva1. Se ha demostrado que un mayor acceso de las mujeres a las redes y al capital social aumenta el rendimiento de los cultivos107, produce una mayor demanda de tecnologías incipientes e innovadoras108 y facilita el acceso a la información y a fuentes de información diversificadas109, 110. La mejora de la paridad de género en la pertenencia y la participación en los grupos se asocia a una reducción de los conflictos, un aumento de la colaboración y una mejora de las prácticas de gobernanza, los conocimientos colectivos y los beneficios111.
No obstante, las mujeres siguen obteniendo menos información de sus redes, las cuales tienden a ser más reducidas y menos influyentes que las de los hombres112. Las mujeres con escasos recursos pueden enfrentarse a más obstáculos para acceder al capital social, ya que unirse a grupos y participar en ellos requiere tiempo y, a menudo, el pago de tasas113. En todas las regiones en desarrollo, las tareas domésticas y las responsabilidades de cuidados se asignan tradicionalmente a las mujeres, lo que a menudo las confina en gran medida al entorno doméstico y les deja poco tiempo para unirse a grupos o participar en ellos109, 114, 115,116. Asimismo, los valores internos, las creencias o las limitaciones psicológicas impuestas (por ejemplo, la baja autoestima) también dificultan la capacidad de las mujeres para unirse a grupos y redes, participar activamente y expresar sus opiniones públicamente1, 117. Las restricciones institucionales en los mecanismos oficiales (por ejemplo, el requisito de identificación expedida por el gobierno y el pago de tasas) y los ámbitos informales (como los sesgos en favor de los hombres en las reuniones comunitarias) también limitan el grado en que las mujeres pueden unirse y participar en los grupos y beneficiarse plenamente de ellos118. Además, aunque las mujeres suelen participar en grupos de autoayuda social o económica dirigidos a ellas, el capital social y de liderazgo que adquieren en estos entornos exclusivamente femeninos no suele contribuir a que tengan una influencia significativa en entornos mixtos119.
En la sección que figura a continuación se explica con mayor detalle el uso que dan los servicios de asesoramiento a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que puede contribuir a solucionar algunos de los problemas que plantean los servicios tradicionales de extensión y asesoría. Las TIC pueden difundir de manera rápida y rentable la información agrícola para que llegue a zonas remotas en diversos formatos —grabaciones de sonido, archivos visuales y de texto— con el fin de responder a las necesidades de los agricultores en función de sus niveles de educación y alfabetización.
La cantidad y la calidad de las tecnologías digitales que tienen a su disposición los agricultores y otros agentes del sistema agroalimentario han avanzado de manera considerable desde la década de 1990, cuando empezaron a surgir las TIC modernas, como los teléfonos móviles, las computadoras personales y los servicios y aplicaciones basados en Internet120.
Las TIC tienen el potencial de aportar una amplia gama de beneficios económicos, ambientales y sociales al aumentar el acceso a los servicios en las zonas rurales, reducir los costos de las transacciones, optimizar el uso de los insumos y los recursos naturales y reforzar la resiliencia ante las perturbaciones y las crisis. No obstante, la difusión y el aumento exponenciales de las TIC para la agricultura que se han producido en los últimos años también pueden exacerbar las desigualdades existentes. La brecha digital entre los países desarrollados y en desarrollo y entre las zonas rurales y urbanas persiste y, en particular, las mujeres rurales son las que tienen menos probabilidades de tener acceso a las TIC o de utilizarlas. Esta situación también está estrechamente relacionada con las diferencias de género en el acceso a otras infraestructuras, en especial el suministro eléctrico. El género condiciona el acceso a la electricidad, y hombres y mujeres no están en pie de igualdad a la hora de determinar cómo se suministra la electricidad y quién se beneficia de su uso121. La pobreza energética en los hogares tiene amplias repercusiones negativas en el bienestar de las mujeres en términos de salud, utilización del tiempo, empleo y acceso a la información, los servicios y las tecnologías122.
El uso de Internet ha crecido enormemente en los últimos años: el número estimado de personas que lo utilizan aumentó hasta los 5 300 millones en 2022123, frente a los 2 400 millones estimados en 2011124. En 2022, el 63 % de las mujeres de todo el mundo utilizaba Internet, en comparación con el 69 % de los hombres (Figura 3.14)125. Las tasas de penetración de Internet entre hombres y mujeres se han incrementado en los últimos años, y la expresión de la brecha de género como porcentaje del acceso masculino a Internet se ha reducido.
África presenta la mayor brecha de género en el uso de Internet: un 25 % menos de mujeres que hombres utilizó Internet en 2022 (Figura 3.15), y la brecha se ha mantenido constante desde 2019. Las tasas de penetración de Internet para hombres y mujeres se incrementan con los ingresos y son considerablemente más elevadas en las zonas urbanas que en las rurales123.
Los teléfonos móviles representaron la gran mayoría de las conexiones de banda ancha en los países de ingreso bajo y los de ingreso mediano en 2022, según las estimaciones más recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones126. Los datos sobre la propiedad de teléfonos móviles127 recopilados desde 2017 en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano por la Asociación del Sistema global de comunicaciones móviles (GSMA) muestran que las tasas de propiedad de los teléfonos móviles se mantuvieron relativamente estables entre 2017 y 2021 tanto para las mujeres como para los hombres y que, aunque la brecha de género en la propiedad de teléfonos móviles se va reduciendo gradualmente con el tiempo, se situó en el 7 % en 2021, lo que significa que 372 millones de mujeres aún no poseían dispositivos de telefonía móvil128.
La brecha de género en la propiedad de teléfonos móviles difiere en función de las regiones. En 2020, los países de ingreso bajo y los de ingreso mediano de Asia meridional presentaban la mayor brecha de género, al tener las mujeres un 19 % menos de probabilidad de poseer un teléfono móvil, seguidos del África subsahariana (13 %) y del Cercano Oriente y África del Norte (9 %)128. Por el contrario, en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano de Europa y Asia central, la proporción de mujeres que poseían teléfono móvil era superior a la de hombres128.
Según los datos de la encuesta de consumidores de la GSMA de 2021, las mujeres del medio rural tienen menos probabilidades de poseer un teléfono móvil que sus homólogos masculinos129. De los 10 países de la encuesta (Figura 3.16), el Pakistán es el que presenta la mayor brecha de género rural en la propiedad de teléfonos móviles (35 %), mientras que la menor brecha es la registrada en México, con apenas un 2 %.
En la actualidad, el 60 % de las mujeres de los países de ingreso bajo y de ingreso mediano tiene acceso a Internet móvil, en comparación con el 44 % de 2017 (Figura 3.17)128. No obstante, desde la irrupción de la pandemia de COVID 19 en diciembre de 2019, la adopción del uso de Internet móvil por las mujeres aumentó con mayor lentitud que en el caso de los hombres. La brecha de género es más significativa en Asia meridional (44 %), seguida del África subsahariana (37 %), mientras que es menor en América Latina y el Caribe (1 %) y Asia oriental y el Pacífico (2 %).
Las brechas de género en el uso de Internet móvil en las zonas rurales son mayores que las brechas de género en la propiedad de teléfonos móviles en los 10 países que son objeto de la encuesta de la GSMA (Figura 3.18). Esto se debe principalmente a que en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano la población rural —en particular, las mujeres— tiene menos conocimiento de Internet móvil que la población urbana. Incluso en los casos en que los habitantes de las zonas rurales conocen el Internet móvil, se enfrentan a una serie de obstáculos que impiden su uso, como la escasa alfabetización y la falta de competencias digitales. Esos obstáculos tienden a afectar de forma desproporcionada a las mujeres y a las poblaciones rurales debido a las desigualdades estructurales y a las normas sociales, que a menudo provocan que las mujeres del medio rural tengan niveles educativos más bajos y menores ingresos128. Además, las personas que viven en zonas rurales escasamente pobladas, remotas o sin acceso a electricidad tienen menos probabilidades de acceder a una red de banda ancha móvil que las que viven en zonas urbanas. Entre las poblaciones rurales de los países que componen la muestra, Bangladesh y el Pakistán presentan las mayores brechas de género en el uso de Internet móvil (55 %), mientras que México registró la menor brecha (12 %).
El acceso a los servicios financieros —ahorro, crédito, seguros y pagos— aumenta la capacidad de las personas para buscar oportunidades económicas, aumentar sus ingresos, ahorrar y acumular activos y aumentar su resiliencia y su seguridad económica. También contribuye a mitigar las normas sociales discriminatorias (véase el Capítulo 6).
A escala mundial, las brechas de género en cuanto a la titularidad de las cuentas persisten, pero se están reduciendo. En las economías en desarrollo, la brecha de género en la titularidad de cuentas —que se había mantenido durante muchos años en torno a los 9 puntos porcentuales— se redujo a 6 puntos porcentuales en 2021 (el 74 % de los hombres son titulares, frente al 68 % de las mujeres)130. Las cuentas de dinero móvil están contribuyendo a colmar la brecha de género en el acceso a los servicios financieros130.
Entre las principales limitaciones que encuentran las mujeres para acceder a los productos y servicios financieros cabe citar la falta de recursos (por ejemplo, ingresos o activos) y las normas y las políticas sociales discriminatorias131. También es menos probable que las mujeres dispongan de los documentos de identidad necesarios para abrir una cuenta bancaria132, 133. La demanda de seguros es menor entre las mujeres que entre los hombres, y las mujeres tienden a suscribir coberturas por menor valor134, 135, 136, lo que se ha asociado a la desconfianza, la falta de cultura financiera y la exposición a riesgos específicos asociados al género134, 136.
La digitalización de los servicios financieros ofrece formas innovadoras de garantizar una inclusión financiera significativa. Las barreras de género, como la movilidad limitada o la desconfianza de las mujeres hacia las instituciones oficiales, podrían afrontarse mediante el uso de instrumentos digitales domésticos para mejorar la autonomía financiera y la privacidad de las mujeres137. El dinero móvil ha facilitado cambios en el comportamiento financiero de las mujeres y ha aumentado su independencia en ese ámbito; por consiguiente, ha contribuido al empoderamiento económico de las mujeres138, 139, 140. Por ejemplo, en un estudio comparado de varios países de Asia meridional y el África subsahariana se llegó a la conclusión de que la adopción del dinero móvil tiene repercusiones positivas para el empoderamiento económico de las mujeres en términos de participación en el ahorro y planificación presupuestaria141. De manera similar, en un estudio llevado a cabo en Kenya139 se demostró que el acceso al sistema keniano de dinero móvil M PESA sacó de la pobreza a más de 100 000 hogares, y su repercusión fue mayor en los hogares encabezados por mujeres que en los encabezados por hombres. También ha ayudado a unas 185 000 mujeres a emprender negocios y ha reducido la necesidad de que tengan varios empleos a tiempo parcial.
No obstante, las mujeres siguen teniendo menos acceso que los hombres a las cuentas de dinero móvil y haciendo un uso más restringido de los medios de pago digital entre los titulares de cuentas130. En 2021, el 8 % de las mujeres de todo el mundo era titular de una cuenta de dinero móvil, frente al 12 % de los hombres. La incidencia de titulares de cuentas de dinero móvil es más elevada en el África subsahariana (excluidos los países de ingreso alto), donde el 30 % de las mujeres y el 36 % de los hombres son titulares de este tipo de cuentas.
La protección social tiene un gran potencial para promover el empoderamiento económico de las mujeres y reducir las desigualdades de género, incluidas las que afectan al desarrollo del capital humano y al acceso a los ingresos y los activos y su controli (véase también el Capítulo 6).
La protección social es un instrumento esencial de gestión del riesgo para las mujeres y los hombres del medio rural. Los programas de protección social son muy eficaces para mejorar el bienestar de las familias en varios ámbitos, como aliviar las privaciones, ayudar a evitarlas, mejorar los medios de vida y las capacidades productivas y fomentar la inclusión y la igualdad socioeconómicasii, iii. No obstante, el grado en que estos programas se centran en el género puede diferir, y en gran medida no abordan las causas profundas de la desigualdad de género, como las normas y las relaciones de poderiv.
A escala mundial, el 26,5 % de las mujeres en edad de trabajar están protegidas por la legislación vigente gracias a sistemas integrales de protección social, en comparación con el 34,3 % de sus homólogos masculinosv. La menor protección legal de las mujeres se debe en gran medida a los mayores niveles de informalidad en la agricultura y otros sectores, así como a la menor participación en la mano de obra y al tipo de trabajo que realizan las mujeresv. Como se ha visto en el Capítulo 2, gran parte de las mujeres rurales que viven en hogares agrícolas contribuyen a las empresas familiares como mano de obra no remunerada y apenas reconocida. Cuando una mujer no posee tierras registradas a su nombre —como es el caso en muchos países— puede quedar excluida de los regímenes de seguridad social existentes para los agricultoresvi.
Las mujeres del medio rural pueden enfrentarse a obstáculos para acceder a las transferencias monetarias o a los derechos sobre obras públicas por falta de tiempo, pobreza o restricciones o normas que conducen a su discriminación y marginación o limitan su acceso a los recursos, incluido el transportevii. Todos los aspectos de los programas de protección social, incluidos la selección de beneficiarios, las condiciones impuestas y los mecanismos de pago y transferencia, pueden tener repercusiones en las relaciones de poder entre los géneros, la igualdad y el empoderamiento y el bienestar de las mujeresviii. La participación en programas de protección social también puede influir en la incidencia de la violencia de pareja (véase el apartado En primer plano 3.5).
Las mujeres son a menudo las beneficiarias previstas de los programas de protección social, ya sea como cabezas de familia, como personas que se enfrentan a riesgos específicos de género (por ejemplo, mujeres embarazadas y lactantes) o en su calidad de madres y cuidadoras. Esta última situación fundamentó la práctica de entregar dinero en efectivo directamente a las mujeres en los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina desde finales de la década de 1990iii, ix, x, xi. No obstante, este enfoque puede reforzar los estereotipos tradicionales de género que asignan más responsabilidades de cuidado a las mujeres, y también puede exacerbar su carga de trabajoxi. Asimismo, en los pocos estudios donde se analiza si el género del beneficiario es importante, se constatan escasas diferencias —o ninguna— en los efectos sobre el bienestar de las familias en función de si el efectivo se entrega a mujeres o a hombresxii, xiii, xiv, xv. El simple hecho de que los programas de transferencias monetarias condicionadas se orienten a las mujeres no mejora automáticamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeresxvi. Las mujeres pueden seguir teniendo dificultades para controlar el uso del dinero si tienen poco poder de negociación y autoridad, poca confianza o escasos conocimientos financieros y funcionalesxvi, xvii, xviii.
En general, debido a su función de madres o de cuidadoras principales, las mujeres son las responsables de cumplir las condiciones que imponen determinados programas de protección social para poder obtener las prestaciones establecidas; por ejemplo, llevar a sus hijos a revisiones médicas periódicas y asistir a cursos de formación sobre nutriciónxi. Aunque los datos sobre las repercusiones de las transferencias monetarias condicionadas en el bienestar de los hogares y los niños son mayoritariamente positivos, la imposición de condiciones para poder percibir las prestaciones puede tener efectos no deseados, como exacerbar la falta de tiempo de las mujeres, perpetuar el estereotipo de que los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico son responsabilidad de las mujeres, penalizar a los posibles beneficiarios si pierden el acceso a las prestaciones por incumplimiento, o desatender por completo las necesidades de las mujeresxix, xx, xxi.
Las mujeres pueden encontrarse con obstáculos a la hora de inscribirse en programas de protección social si los procedimientos empleados para determinar e inscribir a posibles beneficiarios de los programas no tienen en cuenta las cuestiones de género. Los mecanismos de inscripción y pago que obligan a los solicitantes a desplazarse lejos de sus hogares pueden limitar el acceso de las mujeres a esos programas debido a los costos que imponen en términos de tiempo y dinero. Otros obstáculos incluyen la exigencia de presentar documentos de identidad de los que las mujeres carecen más a menudo, el suministro de información escrita sobre los procesos de selección e inscripción que exigen un nivel de alfabetización superior al que posee la mayoría de las mujeres u otras limitaciones relacionadas con las normas culturalesxi. Si bien los pagos electrónicos pueden ser un mecanismo eficaz para aumentar la inclusión financiera de las mujeres, la expansión de los mecanismos digitales de prestación de protección social también puede excluir de forma desproporcionada a las mujeres rurales, ya que pueden tener menos probabilidades que los hombres rurales de poseer teléfonosxxii, como también se analiza en el presente capítulo.
En los últimos años se ha hecho cada vez más hincapié en combinar las intervenciones de protección social con servicios, recursos o actividades de carácter complementario. Estos programas suelen inscribirse en el marco de los denominados programas multidisciplinares de inclusión económicaxxiii. El enfoque de género es muy común en los programas de inclusión económica: el 88 % de los más de 200 programas de este tipo que fueron objeto de estudio por el Banco Mundial daba prioridad a las mujeres, y la mayoría se centraba en los medios de vida ruralesxxiii.
Los programas de inclusión económica comprenden diversas modalidades. Los programas Cash Plus —que complementan las transferencias de efectivo con otras intervenciones— pueden utilizarse para reforzar otros aspectos del bienestar, como la salud, la nutrición o la salud reproductivaxxiv, y pueden incluir elementos de carácter muy diverso, como la comunicación para el cambio de comportamiento, el fortalecimiento de las actividades productivas, el seguro médico, la inclusión financiera o el apoyo psicosocial.
La aplicación de un enfoque sensible a las cuestiones de género para vincular la protección social a otros servicios ofrece la posibilidad de mejorar la igualdad de género. Las transferencias pueden vincularse con la formación profesional y el apoyo al cuidado de los niños para mejorar la empleabilidad de las mujeres o con servicios que aumenten la producción agrícola y la generación de ingresos de las mujeres y sustenten el desarrollo empresarial y la diversificación de los medios de vidaxi. Por ejemplo, en dos de los mayores programas de obras públicas del mundo, el Programa de red de protección productiva de Etiopía y el Sistema Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi de la India, se dispone que hay que facilitar el servicio de guardería para los niños pequeños de las mujeres que participan en los programasi.
Si bien existe un amplio consenso sobre que las transferencias de recursos por sí solas no suelen bastar para empoderar a las mujeres, no hay certeza sobre qué elementos complementarios pueden impulsar eficazmente el empoderamiento de las mujeres y el cambio transformadorxxv. Hay varios ejemplos de repercusiones positivas en la generación de ingresos, el ahorro, los activos y el bienestar psicosocial de las mujeres a partir de programas de inclusión económica multidisciplinaresxxvi, xxvii, xxviii. Los programas multidisciplinares pueden ser muy complejos, y su diseño suele ser específico para cada contexto, lo que puede hacer que su ampliación sea más difícil que la de los programas comunes de protección social.
La provisión de transferencias monetarias directamente a los beneficiarios es una forma común de protección social que puede afectar a la violencia de pareja por tres vías: i) la seguridad económica y el bienestar emocional, ii) los conflictos intrafamiliares y iii) el empoderamiento de las mujeresi.
Mejorar la seguridad económica y el bienestar emocional puede reducir el estrés relacionado con la pobreza y, en consecuencia, la violencia de pareja. No obstante, la disponibilidad de efectivo puede aumentar la violencia de pareja si el dinero se gasta en “bienes de tentación” como el alcohol y el tabaco o si los cónyuges no se ponen de acuerdo sobre cómo gastarlo. El efecto de la disponibilidad de dinero en efectivo sobre el empoderamiento de las mujeres y la consiguiente violencia de pareja dependen de la reacción de la pareja ante los cambios en el equilibrio de poder de la relación. El dinero en efectivo puede reducir la violencia de pareja si los hombres aceptan el empoderamiento de sus esposas y aumentan el reconocimiento de su valía. Sin embargo, si los hombres se sienten amenazados, pueden perpetrar más violencia para mantener el statu quo de poder en la relación.
La mayoría de las pruebas demuestra que las transferencias monetarias reducen o no influyen en la violencia de pareja en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, aunque se ha observado un cierto incremento de las denuncias de violencia de pareja entre algunos subgruposii. En cuatro de los cinco programas de protección social estudiados en África se informó de que habían disminuido el número de veces y la intensidad (frecuencia) de la violencia de géneroiii. En Bangladesh, las mujeres que recibieron efectivo o alimentos junto con la comunicación para el cambio de comportamiento nutricional experimentaron menos violencia física de parejaiv. En el norte del Ecuador, el efectivo, los vales o los alimentos entregados a los hogares de bajos ingresos redujeron la violencia física y sexual de pareja y los comportamientos dominantes al aumentar el bienestar subjetivo, la autoconfianza y el poder de decisión de las mujeresii, v, vi. En México, en el marco del programa de transferencias monetarias condicionadas Prospera (denominado inicialmente Oportunidades), las beneficiarias sufrieron menos abusos físicos pero recibieron más amenazas de violencia a medio plazovii. Aunque estos efectos no se mantuvieron a largo plazo, las reformas legales en torno al divorcio facilitaron que las mujeres pudieran salir de las relaciones violentas, en especial en el caso de las beneficiarias del programa Oportunidadesviii, ix.
La estructura del hogar y la posición de la mujer dentro del mismo pueden mediar en los efectos de los programas de dinero en efectivo sobre la igualdad de género. Un programa nacional de transferencias monetarias en Malí redujo las experiencias de violencia emocional, física y de control de las mujeres en los hogares polígamos, pero tuvo efectos limitados en los hogares monógamosx. Los efectos fueron especialmente intensos entre la segunda esposa y las siguientes, que experimentan los mayores índices de violencia en ausencia de intervención. La participación en el programa redujo el estrés y la ansiedad entre los miembros masculinos de los hogares receptores, lo que se tradujo en una reducción de los conflictos denunciadosx. El programa emblemático del Gobierno de Ghana Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia para Combatir la Pobreza 1000 redujo las experiencias de violencia física, sexual y emocional en las mujeres en hogares monógamos, pero no en hogares polígamosxi. El aumento de la seguridad económica y el empoderamiento de las mujeres fueron mecanismos importantes que contribuyeron a las citadas repercusiones. El programa redujo los conflictos y la violencia: las mujeres de hogares polígamos y no polígamos afirmaron que no necesitaban pedir dinero a sus maridos o depender de ellos con tanta frecuencia, mitigando así las posibles tensiones con sus cónyugesxii.
