El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2010-11, subtitulado Las mujeres en la agricultura: cerrar la brecha de género en aras del desarrollo1, se exponían las ventajas de cerrar las brechas de género existentes en el acceso a activos, insumos y servicios agrícolas. El informe documentaba los enormes costos que acarrea la desigualdad de género, no solo para las mujeres sino para la agricultura y, a través de esta, para la economía y la sociedad en su conjunto.
Han sucedido muchas cosas desde 2011. La importancia decisiva de lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres como objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cada vez resulta más evidente y es más aceptada en todos los niveles de gobernanza. Se ha prestado más atención a la igualdad de género en la elaboración de políticas agrícolas, el desarrollo y las intervenciones humanitarias, así como en el fortalecimiento institucional y el aumento de la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Se ha mejorado de manera considerable la disponibilidad de datos desglosados por sexo y de estadísticas de género. Cada vez son más los estudios que exploran la naturaleza del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y los factores que influyen en esos resultados.
No obstante, si bien se han reducido ciertas brechas de género, en otras el progreso ha sido escaso o inexistente. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, pero siguen estando sistemáticamente desfavorecidas en distintas dimensiones del bienestar y de los medios de vida. Por ejemplo, en 2021 el 31,9 % de las mujeres en el mundo se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27,6 % de los hombres, una diferencia de 4,3 puntos porcentuales (véase el Recuadro 1.1)1. Normas y roles de género rígidos, dinámicas de poder desiguales y estructuras sociales discriminatorias provocan que las mujeres y las niñas se enfrenten a barreras y limitaciones que no afectan a los hombres y los niños. Las enormes repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID–19) pusieron de manifiesto la fragilidad de los logros anteriores en cuanto al empoderamiento de las mujeres y destacaron las implicaciones de la persistencia de desigualdades estructurales y formas múltiples e interseccionales de discriminación que afectan a las mujeres y las niñas. Estas barreras al progreso de las mujeres se ven exacerbadas por los desafíos adicionales que plantean las crisis climáticas, económicas y de los precios, así como los conflictos y el aumento de los riesgos de violencia de género.
Las mujeres tienen mayor inseguridad alimentaria que los hombres en todas las regiones del mundo, y la brecha se ha ampliado desde el estallido de la pandemia de la COVID–19i. A escala mundial, la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave (indicador 2.1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) pasó de 1,7 puntos porcentuales en 2019 a 4,3 puntos porcentuales en 2021, empujada en gran parte por las cada vez mayores diferencias en América Latina y el Caribe y en Asia. Más de 939 millones de mujeres de 15 años de edad o más padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, en comparación con 813 millones de hombres del mismo grupo de edad (Figura A).
La brecha de género varía considerablemente entre países. La mayoría de los 24 países en los que la inseguridad alimentaria es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres están concentrados en África, América Latina y el Caribe y Asia (Figura B). Solo hay cuatro países en los que la inseguridad alimentaria es significativamente mayor entre los hombres.
Un análisis econométrico de datos de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES)ii recopilados a través de la encuesta mundial de Gallup©iii a más de 700 000 personas en 121 países antes y después del estallido de la pandemia de la COVID–19 muestra que las mujeres del medio rural y los hombres y mujeres de entre 25 y 34 años de edad se han visto desproporcionadamente afectados desde el inicio de la pandemia (Figura C)iv. A escala mundial, las personas de edad comprendida entre 15 y 24 años y las personas mayores de 65 años presentan, por lo general, una mayor seguridad alimentaria, y las mujeres de entre 25 y 34 años presentan mayor seguridad alimentaria que las que tienen entre 35 y 64 años. Las diferencias por motivo de sexo, lugar de residencia y edad son significativas incluso tras tener en cuenta los ingresos, la educación, el empleo, el estado civil y la composición del hogar, lo que indica que otros factores no contemplados, incluidas las normas de género y la discriminación, siguen afectando negativamente a la seguridad alimentaria de las mujeres del medio rural.
A menudo las mujeres tienen un nivel educativo inferior, menos empleos a tiempo completo y una menor participación en la fuerza de trabajo que los hombres y viven en hogares con ingresos más bajos. La brecha existente entre hombres y mujeres en materia de inseguridad alimentaria podría reducirse al menos en un 57 % si se eliminaran estas tres brechas de géneroiv.
NOTA: Mane et al. (en prensa)iv utiliza un modelo Tobit para analizar los determinantes socioeconómicos de la inseguridad alimentaria (Figura C), definida como la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave, aplicando un modelo de regresión con las siguientes variables: Mujer = 1 si el sexo es femenino; Rural = 1 si la persona vive en una zona rural; cuatro grupos de edad (15–24, 25–34, 35–64 y 65 o más años), y otras variables de control (estado civil, situación laboral; nivel de educación, número de miembros del hogar de 15 años de edad o más, número de miembros del hogar menores de 15 años e ingresos per capita a paridad de poder adquisitivo en dólares internacionales).
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015 cristalizó un consenso mundial sobre la interdependencia de los objetivos de desarrollo. Ello subrayó la importancia de abordar la igualdad de género desde un enfoque más amplio del desarrollo económico y social sostenibles. Por lo tanto, en el presente informe vamos más allá del que era el tema central de SOFA de 2010–11 (las mujeres en la agricultura) para centrar la atención en los sistemas agroalimentarios más amplios con una perspectiva de género en el marco de los procesos dinámicos de la transformación agrícola, rural y estructural. Asimismo, desde 2011 el objetivo social ha pasado de aspirar a la igualdad en las actividades económicas a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, como objetivos en sí mismos y como medios para mejorar diversos resultados en materia de bienestar. En consecuencia, el margen de acción normativa ha pasado de centrarse en cerrar las brechas de género a adoptar enfoques transformadores en materia de género, los cuales abordan explícitamente tanto las limitaciones estructurales formales e informales para lograr la igualdad como unas relaciones de poder más equilibradas.
La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios es más que una actualización del informe SOFA de 2010–11 sobre las mujeres en la agricultura, ya que proporciona una visión integral de la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios en todo el mundo. En él se presentan nuevos datos y conclusiones sobre las maneras en las que las mujeres participan en los sistemas agroalimentarios y se benefician de ellos y se analiza cómo las crisis en dichos sistemas tienen repercusiones diferenciadas en hombres, niños, mujeres y niñas y cuáles son las estrategias de emergencia con las que responden. El informe pone de manifiesto no solo que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, sino también el modo en que la transformación de los sistemas agroalimentarios puede contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Proporciona un análisis completo de los datos disponibles sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios que se han producido a lo largo del último decenio. En el informe también se pone a disposición de los responsables de las políticas y los actores del desarrollo un amplio examen de lo que ha funcionado y se presentan recomendaciones sobre el camino a seguir.
Asimismo, se destaca el papel central de la interseccionalidad (la manera en que factores múltiples y a menudo superpuestos y convergentes como la edad, el género, el origen étnico, el estado de salud, la discapacidad, la situación socioeconómica, el estado civil y la condición de migrante se combinan para crear distintos modos de discriminación, exclusión social y privilegio) al abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (véase el Recuadro 1.2). También se hace mayor hincapié en el carácter interrelacionado de las dimensiones sociales y económicas en las vidas de las mujeres y los hombres. El fenómeno de la violencia de género se aborda cuando es pertinente a lo largo del informe (véase la sección En primer plano 1.3).
El comportamiento, las elecciones y las oportunidades de las mujeres y los hombres están determinados por múltiples factores que se superponen y agravan entre sí y que provocan una diferenciación social y económica (Figura A). A escala individual (o intrapersonal), estos factores incluyen el género, la edad, el origen étnico, la religión, la discapacidad, el estado civil, la situación económica, la condición de migrante y el estado de salud. La diferenciación social y económica también está influida por normas, roles y tradiciones sociales que dependen del contexto (nivel interpersonal); instituciones públicas y privadas, políticas y gobernanza (nivel estructural), y el clima y el medio ambiente (nivel ecológico). La adopción de una perspectiva interseccional sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres entraña reconocer de manera explícita todos estos factores al analizar los problemas y elaborar los programas y las políticasi.
En el presente informe se subraya la importancia de adoptar una perspectiva interseccional en las investigaciones, las políticas y los programas a fin de apoyar el desarrollo de sistemas agroalimentarios inclusivos. Entre los ejemplos incluidos en el informe figuran las trabajadoras asalariadas migrantes en las cadenas mundiales de productos básicos (Capítulo 2); la capacidad de decidir sobre el uso del tiempo y la estructura de los hogares en Nepal (Capítulo 2); el uso de Internet móvil en el contexto de las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas (Capítulo 3); el estado civil de las mujeres (atendiendo a la monogamia/poligamia) y la experiencia de la violencia de pareja en los programas de transferencias monetarias en Ghana y Malí (Capítulo 3), y las especificidades de género en el trabajo infantil y el cambio climático en Côte d’Ivoire, Etiopía, Nepal y el Perú (Capítulo 5).
La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra los hombres, las mujeres o grupos de personas por razón de su géneroi. Dichos actos provocan daños económicos, psicológicos o sexuales y están profundamente arraigados en la desigualdad de género, los desequilibrios de poder y las normas sociales nocivas. La violencia de género trasciende las barreras económicas, geográficas y sociales y tiene consecuencias duraderas para las personas directamente afectadas, sus familias y sus comunidades. Puede ser ejercida por la pareja, familiares, amigos, conocidos o extraños, tanto en línea como de otras formas y en espacios privados o públicos.
La violencia de género pone de relieve la mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a la violencia como resultado de su situación de subordinación en la sociedad, las relaciones de poder desiguales y los roles de géneroii. Al mismo tiempo, cada vez se emplea más este término para referirse a hombres, niños y personas que no se ajustan a los roles tradicionales de género, incluida la comunidad LGBTIQ+, sigla inclusiva que representa a personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, de género diverso, intersexuales, queer y en cuestionamientoii.
A escala mundial, un tercio de las mujeres ha padecido violencia física o sexual en el transcurso de sus vidasiii, principalmente violencia de pareja perpetrada por hombres contra mujeres: el 27 % de las mujeres de edad comprendida entre 15 y 49 años que han estado en una relación de pareja ha padecido algún tipo de violencia de pareja, y el 38 % de todos los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejasiv. Se considera que estas cifras son una subestimación, ya que el número de casos notificados de violencia de género, incluida la violencia de pareja, es habitualmente inferior al realv. La violencia ejercida contra hombres, niños y personas LGBTIQ+ es a menudo ignorada y el número de casos notificados está muy por debajo de la realidad debido al estigma que conlleva este tipo de violencia y a que las víctimas carecen de recursos y apoyovi.
Los niveles de violencia física y sexual notificados varían ampliamente según el contexto, pero este tipo de violencia se produce en todas partes. La Figura A muestra el porcentaje de mujeres del medio rural que han denunciado casos de violencia física y sexual en determinados países de todo el mundo desde 2015. El porcentaje de mujeres que denuncian cualquier tipo de violencia física varía del 7 % en Armenia al 64 % en Sierra Leona, mientras que el de cualquier tipo violencia sexual varía del 1 % en Armenia al 28 % en Papua Nueva Guinea.
La violencia contra las mujeres tiene un costo estimado de 1,5 billones de USD al año en todo el mundo, lo que equivale al 2 % del PIB mundialvii, viii. Las crisis mundiales y la reciente pandemia de la COVID–19 han exacerbado la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que ha entrañado importantes repercusiones en sus medios de vida y seguridad alimentaria.
La violencia de género impide el desarrollo rural y la consecución de la seguridad alimentaria y una adecuada nutrición a través de diversos canales. Provoca grandes costos en los planos individual, familiar, comunitario y social, así como a los gobiernos y al sector privado. Si bien la violencia de género está históricamente basada en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, es a la vez causa y consecuencia de pobreza e inseguridad alimentariaix. Como resultado de ello, puede aumentar las tensiones en los hogares y reforzar la desigualdad y la discriminación, lo que a su vez provoca más violencia de género. La pérdida de ingresos, productividad y resiliencia y el aumento de los costos médicos derivados de la violencia de género pueden exacerbar la pobrezax. Para las mujeres y niñas del medio rural, el aumento del estrés y de la escasez de alimentos debido a la pobreza y las restricciones a la libertad de movimiento pueden dar lugar a una mayor dependencia de los hombres y a la adopción de mecanismos de supervivencia perjudiciales como las relaciones sexuales a cambio de bienes o servicios y otras formas de explotación sexualxi.
Para luchar contra la violencia de género en los sistemas agroalimentarios y en otros ámbitos, los gobiernos y los actores humanitarios y del desarrollo se han centrado explícitamente en aumentar la igualdad de género y la libertad. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Africana y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han integrado el objetivo de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en sus estrategias sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. También subrayan la necesidad de no hacer daño, adoptar estrategias multisectoriales y contar con la participación de los hombres y los niños como aliados con miras a lograr un cambio transformador.
La existencia de leyes, políticas e instituciones eficaces y la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y en la adopción de decisiones son también elementos fundamentales en la lucha contra la violencia de géneroxii, xiii. Dado que los hombres y los niños ejercen control sobre los roles de liderazgo en el hogar y la comunidad y pueden perpetuar la violencia de género y las normas de género desiguales, implicarlos como aliados para abordar la violencia de género es una parte integral del proceso para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
A lo largo del presente informe, destacamos la manera en que se manifiesta la violencia de género en los sistemas agroalimentarios, hacemos balance de los datos limitados sobre violencia de género en las cadenas de valor, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores, presentamos ejemplos de medidas efectivas para abordar y prevenir la violencia de género y señalamos las lagunas en los conocimientos existentes con miras a orientar investigaciones futuras. En el informe se pone de relieve la manera en que acontecimientos recientes como la pandemia de la COVID–19, los conflictos y los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y recurrentes tienen el potencial de desencadenar y exacerbar la violencia de género en poblaciones ya de por sí vulnerables.
Al pasar de centrar la atención en la situación de las mujeres en la agricultura a centrarla en su situación en los sistemas agroalimentarios se amplían considerablemente el alcance y las conclusiones del informe. Los sistemas agroalimentarios comprenden toda la gama de actores y sus actividades interrelacionadas que añaden valor a la producción agrícola para fines alimentarios o de otro tipo y las actividades conexas no agrícolas como el almacenamiento, el acopio, la manipulación poscosecha, el transporte, la elaboración, la distribución, la comercialización, la eliminación y el consumo de alimentos (Figura 1.1). Los sistemas alimentarios, que constituyen un subconjunto de los sistemas agroalimentarios, abarcan todos los productos alimentarios derivados de la producción de cultivos y ganado, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura, así como de otras fuentes como la biología sintética. A escala mundial, estos sistemas producen cerca de 11 000 millones de toneladas de alimentos al año, y casi 4 000 millones de personas de todo el mundo viven en hogares cuyos medios de vida están relacionados con ellos2.
Los sistemas agroalimentarios también interactúan con las cadenas de suministro no alimentario, lo que incluye la compra de insumos como fertilizantes, plaguicidas y equipos agrícolas y pesqueros, así como la provisión de insumos para obtener productos básicos no alimentarios, por ejemplo, algodón para textiles. Los sistemas agroalimentarios y sus diversos sistemas de producción, a su vez, son conformados e influenciados por los entornos económico, social y natural más amplios.
Entre los actores clave de los sistemas agroalimentarios figuran los productores primarios; los proveedores de servicios, como los que suministran insumos y servicios poscosecha, de almacenamiento, transporte y elaboración de alimentos; y los distribuidores de alimentos, mayoristas y minoristas. Los hogares, y los hombres y mujeres en ellos, participan como unidades de producción autónomas, pequeños negocios, trabajadores asalariados y consumidores finales.
Los sistemas agroalimentarios son dinámicos y están en constante evolución; impulsan procesos de transformación agrícola, rural y estructural y se ven influidos por los mismos3. Históricamente, los sistemas agroalimentarios han sido capaces de proporcionar alimentos suficientes para la creciente población mundial y han contribuido a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar, pero a costa de unos resultados cada vez más negativos en materia de nutrición y salud, insostenibilidad ambiental y desigualdad. Es necesario realizar esfuerzos dirigidos y concertados para empujar a los sistemas agroalimentarios hacia objetivos nutricionales, ambientales y de igualdad4.
Los sistemas agroalimentarios son la mayor fuente de empleo para los hombres y las mujeres en los países de ingreso mediano y bajo, y más concretamente la producción agrícola (lo que incluye la producción de cultivos, la ganadería, la pesca y la actividad forestal), que sigue siendo el principal motor para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Pero a medida que las economías se desarrollan, la proporción de hombres y mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios disminuye (Figura 1.2, Gráfico A). Esta tendencia se debe principalmente a una reducción del empleo en la producción agrícola. La composición del empleo dentro de los sistemas agroalimentarios pasa de la producción agrícola (Figura 1.2, Gráfico B) a las actividades no agrícolas, incluidos el transporte, la elaboración, la distribución, el almacenamiento y la comercialización (Figura 1.2, Gráfico C). Las diferencias de género en estos patrones se describen en detalle en el Capítulo 2.
La transformación agrícola, rural y estructural y el consiguiente desplazamiento del empleo fuera de la agricultura y los sistemas agroalimentarios van acompañados de incrementos en la productividad de la mano de obra y de una mejora del estándar de vida medio. El desplazamiento del empleo en los sistemas agroalimentarios de la agricultura a las actividades no agrícolas fuera de las explotaciones forma parte de este proceso. A medida que esto ocurre, crece el número de empleos mejor remunerados para hombres y mujeres en actividades no agrícolas tanto en los sistemas agroalimentarios como al margen de ellos. No obstante, tal y como se describe en el Capítulo 2 del presente informe, las mujeres no se benefician tanto como los hombres de las oportunidades que brinda este proceso. Esto sucede en la producción agrícola, en el segmento no agrícola de los sistemas agroalimentarios y fuera de estos.
LAS MUJERES NO SE BENEFICIAN TANTO COMO LOS HOMBRES DE LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDA LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA Y RURAL.
Partiendo del marco para sistemas agroalimentarios con perspectiva de género de Njuki et al. (2022)5 (Figura 1.3), examinamos la participación de las mujeres en todas las partes de los sistemas agroalimentarios, tanto en actividades agrícolas como no agrícolas (producción, elaboración, distribución, comercialización, creación de negocios propios y consumo). Este marco facilita centrar la atención en resultados específicos de los sistemas agroalimentarios como la nutrición, el empoderamiento, la sostenibilidad y un abanico más amplio de medios de vida; abarca un amplio conjunto de recursos, políticas y normas, y aborda nuevos desafíos y crisis como el cambio climático y la COVID–19 y su creciente convergencia con los conflictos.
Las cadenas de valor de los sistemas agroalimentarios (incluidas la producción agrícola, la elaboración, la distribución, el almacenamiento y la comercialización), el entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores están sujetos a factores biofísicos, ambientales, tecnológicos, infraestructurales, políticos, económicos, socioculturales y demográficos (Recuadro azul en la Figura 1.3). Cada uno de estos factores está condicionado por desigualdades estructurales vinculadas al género o a una diferenciación social y económica de carácter interseccional, a los que se hace referencia a lo largo del presente informe.
Los factores también se ven influidos por crisis y vulnerabilidades (tal y como se describe en el Capítulo 5) que a menudo repercuten de manera diferenciada en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en parte debido a las diferencias de género y sociales de grupos específicos en el acceso a recursos, servicios e instituciones locales que pueden mitigar las repercusiones negativas de las crisis6. Estas crisis y vulnerabilidades pueden derivarse de una serie de riesgos idiosincrásicos (limitados a una persona u hogar en concreto) y riesgos covariantes (que afectan a una comunidad o región). El Capítulo 5 se centra fundamentalmente en tres riesgos covariantes: la pandemia de la COVID–19, el cambio climático y los conflictos.
Los propios sistemas agroalimentarios se caracterizan por desigualdades estructurales vinculadas al género o una diferenciación económica y social intersecante a escala individual o estructural que están arraigadas en instituciones y prácticas formales e informales (Recuadro verde oscuro en la Figura 1.3). En el Capítulo 3 se abordan las desigualdades estructurales en el acceso a los activos, recursos, servicios e información y su control, mientras que en el Capítulo 4 se examinan la capacidad de acción de las mujeres, las cuestiones de género, las normas sociales, las políticas y la gobernanza.
La interacción entre los distintos elementos de los sistemas agroalimentarios y los factores y desigualdades formales e informales a escala estructural e individual influyen en los resultados tanto en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como en lo que respecta a la alimentación, la economía, los medios de vida y el medio ambiente. En el Capítulo 2 se examinan las implicaciones para los resultados económicos y respecto de los medios de vida, mientras que en el Capítulo 4 se exploran los resultados relativos a la alimentación, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Además de adoptar un enfoque sobre los sistemas agroalimentarios con perspectiva de género, el informe refleja las ideas actuales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agricultura y los sistemas agroalimentarios, que han pasado de centrarse en las brechas de género a promover cambios transformadores en materia de género. Dichos cambios entrañan desafiar las restricciones estructurales formales e informales a la igualdad y las relaciones de poder que mantienen y exacerban las desigualdades y dificultan el empoderamiento de las mujeres6, 7.
Para abordar estas restricciones estructurales es necesario fomentar un cambio tanto individual como sistémico en todas las esferas formales e informales de la vida, a múltiples escalas interrelacionadas (sociedad, Estado, mercado, comunidad, grupo, hogar e individual) y a través de los ámbitos de la capacidad de acción, las relaciones y las estructuras6, 7, 8, 9. Los enfoques transformadores en materia de género entrañan pasar de intervenciones independientes orientadas a restricciones concretas como el acceso limitado de las mujeres a los recursos y los servicios a la formulación y aplicación de soluciones que podrían cambiar el sistema de forma duradera al eliminar las restricciones estructurales subyacentes y establecer normas y roles de género positivos, igualitarios y no discriminatorios, así como unas relaciones de género más equitativas en el seno de los hogares, las comunidades y las organizaciones6, 10, 11. En el Capítulo 6 se examinan las experiencias recientes relativas a los enfoques transformadores en materia de género.
Cada vez más, se reconoce que el empoderamiento de las mujeres es un objetivo en sí mismo, así como un medio para lograr mejores resultados en cuanto al bienestar de las mujeres, sus familias y sus comunidades. Kabeer (1999) define el empoderamiento como el proceso por el cual aquellos a quienes se les ha negado la capacidad de tomar decisiones vitales estratégicas adquieren tal capacidad12. Este proceso incorpora tres ámbitos interrelacionados que interactúan entre sí: los recursos, la capacidad de acción y los logros. Los recursos incluyen el acceso actual y futuro a reclamar recursos materiales, humanos y sociales, los cuales se ven influidos por las reglas y normas locales y las distintas instituciones de cada contexto. La capacidad de acción es la capacidad de una persona de establecer sus propios objetivos y actuar para lograrlos. Incluye procesos de adopción de decisiones, negociación, engaño y manipulación. Los logros son resultados relativos al bienestar que, en el contexto de los sistemas agroalimentarios, abarcan los rendimientos del trabajo, la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Las brechas de género en el acceso a los recursos definidos anteriormente, en la productividad agrícola y en los beneficios derivados de la participación en los sistemas agroalimentarios son manifestaciones visibles o síntomas de las restricciones estructurales a la igualdad. En los capítulos 2, 3 y 4 del presente informe se consideran estos tres ámbitos (recursos, capacidad de acción y logros) con miras a realizar un seguimiento de los progresos hacia el empoderamiento de las mujeres a fin de lograr la igualdad de género en los sistemas agroalimentarios.
El considerable aumento de la disponibilidad de datos desglosados por sexo ha facilitado la adopción de un enfoque más amplio en el presente informe. Tenemos a nuestra disposición muchos más tipos diferentes de datos que en 2011. En los últimos años se ha realizado una multitud de estudios cualitativos. Hay una mayor cantidad de datos mundiales desglosados por sexo que abarcan una variedad de ámbitos, como la inseguridad alimentaria, la mano de obra y el acceso a financiación y a servicios digitales. El establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus correspondientes indicadores ha fomentado una mayor disponibilidad de datos a escala nacional sobre dimensiones clave del empoderamiento de las mujeres, como el acceso a la tierra. Las encuestas nacionales por hogares y sobre población activa también han mejorado la disponibilidad de datos desglosados por sexo y estadísticas de género. Esto ha ido acompañado de un fuerte aumento del número de encuestas por hogares relacionadas con proyectos e independientes centradas principalmente en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con los consiguientes datos desglosados por sexo.
A partir de estos datos desglosados por sexo mejorados, en el informe se ha tratado de ir más allá de la comparación entre hogares encabezados por mujeres y hogares encabezados por hombres, dadas las numerosas publicaciones que subrayan las limitaciones de este tipo de análisis. No obstante, esto no ha resultado completamente posible debido a la naturaleza conjunta de las actividades económicas de los hogares en muchos países de ingreso mediano y bajo y a la todavía limitada disponibilidad de datos desglosados por sexo en distintos lugares y momentos. Los datos desglosados por sexo representativos a escala nacional sobre las actividades de empleo autónomo (agrícolas y no agrícolas), el uso del tiempo y el acceso a activos por lo general están únicamente disponibles con respecto a un número relativamente reducido de países en las iniciativas del Estudio de medición de los niveles de vida – Encuestas integradas sobre agricultura (LSMS–ISA) y el Estudio de medición de los niveles de vida – Plus (LSMS+). Por este motivo, gran parte del análisis comparativo entre países sobre el acceso a los recursos productivos, la tecnología y los servicios de extensión y sobre su uso sigue limitándose a las mujeres y los hombres cabezas de familia (y sus derivados).
A pesar del gran aumento de proyectos e intervenciones que fomentan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales y de los estudios y análisis al respecto, sigue habiendo escasez de datos que documenten estrategias efectivas para cerrar las brechas de género. El número de evaluaciones de impacto que se han llevado a cabo es relativamente reducido, y a menudo estas no logran plasmar el cambio que se ha producido en las normas sociales discriminatorias subyacentes y las dinámicas de poder arraigadas que sostienen la desigualdad de género. Las estrategias documentadas tienen una escala relativamente pequeña y ofrecen pasos graduales para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En el Capítulo 2 se ofrece una visión general del trabajo y la productividad de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. En él se presenta una gran cantidad de datos nuevos sobre la participación de las mujeres y los hombres en varias partes de los sistemas agroalimentarios; dónde y cómo participan las mujeres en las cadenas de valor agroalimentarias; la calidad del trabajo en el que participan las mujeres, incluida la brecha salarial por razón de género en los sistemas agroalimentarios; y las diferencias en cuanto a la productividad de la tierra y de la mano de obra entre hombres y mujeres.
En el Capítulo 3 se investiga la evolución del acceso de las mujeres a los activos, recursos, servicios e instituciones locales, y su control sobre ellos, a lo largo del último decenio. En él se presentan nuevos datos sobre el acceso de las mujeres a los recursos de tierras y aguas, incluida la seguridad en el acceso a dichos recursos; se reconsidera el acceso de las mujeres a los recursos y servicios tradicionales complementarios que son necesarios para la producción agrícola, y se proporcionan datos recientes sobre agricultura digital y el acceso de las mujeres del medio rural a las tecnologías de la información y la comunicación.
En el Capítulo 4 se examina el papel que desempeña la capacidad de acción en el empoderamiento de las mujeres, partiendo de nuevos estudios que definen, miden y atribuyen las opciones, el poder de negociación, las preferencias, las capacidades y las aspiraciones de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. En él se revisa un conjunto creciente de datos sobre la relación positiva entre el empoderamiento y las mejoras en las dietas, la nutrición infantil, la productividad y la seguridad alimentaria en el ámbito del hogar. También se investigan los roles y normas sociales informales que influyen en las relaciones de género, así como las leyes, políticas e instituciones más formales que conforman la participación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios.
En el Capítulo 5 se evalúa el modo en el que las perturbaciones y las crisis afectan a las oportunidades y los desafíos para las mujeres y los hombres en los sistemas agroalimentarios. Se examinan las repercusiones de la pandemia de la COVID–19, el cambio climático y los conflictos, destacando el carácter superpuesto de las crisis y las vías mediante las que estas crisis repercuten de manera específica en las mujeres y las niñas.
En el Capítulo 6 se extraen las principales enseñanzas adquiridas en cada uno de los capítulos anteriores. Al hacerlo, se ponen de relieve los aspectos que han funcionado para mejorar el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios en la práctica y se recomiendan medidas para el futuro. El Capítulo presenta cinco elementos fundamentales que son comunes a la mayoría de las intervenciones satisfactorias y proporciona conocimientos sobre lo que funciona.
