8. Políticas y legislación
Una condición esencial para la gestión forestal sostenible es que en las políticas nacionales se determine el desarrollo sostenible como prioridad general en todos los sectores. Esto resulta especialmente importante para aquellos sectores que, como la silvicultura, están relacionados con los recursos naturales renovables y la competición por la tierra. Para que sea efectiva, la formulación de políticas debería acompañarse de instrumentos jurídicamente vinculantes, pues las leyes y reglamentos que rigen el uso y la conservación de los bosques deben ser coherentes con las políticas y constituir la base de su aplicación.
En 192 países y zonas, que representaban más del 95 % de la superficie forestal mundial, hay establecidas políticas y legislación nacionales que apoyan la gestión forestal sostenible (Figura 49). La mayor cobertura se encuentra en África, Asia y América del Sur, pues aproximadamente un 90 % de los países y zonas de cada una de esas regiones (54 países y zonas en África, 42 en Asia y 13 en América del Sur), que representaba en torno al 48 % de la superficie forestal mundial, comunicó que tenía establecidas políticas y legislación forestales nacionales (Figura 50). Este elevado nivel de cobertura probablemente se deba en parte a la labor realizada en los últimos decenios por formular políticas y leyes que formalicen y reflejen de manera más adecuada las prácticas consuetudinarias en los instrumentos estatutarios. También puede deberse parcialmente a los esfuerzos por integrar cuestiones incipientes como el cambio climático y el género en las políticas y leyes con el objetivo de mejorar la gestión forestal sostenible y cumplir los compromisos internacionales relacionados con los bosques.
Numerosos pequeños Estados insulares como, por ejemplo, las Islas Marshall y Nauru, en Oceanía, todavía deben adoptar formalmente instrumentos nacionales destinados a proteger y utilizar de manera sostenible sus bosques porque la cubierta forestal es escasa o porque la gestión forestal sostenible no constituye una prioridad. En general, el 52 % de los países y zonas (13 países y zonas) de Oceanía cuenta con políticas y legislación nacionales establecidas para apoyar la gestión forestal sostenible.
De los 236 países y zonas, en torno al 40 % (98 países y zonas) indicó que aún no tenía instrumentos subnacionales que regulasen la gestión forestal sostenible. Algunos países y zonas (por ejemplo, Guyana y Madagascar) indicaron que las políticas y leyes que apoyan la gestión forestal sostenible se elaboran a nivel nacional y, a continuación, se aplican a nivel subnacional y local, y otros (por ejemplo, Singapur) informaron de que no tenían entidades subnacionales.
Las partes interesadas tienen a menudo perspectivas, e intereses, diferentes en relación con los recursos forestales. Los enfoques participativos que incluyen a las partes interesadas ayudan a asegurar que esas perspectivas se tengan plenamente en cuenta en la adopción de decisiones sobre los bosques y que la gestión forestal y el uso de los bosques satisfaga de manera más adecuada las necesidades de las partes interesadas. Las plataformas de múltiples partes interesadas facilitan los procesos participativos y proporcionan espacios para que las partes interesadas locales tomen parte en la adopción de decisiones en las diversas facetas de la gestión forestal, incluida la formulación de políticas.
De los 236 países y zonas que presentaron informes para la FRA 2025, el 64 % (152 países y zonas que representaban casi el 95 % de los bosques mundiales) indicó que poseía plataformas nacionales para la participación de las partes interesadas en la formulación de políticas forestales (Figura 51), incluido el 85 % de los países y zonas de África que respondió (Figura 52). En torno al 40 % de los países y zonas (95 países y zonas) indicó que tenía plataformas subnacionales, incluido el 52 % de los países y zonas de África que respondió, el 43 % de América del Sur y entre el 32 % y el 38 % de las demás regiones (Figura 53). Algunos países y zonas indicaron que, aunque no contaban con plataformas oficiales que promovieran la participación de las partes interesadas en el sector forestal, las instituciones competentes estaban en contacto con una amplia gama de actores a través de diversos canales para fundamentar las políticas forestales nacionales (por ejemplo, la elaboración participativa del Plan Nacional de Restauración Forestal del Paraguay).
La rastreabilidad de los bosques es una tendencia mundial cada vez mayor, pues los Gobiernos y consumidores piden una rastreabilidad fiable de los productos forestales comercializados con determinadas afirmaciones (por ejemplo, sobre legalidad y sostenibilidad), desde su origen, a través de las cadenas de suministro y hasta los usuarios finales. La rastreabilidad de los bosques puede contribuir al cumplimiento de la ley, a la formalización y a la eliminación de mercados ilegales de madera, así como promover la transparencia y los procesos de diligencia debida.
De los 236 países y zonas, 102 (el 43 %), que representan el 77 % de la superficie forestal mundial, han establecido sistemas de rastreabilidad nacionales para los productos madereros (Figura 54 y Figura 55). Cuarenta y un países y zonas (17 %) han desarrollado sistemas de rastreabilidad subnacionales (Figura 56).
De las regiones, América del Sur posee el mayor porcentaje de sistemas nacionales y subnacionales de rastreabilidad de productos madereros establecidos (86 % y 36 %, respectivamente, de los países y zonas de la región). En torno al 50 % de los países y zonas en Europa y África poseen sistemas de rastreabilidad nacionales y los porcentajes son menores en Asia (34 %) y Oceanía (12 %).
