4. Pasar a la acción: Siete casos exitosos en América Latina y el Caribe
4.3 Manejo forestal comunitario en Guatemala y Colombia
Las migraciones de agricultores hacia la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) en Petén, Guatemala, aumentaron significativamente durante la década de 1990, en parte por desplazados internos debido al conflicto armado en el país, creando una situación altamente desafiante para el país.
En ese contexto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) decidió en 1994 promover en la Zona de Usos Múltiples el establecimiento de concesiones forestales comunitarias con la población asentada en la RBM.
Tras 25 años de consolidación, tanto desde la perspectiva de las comunidades como de la CONAP, el modelo de gestión comunitaria demostró que es factible combinar objetivos de conservación con un desarrollo sostenible de las comunidades forestales, y que esto resulta en múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales.
El exitoso caso en la RBM en Guatemala sirvió de referencia para el desarrollo del Programa de Forestería Comunitaria de Colombia (PFC), en el marco de la estrategia REDD+, que busca controlar y detener la deforestación, pero también dinamizar las economías locales y mejorar los medios de vida de las comunidades.
El PFC busca promover la forestería comunitaria como un modelo técnico y financiero que permita ampliar las áreas bajo manejo sostenible de los bosques naturales y, al mismo tiempo, fortalecer el capital social, encaminando la creación de economías diversificadas y de mejores medios de vida para las comunidades rurales. Con este fin, se han realizado procesos de intercambio con Guatemala para aprender de estas experiencias en los aspectos comunitarios y técnicos. En Colombia, el modelo se implementa con comunidades forestales indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Figura Nº8: Agricultores en una concesión forestal comunitarias en Petén, Guatemala
- Relación positiva entre el plano socioeconómico y la conservación de bosque tropical bajo concesión. La Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya -dominada antiguamente por la extracción ilegal y el avance de la frontera agrícola- cuenta hoy con 350 000 hectáreas de bosque tropical conservado, gestionadas bajo el modelo de concesiones comunitarias activas.
- Nueve de las 12 concesiones otorgadas entre los años 1994 y 2001 siguen activas, con toda su madera certificada por el Forest Stewardship Council (FSC). Se incrementó el valor agregado, el aprovechamiento de productos forestales no maderables y se generaron más empleos e ingresos estables para todos sus socios.
- En el ámbito socioeconómico se generaron ingresos por 5 millones de dólares anuales -o 3 810 dólares por familia beneficiaria-, 2 000 empleos permanentes, ahorro, creación de valor agregado e inversión en desarrollo social y productivo.
- Respecto al plano ambiental, se logró una tasa de deforestación negativa, una menor ocurrencia de incendios que en las zonas no concesionadas, una nula extracción ilegal de madera, la conservación de especies de alto valor comercial y un freno al avance de la frontera agrícola.
- El modelo de empresa comunitaria generó estructuras asociativas de segundo nivel, que hoy constituyen figuras autónomas y de manera permanente aportan bienes o servicios de utilidad común, siendo motores de innovación y desarrollo empresarial.
- El PFC de Colombia, que tuvo como una de sus referencias el modelo guatemalteco, acompaña actualmente ocho iniciativas piloto en zonas activas de deforestación e iniciará su fase de escalamiento en los próximos cinco años.
- El programa colombiano ya muestra beneficios en relación con el empoderamiento de las organizaciones comunitarias, el fortalecimiento de una cultura de la legalidad en materia de aprovechamiento forestal y el establecimiento de cadenas de valor y de suministro que en conjunto aportan a la economía forestal.
- Las necesidades de capacitación de las comunidades, en términos técnicos, administrativos y organizativos, representó uno de los factores críticos para el éxito del programa. El espíritu de iniciativa de las comunidades y el apoyo sostenido que recibieron fueron centrales para consolidar su autonomía.
- El Estado, con el apoyo de la cooperación, asumió -particularmente al inicio- costos elevados para el desarrollo, monitoreo y fiscalización del modelo de explotación forestal, por lo que fue necesaria una importante voluntad política.
- El cambio en el comportamiento de los actores vinculados a las comunidades concesionarias y a la cadena de valor de la madera ilegal, para la adopción de una cultura de legalidad, fue un factor crítico que requirió un enfoque de acción multidimensional. La estrategia consistió en un empoderamiento de las comunidades beneficiarias, el desarrollo de una gobernanza forestal inclusiva con cultura de legalidad y una mayor presencia del Estado, entre otras.
- Resultó fundamental desarrollar una normativa que garantizara a las comunidades seguridad jurídica y un horizonte temporal extenso para el derecho de aprovechamiento de los recursos forestales.
GUATEMALA
- 350 000 ha con concesiones vigentes otorgadas a comunidades.
- Nueve organizaciones (1233 familias fundadoras).
COLOMBIA
- 2018-2019: 9 comunidades y 7 762 ha de bosque en fase piloto.
- 2019-a la fecha: 15 comunidades y dos asociaciones madereras con 61 414 ha potenciales para expansión.