2. Sostenibilidad y resiliencia de la agricultura en América Latina y el Caribe

2.2 Un llamado a la acción

La agricultura, los sistemas agroalimentarios y el mundo rural son vitales para el presente y el futuro de todos quienes habitan en América Latina y el Caribe. Por supuesto que resultan especialmente fundamentales para el 40% que vive en zonas rurales y rural-urbanas, pero también para quienes son ciudadanos urbanos (Trivelli y Berdegué, 2019). • La implementación de buenas prácticas de manejo de suelo puede conseguir aumentos de producción de hasta un 50%, gracias a una mejor fertilidad, una mayor biodiversidad y una más alta retención hídrica. (Lutz, Pagiola y Reiche, 1994)

Lo rural y lo urbano son cada vez más interdependientes, porque las soluciones a los desafíos urgentes de las sociedades contemporáneas, como el ambiental, el climático y el alimentario, pasan por el mundo rural. En definitiva, sin desarrollo rural, no habrá desarrollo sostenible en la región.

Por todo lo anterior, es necesario repensar la agricultura en América Latina y el Caribe, tanto para dar solución a problemas pendientes como para evitar que otros se agraven sustancialmente. Pero ¿qué significa este cambio y qué oportunidades trae?

La realidad es que la agricultura, en conjunto con los sistemas alimentarios actuales, genera “costos ocultos”¹² por unos 12 billones de dólares estadounidenses (en adelante, dólares) al conjunto de la sociedad cada año, superando así los 10 billones de dólares en beneficios de mercado (FOLU, 2019). Los costos ocultos consideran las emisiones de GEI, las altas tasas de reconversión y degradación de hábitats -fundamentales en la actual extinción masiva de especies¹³-, la pobreza rural y marginalización a gran escala -dos tercios de los pobres extremos del mundo son trabajadores agrícolas o dependientes-¹⁴, y los elevados indicadores de obesidad, malnutrición y enfermedades relacionadas¹⁵. Estos costos son absorbidos actualmente por la ciudadanía y los Estados, quienes deben hacer frente a las facturas de salud, la escasez o contaminación del agua, la pérdida de productividad y la mitigación de emisiones de GEI, entre otros.

Dado lo anterior, se estima que la transformación de la agricultura a nivel global constituye una inversión de alto retorno social, que superaría en hasta 15 veces el monto inicial, generaría oportunidades de negocio por 4,5 billones de dólares al año, y más de 120 millones de empleos rurales a 2030 (FOLU, 2019).

Por otra parte, la FAO proyecta que el paso hacia patrones de alimentación en base a dietas saludables permitiría, a 2030, reducir sustancialmente los costos ocultos ligados al patrón de consumo de alimentos actual, dado que sus costos ocultos son mucho menores.

Actualmente, el costo de una dieta saludable -que sea variada e incluya frutas, verduras y proteínas- supera el monto de la línea de la pobreza¹⁶, haciéndola inaccesible para la población que se ubica por debajo de ese umbral. Por otro lado, si el patrón actual de consumo de alimentos no se modifica, se prevé que los costos relacionados a la mortalidad y las enfermedades no transmisibles superará los 1,3 billones de dólares por año en el 2030. Mientras, los costos relacionados a las emisiones de GEI serian de al menos 1,7 billones de dólares por año (FAO et al., 2020). Con todo, el paso hacia una dieta saludable reduciría en un 97% los costos directos e indirectos de salud para 2030 y entre un 41-74% los sociales ligados a emisiones de GEI (FAO et al., 2020). • La principal razón de liberación de óxido nitroso (N2O) a la atmósfera, se debe a la aplicación de un 50% más de fertilizantes nitrogenados de lo que los cultivos pueden absorber. La aplicación optimizada permitiría reducir las emisiones y bajar los costos de producción, además de proteger los cuerpos de agua de fenómenos como la eutrofización (Jia et al., 2019).

Por todas estas razones, resulta evidente la necesidad de repensar la manera de hacer agricultura en América Latina y el Caribe y, a la vez, visualizar las oportunidades de explorar caminos innovadores que generen sinergias y ayuden, en definitiva, a una transformación a gran escala, que permita: • La FAO considera que casi la mitad de las soluciones existentes, escalables y operacionalmente viables para mantenerse dentro de los objetivos climáticos internacionalmente acordados, provienen del sector agrícola (FAO, 2019e).

• Para el año 2015, el monto de las intervenciones de los diferentes instrumentos financieros climáticos en América Latina y el Caribe sumó poco más de 20 000 millones de dólares. La participación de la agricultura, bosques y uso de la tierra, se ubicaron únicamente entre un 5 y un 10% para los años 2015 y 2016 (Samaniego y Schneider, 2019).

• Se estima que, a nivel global, por cada dólar invertido en restauración de bosques degradados, se pueden obtener entre 7 y 30 dólares en beneficios económicos (Ding et al., 2017).

1. Mantener e incluso ampliar el rol privilegiado de la agricultura como motor de desarrollo económico regional, sobre la base de una mayor innovación, productividad y resiliencia frente a los efectos del cambio climático, que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero y aproveche plenamente su potencial como proveedor de alimentos sostenibles.
2. Generar un modelo agrícola sostenible para que el patrimonio natural de la región siga contribuyendo a los equilibrios y dinámicas ambientales de escala global, aportando a la resiliencia de los sistemas productivos regionales y preservando el patrimonio ambiental para las generaciones futuras.
3. Dinamizar el área rural para alcanzar una mayor inclusión y bienestar de los pequeños productores, a través de mejores condiciones de empleo y menor vulnerabilidad de sus medios de vida ante riesgos de origen natural y antropogénico, con posibilidad de prevenir fenómenos de migración forzada.
4. Acompañar y promover el cambio de los hábitos alimenticios a partir del desarrollo de una oferta de productos sostenibles, variados, nutritivos y más saludables.

Si este cambio se lleva a cabo de manera oportuna, traerá beneficios productivos, ambientales y sociales, y asegurará la resiliencia y sostenibilidad de la producción en el largo plazo. Los costos de realizar este cambio no son menores, pero la evidencia indica que son más que compensados por los beneficios si se hace a tiempo.

Por ejemplo, se calcula que la inversión necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C equivaldría, para América Latina y el Caribe, a aproximadamente un 2% del PIB regional anual para 2050 (Vergara et al., 2013). Estos volúmenes de inversión son altos, aunque equivalentes a los que requiere la región para cerrar las brechas de infraestructura. De hecho, está documentado que estas dos necesidades podrían cubrirse de manera simultánea, con un costo anual de entre un 2 y 8% del PIB (Rozenberg y Fay, 2019).

Estos números, sin embargo, no consideran el beneficio principal de transitar hacia una economía con menores emisiones de GEI, que es paliar los elevados costos de la crisis climática. Se calcula que, de no cumplirse con los compromisos del Acuerdo de París, las pérdidas diarias promedio a nivel mundial equivaldrían a unos 2 000 millones de dólares para 2030 (Watson et al., 2019). • La aplicación de tecnologías de la información y comunicación en la agricultura: “El uso de sensores en los sistemas de riego podría generar un ahorro de un 50% en el uso de agua en la agricultura. La agricultura de precisión ha permitido reducir la aplicación de agroquímicos en hasta un 60% en algunas regiones y cultivos” (CEPAL, FAO e IICA, 2019).

Además, tomar la delantera posicionaría a América Latina y el Caribe como una región pionera y líder mundial en este proceso.

©FAO