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Evaluación del Programa Sistema para la Prevención de Emergencias (EMPRES) en las Crisis de la Cadena Alimentaria - Resumen

Evaluación de Programa País - Resumen










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    Brochure, flyer, fact-sheet
    Anticipar las repercusiones de la COVID-19 en los contextos de crisis humanitarias y alimentarias 2020
    Mientras la pandemia de COVID-19 destruye vidas humanas, sistemas de sanidad pública, medios de subsistencia y economías en todo el mundo, las poblaciones en situación de crisis alimentaria están particularmente expuestas a sus efectos. Los países que sufren actualmente de crisis humanitarias son especialmente vulnerables a los efectos de la pandemia, que ya está afectando a los sistemas alimentarios de manera directa- al modificar la oferta y demanda de alimentos- e indirecta, al reducir el poder adquisitivo, la capacidad de producir y distribuir alimentos y la prestación de ayuda. Todo ello tendrá consecuencias diferentes y afectará a las poblaciones más vulnerables en mayor medida. El impacto podría ser aún más acusado en aquellos países que ya se enfrentan a emergencias excepcionales con consecuencias directas para el sector agrícola, como el actual brote de langosta del desierto en África oriental, el Cercano Oriente y Asia sudoriental. Las lecciones aprendidas en crisis anteriores deberían orientar las políticas y medidas actuales. El brote de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en África occidental, la crisis financiera de 2007-2008 u otras crisis podrían servir de ejemplo. Todas ellas ponen de manifiesto la necesidad de actuar con rapidez y anticiparse a los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 estableciendo medidas adecuadas, manteniendo y ampliando las intervenciones humanitarias destinadas a mejorar la seguridad alimentaria, y protegiendo los medios de subsistencia y el acceso a los alimentos de los más vulnerables, en particular de quienes se encuentran en situación de crisis alimentaria.
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    Brochure, flyer, fact-sheet
    Programa de la FAO de respuesta y recuperación ante la pandemia COVID-19 - Comercio y normas de inocuidad de alimentos
    Facilitar y acelerar el comercio alimentario y agrícola durante la pandemia COVID-19 y más allá
    2021
    La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto sin precedentes en el comercio mundial y regional. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial de mercancías en 2020 podría caer hasta en un 32%. La situación actual no se parece a ninguna otra crisis alimentaria o sanitaria de nuestra época, con choques paralelos de oferta y demanda de alcance global. La escasez de mano de obra por la restricción de la movilidad está afectando a todos los aspectos de las cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas, desde la producción hasta la elaboración y la venta al por menor, lo que conlleva riesgos tanto inmediatos como a largo plazo para la producción y la disponibilidad de alimentos. Al mismo tiempo, la enorme escala de la recesión económica, con pérdidas de empleo generalizadas y reducciones en los ingresos y las remesas, está suscitando una gran preocupación en torno al hambre y la malnutrición. Los grupos más vulnerables ya sufren de pobreza y padecen inseguridad alimentaria, especialmente en países afectados por múltiples crisis (variabilidad meteorológica extrema, plagas de langostas del desierto y enfermedades de plantas y animales), quienes están sufriendo una importante depreciación de sus divisas (sobre todo las economías que dependen de los productos básicos), y los afectados por conflictos, donde los vínculos logísticos y de distribución de la cadena de suministro ya son de por sí frágiles. Todo ello ha llevado a muchos países a adoptar distintas medidas para proteger a sus poblaciones de la crisis. Las restricciones comerciales puntuales han sido un aspecto habitual de la respuesta inmediata, tanto las restricciones a las importaciones por preocupaciones relativas a la inocuidad de los alimentos que no tienen necesariamente una base científica, como las restricciones a las exportaciones por preocupaciones relativas a la disponibilidad de alimentos en el país y la incertidumbre de los mercados. Se ha comprobado que este tipo de medidas no hacen sino exacerbar la situación y provocar perturbaciones en las cadenas de suministro. Por tanto, para mitigar los efectos de crisis como la pandemia COVID-19, en lugar de restringir el comercio, lo que en realidad haría falta sería facilitar y potenciar ese comercio, tanto dentro de las regiones como entre ellas y mejorar el acceso a los mercados.
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    Brochure, flyer, fact-sheet
    Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Sistemas de Seguro para la Agricultura Familiar
    Caso brasileño: Programas de seguros del clima, renta y precios.
    2016
    Also available in:

    Seguro de la Agricultura Familiar Los desastres vinculados a la variabilidad del clima generan los mayores impactos económicos en la región (el 70% de las emergencias está relacionado con el clima). Se proyectan costos anuales del orden de un 2,2% del PIB (año base 2010) para hacer frente a los desastres, de no mediar acciones de adaptación al cambio climático. El índice de riesgo climático global estimado sobre la base de información del período 1995 a 2014, apunta que 4 de los 10 países con mayor índice de riesgo están en América Latina y el Caribe: Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala. En la región, la tercera parte de la población vive en zonas de alto riesgo por su exposición a amenazas geológicas e hidro-meteorológicas. El cambio climático está también ampliando el área de dispersión de plagas y enfermedades de plantas y animales, además de incrementar la probabilidad de aparición de las mismas, e intensificar sus efectos. Caso brasileño: Programas de seguros del clima, renta y precios. Mediante Ley 5.969 de 1973, Brasil estableció el Programa de Garantía de la Actividad Agropecuaria (PROAGRO) para proteger los agricultores de las obligaciones del crédito rural. En 2004 creó el “PROAGRO Más”, para los productores vinculados al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). Actualmente, el PROAGRO protege a los medianos agricultores (PRONAMP) y el PROAGRO Más a los beneficiarios del PRONAF. El PROAGRO Más garantiza en las operacione s de costeo, hasta el 80% de la renta bruta esperada, cubriendo el financiamiento y hasta R$ 20 mil de la renta líquida estimada; y para las operaciones de inversión, el límite de cobertura es 95% de la renta bruta esperada, descontadas las coberturas realizadas por las operaciones de costeo. En las operaciones de costeo, la adhesión de los beneficiarios del PRONAF es obligatoria mientras que en las de inversión, es opcional. Garantía Cosecha En América Latina y el Caribe la agricultura famil iar es muy importante para la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. Cerca del 81% de las explotaciones agrícolas corresponde a agricultores familiares, y dependiendo del país, provee entre el 27% y el 67% de los alimentos. La agricultura familiar genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la región, por lo que se constituye en un sector altamente empleador de mano de obra. Para continuar propiciando la seguridad alimentaria y un desarrollo sostenible, la agricultura familiar tiene tres desafíos importantes: 1) producir más alimentos, variados y nutritivos, 2) continuar generando puestos de trabajo, más seguros y estables, y 3) propiciar el uso adecuado de los recursos que son utilizados en la producción. La Garantía Cosecha es un programa que apoya a los agricultores familiares que se encuentran bajo la línea de la pobreza, con énfasis en la región del Semiárido Brasileño, donde las pérdidas por la sequía son frecuentes. Fue instituida por la Ley 10.420 de 10 de abril de 2002. Garantía de Precios para la Agricultura Familar Es un Programa del Gobierno Federal de Brasil que ofrece al agricultor familiar con el crédito del PRONAF, una protección contra la caída de precios. Actualmente, 51 productos tienen un precio de garantía. La población rural de la región vive en situación de extrema precariedad pues la población pobre más la población en situación de vulnerabilidad económica corresponden al 80% de la población rural total. En este porcent aje se encuentran muchos de los agricultores familiares cuyos medios de vida dependen en gran medida de los factores ambientales y los recursos naturales.

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