El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022

Los desafíos para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición siguen aumentando. La pandemia de la enfermedad por el coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve nuevamente las fragilidades de nuestros sistemas agroalimentarios y las desigualdades en nuestras sociedades, que están causando nuevos aumentos del hambre y la inseguridad alimentaria grave en el mundo. A pesar de los progresos logrados en el mundo, las tendencias de la desnutrición infantil, en particular el retraso del crecimiento y la emaciación, las carencias de micronutrientes esenciales y el sobrepeso y la obesidad infantiles siguen siendo motivo de gran preocupación. Además, la anemia materna y la obesidad en adultos siguen siendo alarmantes.

Los datos más recientes disponibles sugieren que el número de personas que no se pueden permitir una dieta saludable a nivel mundial aumentó en 112 millones (hasta alcanzar casi los 3 100 millones), lo cual refleja las repercusiones del incremento de los precios de los alimentos al consumidor durante la pandemia. Este número podría ser incluso mayor cuando se disponga de datos sobre las pérdidas de ingresos en 2020. La guerra en curso en Ucrania está perturbando las cadenas de suministro y afectando aún más a los precios de los cereales, los fertilizantes y la energía. En la primera mitad de 2022, esto dio lugar a incrementos adicionales de los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, fenómenos climáticos extremos más frecuentes y graves están perturbando las cadenas de suministro, especialmente en los países de ingresos bajos.

De cara al futuro, los progresos realizados en la reducción en un tercio de la prevalencia del retraso del crecimiento infantil en los dos decenios anteriores (que representan 55 millones de niñas y niños con retraso del crecimiento menos) están en peligro por la triple crisis del clima, los conflictos y la pandemia de la COVID-19. Si no se intensifican los esfuerzos, seguirá aumentando el número de niños y niñas aquejados de emaciación.

En el presente informe se destaca repetidamente la intensificación de estos principales factores causantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a saber, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las perturbaciones económicas, en combinación con el aumento de las desigualdades. La cuestión ahora no es si las adversidades seguirán presentándose o no, sino cómo podemos adoptar medidas más audaces para crear resiliencia ante futuras crisis.

Aunque en el informe del año pasado se señalaron las vías para la transformación de los sistemas agroalimentarios, la realidad es que la teoría resulta más fácil que la práctica. Las perspectivas del crecimiento económico mundial en 2022 se han revisado considerablemente a la baja; por tanto, se dispone de recursos financieros más limitados para invertir en los sistemas agroalimentarios. Las asociaciones entre los sectores público y privado resultarán extremadamente importantes para las inversiones en los sistemas agroalimentarios. También será importante contar con una gobernanza robusta para garantizar que dichas asociaciones acaben reportando beneficios a las comunidades y las personas que más lo necesitan, y no a las partes interesadas con poder de la industria.

En este informe se muestra que los gobiernos pueden invertir en los sistemas agroalimentarios de manera equitativa y sostenible, incluso con la misma cuantía de recursos públicos. El apoyo de los gobiernos a la alimentación y la agricultura representa casi 630 000 millones de USD al año en todo el mundo. Sin embargo, una proporción significativa de este apoyo distorsiona los precios de mercado, resulta destructiva para el medio ambiente y perjudica a los pequeños productores y los Pueblos Indígenas y, al mismo tiempo, no proporciona dietas saludables para los niños y las niñas y otras personas que más las necesitan.

A menudo, con el objetivo de proteger su sector agrícola de la competencia internacional, los países importadores de alimentos han reforzado sus políticas de apoyo, especialmente en el caso de los cereales. Al hacerlo, pueden haber fomentado una producción desproporcionada de cereales en relación con la de legumbres, semillas, frutas, hortalizas y otros alimentos nutritivos. Estas políticas han contribuido a la seguridad alimentaria aportando una cantidad suficiente de calorías, pero no son eficaces para mejorar los resultados relacionados con la nutrición y la salud, incluso entre los niños y las niñas.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos para dar prioridad a los consumidores de alimentos y para incentivar la producción, la oferta y el consumo sostenibles de alimentos nutritivos, ayudarán a que las dietas saludables sean menos costosas y más asequibles para todas las personas.

Los gobiernos deben dar este importante paso para la transformación, pero es necesario que la arquitectura multilateral en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición lo apoye. Asimismo, al adaptarse las medidas comerciales y las subvenciones fiscales deberán considerarse los compromisos y flexibilidades de los países en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Este informe con base empírica aprovecha el impulso generado el año pasado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre de Tokio sobre Nutrición para el Crecimiento, así como los resultados previstos de las negociaciones en la 26.^a Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático con miras a reforzar la resiliencia al cambio climático en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición.

Reconocemos que los países con menores ingresos tendrán recursos públicos escasos y necesitarán apoyo mediante financiación internacional para el desarrollo. Estos son países donde la agricultura es esencial para la economía, el empleo y los medios de vida rurales y donde millones de personas pasan hambre y padecen inseguridad alimentaria o malnutrición. Nos comprometemos a trabajar con estos países para encontrar nuevos caminos que permitan incrementar la prestación de servicios públicos que apoye a los actores de los sistemas agroalimentarios de manera colectiva, con la participación de las instituciones locales y la sociedad civil, a la vez que se establezcan asociaciones entre los sectores público y privado.

En todos los contextos, las reformas para adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura también deben ir acompañadas de políticas que promuevan cambios en los comportamientos de los consumidores, junto con políticas de protección social para mitigar las consecuencias no deseadas de las reformas sobre las poblaciones vulnerables. Por último, estas reformas deben ser multisectoriales y abarcar las políticas sobre salud, medio ambiente, transporte y energía.

Nuestras organizaciones están firmemente comprometidas y preparadas para respaldar a los gobiernos y aportar a otros aliados para lograr esa coherencia de las políticas en los planos mundial y nacional. Todas las personas tienen derecho a acceder a alimentos inocuos y nutritivos y a dietas asequibles y saludables. Invertir en sistemas agroalimentarios saludables y sostenibles es una inversión en el futuro y en las generaciones venideras.