Los territorios indígenas y tribales de América Latina juegan un rol destacado en la estabilidad del clima mundial y regional y albergan buena parte de la diversidad biológica y cultural global, pero sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios. Por mucho tiempo la deforestación y degradación forestal de estas áreas fue modesta. Los factores culturales, el reconocimiento formal de los derechos territoriales colectivos por parte de los gobiernos, los incentivos económicos que tenían los pueblos indígenas y tribales para mantener sus bosques, las restricciones estatales sobre el uso de esos bosques, la baja rentabilidad de la agricultura comercial, la reducida disponibilidad de capital y la escasa presión demográfica, contribuyeron a ese resultado.
Hoy, las presiones sobre los pobladores y los bosques de los territorios indígenas y tribales van en aumento. La demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios, es cada vez mayor, lo que valoriza los recursos naturales en los territorios e incentiva intentos externos para acceder a ellos. Muchos factores que históricamente limitaron la destrucción de estos bosques han perdido fuerza o desaparecido:
Estos cambios no han sido todos negativos. Sin embargo, en su conjunto han generado nuevas amenazas a los bosques de los territorios y sus pobladores, aunque hasta ahora la condición de sus bosques sigue siendo mejor que en otros partes.
Estos nuevos desafíos demandan una respuesta integral contundente, ya que los países – y el mundo – no se pueden dar el lujo de perder estas enormes riquezas de carbono almacenado, biodiversidad y culturas, o de permitir una escalada de violencia rural. La pandemia del COVID-19 ha agregado una urgencia adicional a esta situación, toda vez que ha golpeado duramente a las comunidades indígenas y tribales, sin reducir las invasiones a sus territorios. Frente a esta situación se requiere un fuerte incremento en la inversión nacional e internacional en estos territorios, además de reformas en las políticas, procedimientos y sistemas de gobernanza.
Como el problema es de largo plazo, la visión tiene que ser de consolidar las estructuras de gobernanza, instrumentos de políticas, capital social, habilidades y conocimientos necesarios para mantener la integridad de los ecosistemas y las culturas, mejorar la calidad de vida y controlar los conflictos sociales para el futuro indefinido.
Las nuevas iniciativas de inversión y reformas necesitan incluir cinco componentes centrales:
Estos componentes se tienen que ver como un conjunto y no como elementos aislados, hay fuertes sinergias entre ellos. Los programas exitosos de manejo forestal comunitario y compensación de servicios ambientales requieren derechos territoriales. Una buena gobernanza territorial y organizaciones indígenas y tribales consolidadas constituyen una base sólida para todo lo demás, mientras que la revitalización cultural y la gestión del conocimiento tradicional abonan al capital social, autoestima, habilidades y conocimientos necesarios para ello. El Recuadro 7 ofrece una primera estimación indicativa de la rentabilidad económica de implementar este conjunto de actividades, desde una perspectiva de la mitigación climática.
Antes de realizar cualquier inversión pública, es importante evaluar su viabilidad económica. Por lo común, los proyectos de mitigación climática comparan las emisiones de carbono esperadas con las emisiones pasadas. En el caso de los territorios indígenas y tribales, históricamente las emisiones fueron bajas, pero, sin acciones contundentes, es probable que se eleven a niveles similares a los de otros bosques con condiciones ecológicas y acceso a mercados parecidos.
Para la Cuenca Amazónica – que contiene casi las tres cuartas partes del carbono en los bosques de los territorios indígenas y tribales – se cuenta con suficientes datos para hacer una primera estimación de si las recomendaciones que este informe propone podrían ser económicamente viables.
En promedio, los territorios indígenas y tribales de la Cuenca Amazónica perdieron el 0,17% de su carbono cada año entre 2003 y 2016, debido a la deforestación y la degradación forestal. En cambio, los bosques fuera de los territorios indígenas y áreas protegidas perdieron 0,53% por año, un 0,36% por año más que los territorios indígenas y tribales (Walker et al., 2020).*
Las tasas anuales de deforestación fueron más bajas en los territorios indígenas y tribales porque estos se emplazan en lugares menos propensos a la deforestación, sean o no indígenas o tribales. Por ejemplo, pueden estar más lejos de los caminos, tener suelos menos fértiles o climas más húmedos. Blackman y Veit (2018) estiman que ese tipo de factor explica más o menos un 30% de la diferencia en tasas de deforestación de 0,36% entre los territorios indígenas y tribales y otras áreas forestales. Se supone que la mayor parte del 70% restante de la diferencia en tasas de deforestación se explica por los derechos territoriales, usos del bosque, pagos por servicios ambientales, culturas y conocimientos, restricciones en el uso del suelo, gobernanza y organización que son propios de los pueblos indígenas y tribales.
El escenario de referencia que mejor refleja las tendencias actuales, si no se hace nada para fortalecer estos últimos aspectos, es que las tasas de deforestación en los territorios indígenas y tribales se asemejen cada vez más a las de otros bosques. Una estimación subjetiva, pero plausible, es que durante la próxima década estos territorios solo proveerían la mitad de la protección que actualmente dan, comparados a los bosques no indígenas fuera de las áreas protegidas con condiciones parecidas.
Si ese fuera el caso, las emisiones anuales de carbono de los territorios aumentarían en 0,36% x 70% x 50% = 0,126% del stock de carbono en los bosques de los territorios. Actualmente, esos bosques contienen 24 640 millones de toneladas de carbono (MtC), así que las emisiones anuales adicionales serían de 24 640 MTC x 0,126%, o 31 MtC. Al precio que paga el Fondo Verde del Clima (5 dólares estadounidenses por tonelada de CO2e), evitar esa cantidad de emisiones tendría un valor de 570 millones de dólares (de aquí en adelante “dólares”) al año.
Por otra parte, si se toman como referencia los costos de los programas actuales, invertir en propuestas en derechos territoriales, pagos por servicios ambientales, manejo forestal comunitario, gobernanza y revitalización cultural, quizá podría costar en promedio 40 dólares por hectárea (Ding et al., 2016; Von Hedemann, 2016; Alix-García et al., 2019; MINAM, 2019). Si estas actividades lograran cubrir la mitad de los bosques de los territorios indígenas de la Cuenca, el valor sería de 400 millones de dólares al año. Bien invertidos, eso podría ser suficiente para evitar las emisiones mencionadas arriba, valoradas en 570 millones de dólares al año.
Así pues, desde la perspectiva económica, es probable justificar una inversión de esa envergadura solo con base en la reducción esperada en las emisiones, sin incluir los otros beneficios sociales, ambientales, culturales y de gobernanza.** Además, otros estudios señalan que el beneficio económico de evitar emitir una tonelada de CO2e es mayor a 5 dólares (Ding et al., 2016).
La demarcación y titulación de los territorios indígenas y tribales permite reducir las emisiones e incrementar el secuestro de carbono a bajo costo. Aún faltan decenas de millones de hectáreas por demarcar, titular y registrar, y esos esfuerzos requieren de inversión urgente. Luego, esas iniciativas tienen que ser complementadas con otras medidas, para asegurar que los títulos se respeten y que se resuelvan los conflictos de tenencia en cada territorio, y para normar la participación comunitaria en decisiones relacionadas a industrias extractivas, áreas protegidas y regulaciones forestales y garantizar su derecho al Consentimiento Previo Libre e Informado.
Los programas de pagos por servicios ambientales para indígenas y tribales han demostrado un buen desempeño ambiental y social, y merecen ser expandidos. No se debería priorizar tanto pagar a las comunidades para que no deforesten solo en el momento actual, sino crear las condiciones institucionales, económicas y sociales para que las comunidades tengan el interés y la capacidad para garantizar la integridad de sus ecosistemas a largo plazo. No habría que considerar solo los niveles de presión sobre los bosques del pasado – que suelen ser bajos –, sino prepararse para las mayores presiones que se avecinan.
Está comprobado que el manejo forestal comunitario con fines de aprovechamiento maderable y no maderable puede ofrecer oportunidades económicas para los pobladores de estos territorios. Permite promover un abordaje a nivel de paisaje, generar estructuras organizativas a nivel comunitario y territorial, incentivar el mantenimiento del bosque en pie, estabilizar y/o mejorar la condición de los bosques y aportar fuentes de ingresos y empleo.
Igual que otras actividades productivas rurales, el manejo forestal comunitario precisa de inversiones públicas y privadas para acompañar y asesorar a las comunidades, formar recursos humanos, identificar mercados y opciones tecnológicas, monitorear, construir y mantener caminos secundarios y aportar capital de trabajo e inversión. Esas inversiones pueden generar buenas tasas de retorno y catalizar sectores productivos dinámicos, siempre y cuando se aseguren los derechos de propiedad sobre los bosques y haya entornos regulatorios estables y con bajos costos de transacción, que permitan a las comunidades aprovechar sus recursos de forma rentable. Sin esto, algunas comunidades pueden manejar sus bosques de forma rentable, legal y sostenible mientras gocen de un financiamiento de algún programa o proyecto, pero les resulta difícil sostener estos logros a largo plazo sin un entorno de políticas favorables.
La mayor parte de los programas o proyectos forestales en territorios indígenas y tribales se enfocan solo en los aspectos ecológicos y/o económicos y abordan poco los aspectos culturales y educativos. Sin embargo, estos últimos son clave, sobre todo pensando en el mediano y largo plazo. Este componente requiere inversiones en actividades culturales y educativas pertinentes y reformas en políticas para promover los conocimientos tradicionales, algunos sistemas y prácticas tradicionales de producción y consumo, el orgullo étnico, el capital social y la autoestima. La educación bilingüe e intercultural, bien planteada y financiada, puede ser un instrumento poderoso en este sentido.
Finalmente, convendría invertir en mejorar la gobernanza territorial indígena y afrodescendiente y a las organizaciones indígenas y tribales. Para ello, hace falta encontrar un equilibrio entre fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las estructuras indígenas y tribales y revitalizar sus procesos culturales, espirituales, participativos y populares. De forma paulatina, se tendrán que crear nuevas estructuras más “híbridas” para acompañar y financiar a las comunidades y sus organizaciones, y ya han surgido iniciativas interesantes e innovativas en este sentido. Por último, en todos estos esfuerzos habría que asegurar una participación real en la toma de decisiones de las mujeres y los jóvenes.
La aceleración de las amenazas a la integridad de los territorios demanda respuestas rápidas a la altura de los nuevos desafíos. Todavía queda mucho por aprender sobre cómo fortalecer los territorios indígenas y tribales para mejorar sus condiciones sociales y ambientales a largo plazo, pero el momento para actuar es ahora; luego, podría ser demasiado tarde.