Cinco medidas para mitigar el cambio climático en los territorios indígenas y tribales

c. El manejo forestal comunitario

El manejo forestal comunitario es otra forma prometedora para incentivar a los indígenas y tribales a cuidar sus bosques, y usar esos mismos recursos para mejorar su bienestar y nivel de vida. Las bajas tasas de deforestación en los bosques que manejan las comunidades son reflejo de eso. Además, en gran medida los recursos para ese cuidado salen de los mismos bosques.

En los territorios indígenas y tribales de América Latina y el Caribe, el manejo forestal comunitario se da principalmente en cuatro contextos:⁴⁰

la producción de pino en los bosques de coníferas de México y Centroamérica;
la producción de maderas tropicales en los bosques latifoliados;
las plantaciones forestales y agroforestales en el continente; y
las actividades con productos no maderables y servicios turísticos en diversos tipos de bosques.

Los territorios indígenas de México y el norte de Centroamérica tienen más de cinco millones de hectáreas de bosques coníferos, sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el altiplano guatemalteco y la Costa Caribe de Honduras y Nicaragua (Boege Schmidt, 2008). Cientos de comunidades generan ingresos y empleo a partir de los bosques de pino que manejan de forma sostenible, y muchas de ellas alcanzan niveles de valor agregado significativos (Cubbage et al., 2015). Algunas de las empresas más exitosas han diversificado sus actividades para incluir resinas y otros productos no maderables, turismo rural y el pago por servicios ambientales (Segura-Warnholtz, 2014). En México, estas experiencias llevan más de veinticinco años, y en distintos momentos han recibido un respaldo importante de los gobiernos.

Muchas comunidades indígenas y tribales también aprovechan la madera en los bosques latifoliados de casi todas las zonas tropicales de la región. Entre las más conocidas están las de Quintana Roo (México), la Chiquitanía (Estado Plurinacional de Bolivia) y la Amazonía de Perú (Pacheco, 2007; Boege, 2008; Bray et al., 2008; Gaviria y Sabogal, 2013). Estas iniciativas han enfrentado más dificultades que las de los bosques coníferos (Pokorny y Johnson, 2008). Dieron resultados muy prometedores por periodos largos, pero algunas no lograron sostenerse.⁴¹

La región tiene una larga tradición de producción indígena y tribal de café, cacao, frutas tropicales, fruta de pan, pimenta negra, musáceas y otros cultivos agroforestales en sistemas con una buena cobertura arbórea; y mucha experiencia acumulada en la organización comunitaria para el procesamiento y comercialización de estos productos (Toledo et al., 2003; Jarrett, Cummins y Logan-Hines, 2017; Juárez-López, Velázquez-Rosas y López-Binnqüist, 2017). En algunos (todavía pocos) casos, estos sistemas también han gozado de pagos por servicios ambientales de programas gubernamentales y del mercado voluntario de carbono (Giudice et al., 2019; Rontard, Reyes-Hernández y Aguilar-Robledo, 2020).

©LOL KOÓPTE/ Fernanda López
Mujer maya trabajando la madera. Cooperativa Lol Koópte', Ejido Petcacab, México.

El aprovechamiento, procesamiento y comercialización de los productos no maderables, como aceites y esencias, fibras naturales (incluyendo bejucos), frutas, hongos, nueces, cocos, plantas ornamentales y medicinales, resinas y agua de manantial, proveen fuertes beneficios a las comunidades indígenas y tribales. Las mujeres tienen un rol destacado en estas actividades que muchas veces pasa desapercibido (Bose et al., 2017).

El manejo forestal comunitario podría aportar muchísimo más, tanto en la conservación de los bosques como al bienestar de las comunidades, de lo que ha logrado hasta ahora. La principal barrera han sido políticas públicas que impiden que las comunidades puedan aprovechar y procesar la madera y otros productores forestales de forma rentable.⁴²

Los principales obstáculos normativos y fiscales han sido:

procedimientos burocráticos demorosos y costosos;
corrupción en las agencias fiscalizadoras;
normas sin fundamento científico;
cambios frecuentes en las políticas;
altos impuestos y tasas administrativas: y
un mayor énfasis en fiscalizar a las empresas forestales comunitarias y no a la misma deforestación para fines agropecuarios o el aprovechamiento ilegal de la madera (Andersson y Pacheco, 2006; Pacheco et al., 2008; Pokorny y Johnson, 2008).

Muchos convenios internacionales, constituciones nacionales y fallos jurídicos respaldan el derecho de los indígenas y tribales a aprovechar sus recursos forestales según sus propias normas, usos y costumbres; sin embargo, los esfuerzos para adaptar los marcos regulatorios a las realidades y culturas de estos grupos son aún incipientes (Sierra-Huelz et al., 2020).

Mientras las comunidades tengan grandes volúmenes de madera de valor comercial y haya fondos públicos o internacionales para pagar a los asesores, las empresas forestales comunitarias suelen progresar. Aún así enfrentan problemas para sostenerse cuando esos recursos se acaban debido a los altos costos de transacción, que incluyen estudios, desplazamientos, trámites y pagos administrativos.

Algo parecido sucede con el financiamiento para las instalaciones, maquinaria y costos de operación. A pesar de tener mucha riqueza forestal y a veces un buen historial crediticio, las empresas forestales indígenas y tribales rara vez consiguen financiación bancaria. Los programas y proyectos que les financian resuelven esto durante un tiempo, pero, al terminar, las comunidades vuelven a depender de los compradores de madera para su capital de operaciones (Mejía et al., 2015).

Por lo general, no se fiscaliza tanto el aprovechamiento de los productos no maderables. Sin embargo, puede haber problemas cuando las comunidades buscan pasar de la informalidad a legalizar sus actividades y recibir apoyos de programas o proyectos (Laird, McLain y Wynberg, 2010; Delgado, McCall y López-Binqüist, 2016).

Lo mismo pasa con parte importante de la madera, leña y carbón que las familias indígenas y tribales producen de manera informal. Estas actividades generan ingresos sustanciales, muchas veces sin mayores daños ambientales ni esfuerzos mayores de fiscalización estatal, pero el marco normativo actual dificulta que los comuneros puedan formalizarse y pasar a otro nivel de funcionamiento (ver Recuadro 4).

©LOL KOÓPTE/ Fernanda López
Mujer indígena del pueblo Maya trabajando la madera. Cooperativa Lol Koópte', Ejido Petcacab, México.

Recuadro 4 El Ejido Petcacab: un ejemplo de buen manejo forestal maya en Quintana Roo, México

Durante treinta años la comunidad de Petcacab, en el municipio de Felipe Carillo Puerto, perteneciente al pueblo indígena Maya, no tuvo más remedio que dejar que la empresa Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQRO) entrara a extraer grandes volúmenes de caoba, sin mayores beneficios para los pobladores. A pesar de ser los titulares de su tierra, las autoridades de gobierno de aquel entonces habían otorgado una concesión forestal a MIQRO que le permitía aprovechar la madera sin el consentimiento de la comunidad. Dicha situación cambió de forma abrupta en 1983, cuando el gobierno inició un Plan Piloto Forestal para apoyar al manejo forestal comunitario y permitió a las comunidades de esa zona aprovechar sus recursos forestales.

Hoy, Petcacab lleva casi cuarenta años aprovechando su madera de forma sostenible. Es una comunidad relativamente próspera de unos mil habitantes, que vendió productos maderables por 1 687 315 dólares estadounidenses en 2016. Cuenta con 51 176 hectáreas, de las cuales el 81% se usa para producción forestal, el 10% para la conservación y apenas el 9% para la agricultura y otros usos. En sus bosques se conservan los jaguares, venados, monos saraguatos, tapires, tepezcuintles, faisanes, pavos de monte y tucanes. Envía 300 mil pies de tablares de madera al año al centro del país, generando 280 empleos directos. Cuenta con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), que acredita un buen manejo de sus bosques. Procesa su propia madera, así como la de otras cuatro empresas forestales comunitarias aledañas.

Para el pueblo Maya de la comunidad de Petcacab, los bosques son fuente de mucho más que simplemente tablas aserradas. Según un estudio de 2006, utilizan 197 especies de plantas y 66 especies animales. Los miembros de la comunidad venden palizadas y hoja de palma de huano para la construcción, carbón para los asados, muebles y artesanía de madera, chicle y miel. También cazan y pescan para su propio consumo. A su vez, un grupo de lideresas indígenas formó su propia empresa de carpintería, llamada Lol Koópte’, que aprovecha los residuos del aserradero para la fabricación de muebles. También dedican una parte de su área de conservación para el ecoturismo.

A lo largo de todo este proceso, Petcacab ha contado con la asistencia técnica y financiera del Estado. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha aportado incentivos forestales para diseñar el Plan de Manejo Forestal, realizar las auditorías independientes para la certificación forestal, montar la empresa de las mujeres mayas y organizar una cooperativa para vender carbón, entre otras cosas.

Nada de esto ha sido fácil. La primera empresa forestal comunitaria tuvo una crisis por mal manejo y tuvo que ser reemplazada por otro esquema de trabajo más descentralizado. En 2007, los bosques de la comunidad indígena fueron severamente dañados por el huracán Dean. Después de casi cuarenta años de esfuerzo y dedicación la comunidad aún tiene dificultades para conseguir financiamiento para sus nuevos emprendimientos. Sin embargo, el progreso desde la época de la empresa MIQRO es notorio, y las perspectivas son buenas. FUENTE: Ramírez Barajas, Torrescano Valle y Chan Rivas, 2006; Ejido Petacab y Polinkin, 2016; La Jornada Maya, 2017; La Jornada Maya, 2018; Distrito Centro, 2018; CNF, 2019.

Las entidades independientes que certifican el manejo forestal sostenible reconocen la necesidad de adaptar sus enfoques a las realidades comunitarias y han diseñado estándares nacionales específicos para ello (Wiersum, Humphries y van Bommel, 2011). Sin embargo, las normas oficiales tendrían que ser adaptadas a las realidades del manejo forestal comunitario para darle más impulso a estos procesos.

El tercer componente que bien valdría fortalecer a través de financiamiento y modificaciones en las políticas es el manejo forestal, con el fin de hacerlo rentable y sostenible, capaz de aportar mayor bienestar y un aliciente para evitar el cambio del uso del suelo y la degradación forestal. Específicamente:

Expandir sustancialmente el financiamiento público, no gubernamental y de inversionistas privados, incluyendo productos no maderables del bosque y turismo, además de productos maderables, y asegurando la inclusión de mujeres y jóvenes. Se necesitan más fondos para la preparación de planes y solicitudes de permisos, construcción y mantenimiento de caminos vecinales, compra de maquinaria y equipo, capital de operaciones, capacitaciones y asesoría técnica, monitoreo comunitario, auditorías independientes y comercialización. Este financiamiento puede tomar la modalidad de donativo, crédito o capital patrimonial. También habría que canalizar fondos de los programas de pagos por servicios ambientales hacia actividades de manejo forestal.⁴³ Cualquiera sea la modalidad, es importante que los sistemas de financiamiento estén adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades indígenas y tribales, y que las comunidades pueden conocer la información sobre el financiamiento y decidir de forma autónoma si lo quieren bajo las condiciones ofrecidas.
Aplicar un enfoque normativo más sencillo y con pertinencia cultural, adaptado a las necesidades de los involucrados. Habría que enfatizar más la capacitación, el acompañamiento técnico y otros incentivos que las políticas de control (Hirakuri, 2003); adaptar las normas a las condiciones y necesidades locales; asegurar que las personas afectadas participen en definir las normas y monitorear su cumplimiento; y contar con el respaldo de las autoridades gubernamentales para ellas (Ostrom, 1990). Las reglas y los procedimientos tendrían que ser sencillos, lo menos engorrosos posibles y fundamentados tanto en el conocimiento empírico tradicional como en el académico.⁴⁴
Fortalecer – y en algunos casos, crear – la capacidad de acompañamiento técnico, organizativo y comercial para las empresas forestales comunitarias. Los mecanismos específicos para ello varían según el país, pero en todos los países no solo hace falta mejorar las prácticas forestales, sino también los aspectos gerenciales, organizativos y de comercialización. Hace falta fortalecer las cadenas de valor, la identificación de nuevos mercados y la capacidad de negociación entre las comunidades y los intermediarios. El uso de denominaciones de origen y de la identidad de los productores y distintos tipos de certificación social y ambiental pueden ser herramientas útiles en ese sentido.
Asegurar que buena parte del monitoreo de estos sistemas de producción lo hagan los mismos pueblos, en tanto abarata los costos, favorece la apropiación y facilita la gestión adaptativa. Estudios recientes demuestran que se pueden generar datos fiables de esta forma (Balderas Torres y Skutsch, 2015; Mateo-Vega et al., 2017; Yepes et al., 2018).

En cualquier caso, la prioridad inmediata debe de ser reactivar las iniciativas de manejo forestal en el Estado Plurinacional de Bolivia, México, Perú y Centroamérica, las que lograron cierta consolidación, pero luego se debilitaron por retrocesos en las políticas públicas. Asimismo, habría que priorizar el apoyo a este tipo de actividad en los territorios indígenas y tribales donde ha crecido más la presión externa sobre los bosques, como en Brasil y Colombia.

40 Muchas comunidades mestizas también participan en el manejo forestal comunitario en la región, pero no forman parte de este estudio.
41 Aunque sean mayoritariamente mestizas, las concesiones forestales comunitarias del Petén, Guatemala, son un buen ejemplo del gran potencial del manejo forestal comunitario en los bosques tropicales, donde el marco de las políticas resulta más favorable (Blackman, 2015).
42 Como dice el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial (IEG), “Cuando se implementa con eficacia, el Manejo Forestal Participativo ha generado beneficios positivos, tanto para los medios de vida, como para el medio ambiente. Pero a menudo la falta de una devolución verdadera de la toma de decisiones hacia las comunidades y los marcos regulatorios que discriminan contra los pequeños productores impiden que se realice todo su potencial. Cuando así sucede, los beneficios que reciben las comunidades pueden ser escaso incentivo para asegurar el manejo forestal sostenible” (IEG, 2014, la traducción es nuestra).
43 Además, habría que reducir los impuestos y cobros administrativos que pagan las empresas comunitarias. No tiene sentido aportar más fondos por un lado y restarlos por otro.
44 Por ejemplo, se podrían eliminar ciertos requisitos para aprovechamientos de baja intensidad, permitir el uso de motosierras para hacer aserrío manual y promover planes a escala regional, en lugar de por comunidad.