Las áreas protegidas suelen restringir el cambio de uso del suelo y actividades extractivas. Cuando se declara un área protegida en tierras públicas, se vuelve más difícil privatizarlas de forma legal y, por lo tanto, suelen tener menos deforestación.
Los territorios indígenas y tribales de América Latina están altamente traslapados con las áreas protegidas, y, en principio, por ese solo hecho también se esperaría que se deforestaran menos. Casi la mitad (47%) del área indígena de la región ha sido clasificada como área protegida, mientras que en las áreas no indígenas apenas alcanza el 17% (Garnett et al., 2018).24 Aun cuando un Estado no reconozca formalmente los derechos de los indígenas o tribales a estos territorios, el solo hecho de ser clasificada como área protegida a veces ayuda a impedir la invasión de grupos externos.
El alto porcentaje de sobreposición entre los territorios indígenas y tribales y las áreas protegidas explica parcialmente la baja deforestación de estas áreas. Ahora bien, es solo una de las variables a considerar. Para empezar, los territorios indígenas que no están en áreas protegidas también sufren menos deforestación que otros bosques (Blackman et al., 2017; Blackman y Veit, 2018; Walker et al., 2020). En Panamá, los territorios indígenas fuera de áreas protegidas incluso reducen la deforestación más que los que están dentro (Vergara-Asenjo y Potvin, 2014). Además, cuando existen áreas protegidas sobrepuestas con territorios indígenas y otras sin indígenas, a menudo las tasas de deforestación y degradación son más bajas en las primeras, dando a entender que la condición de territorio indígena agrega valor más allá de la designación de área protegida (Hayes, 2007; Stocks, McMahan y Taber, 2008; Norman y Chomitz, 2011; Blankespoor, DasGupta y Wheeler, 2014; Holland et al., 2014; Schleicher et al., 2017; de los Ríos Rueda, 2020; Walker et al., 2020).25