En la mayor parte de los territorios indígenas y tribales las principales amenazas a la cobertura forestal vienen de afuera. Entre las más importantes están las ocupaciones de tierras de parte de ganaderos, colonos, mineros, palmicultores, productores mecanizados de soja y cereales, petroleros, narcotraficantes y especuladores de tierras; el aprovechamiento forestal por madereros y los incendios que todos estos grupos provocan (Hayes, 2008; Stocks, McMahan y Taber, 2008; RAISG, 2012; Pacheco y Benatti, 2015; Bebbington et al., 2018; Gebrara, 2018; McSweeney et al., 2018; Bayi, 2019; Walker et al., 2020). Muchos de estos grupos cuentan con apoyo del Estado y suficiente capital para desmontar áreas grandes e invertir en maquinaria o ganado, y además algunos están armados y/o se dedican a actividades ilícitas.
El reconocimiento formal de los derechos colectivos de los territorios indígenas y tribales por los Estados frecuentemente ayuda a evitar la entrada de grupos externos que destruyen sus bosques, ya sea porque el mismo Estado impide esa entrada o porque les da licencia a los pueblos indígenas y tribales para delimitar sus territorios, realizar monitoreo y hasta enfrentar a los invasores. Muchos agricultores y especuladores deforestan más por apropiarse de la tierra que para producir algo, pero esto se puede limitar mediante del reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas o tribales sobre esa tierra.
Eso no solo protege los bosques de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, también incentiva a los otros agricultores a usar los predios que ya tienen de forma más intensiva. Al no poder expandir sus actividades a través de la ocupación de tierras indígenas o tribales, las mejoras en la productividad agropecuaria ya no provocan una expansión del área en cultivos y potreros que genera deforestación, sino que se produce más en la misma área. Eso se refleja en un estudio de diez países realizado entre 1995 y 2015, el que demuestra que, donde existían derechos claros de propiedad de los territorios indígenas, los incrementos en la productividad agropecuaria provocaron menos expansión del área en cultivos y potreros (Ceddia, Gunter y Pazienza, 2019).
Múltiples estudios señalan que las tasas de deforestación son más bajas en los territorios colectivos de los pueblos indígenas y/o tribales con derechos reconocidos (Nelson, Harris y Stone, 2001; Hayes, 2007; Botazzi y Dao, 2013; Nolte et al., 2013; Ding et al., 2016; Blackman et al., 2017; Bayi, 2019; Pérez y Smith, 2019; Vélez et al., 2019; Baragwanath y Bayi, 2020; de los Ríos Rueda, 2020). Börner et al. (2020) comparan la eficacia de varios programas y políticas cuya meta es la conservación y concluyen que la designación formal de territorios indígenas es el más eficaz. Según Ding et al. (2016), entre 2000 y 2012 las tasas de deforestación en territorios indígenas titulados en la Amazonia boliviana, brasileña y colombiana eran apenas entre un tercio y la mitad que en otros bosques que tenían acceso al mercado y características ecológicas parecidos. Los beneficios de evitar la deforestación eran mucho mayores que los costos de la demarcación y titulación y otras medidas asociadas. El estudio concluye que mejorar la seguridad de tenencia de los territorios indígenas es una de las opciones más económicas para reducir las emisiones de carbono (ver Recuadro 1).
Ding et al. (2016) analiza el costo-beneficio asociado a la titulación de territorios indígenas en las regiones amazónicas del Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil y Colombia.
Utilizando un método estadístico denominado “análisis de correspondencia”, el estudio compara las tasas de deforestación en los territorios indígenas titulados entre 2000 y 2012 versus las tasas de deforestación de otros bosques amazónicos con características similares. Los autores constatan que las tasas de deforestación en los territorios indígenas titulados son apenas entre la tercera parte y la mitad de los otros bosques en los tres países.
Sabiendo cuánta deforestación evitó la titulación y cuánto carbono hay en los bosques no deforestados, los autores pudieron calcular la magnitud del impacto de la titulación sobre las emisiones de carbono.
Según el estudio, la tenencia segura de los territorios colectivos evitó la emisión de entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de CO2 (MtC) cada año; al realizar una proyección financiera para un periodo de veinte años, los autores calcularon que el valor presente neto de esa reducción en los tres países oscilaría entre 25 y 34 mil millones de dólares estadounidenses. A su vez, la reducción total de emisiones en los tres países sería equivalente a reducir el número de vehículos que circulan durante un año entre 9 y 12,6 millones.
Los costos económicos asociados a garantizar la seguridad de tenencia de los territorios indígenas son muy bajos. Se estima que el Estado Plurinacional de Bolivia invierte 45 dólares estadounidenses por hectárea titulada; Brasil, 68 dólares estadounidenses por hectárea; y Colombia, 6 dólares estadounidenses por hectárea (el valor presente neto de la inversión para un periodo de veinte años.) Al comparar otras medidas de captura y almacenamiento de carbono contra el costo de asegurar la tenencia de los territorios colectivos indígenas, el estudio demuestra que “el costo de asegurar la tenencia es de 5 a 29 veces menor que los costos estimados de las centrales eléctricas alimentadas con carbón, y de 7 a 42 veces menos que los costos de las centrales eléctricas alimentadas con gas.” FUENTE: Ding et al., 2016.
El estudio de Ding et al. (2016) no compara la deforestación en los territorios de los pueblos indígenas cuyos territorios fueron reconocidos por los Estados con la de los territorios no reconocidos. Compara los bosques de los primeros con otros bosques fuera de los territorios indígenas que tienen acceso a mercados y características ecológicas similares. En términos estrictos, no separa los efectos de la titulación de otros aspectos culturales o de gobernanza asociados a los territorios indígenas. Sin embargo, otros estudios sí analizan los efectos específicos del reconocimiento formal de la tenencia y tienden a reafirmar la conclusión de Ding et al. (2016) que la titulación misma tiene un efecto significativo (Hayes, 2007, Blackman et al., 2017; Halvorson, 2018; Bayi, 2019; Pérez y Smith, 2019; Romero y Saavedra, 2019; Baragwanath y Bayi, 2020). Bayi (2019) incluso demuestra que la deforestación se reduce más con cada paso que avanza el proceso de registro de los territorios indígenas en Brasil. Dado eso, el reconocimiento formal de los derechos de tenencia de los territorios colectivos es una buena práctica para mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad y hacer posible el manejo sostenible de los bosques (IPCC 2019).
No obstante, hay por lo menos cinco situaciones en las que un reconocimiento formal de los derechos territoriales colectivos no siempre disminuye la destrucción de los bosques: