Los retrocesos en los progresos alcanzados y la persistencia en los últimos años de niveles altos de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición han apartado al mundo del cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS: acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición para 2030. En ediciones anteriores del presente informe se ha señalado repetidamente la intensificación de destacadas causas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, en particular los conflictos, la variabilidad y las condiciones extremas del clima y las desaceleraciones y recesiones de la economía, en combinación con factores subyacentes arraigados que contribuyen a la inseguridad alimentaria y la malnutrición, como la falta de acceso a dietas saludables y la inasequibilidad de estas, unos entornos alimentarios poco saludables y la desigualdad alta y persistente. No solo han aumentado la frecuencia y la intensidad de esas causas principales, sino que también aparecen a la vez más a menudo, y en combinación con los factores subyacentes, a raíz de lo cual aumenta la cantidad de personas que padecen hambre e inseguridad alimentaria. Dependiendo del factor principal o de la combinación de factores que determinan la seguridad alimentaria y la nutrición en un país, para abordarlos será necesaria una cartera de políticas articuladas en torno a las seis vías de transformación expuestas con detalle en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021.
Para que las medidas alcancen la escala necesaria, son esenciales niveles de financiación suficientes para abordar las dificultades en materia de seguridad alimentaria y nutrición e igualdad de acceso al respecto. El tema del informe de este año se centra en la financiación orientada al cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS: financiación para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas.
La seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo
Indicadores de la seguridad alimentaria: información actualizada y últimos progresos con vistas a poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria
La prevalencia del hambre mundial en 2023, medida por la prevalencia de la subalimentación (indicador 2.1.1 de los ODS), revela una falta de avances constante en el cumplimiento del objetivo del Hambre cero. Tras dispararse entre 2019 y 2021, la proporción de la población mundial que padece hambre lleva tres años prácticamente en el mismo nivel, y las últimas estimaciones apuntan a una prevalencia mundial de la subalimentación del 9,1 % en 2023. Por lo que se refiere a la población, se calcula que entre 713 y 757 millones de personas (8,9 % y 9,4 % de la población mundial, respectivamente) se encontraban subalimentadas en 2023. Si se considera la estimación del valor medio (733 millones), puede que en 2023 hayan padecido hambre unos 152 millones de personas más que en 2019.
África es la región que registra el mayor porcentaje de población aquejada de hambre: un 20,4 %, frente a un 8,1 % en Asia, un 6,2 % en América Latina y el Caribe y un 7,3 % en Oceanía. Sin embargo, en Asia sigue encontrándose el mayor número: 384,5 millones, equivalentes a más de la mitad de la población mundial que padece hambre. En 2023 podrían haber padecido hambre en África 298,4 millones de personas, frente a 41,0 millones en América Latina y el Caribe y 3,3 millones en Oceanía. Es clara la tendencia al alza de la prevalencia de la subalimentación en África, mientras que en América Latina y el Caribe se están realizando progresos y en Asia la situación no presenta cambios relativos. En todas las regiones la prevalencia de la subalimentación sigue por encima de los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.
Según previsiones actualizadas, 582 millones de personas padecerán subalimentación crónica en 2030, lo cual es indicio del inmenso desafío que supone cumplir el ODS 2 (Hambre cero). Se trata de cerca de 130 millones de personas subalimentadas más que en la situación en que se encontraba la economía mundial antes de la pandemia de la COVID-19. Para 2030, el 53 % de la población mundial que padece hambre se concentrará en África.
Más allá del hambre, la prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave (indicador 2.1.2 de los ODS) también sigue muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y apenas ha habido variaciones en los últimos cuatro años tras el acusado aumento de 2019 a 2020 durante la pandemia. Se estima que en 2023 el 28,9 % de la población mundial (2 330 millones de personas) padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, carecía de acceso sistemático a una alimentación adecuada. Estas estimaciones se refieren a un 10,7 % de la población (más de 864 millones de personas) que padecieron inseguridad alimentaria grave, lo cual supuso que a lo largo del año se habían quedado a veces sin alimentos y que, en el peor de los casos, habían pasado un día entero o más sin comer. La prevalencia de la inseguridad alimentaria grave a escala mundial aumentó del 9,1 % en 2019 al 10,6 % en 2020 y se ha resistido al cambio desde entonces.
La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en África (58,0 %) casi duplica la media mundial, mientras que en América Latina y el Caribe, Asia y Oceanía se acerca a la estimación mundial: 28,2 %, 24,8 % y 26,8 %, respectivamente.
Uno de los principios rectores de la visión expuesta en la Agenda 2030 consiste en velar por no dejar a nadie atrás. Contar con información más detallada sobre la inseguridad alimentaria de distintos grupos de población contribuye al seguimiento de los progresos en la plasmación de esta visión. Los resultados correspondientes a 2023 muestran una pauta de disminución de la inseguridad alimentaria acompañada de un grado de urbanización en aumento a escala mundial. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave fue del 31,9 % en las zonas rurales frente al 29,9 % en las zonas periurbanas y el 25,5 % en las zonas urbanas. Una comparación de la situación de los hombres y las mujeres en cuanto a la inseguridad alimentaria muestra que la prevalencia de esta ha seguido siendo sistemáticamente más alta entre mujeres que entre hombres a escala mundial y en todas las regiones desde la primera vez que se dispuso de datos, en 2015, aunque la brecha de género ha disminuido en la mayoría de las regiones en los dos últimos años.
Costo y asequibilidad de una dieta saludable
El indicador del costo de una dieta saludable ofrece estimaciones a escala nacional del costo de adquirir la dieta saludable más barata posible en un país, definida como una dieta integrada por diversos alimentos disponibles localmente que satisfacen las necesidades energéticas y nutricionales. El costo de una dieta saludable se compara a continuación con las distribuciones de ingresos nacionales para calcular la prevalencia de la inasequibilidad y el número de personas que no pueden permitirse una dieta saludable. En la edición del informe de este año se actualizan los indicadores hasta 2022.a Los nuevos datos y mejoras metodológicas en relación con los precios de los alimentos han comportado estimaciones actualizadas del costo y estimaciones más precisas de la asequibilidad de una dieta saludable, a raíz de lo cual se han revisado las series completas de ambos conjuntos de indicadores.
El costo de una dieta saludable ha aumentado en todo el mundo desde 2017 (primer año sobre el que la FAO presentó estimaciones) y siguió aumentando en 2022 hasta alcanzar una media máxima de 3,96 dólares de paridad de poder adquisitivo (dólares PPA) por persona al día en 2022. Ello supone un incremento del costo medio de una dieta saludable a escala mundial, que ha pasado de un aumento del 6 % entre 2020 y 2021 a un aumento del 11 % el año siguiente.
Comparando las distintas regiones en 2022, el costo de una dieta saludable registró el máximo nivel en América Latina y el Caribe (4,56 dólares PPA), seguido por Asia (4,20 dólares PPA), África (3,74 dólares PPA), América septentrional y Europa (3,57 dólares PPA) y Oceanía (3,46 dólares PPA).
Pese al aumento del costo de una dieta saludable, el número de personas de todo el mundo que no podían permitirse una dieta saludable disminuyó dos años consecutivos entre 2020 y 2022. A escala mundial, se estima que el 35,4 % de la población mundial (2 830 millones de personas) no pudieron permitirse una dieta saludable en 2022, frente a un 36,4 % (2 880 millones) en 2021.
Sin embargo, la recuperación ha sido desigual de una región a otra. El número de personas que no podían permitirse una dieta saludable bajó a niveles inferiores a los registrados antes de la pandemia en Asia y en América septentrional y Europa, mientras que aumentó considerablemente en África, donde subió a 924,8 millones en 2022, 24,6 millones más que en 2021 y 73,4 millones más que en 2019. La comparación entre grupos de países por nivel de ingresos muestra que la vía de recuperación ha sido más lenta en los países de ingresos bajos, donde en 2022 una dieta saludable resultó inasequible a 503,2 millones de personas, máxima cifra registrada desde 2017.
La falta de mejoras en la seguridad alimentaria y la desigualdad de los progresos en cuanto al acceso económico a dietas saludables ensombrecen la posibilidad de alcanzar el Hambre cero en el mundo cuando quedan seis años para que venza el plazo de 2030. Es preciso acelerar la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios para fortalecer su resiliencia ante los principales factores determinantes y abordar las desigualdades a fin de garantizar a todos la asequibilidad y la disponibilidad de las dietas saludables.
El estado de la nutrición: progresos en relación con las metas mundiales en materia de nutrición
Pasando a las tendencias correspondientes a las siete metas mundiales en materia de nutrición, prácticamente no se han registrado avances por lo que se refiere al bajo peso al nacer, cuya prevalencia fue del 15 % en 2012 y del 14,7 % en 2020. Está previsto que el 14,2 % de los recién nacidos presenten bajo peso al nacer en 2030, lo cual queda lejos de la meta mundial de alcanzar una reducción del 30 % para 2030.
Se ha avanzado en cuanto al aumento de la tasa mundial de lactancia materna exclusiva entre los lactantes menores de seis meses, que ha pasado del 37,1 % en 2012 al 48 % en 2022. Sin embargo, el mundo no va camino de alcanzar la tasa del 70 % fijada como meta para 2030.
Entre los niños menores de cinco años, la prevalencia mundial del retraso en el crecimiento disminuyó del 26,3 % en 2012 al 22,3 % en 2022. Está previsto que en 2030 padezca retraso en el crecimiento el 19,5 % del total de niños menores de cinco años. La prevalencia mundial de la emaciación disminuyó del 7,5 % en 2012 al 6,8 % en 2022. En vista de que está previsto que en 2030 padezca emaciación el 6,2 % de los niños menores de cinco años (más del doble de la meta mundial del 3 %), el mundo sigue yendo por mal camino en relación con este indicador. La prevalencia mundial del sobrepeso se ha quedado estancada y ha permanecido en el 5,6 % en 2022. Para 2030 está previsto que el 5,7 % de los niños menores de cinco años padezca sobrepeso, proporción que casi duplica la meta mundial del 3 % fijada para 2030.
A escala mundial, la prevalencia de la anemia en las mujeres de entre 15 y 49 años aumentó del 28,5 % en 2012 al 29,9 % en 2019 y está previsto que llegue al 32,3 % para 2030, proporción alejada de la meta de reducir la prevalencia en un 50 % para 2030.
Según nuevas estimaciones de la obesidad en adultos, en el último decenio se ha registrado un aumento constante al pasar del 12,1 % en 2012 al 15,8 % en 2022. El mundo no va camino de cumplir la meta mundial de detener el aumento para 2030, con previsiones de más de 1 200 millones de adultos obesos para 2030.
Son más los países que no van camino de cumplir para 2030 la mayoría de las siete metas mundiales en materia de nutrición que los que van camino de cumplirlas.
En comparación con las estimaciones mundiales, los países menos adelantados presentan niveles mucho más altos de retraso en el crecimiento entre los niños menores de cinco años y de anemia en las mujeres de entre 15 y 49 años, y se observa el mismo aumento preocupante de la obesidad en adultos.
La doble carga de la malnutrición (la coexistencia de la desnutrición junto con el sobrepeso y la obesidad) se ha disparado a escala mundial en todos los grupos de edad. La delgadez y la insuficiencia ponderal han disminuido en los últimos dos decenios, mientras que la obesidad ha crecido acusadamente. Mediante medidas con doble finalidad se abordarán de forma simultánea la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad partiendo de los factores comunes que determinan todas las formas de malnutrición.
Nueva definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición
Existe una amplia gama de estimaciones del costo de cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS. Sin embargo, se carece de una imagen coherente de la cuantía total de los recursos financieros que se destinan a la seguridad alimentaria y la nutrición y su desglose y de los costos que supone cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS, en parte porque no se dispone de una definición acordada de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. A falta de una definición normalizada, no será posible determinar de forma adecuada los niveles y déficits existentes en cuanto a la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Dificultades en la definición y medición de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición
Actualmente se aplican varias definiciones de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición que generan diferencias marcadas en las estimaciones de los niveles de financiación actuales. Por ejemplo, incluso en el caso de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) (la más avanzada por lo que se refiere a la existencia de un sistema de seguimiento mundial y una base normalizada de datos comunes sobre la ayuda), se carece de una definición y una referencia normalizadas para la medición de la financiación destinada a prestar apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición. Este vacío comporta estimaciones muy divergentes de las sumas que se gastan y del destino y la eficiencia de ese gasto en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, lo cual repercute negativamente en el ulterior análisis de las tendencias y los resultados necesarios para demarcar la vía que lleva al cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS.
Desentrañar lo que constituye financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición sigue siendo complejo y para nada trivial. Tal situación plantea una gran cantidad de dificultades, no solo a efectos de rastrear los actuales niveles de financiación destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición, sino también en cuanto a determinar los ámbitos necesitados de más financiación, garantizar la rendición de cuentas de las instituciones y hacer el seguimiento de las repercusiones de las intervenciones financiadas.
La seguridad alimentaria y la nutrición son conceptos multidimensionales complejos que no encajan del todo en los marcos definidos en función de sectores. Las intervenciones dirigidas a alcanzar la seguridad alimentaria y afianzar la nutrición abarcan diversos sectores y dimensiones de, entre otras cosas, el desarrollo económico, sanitario, social y ambiental. Sin embargo, los flujos y presupuestos de la financiación se definen y clasifican normalmente por sector y, dentro de cada sector, por finalidad. Al pasar de un sistema de clasificación basado en sectores a una medición basada en resultados surgen cuestiones complejas en relación con la contribución de los recursos sectoriales a la seguridad alimentaria y a la obtención de resultados positivos en materia de nutrición.
Se ha ampliado el conocimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición y su vinculación crítica, a pesar del limitado consenso en torno al alcance de las intervenciones que contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición. Las dietas saludables y el estado de salud determinan en gran medida el estado nutricional, pero múltiples factores relativos a la seguridad alimentaria (como la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos nutritivos), las prácticas (por ejemplo, en relación con los alimentos y la alimentación, los cuidados y la adopción de hábitos saludables) y los servicios (como el agua limpia, la salud, la educación y la protección social) influyen en la capacidad y en los mecanismos por los cuales las personas pueden lograr dietas saludables y una salud adecuada. Sin embargo, hasta la fecha han sido limitados los esfuerzos por incorporar esta clase de intervenciones en las medidas integrales de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Cabe señalar que las definiciones actuales no incorporan la financiación de intervenciones pensadas de forma más específica para hacer frente a los principales factores determinantes de las tendencias en materia de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición que se han señalado en anteriores ediciones del presente informe: los conflictos, la variabilidad y las condiciones extremas del clima y las desaceleraciones y recesiones de la economía, en combinación con factores subyacentes estructurales: la falta de acceso a alimentos nutritivos y la inasequibilidad de estos, unos entornos alimentarios poco saludables y una desigualdad alta y persistente.
Nueva definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición
La financiación es el proceso de aportar fondos para que el sector público y el privado tomen parte en actividades económicas, realicen compras o lleven a cabo inversiones. Los recursos financieros pueden proceder de una de las cuatro fuentes siguientes o de una combinación de ellas: 1) recursos nacionales públicos, 2) recursos extranjeros públicos, 3) recursos nacionales privados, y 4) recursos extranjeros privados. Cada fuente puede aportar financiación a través de diversos instrumentos financieros para financiar intervenciones a corto y a largo plazo en condiciones comerciales o favorables (como donaciones o préstamos a tipos inferiores a los del mercado).
La nueva definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición que se presenta en este informe consta de una definición básica y otra ampliada. La definición básica abarca los flujos de financiación que apoyan los esfuerzos centrados en los principales factores determinantes de la seguridad alimentaria y la nutrición. La definición ampliada parte de la anterior para incluir los flujos de financiación que contribuyen a abordar las causas principales y los factores estructurales que subyacen a los aumentos recientes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Se entiende por financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición el proceso de aportar u obtener recursos financieros para velar por que, en todo momento, todas las personas tengan acceso físico, social y económico estable a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y saludable y a prácticas adecuadas de preparación y manipulación de alimentos, alimentación, cuidados y búsqueda de atención sanitaria, así como acceso a servicios sanitarios, de abastecimiento de agua y de saneamiento para garantizar de forma constante un estado nutricional adecuado. La definición abarca también los gastos e inversiones dirigidos a velar por la protección de todas las personas frente a la inestabilidad a corto o a largo plazo en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición como consecuencia de diversos factores climáticos, económicos, sociales, comerciales y políticos. Así pues, la financiación consta de todas las intervenciones armonizadas con las seis vías de transformación en el ámbito de las políticas pensadas para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a las causas principales del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, que son los conflictos, la variabilidad y las condiciones extremas del clima y las desaceleraciones y recesiones de la economía, y abordar los factores subyacentes estructurales: la falta de acceso a alimentos nutritivos y la inasequibilidad de estos, unos entornos alimentarios poco saludables y una desigualdad alta y persistente.
Es imprescindible generar un marco para aumentar la financiación y mejorar la orientación de esta a fin de llegar a comprender los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición y las circunstancias de los países afectados por estos factores. Durante los últimos 10 años han aumentado la frecuencia y la intensidad de los conflictos, las condiciones extremas del clima y las recesiones de la economía, lo cual socava la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. Además, los altos niveles de desigualdad de ingresos exacerban los efectos de estos factores.
Aunque cada uno de estos factores principales tiene un carácter singular, a menudo interactúan en detrimento de la seguridad alimentaria y la nutrición creando múltiples efectos acumulativos transmitidos a través de los sistemas agroalimentarios. En consecuencia, es probable que se vean afectadas todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, entre ellas la disponibilidad de alimentos, el acceso a estos, su utilización y la estabilidad, así como los demás factores de la nutrición, en concreto las prácticas (por ejemplo, los cuidados, la alimentación, la búsqueda de atención sanitaria y las asignaciones de recursos en los hogares) y los servicios sanitarios y la salud ambiental (por ejemplo, la inmunización, el agua y el saneamiento y la disponibilidad de acceso a servicios sanitarios, así como su asequibilidad). Así lo corrobora la relación observada entre la existencia de estos factores y los indicadores de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Resulta alarmante que la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos se vea afectada por al menos uno de los principales factores determinantes y que, cuando inciden varios de ellos, los efectos acumulativos comporten los mayores aumentos del hambre y la inseguridad alimentaria.
Para pasar de la definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición a la aplicación de dicha definición con objeto de medir los niveles de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición es preciso comprender la manera en que se categorizan y notifican los flujos de financiación y, a continuación, elaborar directrices para catalogar estos flujos en función de la definición. Para este informe se han elaborado y aplicado catalogaciones y orientaciones iniciales a fin de obtener estimaciones parciales de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición y sus pautas.
En vista de que solo existen datos para aplicar la nueva definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición a algunos flujos de financiación, no es posible hacer un balance realista de la cuantía de la financiación disponible, ni mucho menos calcular el déficit de la financiación destinada a respaldar las actividades orientadas al cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS. En consecuencia, deben promoverse fuentes de datos y metodologías para velar por que se disponga de mejores datos con miras a fundamentar la adopción de decisiones basadas en hechos comprobados en relación con la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. En el presente informe también se propugna la adopción y la transparencia universales en relación con el uso de un enfoque normalizado para poner en práctica la nueva definición a efectos de su catalogación y aplicación a los datos financieros.
Niveles y déficits actuales de la financiación para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición
Los datos disponibles permiten únicamente hacer un seguimiento de los flujos del gasto público, la AOD y otros flujos oficiales. El seguimiento de los flujos de financiación privados resulta más difícil, por lo general.
Con independencia de la cuantía exacta de la financiación necesaria para cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS, el costo de no movilizarla puede ser considerable y perjudicial.
Seguimiento de los niveles actuales de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición
El gasto público interno general en agricultura por habitante en las zonas rurales apenas varió globalmente entre 2010 y 2021 en los países de ingresos bajos y registró un aumento muy leve en los países de ingresos medianos bajos en los últimos años del período. En estos dos grupos de países por nivel de ingresos el gasto público en agricultura ascendió a una media de apenas 8 USD y 37 USD por habitante en las zonas rurales, respectivamente, entre 2010 y 2019. Fue muy superior en los países de ingresos medianos altos y en los países de ingresos altos y solo aumentó de forma sistemática en los países de ingresos medianos altos.
Al no disponerse de datos suficientes sobre el gasto público relativos a todos los países, no es posible aplicar las definiciones básica y ampliada de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición.
En dos países de ingresos bajos y medianos, Benin y Uganda, parece que ha crecido el gasto público en seguridad alimentaria y nutrición. Por término medio, en los períodos de análisis, el 65 % del gasto público total en seguridad alimentaria y nutrición en Benin y el 73 % en Uganda se asignaron al consumo de alimentos y al estado de salud; la proporción restante se destinó a abordar los principales factores determinantes de los recientes aumentos del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
En otros ocho países de ingresos medianos y bajos se observa también un aumento absoluto de su gasto público en seguridad alimentaria y nutrición. En estos países, por término medio suele ser más alta la proporción del gasto público en seguridad alimentaria y nutrición destinado a los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
En total, la AOD y los otros flujos oficiales destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición ascendieron en 2021 a 77 000 millones de USD, que correspondieron en su mayor parte a la AOD. Entre 2017 y 2021 no se destinó a la seguridad alimentaria y la nutrición ni siquiera un cuarto de estos flujos dirigidos a todos los sectores de la ayuda.
La composición de la AOD y de otros flujos oficiales destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición presenta en líneas generales una gran estabilidad a lo largo del tiempo, y para 2021 la mayoría de los recursos se destinaba al consumo de alimentos (35 000 millones de USD de un total de 77 000 millones de USD), mientras que se reservaba una cuantía inferior a abordar los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición (27 000 millones de USD) y una cuantía todavía menor al estado de salud (15 000 millones de USD).
Respecto de la cuantía per cápita, de 2017 a 2021 la AOD y otros flujos oficiales ascendieron por término medio a 30 USD en los países de ingresos bajos, frente a 10 USD en los países de ingresos medianos bajos y 8 USD en los de ingresos medianos altos. La asistencia oficial para el desarrollo y los otros flujos oficiales destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición entre 2017 y 2021 registraron aumentos abrumadoramente mayores en el caso de distintas regiones de África y de los países de ingresos medianos bajos en todos los grupos de ingresos.
El rubro “sector privado” agrupa la financiación privada no comercial y la financiación privada comercial.
Los flujos filantrópicos destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición ascendieron a una media de apenas 4 000 millones de USD al año entre 2017 y 2021, en la mayoría de los casos para prestar apoyo al consumo de alimentos y la salud. La cuantía de las remesas transfronterizas se calcula en una media de 735 000 millones de USD en el período que va de 2017 a 2022 (a precios corrientes). De estos flujos, casi la mitad se asignó a usos que probablemente contribuyeron a la seguridad alimentaria y la nutrición. La mayor parte de esta suma se destinó al consumo de alimentos y no a inversiones en agricultura y otras actividades relacionadas con los sistemas alimentarios.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, entre 2017 y 2022 la inversión extranjera directa ascendió a una media de 19 000 millones de USD destinados a “alimentación y agricultura”. En la edición de 2023 de The State of Blended Finance (“El estado de la financiación combinada”) se calcula que, por término medio, en el período que va de 2020 a 2022 el 26 % de las transacciones de financiación combinada, que ascendían a 1 200 millones de USD anuales, estaba “armonizado” con el ODS 2. Los préstamos bancarios en cifras netas, que ascendieron a una media de 10 000 millones de USD entre 2017 y 2021, registran una disminución casi constante.
Costo de las políticas e intervenciones dirigidas a acabar con el hambre y la malnutrición para 2030
En vista de la actual falta de datos, a menudo se emplean modelos económicos para calcular las inversiones adicionales necesarias, principalmente para reducir el hambre, aunque también para abordar preocupaciones en el ámbito de la nutrición.
Los estudios ofrecen distintas estimaciones de los costos. La conclusión es que las políticas e intervenciones para retomar la senda que lleva al cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS exigirían de aquí a 2030 recursos adicionales por un valor de 176 000 millones a 3,975 billones de USD para erradicar la subalimentación, además de otros 90 000 millones de USD para cumplir determinadas metas mundiales en materia de desnutrición. Las estimaciones se disparan hasta alcanzar la cifra de 15,4 billones de USD cuando se añaden los tipos de políticas transformadoras que deberían financiarse para aumentar la asequibilidad de las dietas saludables para millones de personas a la vez que se reduce la subalimentación.
Costo de no actuar o de hacerlo tarde
El costo de no subsanar el déficit financiero es que en 2030 y posteriormente millones de personas seguirán padeciendo hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición, y no podrán permitirse una dieta saludable, lo cual acarreará repercusiones socioeconómicas y sanitarias a medio y a largo plazo.
La inseguridad alimentaria aguda y crónica afecta a las personas que más necesitan asistencia alimentaria. Si no se financia esta asistencia serán negativas las consecuencias para las personas, las comunidades locales y los países donantes. Además, de no financiarse las medidas orientadas a abordar los factores estructurales de la inseguridad alimentaria y la malnutrición serán mayores los costos sociales, económicos y ambientales.
La doble carga de la malnutrición tiene repercusiones negativas graves en las personas y poblaciones. En los países más pobres se están percibiendo niveles graves de esta doble carga.
Aunque las políticas transformadoras pueden costar miles de millones de USD, el costo de no financiarlas podría ascender fácilmente a billones de dólares. En el informe mundial de consulta de la Coalición sobre la Alimentación y el Uso de la Tierra se estimaba que los actuales sistemas de alimentación y uso de las tierras generaban a escala mundial costos sanitarios, nutricionales y ambientales por valor de 12 billones de USD al año a precios de 2018. En la edición de 2020 de este informe figuraban datos objetivos de que, con los actuales hábitos de consumo de alimentos, cabía prever que los costos sanitarios relacionados con la dieta (derivados de la mortalidad y las enfermedades no transmisibles) superaran los 1,3 billones de USD al año para 2030. En El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2023 se constataba que, en todo el mundo, los costos ocultos cuantificados de los sistemas agroalimentarios ascendían a 10 billones de USD o más y que, de ellos, los que más predominaban derivaban de pautas alimentarias que elevaban el riesgo de enfermedades y podían acabar mermando la productividad de la mano de obra.
Resulta difícil para los gobiernos de muchos países ejecutar los presupuestos que han financiado. Puede que parte de la financiación disponible no se utilice de la forma más eficaz en función de los costos, equitativa y ecológicamente sostenible.
En la edición de 2022 de este informe se observaba que reorientando parte del apoyo mundial a la alimentación y la agricultura, que ascendió a una media de casi 630 000 millones de USD al año en el período comprendido entre 2013 y 2018, podía conseguirse que una dieta saludable resultara menos costosa y más asequible a escala mundial, en particular en los países de ingresos medianos.
En un estudio elaborado en relación con seis países de África subsahariana se observa que se perderá la oportunidad de elevar la producción agroalimentaria, crear miles de empleos rurales no agrícolas en las zonas rurales y permitir a millones de personas salir de la pobreza y permitirse una dieta saludable a no ser que los gobiernos nacionales optimicen la manera en que asignan su presupuesto a los distintos sectores agrícolas y ganaderos.
¿Qué se necesita para catalizar una financiación ampliable a fin de subsanar el déficit?
Ampliación de los flujos de financiación destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición
El 63 % de los países de ingresos medianos y bajos analizados (119 en total) tiene una capacidad limitada o moderada para acceder a financiación, mientras que una minoría (el 37 %) goza de capacidad de acceso alta. La prevalencia de la subalimentación es, por término medio, muy superior en los países donde es limitada la capacidad de acceder a financiación (23,1 %) frente a los países donde esa capacidad es moderada (10,4 %) y alta (6,9 %). Se observa una tendencia semejante respecto del retraso en el crecimiento entre los niños menores de cinco años, aunque el promedio de este trastorno en los países cuyo acceso a la financiación es limitado y moderado es mucho más cercano (23,9 % y 20,9 %, respectivamente).
Por otro lado, el 74 % del total de los países analizados se ve afectado por uno o varios factores determinantes principales, mientras que el 66 % tiene capacidad limitada o moderada de acceder a financiación (en su mayor parte, un 42 %, limitada). La alta proporción de países afectados por al menos un factor determinante principal justifica la idea de incorporar objetivos de seguridad alimentaria y nutrición en la financiación de otros sectores en los que las prioridades no siempre incluyen el cumplimiento de las metas 2.1 y 2.2 de los ODS.
Sin embargo, en la mayor parte de los casos los países más necesitados en cuanto a los niveles de hambre e inseguridad alimentaria, así como por lo que se refiere al grado en que se ven afectados por los principales factores determinantes, encuentran limitaciones estructurales a efectos de aumentar la financiación de opciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Aunque formalmente todos los países tienen acceso a la mayoría de las opciones de financiación existentes, su capacidad de acceder a la financiación viene determinada por los niveles del riesgo financiero percibido y los costos conexos. La lógica aversión al riesgo de todas las partes financieras interesadas, en particular las privadas y las de orientación comercial, hace prácticamente imposible su participación en los países que corren mayores riesgos financieros.
En consecuencia, los países cuya capacidad de acceder a financiación es limitada dependen exclusivamente de donaciones o préstamos a interés bajo o sin intereses procedentes de flujos internacionales de ayuda al desarrollo (como la AOD), pues puede que no se disponga de otros instrumentos financieros o, para ser más precisos, que las partes financieras interesadas no estén interesadas a causa del alto perfil de riesgo financiero del país.
La movilización de ingresos fiscales nacionales resulta más viable en los países donde la capacidad de acceso a la financiación es moderada. La posible ampliación de los ingresos fiscales viene determinada en gran medida por el nivel de ingresos (cuanto mayor sea el PIB per cápita, mayor será el potencial fiscal), así como por otros factores como la composición y la formalización de las economías nacionales y los mecanismos institucionales y de gobernanza.
A medida que disminuye el riesgo financiero, los países tienen a su disposición más flujos de financiación. Los países donde es alta la capacidad de acceso a la financiación aprovecharán inversiones en acciones, préstamos y bonos a tipos comerciales procedentes de flujos de financiación privados, como inversiones empresariales, los sistemas bancarios y los mercados de capitales, mientras que los donantes o el sector público tienen que llevar a cabo muchas menos actividades de reducción de los riesgos.
Enfoques e instrumentos de financiación innovadores para subsanar el déficit de financiación en relación con las metas 2.1 y 2.2 de los ODS
Aunque las donaciones y los préstamos a interés bajo o sin intereses forman parte de los instrumentos de financiación en condiciones favorables más tradicionales, pueden formularse de manera más innovadora para colaborar con las iniciativas de reducción de los riesgos a fin de incrementar los flujos de financiación privados en el marco de estrategias de financiación combinada. Pueden aprovecharse donaciones o préstamos, combinados con asistencia técnica, para hacer frente a las principales limitaciones del acceso a los flujos de financiación privados (inciertas perspectivas de rentabilidad y falta de preparación operacional a efectos de acceder a la financiación) que suele caracterizar a muchas iniciativas en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
La financiación combinada ofrece a los inversores privados un instrumento de reducción de los riesgos que estos utilizan cuando su percepción de riesgo es alta, con lo cual se canalizan recursos financieros que pueden asumir mayor riesgo y un plazo de rendimiento de la inversión más prolongado. Especialmente, cuando el beneficio para el desarrollo es sustantivo, agentes como gobiernos y donantes pueden hacer uso de la financiación combinada como vehículo destinado a canalizar los flujos de financiación necesarios para obtener ese resultado. El objetivo es que con el tiempo la percepción del riesgo disminuya gracias al apoyo inicial de capital que tolera mejor el riesgo y que, posteriormente, la financiación comercial sustituya a las donaciones o a la financiación en condiciones favorables, a las que corresponde una función catalizadora crucial en la fase inicial.
Los bonos verdes, sociales, centrados en la sostenibilidad y vinculados a esta son instrumentos de deuda que pueden ser emitidos por gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo, bancos comerciales y empresas locales; van ligados a objetivos de desarrollo y pueden ser especialmente pertinentes para orientar la financiación hacia los países que se ven afectados por algunos de los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, como las condiciones extremas del clima o las recesiones de la economía.
Incluso si se pueden ampliar los instrumentos innovadores descritos en relación con la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, dentro de los países existen grupos de población que históricamente han encontrado limitaciones importantes para acceder a servicios financieros.
El aumento del acceso de las mujeres a los servicios financieros contribuiría no solo a su empoderamiento social y económico, sino también a la mejora de los medios de vida generales de sus hogares y comunidades, con inclusión de los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Desde una perspectiva global, la inclusión de las mujeres tendría efectos positivos en cuanto al crecimiento económico, lo cual podría aumentar la resiliencia del país ante las desaceleraciones y recesiones de la economía.
Pese al reconocimiento generalizado de la condición de los Pueblos Indígenas como asociados indispensables para cumplir las metas del Acuerdo de París, el Marco Mundial de Biodiversidad y la Agenda 2030, las correspondientes estrategias de financiación no reflejan necesariamente esa función crucial. La falta de acceso a servicios financieros también puede mermar la posible contribución de los pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias al logro de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, por ejemplo al limitar su capacidad de ofrecer alimentos inocuos y nutritivos. Pese a su función esencial en los sistemas agroalimentarios, a menudo se encuentran desatendidos, pues los inversores se resisten a financiar a los productores de los mercados locales en moneda nacional, prefieren evitar los riesgos ligados a los tipos de cambio y en su lugar prestan servicio a productores más orientados a la exportación.
Manera de lograr una mejor armonización con distintas fuentes de financiación y una mayor sinergia al respecto
La actual arquitectura de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición se encuentra muy fragmentada: la falta de consenso en torno a lo que debe financiarse y la diversidad de objetivos de las distintas partes interesadas han hecho proliferar agentes que a menudo exceden su mandato en lugar de colaborar entre sí. Consecuencia de ello es una gran cantidad de pequeñas actividades de ayuda no coordinadas que son impulsadas principalmente por donantes bilaterales.
Debe fomentarse la coordinación entre las partes interesadas pequeñas, medianas y grandes, pues a veces los grandes donantes no se coordinan con las actividades dirigidas por otros agentes de menor tamaño o no las cofinancian, pues no existen incentivos para ello. Además, urge que los donantes y las fundaciones filantrópicas armonicen sus prioridades de gasto con las prioridades de los países: en vista de que la actual arquitectura se ve dominada en sumo grado por países de ingresos altos y por grandes organismos de desarrollo, no siempre se tienen en cuenta las prioridades de los países y comunidades beneficiarios.
Sin duda, este aumento de la coordinación exigiría mayor fortaleza y solidez a los gobiernos nacionales, pese a que hacen frente a varias dificultades. Las cuestiones de economía política y la imprevisibilidad en la adopción de decisiones por parte de los gobiernos pueden afectar a la capacidad de armonización entre las fuentes de los flujos de financiación y las prioridades de un país y crear entre los inversores privados la percepción de mayor riesgo. La capacidad de absorción y la eficiencia técnica del gasto son importantes, pero la buena gobernanza y la fortaleza de las instituciones nacionales son también necesarias.
Por último, la falta de datos, de transparencia y de rendición de cuentas es otra característica destacada del actual panorama financiero que aumenta efectivamente la percepción de riesgo financiero. Aumentando la fiabilidad de los datos financieros y su disponibilidad general se puede reforzar la propuesta de inversión en intervenciones dirigidas a la seguridad alimentaria y la nutrición, como ocurre ya en esferas como la agricultura regenerativa.
Incluso antes de incorporar cambios estructurales en la arquitectura de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, una medida inicial esencial para ampliar dicha financiación consiste en dotar de carácter prioritario al objetivo de cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS en el programa de políticas internacional. La adopción de la óptica de la seguridad alimentaria y la nutrición, la consideración de su carácter intersectorial y la atención prioritaria al rendimiento a corto y a largo plazo de las inversiones en aspectos como la nutrición son condiciones esenciales para reformar con éxito la arquitectura de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición.
Se ha empleado la expresión “seguridad alimentaria y nutrición” para poner de relieve el logro de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y su estrecho vínculo con el logro de la seguridad nutricional, así como la necesidad de adoptar medidas complementarias para hacer efectivas la seguridad alimentaria y la nutrición. No obstante, podría optarse por reconocer el objetivo general de lograr la “seguridad alimentaria y nutricional” como una sola meta normativa indivisible.
Una medida esencial en pro de la coordinación eficaz consiste en poner en primer plano a los agentes nacionales y locales y sus prioridades. Sin embargo, la tarea no siempre resulta sencilla, en vista de los desequilibrios de poder y de capacidad entre los agentes, de una falta de coordinación entre los donantes a escala mundial que se traduce en un apoyo inadecuado a los esfuerzos de coordinación de ámbito nacional, y de la falta de datos, que podría dificultar la justificación de la reorientación de las prioridades de los donantes, entre otras dificultades.
Además de reforzar la coordinación, las partes financieras interesadas deberían adoptar medidas dirigidas a mejorar su papel en la ampliación de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. Los asociados para el desarrollo, como los donantes, con inclusión de las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo, deberían ponerse al frente de las actividades de reducción de los riesgos, por ejemplo aumentando la asignación de AOD orientada a la movilización de inversiones privadas mediante financiación combinada o instrumentos financieros de otro tipo.
Está pendiente la cuestión de la inclusión del sector privado en la mejora de la arquitectura de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. Los agentes privados deben incorporar los riesgos sanitarios, ambientales y sociales en su adopción de decisiones financieras para reorientar los flujos de financiación pasando de inversiones potencialmente perjudiciales a otras que obren a favor de la obtención de resultados sanitarios, ambientales y sociales.
Los gobiernos nacionales pueden seguir movilizando ingresos fiscales internos, aumentar los gastos de sectores prioritarios en seguridad alimentaria y nutrición y considerar la posibilidad de reorientar el apoyo en materia de políticas. Los países que ya tienen mayor capacidad de acceder a la financiación deben promulgar controles más estrictos de los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero, que a menudo permiten evadir impuestos de países donde el acceso a la financiación es limitado.
Por último, para subsanar la carencia de información, la comunidad internacional tendrá que adoptar medidas audaces, pues de lo contrario no será posible estimar ni prever de forma realista las posibilidades de cumplir los objetivos de desarrollo.
Perspectivas futuras
Mientras que los niveles mundiales del hambre y la inseguridad alimentaria llevan dos años sin registrar variaciones esenciales, en muchas subregiones del mundo se han observado progresos alentadores. En cuanto a la nutrición, las tendencias al alza de la obesidad en adultos y de la anemia en las mujeres de entre 15 y 49 años son preocupantes, pero en muchos países es menor el número de niños afectados por retraso en el crecimiento y emaciación, con lo cual aumentan las posibilidades de que alcancen su pleno potencial de crecimiento y desarrollo. Ese es el potencial que debemos aprovechar: el potencial de cambio positivo y la plena efectividad del derecho a una alimentación adecuada y a un nivel de vida que garantice la dignidad, la salud y el bienestar de todas las personas, especialmente de las futuras generaciones.
Un problema grave es la falta de una definición o norma común con objeto de medir la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. Es difícil, por no decir imposible, gestionar lo que no se puede medir de forma adecuada. En el caso de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, no es posible determinar de forma adecuada los niveles y carencias existentes, por no hablar del seguimiento de los avances o retrocesos de las iniciativas de financiación dirigidas a cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS.
Mediante el presente informe se ha dado un importante paso adelante proponiendo una definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, junto con orientación detallada a fin de aplicarla. Se trata de un paso muy importante, pero en el informe se demuestra con crudeza que la estructura y la disponibilidad actuales de datos financieros impiden la aplicación de la definición recién propuesta y sus protocolos a los flujos de financiación públicos y privados de ámbito mundial de los que se dispone en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Dicho de otro modo, a causa de las graves limitaciones de datos no es posible establecer una medición mundial de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición de que se dispone actualmente y de la brecha de financiación que debe subsanarse para respaldar los esfuerzos dirigidos a cumplir las metas 2.1 y 2.2 de los ODS. Abordar dichas carencias debe ser de máxima prioridad, y en el presente informe se hace un llamamiento urgente y decidido a la adopción de medidas mundiales y nacionales destinadas a abordar este problema dentro del programa de acción mundial centrado en los ODS.
El propósito de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición también mantiene una competencia innecesaria con otros muchos objetivos de desarrollo. En vista del carácter complejo y multisectorial de la seguridad alimentaria y la nutrición, el panorama de financiación debe pasar de un enfoque compartimentado a una perspectiva más integral que permita a las partes financieras interesadas incorporar objetivos de seguridad alimentaria y nutrición en los flujos más amplios de financiación e inversiones.
Cabe esperar que los llamamientos a la acción formulados en el informe sirvan de base para las deliberaciones sobre desarrollo sostenible y financiación que se mantengan en septiembre de 2024 en la Cumbre del Futuro y las próximas deliberaciones mundiales sobre los ODS, incluidos los procesos políticos de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, programada para 2025. Un mundo sin hambre, sin inseguridad alimentaria y sin malnutrición es un mundo que merece la pena salvar y que merece recibir financiación e inversiones.
