El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2023

En el primer capítulo de este informe se propuso un enfoque de dos fases que refleja la complejidad y la interdependencia de los actores de los sistemas agroalimentarios, empezando por evaluaciones más generales a escala nacional con un alto grado de incertidumbre, seguidas de evaluaciones subnacionales específicas dirigidas a priorizar soluciones. En el Capítulo 2 se aportó información para la primera fase de este proceso mediante la estimación a nivel nacional de los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios de 154 países como punto de partida para el diálogo con los encargados de formular políticas y otras partes interesadas. El Capítulo 3 se centró en la manera de impulsar la segunda fase mediante la realización de evaluaciones específicas que fundamentasen y apoyasen mejor la adopción de decisiones, con vistas a aplicar los cambios necesarios para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios a corto y largo plazo. Además de ofrecer orientación a los encargados de formular las políticas, en el Capítulo 3 se analizó asimismo la pertinencia de la CCR para el sector privado (empresas e inversores) en cuanto a las oportunidades que puede presentar en beneficio tanto de las empresas privadas como del público en un sentido más amplio.

En relación con la Figura 11 del Capítulo 3, en la que se presentó un marco en cuatro pasos para guiar a los encargados de adoptar decisiones en la realización de evaluaciones específicas y la elección de las intervenciones más apropiadas, este cuarto y último capítulo se centra en el último paso de dicho marco: presentar más detalladamente el papel de los distintos mecanismos impulsores y la manera en que pueden emplearse estratégicamente para impulsar los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad. En este capítulo también se analizan los requisitos de un entorno propicio para ampliar la escala de la CCR. Se concluye con consideraciones importantes para la elección de políticas, entre ellas la forma de gestionar múltiples objetivos en materia de políticas y las implicaciones que tiene para los precios de los alimentos abordar los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios.

La contabilidad de costos reales puede fundamentar el uso de mecanismos impulsores para transformar los sistemas agroalimentarios a mejor

Tras realizar las evaluaciones específicas correspondientes a la segunda fase, los encargados de formular políticas y las partes interesadas tendrán una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades actuales y futuros de los sistemas agroalimentarios. Una parte integral de estas evaluaciones basadas en la CCR son los análisis de hipótesis y políticas, que evalúan las repercusiones y la eficacia de las distintas políticas y opciones de gestión, lo cual resulta esencial para determinar sinergias y compensaciones de factores y, por consiguiente, determinar los puntos de partida más idóneos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, como la viabilidad socioeconómica, la eficacia en función del costo y el posible rendimiento ambiental de los distintos mecanismos. El objetivo general es ayudar a orientar a los encargados de adoptar decisiones a la hora de activar el conjunto adecuado de mecanismos impulsores que contribuirán a que los sistemas agroalimentarios sean más sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental.

Los mecanismos impulsores existentes en los sistemas agroalimentarios, como las subvenciones agroalimentarias, podrían reorientarse o reformarse, al tiempo que deberían ampliarse las estrategias nuevas y prometedoras para la inversión y las empresas sostenibles. La elección del mecanismo dependerá de los resultados de la CCR —y, en particular, de los análisis de las hipótesis y políticas que se describen en el Capítulo 3 y que se incorporan a él— así como de las necesidades, prioridades y recursos disponibles en cada contexto. Con este telón de fondo, en la presente sección se ofrece orientación general sobre el posible uso de mecanismos impulsores para transformar los sistemas agroalimentarios a mejor, en función del contexto y las conclusiones de los análisis de la CCR.

Ahondando en lo que se indicó en la Figura 1, en la que se expusieron ámbitos importantes para influir en la actuación de los encargados de adoptar decisiones, en la Figura 15 se ilustran los mecanismos impulsores específicos que pueden ponerse en práctica para estimular un cambio en los sistemas agroalimentarios. Como se muestra en la figura, los mecanismos impulsores pueden afectar a la oferta (producción e intermediarios), la demanda (consumo de alimentos) y los bienes públicos que respaldan los sistemas agroalimentarios (servicios generales)^m. Ninguno de los mecanismos impulsores es nuevo; la innovación reside en cómo se utilizan. Las evaluaciones específicas basadas en la CCR, que se describieron en el Capítulo 3 y serán el centro de atención de la edición de 2024 del presente informe, permiten una comprensión más completa de sus efectos directos y en cadena, a fin de facilitar que los encargados de adoptar decisiones los utilicen con mayor eficacia para transformar los sistemas agroalimentarios en aras de la sostenibilidad.

Figura 15 Mecanismos que impulsan la transformación de los sistemas agroalimentarios

FUENTE: Elaboración propia de los autores.

Aunque los gobiernos poseen el conjunto de instrumentos más amplio e influyente (indicado por los puntos amarillos), otros actores, como las instituciones de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las instituciones financieras, también desempeñan funciones importantes en la configuración del rendimiento de los sistemas agroalimentarios. Se ha agrupado a las organizaciones de investigación y de la sociedad civil (puntos verdes), al igual que a las empresas y las instituciones financieras (puntos rojos), debido a sus funciones similares y complementarias a la hora de influir en determinados mecanismos impulsores.

Resulta importante señalar que algunos mecanismos impulsores pueden verse influenciados por más de un actor. Por ejemplo, las políticas gubernamentales pueden afectar a todos directa o indirectamente a través de planes de incentivos, leyes y reglamentos. Sin embargo, más de una parte interesada puede desempeñar una función, como ilustran los puntos de color de la Figura 15. Otros actores, como los donantes y las organizaciones internacionales, pueden desempeñar una función importante a la hora de influir en la manera en que se activan los mecanismos impulsores, aunque sea de forma indirecta y muy probablemente a través de órganos nacionales. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil han apoyado activamente la realización progresiva del derecho a la alimentación en aras de la seguridad alimentaria nacional y se han ocupado de promover leyes y programas alimentarios nacionales en muchos países¹.

Estos mecanismos impulsores pueden afectar a los sistemas agroalimentarios de múltiples maneras, algunas de las cuales se resumen en la columna de la derecha (posibles vías para la transformación). En las secciones siguientes se analiza cada uno de los mecanismos impulsores y se ofrecen ejemplos o estudios de casos de su aplicación a fin de ilustrar su potencial en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Por razones de simplicidad, el análisis se organiza en función del componente de los sistemas agroalimentarios (cadenas de suministro, consumo de alimentos o servicios generales) al que se dirige directamente el mecanismo impulsor, reconociendo que es posible que este último produzca un efecto dominó que afecte indirectamente a otros componentes, con efectos en cascada en los sistemas agroalimentarios en su totalidad.

Mecanismos impulsores que afectan a las cadenas de suministro de productos agroalimentarios

Los gobiernos utilizan distintos mecanismos impulsores para apoyar la agricultura y el suministro de alimentos, como se ilustra en la Figura 15. Muchas de estas políticas inducen cambios de comportamiento entre los actores de los sistemas agroalimentarios y la población, con vistas a cambiar los logros de dichos sistemas².

Las intervenciones en el comercio y los mercados, como los impuestos sobre la importación y las prohibiciones a la exportación, son formas que tienen los gobiernos de ayudar a los agricultores a recibir mejores precios o de hacer que los alimentos sean más asequibles para las personas. Estas políticas afectan a la cantidad de alimentos que se comercializan, producen y consumen. Los países de ingresos medianos y bajos suelen recurrir a algunas de estas medidas para proteger al sector agrícola de la competencia de las importaciones, o para influir en los precios internos con el fin de garantizar suministros suficientes y el acceso de los consumidores a los alimentos. Sin embargo, estas medidas normativas suelen provocar distorsiones y pueden dar lugar a deficiencias en la asignación de los recursos nacionales entre los distintos productos alimenticios. Por ejemplo, los aranceles para productos específicos o productos básicos pueden empujar al alza los precios internos, con el consiguiente efecto negativo para los consumidores. También pueden desalentar la producción de otros alimentos que habrían sido más rentables de no haberse establecido los aranceles².

Las subvenciones fiscales a los productores son otro instrumento importante para influir en la producción agrícola. Se trata de transferencias presupuestarias del gobierno (o, más concretamente, de los contribuyentes) a productores agrícolas individuales con objeto de lograr objetivos específicos, como impulsar la producción y la productividad agrícolas o respaldar los ingresos agrícolas reduciendo los costos de producción. También pueden tener como objetivo salvaguardar el medio ambiente mediante pagos por servicios ecosistémicos, como en el caso de los programas de reforestación de Costa Rica³ y Guatemala⁴.

Tanto las subvenciones fiscales como las intervenciones en el comercio y los mercados son tipos de apoyo directo a los productores que pueden tener consecuencias importantes para la seguridad alimentaria y la nutrición. De acuerdo con El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de 2022, estos dos tipos de apoyo constituyen la mayor parte de los 630 000 millones de USD en concepto de apoyo público que en promedio se asignan cada año a la alimentación y la agricultura en todo el mundo. En gran parte, este apoyo no solo distorsiona los mercados, sino que tampoco llega a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos. En la actualidad, los programas de apoyo se centran en los alimentos de primera necesidad, cuya disponibilidad y asequibilidad han aumentado, ya que son fundamentales en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Sin embargo, esto ha desviado la producción de alimentos nutritivos, como frutas, hortalizas y legumbres, que siguen siendo más costosos². Además, dado que muchas subvenciones a los insumos no tienen restricciones, conducen al uso abusivo de productos agroquímicos y recursos naturales, y promueven el monocultivo, con consecuencias negativas para el medio ambiente y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios^{5, 6}. Un ejemplo para acabar con estas prácticas es el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Subvenciones a la Pesca de 2022, que prohíbe las subvenciones perjudiciales, un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces del mundo⁷.

Los gobiernos pueden utilizar leyes y reglamentos para influir en la producción agrícola y las cadenas de suministro de alimentos, estableciendo normas y metas que afectan tanto a los productores como a los intermediarios. En la mayoría de los casos, las leyes y los reglamentos están concebidos para proteger los recursos naturales y la salud humana de los daños que podrían derivarse de las externalidades asociadas, por ejemplo, a la producción y la elaboración. Los ejemplos más citados a este respecto son los reglamentos sobre el uso de los recursos naturales, los insumos y la aplicación de fertilizantes, la manipulación de los alimentos de forma inocua y el etiquetado y la comercialización de los alimentos. Un ejemplo de ello es el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que prohíbe a las empresas introducir productos en el mercado de la Unión Europea a menos que estén libres de deforestación y hayan sido producidos legalmente, y dispone que es ilegal la exportación de esos productos desde el bloque⁸. Otro ejemplo es la prohibición de pesca en las aguas del río Yangtsé de 10 años de duración, introducida recientemente por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China con el objeto de conservar los recursos acuáticos vivos⁹. En América Latina y el Caribe, varios países han promulgado leyes o reglamentos sobre el etiquetado nutricional en la parte delantera del envase¹⁰. Por ejemplo, el Ecuador cuenta con un sistema de semáforo, mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia ha aprobado el mismo sistema, pero todavía tiene que ponerlo en práctica. Estos sistemas pueden ser eficaces a la hora de reducir la intención de comprar productos con un exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas; ayudar a los consumidores a tomar decisiones más saludables y contribuir a la reformulación de los productos alimenticios. En Chile, por ejemplo, las advertencias nutricionales con octógonos negros redujeron la compra de cereales y bebidas azucaradas en un 25 % y un 9 %, respectivamente¹⁰.

Sin embargo, las leyes y reglamentos pueden tener efectos dominó indeseados en otros ámbitos. Por lo tanto, es importante que los gobiernos sean conscientes de los efectos dominó de sus leyes, reglamentos y políticas, especialmente cuando ponen en práctica un programa de transformación, y los compensen con medidas complementarias. Por ejemplo, la prohibición de pesca en China antes mencionada podría llevar a que se reduzca la oferta de productos pesqueros y al riesgo de que aumenten los precios. Sin embargo, el Gobierno de China cree que la mejora y ampliación de la acuicultura continental y las pesquerías basadas en el cultivo —que reciben apoyo mediante otros incentivos— podrían satisfacer el aumento de la demanda de alimentos acuáticos ocasionada por la reducción de las capturas en aguas continentales⁹.

Esto plantea la cuestión relativa a la necesidad de lograr sinergias entre las políticas gubernamentales, los incentivos, las leyes y los reglamentos para alcanzar los objetivos nacionales. Al abordar los costos ocultos, los encargados de formular políticas tendrán que sopesar las compensaciones de factores con otros objetivos, como la mejora de los medios de vida, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. Las leyes y reglamentos pueden desempeñar una función importante a la hora de limitar los costos ocultos estableciendo metas y límites, por ejemplo, en el uso de insumos químicos. Sin embargo, es posible que ello no resulte eficaz si no se establece ninguna condición o restricción para los insumos agrícolas en el sistema de apoyo estatal. Por lo tanto, el sistema de apoyo debe ajustarse a los límites establecidos en los reglamentos. En algunas situaciones, por ejemplo, en los países de ingresos bajos y en los afectados por crisis prolongadas, es posible que los gobiernos no tengan la capacidad de evaluar estas compensaciones de factores o la determinación de tener en cuenta las externalidades ambientales si se enfrentan a altos índices de hambre y pobreza extrema. Si bien es cierto que en esos contextos hacen falta esfuerzos de creación de capacidad para que en el proceso de adopción de decisiones se tengan en cuenta las compensaciones de factores, las inversiones en desarrollo a largo plazo dirigidas a aumentar los ingresos, sacar a las personas de la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición seguirían siendo una prioridad muy alta. Un punto de partida eficaz en los países afectados por crisis prolongadas puede ser intensificar el diálogo en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz.

Los resultados presentados en el Capítulo 2 indican que los sistemas agroalimentarios de los distintos países tienen diversos costos ocultos que pueden reflejar su incapacidad para garantizar la sostenibilidad ambiental y una alimentación saludable para todos, o para distribuir los beneficios. Si bien varían en magnitud y composición, en general se considera que el actual sistema de apoyo provoca distorsiones y es responsable de numerosas externalidades ambientales y otros costos ocultos. Por lo tanto, es imperioso reformar el sistema de modo tal que se amplíen al máximo las sinergias y se reduzcan al mínimo las compensaciones de factores entre los principales objetivos nacionales. Dependiendo de la importancia relativa de los costos ocultos en un contexto determinado, con las reformas se puede hacer más hincapié en una dimensión específica. Por ejemplo, según los resultados de los países de ingresos bajos presentados en el Capítulo 2, las principales prioridades seguirán siendo reducir la pobreza y el hambre. En otros contextos, como en los países de ingresos altos, las externalidades ambientales, como las emisiones de GEI, pueden ser motivo de mayor preocupación, por lo que puede prestarse atención al almacenamiento de carbono¹¹. Sin embargo, este énfasis no debería hacer que se ignoren otros costos ocultos y las interrelaciones entre ellos.

Si se diseña y orienta cuidadosamente, la adaptación integral o incluso parcial del apoyo público que se presta a la alimentación y la agricultura tiene el potencial tanto de reducir los costos ocultos como de aumentar el acceso a los alimentos que conforman una dieta saludable, es decir, de alcanzar dos objetivos en lugar de contraponer uno al otro². En un estudio reciente realizado a escala mundial se observó que varias hipótesis de adaptación podrían conducir a una reducción de los GEI y a mejoras en la salud de la población sin que ello conllevase una disminución del bienestar económico. Entre ellas cabe mencionar la adaptación de hasta la mitad de las subvenciones fiscales a los productores para respaldar la producción de alimentos con características beneficiosas para la salud y el medio ambiente, como frutas, hortalizas y legumbres, combinándola con una distribución más equitativa de los pagos de subvenciones a nivel mundial¹². La enseñanza de este estudio es que las hipótesis de adaptación pueden revelar las compensaciones de factores y encontrar alternativas para superarlas. Para orientar reformas normativas concretas, estas hipótesis de adaptación deberían ser parte integrante de las evaluaciones específicas basadas en la CCR (véase el Capítulo 3), a fin de determinar vías de reforma de las políticas que amplíen al máximo los beneficios globales con los mínimos costos de reducción.

En América Latina y el Caribe, por ejemplo, un análisis de hipótesis ha demostrado que la asequibilidad de las dietas saludables podría incrementarse reorientando las subvenciones fiscales a los productores para respaldar las dietas saludables y reasignando las subvenciones fiscales de los productores a los consumidores². Sin embargo, en el análisis se reconoce que es necesario seguir investigando las posibles compensaciones de factores que pueden existir en cuanto a las repercusiones económicas, ambientales y de comportamiento en relación con el consumo¹⁰. Los posibles beneficios de la reforma del apoyo agrícola y su adaptación pueden ilustrarse aún más mediante ejemplos a nivel nacional. Viet Nam, por ejemplo, ha dado pasos importantes para volcar el apoyo agrícola hacia formas de asistencia que provoquen menos distorsiones y promover planes de crédito que presten más atención a la sostenibilidad y la resiliencia^{13, 14}. Durante el último decenio, el país ha reducido la protección de las fronteras y la sustentación de precios y ha promovido subvenciones que no están vinculadas a la producción de un cultivo específico y tienen una mayor sensibilidad a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Del mismo modo, en la República de Corea se ha reducido la importancia de las políticas de sustentación de precios en favor del apoyo a los ingresos y de las subvenciones centradas en las explotaciones agrícolas ecológicas¹³. Al mismo tiempo, en los países de ingresos bajos, que se encuentran sobre todo en el África subsahariana y donde la asequibilidad de los alimentos es uno de los principales motivos de preocupación, los gobiernos adoptan políticas que tienden a reducir los precios al productor. Los recursos públicos dirigidos a otorgar subvenciones fiscales también son escasos, por lo que no pueden compensar los desincentivos de precios generados por las políticas comerciales y de mercado. A pesar de estos desafíos, existen datos recientes que indican que, tras las últimas reformas, se han reducido al mínimo algunos programas de subvenciones a los insumos y se ha incrementado el espacio fiscal para asignar más fondos a servicios generales y bienes públicos, los cuales generan repercusiones más sostenibles y de mayor alcance (véase el Recuadro 1)¹⁵.

El capital público y privado es otro mecanismo impulsor clave en el ámbito de los sistemas agroalimentarios. A nivel mundial, el capital privado invertido en los sistemas agroalimentarios asciende hasta los 9 billones de USD al año¹⁶, lo que equivale a casi 14 veces el apoyo público al sector de la alimentación y la agricultura, y repercute en la manera en que se producen, elaboran y distribuyen los alimentos, además de influir en las elecciones de los consumidores. Las empresas agroalimentarias y los inversores también son importantes proveedores de financiación para la investigación sobre sostenibilidad, por ejemplo, para mejorar las técnicas y tecnologías agrícolas, ya que se encuentran en la primera línea de las amenazas a la cadena de suministro y tienen un gran interés en desarrollar iniciativas creativas para mejorar la gestión de riesgos y la resiliencia en general (véase en el Recuadro 17 un ejemplo de los esfuerzos de la industria para hacer frente a la escasez de la oferta de cacao y los riesgos para su producción en Ghana).

Las políticas, leyes y reglamentos gubernamentales pueden influir en cómo y dónde se invierte el capital privado, y la forma en que interactúan es decisiva para el diseño de estrategias de desarrollo a largo plazo. Cuando las políticas se diseñan en apoyo de vías de producción sostenibles, pueden incentivar los beneficios colaterales de la agroindustria sostenible.

El capital público también reviste un enorme potencial para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Los seguros, por ejemplo, pueden ayudar a los actores de los sistemas agroalimentarios a producir e invertir más en aras de la sostenibilidad. Esto resulta especialmente importante para los pequeños productores, que pueden verse atrapados en círculos viciosos de perturbaciones, deuda y pobreza. También es esencial que disminuyan las fricciones en otros componentes de los sistemas financieros, como las instituciones de ahorro y crédito, para facilitar las inversiones orientadas a lograr sistemas agroalimentarios sostenibles. Las asociaciones público-privadas pueden servir como mecanismos de puesta en práctica en esta vía.

Al coordinar las inversiones públicas y privadas, los gobiernos también tienen una función que desempeñar a la hora de facilitar el acceso al crédito, que puede dar prioridad a las cadenas de suministro alimentario sostenibles (véase en el Recuadro 18 un ejemplo de Chiapas [México]). De hecho, muchos inversores ya están comenzando a hacer hincapié en la sostenibilidad, incluso sin una promoción directa por parte de los gobiernos. Los inversores reconocen cada vez más que estas externalidades pueden tener fuertes repercusiones en el rendimiento financiero y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas¹⁷. Por ejemplo, una empresa que contamina el medio ambiente puede enfrentarse a multas reglamentarias, daños a su reputación y mayores costos de cumplimiento, todo lo cual puede afectar a su rendimiento financiero. Por el contrario, una empresa que invierte en prácticas sostenibles puede beneficiarse de una mayor fidelidad de los clientes, una reducción de los riesgos reglamentarios y, a largo plazo, de un ahorro de los costos.

Mecanismos impulsores que afectan al consumo de alimentos

Varios mecanismos impulsores pueden afectar directamente a las elecciones de los consumidores y dar forma a la demanda de alimentos. Van desde los que imponen directamente los gobiernos, como los impuestos y las subvenciones fiscales, hasta los que reciben la influencia de otros actores, como las empresas y las organizaciones de la sociedad civil (véase la Figura 15).

Las subvenciones fiscales a los consumidores son similares a las dirigidas a los productores en el sentido de que son transferencias presupuestarias a cargo de los contribuyentes. Con ellas se pretende facilitar el derecho a una alimentación adecuada reduciendo el costo de los alimentos (por ejemplo, mediante subvenciones a los alimentos), aumentando los ingresos de los consumidores (por ejemplo, mediante transferencias monetarias) u otorgando acceso directo a los alimentos (por ejemplo, mediante transferencias de alimentos en especie y programas de alimentación escolar). Sin embargo, las subvenciones a los consumidores representan actualmente una proporción muy reducida del apoyo estatal que se presta a la alimentación y la agricultura, pese al potencial que tienen para promover dietas saludables. Con las evaluaciones específicas basadas en la CCR, se puede fundamentar el diseño adecuado de este apoyo, de modo que estas subvenciones mejoren la accesibilidad a alimentos nutritivos y ecológicos².

Los impuestos a los alimentos que constituyen dietas poco saludables e insostenibles complementan las subvenciones que incentivan el consumo de opciones más saludables y sostenibles. Los hábitos alimenticios están determinados por una combinación de factores relacionados con la oferta y la demanda. En ellos influyen principalmente las preferencias de los consumidores, como el sabor, el valor nutricional y la conveniencia. Sin embargo, el costo relativo de los distintos productos alimenticios puede desempeñar una función decisiva, habida cuenta de las limitaciones de ingresos que condicionan la sensibilidad de los consumidores a los precios. Por ejemplo, en la actualidad, las grasas y los azúcares aportan energía alimentaria a muy bajo costo, lo que impulsa la creciente epidemia de obesidad. Esto significa que el precio de los alimentos es un factor determinante fundamental de los hábitos alimenticios poco saludables actuales. Las evaluaciones específicas basadas en la CCR pueden fundamentar el diseño de planes de aplicación de impuestos que modifiquen los precios relativos de los alimentos en favor de opciones más nutritivas y sostenibles¹⁸.

El poder adquisitivo de los consumidores desempeña una función esencial. En algunos contextos —sobre todo en los países de ingresos altos, donde las personas gastan una proporción relativamente baja de sus ingresos en alimentos—, los consumidores utilizan cada vez más su poder adquisitivo para apoyar a las empresas que incorporan sus valores. Para lograr que esto sea más eficaz y ampliar su escala, es necesario comunicar de forma más transparente las repercusiones de las empresas en el capital natural, humano y social. En este sentido, el apoyo de los gobiernos a la elaboración de informes obligatorios sobre la sostenibilidad y las repercusiones puede ayudar a empoderar a los consumidores para que adopten decisiones fundamentadas. Por ejemplo, en una encuesta realizada por la Organización Europea de Consumidores se constató que las preocupaciones ambientales influían en más de la mitad de los consumidores de la Unión Europea y que dos tercios de ellos estaban dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios en consecuencia. Sin embargo, la encuesta también reveló que la falta de información y la dificultad de encontrar opciones alimentarias sostenibles, así como su limitada disponibilidad y precios elevados, se percibían como obstáculos para que los consumidores tomaran las decisiones correctas¹⁹.

La comercialización y la promoción de alimentos y productos agrícolas también pueden ayudar a promover alimentos saludables y sostenibles. Pueden alterar el comportamiento de las personas de forma significativa sin prohibir ninguna opción ni cambiar los incentivos económicos. Las empresas agroalimentarias utilizan ampliamente la comercialización y la promoción para influir en las elecciones de los consumidores y dirigir a los compradores hacia sus productos.

El etiquetado y la certificación desempeñan una función esencial en este sentido. Las etiquetas en la parte delantera del envase o las certificaciones que hacen referencia a normas, por ejemplo, destacando las características de sostenibilidad, pueden influir en el comportamiento de compra de los consumidores²⁰. Sin embargo, la eficacia de las certificaciones de normas voluntarias es desigual y depende de su aplicación y de la capacidad de exigir que se cumplan los requisitos de sostenibilidad (véase en el Recuadro 19 el caso de las normas voluntarias de sostenibilidad en el sector del aceite de palma). Otros ejemplos son las cooperativas agrícolas y las organizaciones de productores, que pueden aumentar los ingresos de los productores satisfaciendo la demanda de productos de especialidad, como el café cultivado en el marco de acuerdos de conservación (Recuadro 20).

Las políticas y las organizaciones de investigación y de la sociedad civil pueden desempeñar una función importante a la hora de activar los mecanismos que impulsan la comercialización y la promoción, así como los del etiquetado y la certificación, en beneficio de los consumidores. Esto puede ocurrir si los reglamentos que sustentan a estos mecanismos impulsores están respaldados por políticas públicas conductuales²¹, que son intervenciones diseñadas según los principios de la investigación conductual, destinadas a influir en el comportamiento de las personas recurriendo a estímulos y corrigiendo los sesgos cognitivos²². Un ejemplo de cómo estas políticas pueden inducir una transformación en la dirección justa es obligar al sector privado, que hace un amplio uso de estos mecanismos, a que proporcione información precisa y fiable para que los consumidores puedan elegir alimentos saludables y sostenibles.

Mecanismos impulsores que afectan a los servicios generales

En la parte inferior de la Figura 15 se ilustra la función de los servicios generales a la hora de configurar la transformación de los sistemas agroalimentarios. La prestación de estos servicios repercute en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios en sentido amplio y, cuando los prestan los gobiernos, se incluyen en la categoría de apoyo a los servicios generales y, en su mayoría, subsanan las ineficacias del mercado, como las provocadas por bienes públicos, información imperfecta o mercados perdidos. Con este tipo de apoyo, los gobiernos procuran corregir las ineficacias del mercado y reducir los costos de las transacciones. Pueden impulsar la productividad, contribuir a la inocuidad y la disponibilidad de los alimentos y reducir sus precios, en particular de los alimentos nutritivos².

Por ejemplo, los gastos en infraestructuras mantienen la eficiencia de las operaciones comerciales y pueden reducir los costos de transporte y las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de suministro de alimentos, lo que contribuye a una mayor disponibilidad de alimentos.

La investigación y desarrollo (I+D) se ha reconocido además como un mecanismo impulsor importante para la transformación de los sistemas agroalimentarios⁴⁰. Aunque la I+D pública en el ámbito agrícola se asocia con altos rendimientos económicos, también se caracteriza por plazos prolongados y demoras⁴¹. No obstante, el fuerte rendimiento de la inversión constituye un argumento sólido para invertir en I+D agrícola, con miras a desarrollar las innovaciones y tecnologías que puedan promover la seguridad alimentaria y la nutrición y mitigar las amenazas que se plantean a los suministros alimentarios y a los medios de vida de los agricultores de todo el mundo⁴².

Los servicios de transferencia de conocimientos —por ejemplo, la capacitación, la asistencia técnica y otros servicios de extensión— son otro mecanismo conexo que suele recibir apoyo público. La difusión eficaz de conocimientos resulta fundamental para que los productores puedan adoptar prácticas de sostenibilidad. Del mismo modo, las políticas que fomentan las plataformas digitales y los datos abiertos pueden difundir aún más los recursos de conocimiento.

Los servicios de inspección respecto de la inocuidad de los productos agrícolas, las plagas y las enfermedades garantizan que los productos alimenticios se ajusten a la reglamentación y a las normas de inocuidad de los productos. La prestación estatal de tales servicios de inspección ayuda a los consumidores y a las empresas a lo largo de la cadena de suministro de alimentos (véase el Recuadro 21 sobre la brucelosis).

Como se muestra en la Figura 15, los gobiernos no tienen por qué ser los únicos que presten los servicios generales. Las empresas, las instituciones de investigación y las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar una función importante. Muchos de los servicios de infraestructura que respaldan la alimentación y la agricultura corren a cargo del sector privado, pero su presencia y expansión pueden ser esenciales para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos, como en el caso de la infraestructura de almacenamiento frigorífico.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden complementar las medidas gubernamentales en diversos ámbitos, como la protección de los consumidores y el intercambio de conocimientos e información. Aunque no participen directamente en los servicios de inspección dirigidos a garantizar la inocuidad de los alimentos y la conformidad de los productos con los reglamentos, pueden participar de manera más general en la vigilancia contra posibles fraudes alimentarios para proteger a los consumidores. Últimamente desempeñan una función cada vez más importante a la hora de sensibilizar a los consumidores sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la explotación económica (como el trabajo infantil).

Para concluir esta sección, la cuestión de crear sinergias entre los distintos mecanismos y las formas en que se aplican sigue siendo una prioridad para lograr los resultados deseados. Como se afirma en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de 2022, no bastará con adaptar el apoyo público al sector agroalimentario. Los encargados de formular políticas deben evitar las posibles compensaciones de factores que puedan surgir. Por ejemplo, es posible que los agricultores no estén en condiciones de aumentar la producción de alimentos nutritivos y sostenibles debido a limitaciones de recursos que les impidan acceder a tecnologías que mejoran la sostenibilidad ambiental. Además, la adaptación, si no está bien diseñada, puede tener consecuencias no deseadas para los más vulnerables, en particular los pequeños productores, las mujeres y los niños². El enfoque centrado en la CCR proporciona un marco integral para sopesar estas y otras compensaciones de factores y vincular los sistemas agroalimentarios con otros sistemas (ambiental, sanitario, de transporte y energético). A continuación, las evaluaciones específicas basadas en la CCR pueden arrojar luz sobre cómo superarlas al revelar los resultados de las políticas, no solo en términos de eficiencia, sino también de equidad, nutrición, salud y calidad del medio ambiente.