En el día a día, las personas, las empresas y los gobiernos no siempre conocen la repercusión de sus decisiones en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, ya sea positiva o negativa. Por un lado, los sistemas agroalimentarios generan beneficios vitales para la sociedad, entre otras razones porque producen los alimentos que consumimos y proporcionan puestos de trabajo y medios de vida a más de 1 000 millones de personas. En consecuencia, el valor de los sistemas agroalimentarios para la sociedad probablemente sea mucho mayor del que se cuantifica en el PIB. Por otro lado, las ineficacias del mercado, las políticas y las instituciones que se producen en los sistemas agroalimentarios contribuyen a la generación de costos ocultos como, por ejemplo, el cambio climático, la degradación de los recursos naturales y la inasequibilidad de las dietas saludables. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo transformamos los sistemas agroalimentarios para que aporten un valor todavía mayor a la sociedad? En otras palabras, ¿cómo mitigamos los costos ocultos y potenciamos los beneficios ocultos de estos sistemas?
Esta edición de El estado mundial de la agricultura y la alimentación se centra en el costo real de los sistemas agroalimentarios. Mediante la introducción del concepto de costos y beneficios ocultos de los sistemas agroalimentarios y proporcionando un marco a través del cual se pueden evaluar dichos costos y beneficios, el presente informe tiene por objeto iniciar un proceso que preparará de manera más adecuada a los encargados de adoptar decisiones para actuar con vistas a lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Consideración de los costos y beneficios de los sistemas agroalimentarios en la adopción de decisiones
Contabilización de los costos y beneficios de los sistemas agroalimentarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Ha crecido el consenso internacional en torno a la idea de que transformar los sistemas agroalimentarios —en busca de una mayor eficiencia, resiliencia, inclusividad y sostenibilidad— es una condición esencial a fin de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A este respecto, la incorporación de una evaluación integral de los sistemas agroalimentarios al proceso de adopción de decisiones resulta esencial para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si no todos.
Las interacciones de los sistemas agroalimentarios con el medio ambiente, la economía, la nutrición, la salud y la sociedad están relacionadas en última instancia con los ODS. Especialmente relevante resulta la repercusión que puede tener la transformación de los sistemas agroalimentarios en el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 3 (Salud y bienestar) como resultado de la importancia que revisten los sistemas agroalimentarios para la productividad agrícola, los medios de vida rurales, la salud, la seguridad alimentaria y la nutrición. La transición a sistemas agroalimentarios sostenibles derivada de una adopción de decisiones más adecuada también implica realizar progresos en el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 12 (Producción y consumo responsables) y los ODS 13, 14 y 15 (Acción por el clima, Vida submarina y Vida de ecosistemas terrestres, respectivamente). Esta transición dependerá de las nuevas tecnologías, que pueden actuar como elemento catalizador del progreso hacia el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Mediante la evaluación de cómo se forma y trata el capital humano, también puede contribuir al trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), así como a la reducción de la desigualdad de género (ODS 5).
La contabilidad de costos reales en apoyo de la transformación de los sistemas agroalimentarios
El enfoque relativo a la contabilidad de costos reales (CCR) crea una oportunidad sin precedentes para estas evaluaciones exhaustivas. Se define como un enfoque integral y sistémico para cuantificar y estimar los costos y beneficios ambientales, sociales, sanitarios y económicos generados por los sistemas agroalimentarios para facilitar la adopción de decisiones más adecuadas por parte de los encargados de formular políticas, las empresas, los agricultores, los inversores y los consumidores.
Esta amplia definición permite adoptar diversos métodos en función de los recursos, los datos, la capacidad y los sistemas de presentación de informes de cada país. La CCR tampoco es un concepto nuevo, sino que se trata de un enfoque evolucionado y mejorado que va más allá de los intercambios de mercado para tener en cuenta todos los flujos que desembocan y se originan en los sistemas agroalimentarios, incluidos aquellos que no se reflejan en las transacciones de mercado.
Aunque el enfoque de la CCR constituye una aspiración, pues abarcar todos los costos y beneficios ocultos de los sistemas agroalimentarios es un ejercicio que requiere una ingente cantidad de recursos y datos, el objetivo consiste en evitar que los encargados de adoptar decisiones y otras partes interesadas tengan que decidir sin una evaluación completa. A este respecto, la CCR permite a los encargados de adoptar decisiones aprovechar de manera pragmática los datos e información ya disponibles para obtener una comprensión inicial de los sistemas agroalimentarios, incluidas las deficiencias de datos más importantes, a fin de orientar las intervenciones de manera más adecuada.
Desglose de las dependencias y repercusiones de los sistemas agroalimentarios en relación con la sociedad y el entorno natural
Los sistemas agroalimentarios se ven influenciados por las decisiones en materia de políticas y las decisiones de las empresas y los consumidores. Asimismo, sus actividades dependen de diversos tipos de capital: natural, humano, social y producido, a los cuales también afectan, y que constituyen la base del bienestar humano, el éxito económico y la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, el capital natural aporta crecimiento de la biomasa y agua dulce a los sistemas agroalimentarios. A su vez, los sistemas agroalimentarios pueden afectar negativamente al capital natural generando emisiones de GEI y contaminación. Sin embargo, si se emplea un enfoque basado en la agricultura regenerativa, las prácticas de producción pueden contribuir a la restauración de los ecosistemas. El capital social puede contribuir a los sistemas agroalimentarios aportando conocimientos culturales y determinar las costumbres de acceso a recursos como la tierra, mientras que, a cambio, los sistemas agroalimentarios proporcionan seguridad alimentaria y nutrición (o inseguridad alimentaria y malnutrición) en función de su eficiencia, resiliencia e inclusividad. El capital producido contribuye a la investigación y el desarrollo, mientras que, a su vez, los sistemas agroalimentarios generan ingresos, beneficios, rentas e impuestos.
Aunque estos flujos parecen intuitivos, son escasos los esfuerzos realizados para cuantificarlos y gestionar sus repercusiones, a excepción del capital producido. Los datos que se suelen incluir en las evaluaciones económicas se corresponden con los flujos y repercusiones del capital producido y, en cierta medida, del capital humano (por ejemplo, mano de obra y salarios), los cuales se transfieren a través de mecanismos de mercado, de modo que se puedan observar, medir y cuantificar fácilmente. En cambio, los flujos y repercusiones relacionados con el capital natural, social y (parte del) humano no tienen esta facilidad, por lo que su inclusión en las evaluaciones económicas es generalmente parcial y no sistemática. Por ejemplo, mientras que los insumos basados en el mercado se reflejan directamente en los costos de producción privados de los productores, los insumos de los servicios ecosistémicos (por ejemplo, el agua limpia y la polinización) no lo hacen, a pesar de que resultan fundamentales para la productividad agrícola.
Sin embargo, cuando los encargados de adoptar decisiones carecen de una evaluación completa de las actividades de los sistemas agroalimentarios que repercuten en las existencias y flujos de capital —por ejemplo, en relación con los servicios ecosistémicos—, la deficiencia de conocimientos resultante puede impedir que se realicen progresos en el logro de sistemas agroalimentarios más sostenibles. Esto es así especialmente porque, aunque se han realizado algunos progresos positivos en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, las repercusiones negativas son cada vez más importantes. En el presente informe, a las repercusiones negativas que no se reflejan en el precio de mercado de un producto o servicio se las denomina costos ocultos. En aras de la simplicidad, y dado que es probable que la mayoría de los beneficios sean internalizados por los mercados, la expresión “costos ocultos” utilizada en este documento abarca los costos ocultos netos, incluyendo también los beneficios ocultos expresados como costos ocultos negativos. Un ejemplo de un costo oculto negativo sería la conversión de pastizales o tierras de cultivo en tierras forestales por parte de los agricultores, lo cual reduce las emisiones de GEI, pero no proporciona ninguna compensación a los agricultores.
Obstáculos a la integración de las repercusiones ocultas de los sistemas agroalimentarios en la adopción de decisiones
Dada la amplia variedad de efectos asociados a las actividades económicas de los sistemas agroalimentarios y las numerosas partes interesadas diferentes que se ven afectadas, la integración de todos los costos y beneficios ocultos en los procesos de adopción de decisiones no es una tarea sencilla. Los encargados de adoptar decisiones se enfrentan a objetivos que entran en conflicto, y abordar los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios puede requerir la aplicación de cambios importantes en las prácticas actuales de producción y consumo, algo que puede encontrarse con la resistencia de gobiernos, empresas, productores y consumidores, que pueden preferir el mantenimiento de las condiciones actuales por miedo a afrontar costos de transición elevados o cambios en sus costumbres, cultura o tradiciones.
Otra razón para resistirse al cambio es el hecho de que puedan surgir compensaciones de factores. Por ejemplo, el uso de productos agroquímicos para incrementar la productividad puede reducir la pobreza, pero también provocar, con el tiempo, la degradación del medio ambiente. Esto hace más difícil la adopción de decisiones sobre políticas. También existe una disparidad importante entre quienes reciben los beneficios de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial y quienes pagan los costos, es decir, las repercusiones distributivas de la transición a nuevas pautas de producción y consumo. La transformación de los sistemas agroalimentarios para abordar factores de estrés ambiental y problemas de salud cruciales puede conllevar compensaciones de factores que mejoren la igualdad social.
La resistencia al cambio también se puede deber a una escasez de datos e información suficientes. Un desafío asociado es la cuantificación de los costos del cambio en las políticas (es decir, los costos de reducción) y la comparación de estos con los beneficios de reducir los costos ocultos para ayudar a orientar las políticas. Esto plantea la cuestión de estimar los costos de manera que resulte práctico hacerlo. Se realizarán pocos progresos en la transformación de los sistemas agroalimentarios si languidecen los métodos para mejorar el cálculo de los costos de reducción. Se debería otorgar prioridad a la inversión de recursos para lograr revelar información relevante.
Contabilidad de costos reales: una oportunidad para comprender los sistemas agroalimentarios
La CCR se basa en el conjunto de trabajos de medición existentes reflejados en las normas estadísticas internacionales establecidas. En lo que respecta a los flujos de capital producido y natural y los flujos asociados, estas normas incluyen el Sistema de cuentas nacionales (SNC) para la cuantificación de los activos producidos y los flujos de producción, ingresos y consumo asociados, y el Sistema de contabilidad ambiental y económica para la agricultura (SCAEI) para la cuantificación de los flujos y activos ambientales.
Dados los desafíos que plantean la recopilación de los datos necesarios y la cuantificación de todos los flujos en los cuatro tipos de capital, se otorga prioridad a los datos e información ya disponibles para obtener una comprensión inicial de los sistemas agroalimentarios. Estos análisis iniciales se pueden emplear para iniciar un diálogo con las partes interesadas relevantes sobre los desafíos más importantes en los sistemas agroalimentarios y las deficiencias de datos más urgentes que se deben subsanar para orientar las intervenciones de manera más adecuada. A este respecto, el principio de “pertinencia” resultará clave (definido como la determinación de la importancia de un fragmento de información al adoptar una decisión). La pertinencia ayuda a centrar el alcance de las evaluaciones basadas en la CCR en las repercusiones y los flujos que pueden alterar un proceso de adopción de decisiones. Esto puede determinar qué datos importantes no están disponibles y deberían recopilarse.
Propuesta de una evaluación en dos fases empleando la contabilidad de costos reales
En este contexto, el presente informe propone una evaluación en dos fases empleando la CCR con vistas a proporcionar a los encargados de adoptar decisiones una comprensión exhaustiva de los sistemas agroalimentarios y determinar ámbitos de intervención para mejorar su sostenibilidad. La primera fase consiste en llevar a cabo evaluaciones iniciales a nivel nacional en las que se analicen y cuantifiquen en la máxima medida posible los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios en los diferentes tipos de capital empleando datos ya disponibles. La función principal de la primera fase consiste en sensibilizar sobre la magnitud de los desafíos.
La segunda fase está dedicada a realizar evaluaciones profundas centradas en componentes, cadenas de valor o sectores específicos de los sistemas agroalimentarios a fin de orientar las medidas sobre políticas para la transformación y las inversiones conexas en un país concreto. La selección puede basarse en los resultados de la primera fase, pero también puede derivarse de las prioridades del país especificadas en consultas con las partes interesadas. Las partes interesadas implicadas pueden variar en función del contexto, pero son generalmente los encargados de formular políticas, las instituciones de investigación y contabilidad (especialmente las que conocen bien los principales desafíos de los sistemas agroalimentarios del país) y los representantes de los actores clave de los sistemas agroalimentarios, por ejemplo, los productores agrícolas, los elaboradores y los distribuidores.
Evaluación preliminar de los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios en 154 países
No cabe duda de que los costos ocultos son significativos, incluso después de tener en cuenta la incertidumbre
Hasta la fecha, se han realizado diversos intentos de estimar los costos ocultos asociados a los sistemas agroalimentarios mundiales. Dos estudios, elaborados por la Food and Land Use Coalition (Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo) (2019) y Hendricks et al. (2023), en particular, concluyen que la magnitud de los costos ocultos es considerable en relación con el valor de los productos alimentarios objeto de transacción en los mercados. No obstante, a pesar de su exhaustividad, ambos estudios son de carácter global y no proporcionan estimaciones a nivel nacional.
En este contexto, y como punto de partida para la primera fase del proceso de dos fases, se realizó un análisis preliminar basado en la CCR a fin de cuantificar en el presente informe los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios en 154 países. Este análisis emplea datos nacionales (procedentes de diversos conjuntos de datos mundiales) para elaborar modelos sobre repercusiones y combina estos modelos con estimaciones monetarias para estimar (monetizar) los costos ocultos. Esto permite agregar y comparar los resultados en diferentes dimensiones y escalas geográficas, así como utilizarlos como base para el diálogo con los encargados de adoptar decisiones. En este ejercicio, tanto los costos como los beneficios ocultos se tienen en cuenta en la máxima medida posible, y los beneficios ocultos (por ejemplo, la forestación) se expresan como costos ocultos negativos.
Sin embargo, debido a que los alimentos poseen un valor intangible —por ejemplo, en términos de la identidad cultural asociada a los sistemas agroalimentarios— algunos beneficios no se pueden monetizar, por lo que se excluyen del análisis, a pesar de su importancia. Asimismo, algunos costos ocultos se han omitido debido a deficiencias de datos en el conjunto de países analizado: por ejemplo, los costos asociados al retraso del crecimiento infantil, la exposición a plaguicidas, la degradación de la tierra, la resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades derivadas del consumo de alimentos nocivos.
En el presente informe se estima que los costos ocultos cuantificados mundiales de los sistemas agroalimentarios ascendían en 2020 a aproximadamente 12,7 billones de dólares de PPA de 2020. Esto incluye costos ocultos ambientales derivados de las emisiones de GEI y de nitrógeno, del uso del agua y del cambio del uso de la tierra; costos ocultos sanitarios derivados de las pérdidas de productividad generadas por hábitos alimenticios poco saludables; y costos ocultos sociales provocados por la pobreza y las pérdidas de productividad asociadas a la subalimentación. Tanto los hábitos alimenticios poco saludables como la subalimentación provocan pérdidas de productividad que afectan a las economías nacionales; sin embargo, debido a que los factores impulsores difieren significativamente —pues la subalimentación se produce por la privación extrema, mientras que los hábitos alimenticios poco saludables responden a un consumo excesivo—, los costos ocultos derivados de los hábitos alimenticios poco saludables se relacionan con la dimensión de la salud, mientras que los derivados de la subalimentación se asocian a la dimensión social junto con la pobreza.
Aunque el hecho de no monetizar todos los beneficios y costos constituye una limitación, no reduce necesariamente la capacidad del ejercicio de orientar las mejoras en los sistemas agroalimentarios. De hecho, los costos ocultos abarcados son más que suficientes para destacar la necesidad de adoptar medidas. Cuando se comparan con el valor de la economía mundial, estos equivalen a casi el 10 % del PIB mundial en términos de PPA (PIB PPA) en 2020. Por día, estos costos equivalen a 35 000 millones de dólares PPA de 2020.
Estas estimaciones tienen en cuenta la gran incertidumbre de los cálculos de los costos derivada de la falta de datos sobre diversos costos ocultos, así como sobre algunos países y regiones, mediante el uso de distribuciones de probabilidad. Una característica atractiva de este ejercicio es que permite aplicar intervalos de confianza que reflejen esta incertidumbre, por ejemplo, se estima que hay un 95 % de probabilidades de que los costos ocultos mundiales se sitúen en una cifra igual o superior a 10,8 billones de dólares PPA de 2020. La incertidumbre fue mayor en los costos ocultos ambientales debido a la falta de conocimientos sobre la repercusión de las emisiones de nitrógeno en los servicios ecosistémicos. Aun así, incluso el límite más bajo revela la urgencia innegable de la transformación de los sistemas agroalimentarios. En otras palabras, la incertidumbre no se debería utilizar como motivo para posponer la adopción de medidas.
Los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios varían considerablemente en términos de magnitud y composición en función de los niveles de ingresos de los países
Al agregar los costos ocultos cuantificados de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial, se oculta una variación significativa en los niveles de ingresos de los países que resulta esencial para que los encargados de adoptar decisiones reduzcan estos costos. La mayoría de los costos ocultos se generan en los países de ingresos medianos altos (5 billones de dólares PPA de 2020, o el 39 % de los costos ocultos cuantificados totales) y los países de ingresos altos (4,6 billones de dólares PPA de 2020, o el 36 % de los costos totales). Los países de ingresos medianos bajos registran el 22 %, mientras que los países de ingresos bajos generan el 3 %.
Los costos ocultos difieren no solo en magnitud, sino también en términos de composición por nivel de ingresos. En todos los grupos de países aparte del de ingresos bajos, las pérdidas de productividad derivadas de hábitos alimenticios que provocan enfermedades no transmisibles (ENT) son el factor que contribuye más significativamente al daño a los sistemas agroalimentarios, seguidas de los costos ambientales. En los países de ingresos medianos bajos, los costos ocultos sociales derivados de la pobreza y la subalimentación son relativamente más significativos, pues representan hasta una media del 12 % de todos los costos ocultos cuantificados. No resulta sorprendente que estos costos ocultos sociales sean el principal problema en los países de ingresos bajos (más del 50 % de todos los costos ocultos cuantificados).
La presentación de los costos ocultos como un porcentaje del PIB permite apreciar mejor la carga que soportan las economías nacionales y proporciona una indicación sobre dónde se debe otorgar prioridad a los recursos internacionales para abordar estos costos. A nivel mundial, los costos ocultos cuantificados equivalen, de media, a casi el 10 % del PIB de 2020 en términos de PPA. No obstante, este porcentaje es mucho más elevado en los países de ingresos bajos, pues en ellos se sitúa, de media, en el 27 %. Esto pone de manifiesto que la mejora de los sistemas agroalimentarios en los países de ingresos bajos resultará esencial para abordar estos costos ocultos, especialmente los relacionados con la pobreza y la subalimentación, que por sí solos equivalen al 14 % del PIB. El porcentaje de los costos ocultos en relación con el PIB es del 12 % y 11 % en los países de ingresos medianos bajos y los países de ingresos medianos altos, respectivamente. Sin embargo, los costos ocultos sociales tienen una importancia notable solo en los países de ingresos medianos bajos. En los países de ingresos medianos altos, la mayoría de los costos ocultos se derivan de hábitos alimenticios poco saludables. Ocurre lo mismo en los países de ingresos altos, donde el porcentaje de estos costos en relación con los costos ocultos cuantificados totales es solo del 8 %.
Cuantificación de los costos ocultos para fundamentar los puntos de partida de las políticas que, a su vez, pueden abordarlos
Los costos ocultos descritos tienen como objetivo ayudar a determinar puntos de partida para priorizar intervenciones e inversiones. A este respecto, el primer paso debería centrarse en determinar en qué punto de un sistema agroalimentario concreto son más significativos los costos ocultos y debido a qué actividades. Comenzando con la dimensión ambiental, las estimaciones sugieren que estos costos se producen principalmente en la producción primaria, y los costos previos y posteriores a la producción comprenden menos del 2 % de los costos ocultos cuantificados totales. En otras palabras, el sector primario debería considerarse el principal punto de partida para efectuar un cambio en las trayectorias ambientales. A nivel mundial, los costos ocultos derivados de la agricultura, a través de trayectorias ambientales, equivalen a casi un tercio del valor añadido agrícola.
En algunos países, la atención se centrará probablemente en los actores vulnerables y, específicamente, en la contribución de los sistemas agroalimentarios a la pobreza moderada, esto es, la ineficacia distributiva general de salarios y calorías suficientes necesarios para garantizar vidas productivas. En el informe se observa que, para evitar los costos de la ineficacia distributiva en los sistemas agroalimentarios, los ingresos de la población moderadamente pobre que trabaja en los sistemas agroalimentarios deben aumentar, de media, un 57 % en los países de ingresos bajos y un 27 % en los países de ingresos medianos bajos.
Otra esfera cuya importancia se ha puesto claramente de manifiesto es la de las pérdidas medias de productividad por persona derivadas de la ingesta de alimentos. A nivel mundial, este valor equivale al 7 % del PIB PPA en 2020; los países de ingresos bajos registran el valor más bajo (4 %), mientras que otras categorías de ingresos registran un 7 % o valores superiores.
En general, los resultados sugieren que los costos ocultos cuantificados asociados a los sistemas agroalimentarios son considerables en todos los países, incluso tras tener en cuenta la incertidumbre. Revelan la magnitud de la transformación necesaria, pero no determinan el costo de mitigar o evitar los diferentes desafíos, ni expresan si es factible hacerlo. Más bien indican las contribuciones relativas de diversas actividades o contaminantes y destacan ámbitos para una mayor investigación en las evaluaciones específicas a fin de subsanar deficiencias de datos y comprender los costos de reducción. Solo con estas evaluaciones específicas es posible orientar las intervenciones llevadas a cabo tanto por entidades públicas como privadas para transformar los sistemas agroalimentarios a mejor.
Paso a las evaluaciones específicas basadas en la contabilidad de costos reales: la segunda fase de un proceso de dos fases
De la estimación inicial de los costos ocultos a la determinación de medidas
Los resultados de este ejercicio de evaluación de las estimaciones nacionales son preliminares y, por ello, deben complementarse con datos más precisos y desglosados procedentes de las evaluaciones específicas. Esto lo permite la segunda fase del proceso de evaluación, que se centra en realizar evaluaciones específicas para respaldar la adopción de decisiones orientadas a mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. El objetivo consiste en determinar las medidas para la transformación potencialmente preferidas, comparando los costos y los beneficios de cada una —por ejemplo, a través del análisis de hipótesis— a fin de asignar recursos a las más factibles y rentables, comparar opciones para el futuro y gestionar las compensaciones de factores y las sinergias. Esto conduciría después a la aplicación de mecanismos impulsores para reformar las políticas, las inversiones y otras intervenciones con vistas a abordar las preocupaciones señaladas.
Definición del alcance de las evaluaciones específicas
Al estructurar una evaluación específica, resulta importante establecer el límite del análisis para mantener la viabilidad del alcance del estudio, permitiendo al mismo tiempo que se cumpla de manera suficiente el objetivo de la evaluación. Esto se inicia con la elección de la unidad funcional del análisis, es decir, lo que se va a evaluar y cuantificar. Las unidades funcionales pueden ser las siguientes: los sistemas agroalimentarios, los hábitos alimenticios, la inversión, la organización y el producto. La unidad funcional seleccionada depende del enfoque de las políticas o la cuestión que motiva la investigación. Por lo general, los límites de análisis que incorporan el nivel superior de los sistemas agroalimentarios son los más adecuados para la formulación de políticas, pues son más exhaustivos y tienen en cuenta el potencial para orientar una repercusión sistémica.
Para que sea eficaz, la activación de los mecanismos impulsores del cambio suele precisar un análisis a un nivel más detallado. Para ello, puede que sea necesario establecer el producto o la inversión como unidades funcionales para fundamentar decisiones concretas. Si el interés de la política consiste en promover las dietas saludables, entonces resultaría más apropiado elegir el nivel de los hábitos alimenticios como unidad funcional. Seleccionar la organización como unidad funcional también puede resultar adecuado en determinados casos. Aunque se utiliza principalmente para el sector privado, la organización como unidad funcional puede aportar perspectivas valiosas si el objetivo normativo es determinar ámbitos en los que las empresas necesiten apoyo, ya sea para llevar a cabo la CCR ellas mismas o para reducir sus repercusiones negativas.
Análisis de políticas e hipótesis: sus funciones esenciales y complementarias en las evaluaciones específicas basadas en la contabilidad de costos reales
El análisis de hipótesis es una característica esencial de cualquier ejercicio de CCR, independientemente de los límites del análisis. Independientemente de que el ámbito de aplicación de una CCR sean los sistemas agroalimentarios nacionales, una dieta local, una inversión pública o una cadena de valor, el análisis de hipótesis permitirá comparar posibles trayectorias futuras y evaluar la repercusión y la eficacia de las diferentes opciones de políticas y de gestión. Hacer esto resulta esencial para determinar problemas incipientes ocasionados por la inacción, así como sinergias y compensaciones de factores derivadas de la adopción de medidas. Posteriormente, dichas compensaciones de factores pueden sopesarse detenidamente para formular estrategias más sólidas y evaluar la eficacia de las diferentes medidas posibles.
Estas hipótesis pueden ayudar a replantear el problema a fin de establecer una agenda de políticas de manera más eficaz. Suelen tener componentes tanto cualitativos como cuantitativos y se combinan a menudo con enfoques participativos que integran a partes interesadas locales y regionales. Por ejemplo, las previsiones de crecimiento de la población pueden emplearse para estimar las modificaciones de la cubierta vegetal previstas al investigar tendencias en la expansión agrícola o la urbanización.
Los resultados del análisis de hipótesis se pueden interpretar empleando un análisis de costos y beneficios que compare los beneficios y los costos de las diferentes intervenciones y determine su viabilidad económica y financiera. Por otra parte, un enfoque de la eficacia en función del costo compara los costos de alcanzar un objetivo determinado empleando diferentes opciones de intervención como, por ejemplo, el costo por tonelada de emisiones evitadas a través de la eficiencia energética, la energía renovable y la reducción de la deforestación. Este último enfoque resulta especialmente pertinente cuando se consideran opciones para reducir los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios que no han sido cuantificados en términos monetarios.
La contabilidad de costos reales puede ayudar a aumentar la sostenibilidad de las empresas agroalimentarias y las inversiones conexas
Es improbable que todos los problemas se puedan abordar únicamente a través de las políticas. Los sistemas agroalimentarios son, en el fondo, actividades del sector privado, y el sector privado tendrá que asumir una parte de la responsabilidad de reducir al mínimo los costos ocultos. La CCR proporciona un marco para que las empresas evalúen y gestionen sus repercusiones y dependencias de manera más exhaustiva y precisa. Mediante la integración de la CCR en la adopción de decisiones y las estrategias de gestión diarias, las empresas agroalimentarias pueden detectar y aprovechar oportunidades en diferentes etapas de la cadena de valor, lograr una producción sostenible, atraer inversión privada y beneficiarse de los incentivos gubernamentales. Cuando se adopta mediante políticas y se respalda con leyes y reglamentos, la CCR redefine los indicadores clave del rendimiento y cambia los fundamentos del éxito empresarial mediante la inclusión del capital humano, social y natural. En resumen, redefine el concepto de “empresa de éxito”.
Las instituciones financieras, como los bancos y las compañías de seguros, también pueden utilizar la CCR para determinar las condiciones de los créditos y seguros basándose en evaluaciones de riesgos más adecuadas, mejorando así las condiciones de los créditos y los seguros para las empresas sostenibles. La realización de una evaluación exhaustiva de los costos y beneficios empleando la CCR también puede ayudar a las empresas a movilizar recursos financieros para la transición a la sostenibilidad, creando oportunidades para nuevas inversiones y para la ampliación de la escala. La CCR también puede ayudar a las empresas a responder a la creciente demanda de transparencia en las cadenas de suministro por parte de los consumidores, que cada vez son más conscientes de los diferentes aspectos de la producción, en particular las condiciones laborales y las repercusiones en el medio ambiente. A este respecto, la CCR también puede ayudar a las empresas a reunir los requisitos necesarios para obtener certificaciones voluntarias (como las relativas al comercio justo) e incentivos gubernamentales.
En vista de la urgencia cada vez mayor de cuantificar los costos ocultos de las empresas, especialmente los de los productos agroalimentarios, diversas iniciativas han adoptado las primeras medidas. Las iniciativas existentes abarcan un amplio campo en lo que se refiere a las aplicaciones empresariales de la CCR. Sin embargo, todavía hay ámbitos donde se precisa un mayor desarrollo para alcanzar plenamente el potencial de la CCR en el sector privado. Estas iniciativas incluyen marcos y normas, métodos, gobernanza y estrategia a nivel institucional, y directrices para la presentación de informes.
Integración de la contabilidad de costos reales para la transformación de los sistemas agroalimentarios: oportunidades y desafíos
Sobre la base de la CCR se pueden utilizar mecanismos impulsores para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios
Existen diferentes mecanismos impulsores que pueden influir en el funcionamiento interno de los sistemas agroalimentarios y que se pueden emplear estratégicamente para fomentar la sostenibilidad de los sistemas. Los mecanismos impulsores pueden afectar a la oferta (producción e intermediarios), la demanda (consumo) y los bienes públicos que respaldan los sistemas agroalimentarios. Ninguno de los mecanismos impulsores es nuevo, pero la innovación reside en cómo se utilizan. Cuando se fundamentan en evaluaciones específicas basadas en la CCR, los mecanismos impulsores existentes en los sistemas agroalimentarios como, por ejemplo, las subvenciones agroalimentarias, pueden redirigirse o reformarse para apoyar y ampliar la escala de estrategias prometedoras e incipientes con miras a lograr empresas e inversiones sostenibles. La elección del mecanismo dependerá de los resultados de la hipótesis y los análisis de las políticas, las necesidades específicas de cada contexto, las prioridades y los recursos disponibles. Aunque los gobiernos poseen el conjunto de instrumentos más amplio e influyente, otros actores, como las instituciones de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las instituciones financieras, también desempeñan funciones importantes en la determinación del rendimiento de los sistemas agroalimentarios. Del mismo modo, también deben tenerse en cuenta mientras tanto otros sectores externos a los sistemas agroalimentarios (por ejemplo, el sector de la atención sanitaria y los sectores energéticos) en lo que se refiere a sinergias y compensaciones de factores para crear incentivos coherentes con este fin.
¿Abordar los costos ocultos aumentará el precio de los alimentos?
Una pregunta que se plantea con frecuencia es si al abordar los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios aumentarán los precios de los alimentos. El informe sienta las bases para responder a esta pregunta. La premisa básica es que dependerá del costo oculto que se aborde y los instrumentos que se utilicen. Resulta útil tener en cuenta las distintas categorías de costos ocultos que se estén estudiando: costos ocultos sociales asociados a ineficacias distributivas, que provocan pobreza y subalimentación; costos ocultos ambientales derivados de daños relacionados con las externalidades; y costos ocultos sanitarios provocados por hábitos alimenticios que conducen a obesidad y ENT. La forma de abordar cada una de estas categorías tiene implicaciones distintas para los ingresos y los precios de los alimentos.
Si se abordan los costos ocultos sociales derivados de la ineficacia distributiva, por ejemplo, se podría incrementar la productividad del sector de la alimentación y la agricultura, y ejercer así una presión a la baja en los precios de los alimentos, lo cual beneficiaría ampliamente a los consumidores. Por el contrario, si los productores han de pagar por las medidas (principio de quien contamina paga) —por ejemplo, a través de impuestos o reglamentos que estipulen prácticas menos dañinas para el medio ambiente— sin que esto se complemente con asesoramiento sobre cómo limitar los costos cuando se produce un costo oculto, esto se trasladará a los segmentos ulteriores de la cadena de valor o a los consumidores en forma de precios de los alimentos más elevados.
La alternativa consiste en aplicar el principio de que quien se beneficia paga, el cual sitúa la carga de asumir los costos reales de las actividades de los sistemas agroalimentarios en los beneficiarios, normalmente el público general, pero también grupos específicos especialmente afectados por actividades en las que no participan. En estos casos, las políticas no deberían dar lugar a un aumento del precio de los alimentos. Un ejemplo es el pago por servicios ambientales, donde el beneficiario paga a aquellas partes cuyas actividades pueden resultar dañinas para el medio ambiente a fin de que modifiquen su comportamiento.
Un conjunto de políticas que incluye una combinación de los principios de quien contamina paga y quien se beneficia paga es la adaptación de las subvenciones a la agricultura. Replantear las subvenciones a la agricultura con un rendimiento deficiente para proteger y restaurar las tierras agrícolas degradadas puede apoyar de manera más adecuada a las comunidades locales y ayudar a los países a lograr sus objetivos relacionados con el clima, la biodiversidad y el desarrollo rural. Si se diseña y enfoca detenidamente, también puede aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de las dietas sostenibles, y en particular de las que son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. No obstante, los sistemas basados en subvenciones suponen una carga para los recursos fiscales, que ya son escasos, y los objetivos contrapuestos pueden provocar compensaciones de factores. La elección entre instrumentos de políticas dependerá de las implicaciones en materia de equidad, que, a su vez, dependerán de quiénes sean los beneficiarios. Debería otorgarse prioridad a las situaciones donde existan sinergias.
Las evaluaciones específicas basadas en la CCR pueden fundamentar el diseño de planes de aplicación de impuestos y adaptación que modifiquen los precios relativos de los alimentos en favor de opciones más nutritivas y sostenibles. Cuando la recaudación tributaria se dirige a promover las dietas saludables y sostenibles, los presupuestos que dedican los hogares a la alimentación pueden mantenerse. A largo plazo, las mejoras de la salud pública que conducen a un aumento de la productividad se podrían traducir en mayores ingresos para los hogares. En este caso, aunque las dietas más saludables puedan ser más costosas, el aumento de los ingresos podría ayudar a compensar ese gasto adicional. No obstante, es necesario seguir investigando para comprender los costos que esto conllevaría.
Creación de un entorno favorable para ampliar la escala de la contabilidad de costos reales en favor de la transformación de los sistemas agroalimentarios
Un único grupo de actores no puede lograr una mayor adopción de la CCR, ya que esto requiere contribuciones complementarias de diferentes partes interesadas que influyen en el funcionamiento de las empresas agroalimentarias. Los gobiernos, con sus políticas, fondos, inversiones, leyes y reglamentos, desempeñan una función esencial en la creación de un entorno favorable para ampliar la escala de la CCR con vistas a transformar los sistemas agroalimentarios. Las organizaciones de investigación y los encargados de establecer normas también resultan fundamentales para avanzar en las metodologías y establecer normas para que se recopilen datos y estos se usen en las evaluaciones basadas en la CCR. Esto resulta esencial para garantizar la transparencia de los costos y beneficios reales de los sistemas agroalimentarios. Las aplicaciones de los estudios de CCR serán facilitadas principalmente por empresas de contabilidad y consultorías empresariales, que proporcionan asesoramiento y apoyo a los productores y empresas agroalimentarios, así como a otras partes interesadas relevantes, en su transición hacia la sostenibilidad. Las instituciones financieras y las agencias de calificación crediticia podrían resultar cruciales si favorecen la sostenibilidad de la producción, la actividad empresarial y la inversión. En última instancia, son los productores, las empresas y los consumidores —así como las alianzas que creen— los que llevarán a cabo el cambio y aplicarán nuevas normas, en particular, normas voluntarias.
Para que esto ocurra a gran escala, especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, se deben superar dos obstáculos importantes: la escasez de datos y la falta de capacidad.
Por primera vez, la FAO dedicará dos ediciones consecutivas de El estado mundial de la agricultura y la alimentación al mismo tema
Al dedicar dos ediciones a este tema, la FAO invierte en desvelar información relevante para orientar hacia la sostenibilidad los procesos de adopción de decisiones en los sistemas agroalimentarios. En el informe de este año, se han presentado conclusiones nuevas de las evaluaciones nacionales preliminares, a fin de crear una oportunidad sin precedentes de apoyar a los encargados de adoptar decisiones en todo el mundo en la determinación de los desafíos (ocultos) generales a los que se enfrentan sus sistemas e iniciar un proceso para construir una visión conjunta en favor de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Estos resultados preliminares, que se deben mejorar y actualizar, hacen hincapié en la importancia de la adaptación del apoyo público actual y de las leyes, reglamentos y normas que influyen en los comportamientos de otros actores como, por ejemplo, los consumidores. El capital privado, que asciende a aproximadamente 14 veces el apoyo público mundial, también desempeña un papel importante en la conformación de la sostenibilidad sectorial, al igual que las instituciones financieras, a través de su influencia, asesoramiento y apoyo adicionales en su transición hacia la sostenibilidad.
En el informe del próximo año se hará hincapié en cómo se pueden adaptar las evaluaciones específicas sobre la base de las prioridades de los encargados de formular políticas en contextos específicos. El objetivo consistirá en mostrar la flexibilidad de la CCR en su aplicación según diferentes alcances, desde un sistema agroalimentario completo hasta un único producto. Independientemente del alcance del análisis, la CCR puede emplearse para comparar diferentes opciones de políticas y gestión. Como continuación del trabajo iniciado en el presente informe, se incorporarán análisis de hipótesis y políticas a la CCR, en los que se examinará una serie de futuros plausibles, en particular los resultados y la eficacia de diversas opciones de políticas o de gestión a fin de orientar la transformación de los sistemas agroalimentarios para mejorarlos.
