- ➔ La insostenibilidad y la falta de resiliencia de los sistemas agroalimentarios constituyen importantes preocupaciones, agravadas por las ineficacias del mercado, las instituciones y las políticas, que generan pérdidas para la sociedad e impiden la transformación tan necesaria hacia la sostenibilidad.
- ➔ Para mejorar los resultados, los encargados de adoptar decisiones deben comprender de manera exhaustiva los costos y beneficios que suponen los sistemas agroalimentarios para todas las partes interesadas, incluidos los grupos menos representados y las generaciones futuras, que actualmente no se cuantifican de manera sistemática y coherente.
- ➔ Una comprensión exhaustiva permitiría una rearmonización más adecuada de los mecanismos impulsores disponibles, que van del apoyo fiscal y los reglamentos a las normas voluntarias, así como un uso más eficaz de estos para aplicar medidas relacionadas con la inversión y las políticas más atentas a la nutrición, las cuestiones de género y el medio ambiente.
- ➔ La contabilidad de costos reales (CCR) es un potente enfoque que tiene como finalidad revelar los costos ocultos generados por los sistemas agroalimentarios actuales, subrayar su falta de sostenibilidad y orientar el uso de los mecanismos impulsores disponibles para mejorar sus resultados.
- ➔ No obstante, la CCR requiere grandes cantidades de datos, algo que puede constituir un desafío, especialmente en los países de ingresos medianos y bajos. Por ello, se deben emplear en la mayor medida posible los datos ya disponibles a fin de evitar la inacción.
- ➔ En este informe se propone un proceso de evaluación de dos fases basado en la CCR que comienza con evaluaciones nacionales iniciales más generales destinadas a sensibilizar y después pasa a evaluaciones profundas y específicas con vistas a priorizar soluciones y orientar la adopción de medidas transformadoras.
Existen dos perspectivas a la hora de analizar los sistemas agroalimentarios. Y las dos son ciertas.
La primera es que los sistemas agroalimentarios generan beneficios considerables para la sociedad, entre otras razones porque producen los alimentos que consumimos. Los sistemas agroalimentarios también son el mayor empleador a nivel mundial, ya que proporcionan puestos de trabajo y medios de vida a más de 1 000 millones de personas1. Numerosos agricultores son también administradores ambientales, pues proporcionan servicios medioambientales a la sociedad. Mediante prácticas sostenibles, como la agroforestería, los sistemas agroalimentarios también generan beneficios públicos, en particular, conservación de la biodiversidad, almacenamiento y captación de carbono y regulación de las cuencas hidrográficas. En consecuencia, el valor de los sistemas agroalimentarios para la sociedad probablemente sea mucho mayor del que se cuantifica en el producto interno bruto (PIB). De acuerdo con la segunda perspectiva, debido a las ineficacias del mercado, las políticas y las instituciones, los sistemas agroalimentarios son frágiles e insostenibles, y contribuyen al cambio climático y a la degradación de los recursos naturales al tiempo que no logran proporcionar dietas saludables para todas las personas. Dado que nuestra existencia depende de un único planeta y sistemas agroalimentarios frágiles, debemos actuar con cautela.
Los sistemas agroalimentarios han ido evolucionando desde el inicio de la agricultura, hace miles de años. Gracias a los cambios tecnológicos y a las innovaciones de los últimos 70 años, la productividad agrícola ha aumentado enormemente. Entretanto, el comercio de alimentos también ha crecido sobremanera, especialmente en los últimos tres decenios. Estos factores han ayudado a alimentar a la población, que se ha triplicado y urbanizado cada vez más. Como consecuencia de ello, el porcentaje de la población empleada en la agricultura ha descendido, mientras que se han creado puestos de trabajo en los segmentos iniciales y finales de las cadenas de valor y otros sectores.
Los sistemas agroalimentarios actuales tienen acceso a una nueva generación de tecnologías automatizadas que pueden aumentar la productividad y la resiliencia y abordar desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental2. Cada vez hay más datos socioeconómicos y ambientales disponibles, lo cual brinda a los productores y las empresas del sector agroalimentario, así como a los encargados de formular políticas, la oportunidad de adoptar decisiones fundamentadas en datos en relación con la producción, las cadenas de suministro, el comercio, la protección social, etc. Con los crecientes desafíos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios, los medios cada vez mayores de recopilación de datos e información proporcionan una oportunidad sin precedentes para subsanar estratégicamente las deficiencias de conocimientos, de forma que los encargados de adoptar decisiones estén mejor preparados para transformar los sistemas agroalimentarios con vistas a lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental.
¿Cómo se adoptan decisiones que aumenten los beneficios de los sistemas alimentarios mientras se abordan los principales desafíos que impiden su transformación? ¿Cómo saben los gobiernos qué programas patrocinar y a qué partes interesadas apoyar? ¿Cómo se aseguran los productores agrícolas de que los recursos naturales de los que dependen se renueven en las siguientes temporadas? ¿Cómo pueden los minoristas promover los alimentos nutritivos? ¿Cómo se puede inducir a los consumidores a utilizar su poder adquisitivo para apoyar las dietas saludables y sostenibles? Y ¿estas decisiones afectarán a los costos de producción y, en última instancia, a los precios de los alimentos?
En nuestro día a día no disponemos de todas las respuestas, pero las personas, las empresas y los gobiernos adoptan decisiones igualmente. Estas decisiones tienen consecuencias —tanto positivas como negativas— que no siempre son visibles. Esta edición de El estado mundial de la agricultura y la alimentación tiene por objeto iniciar un proceso que aspira a analizar la complejidad y las interdependencias de los sistemas agroalimentarios y cómo afectan al medio ambiente, la sociedad, la salud y la economía a través de la contabilidad de costos reales (CCR). Este ejercicio revelará las repercusiones ocultas de estos sistemas y fundamentará medidas que contribuyan a su transformación para lograr la eficiencia, la inclusividad, la resiliencia y la sostenibilidad.
Desglose de las repercusiones y dependencias de los sistemas agroalimentarios
Los sistemas agroalimentarios son dinámicos, desde su composición en capas hasta sus interacciones con los recursos que sustentan la naturaleza y la sociedad. También se ven influenciados por las decisiones en materia de políticas y las decisiones de las empresas y los consumidores. En la Figura 1 se proporciona un marco conceptual que representa los mecanismos internos de los sistemas agroalimentarios, sus efectos en los recursos (y viceversa) y los mecanismos impulsores disponibles para transformarlos. El marco ayuda a desglosar las numerosas repercusiones e interdependencias de los sistemas agroalimentarios, así como las oportunidades que tienen los encargados de adoptar decisiones para contribuir a mejorarlos.
Figura 1 Cómo las evaluaciones de los flujos de capital pueden fundamentar los mecanismos impulsores para lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios
El rectángulo amarillo de la Figura 1 representa los sistemas agroalimentarios, mostrando cómo comprenden la producción agrícola y las cadenas de suministro de alimentos, el comportamiento de los consumidores, las dietas y las interconexiones con otros sistemas como, por ejemplo, los sistemas medioambiental y sanitario. La producción agrícola incluye la producción agrícola y ganadera, la acuicultura, la pesca y la actividad forestal. Solapándose con las cadenas de suministro de alimentos, el comportamiento de los consumidores y las dietas se encuentran los entornos alimentarios, que hacen referencia a las condiciones físicas, económicas, socioculturales y normativas que determinan el acceso a los alimentos, la asequibilidad e inocuidad de estos y las preferencias alimentarias3–5. Las flechas que salen y entran de los sistemas agroalimentarios demuestran cómo sus actividades dependen del capital natural, humano, social y producido, y repercuten en ellos. Estos elementos conforman la base del bienestar humano, el éxito económico y la sostenibilidad ambiental, y se definen como sigue6:
- capital natural: existencias de recursos naturales renovables y no renovables que se combinan con el fin de proporcionar un flujo de beneficios a las personas;
- capital humano: conocimientos, aptitudes, competencias y atributos que poseen las personas y que contribuyen a un rendimiento y bienestar mejorados;
- capital social: redes, así como normas, valores y entendimientos comunes que facilitan la cooperación dentro de los grupos o entre ellos;
- y capital producido: bienes y activos financieros fabricados por el ser humano que se emplean para producir bienes y servicios consumidos por la sociedad.
Las actividades de los sistemas agroalimentarios provocan cambios (repercusiones) en los diferentes tipos de capital mediante flujos entrantes y salientes. Las flechas grandes representan esas repercusiones y dependencias, y los colores se corresponden con el respectivo tipo de capital. Los flujos de capital de los sistemas agroalimentarios pueden ser semejantes a las relaciones simbióticas en numerosos contextos. Por ejemplo, el capital natural aporta crecimiento de la biomasa y agua dulce a los sistemas agroalimentarios (la flecha verde que apunta hacia arriba a “sistemas agroalimentarios”). A su vez, los sistemas agroalimentarios pueden afectar negativamente al capital natural generando emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminación (la flecha amarilla que apunta hacia abajo a “capital natural”). Sin embargo, si se emplea un enfoque basado en la agricultura regenerativa, las prácticas de producción pueden contribuir a la restauración de los ecosistemas. El capital humano aporta mano de obra y aptitudes y los sistemas agroalimentarios devuelven salarios y condiciones de trabajo decentes. El capital social puede contribuir a los sistemas agroalimentarios aportando conocimientos culturales y determinar las costumbres de acceso a recursos como la tierra, mientras que, a cambio, los sistemas agroalimentarios proporcionan seguridad alimentaria y nutrición (o inseguridad alimentaria y malnutrición) en función de su eficiencia, resiliencia e inclusividad. El capital producido contribuye a la investigación y el desarrollo, entre otras cosas, y, a su vez, los sistemas agroalimentarios generan ingresos, beneficios, rentas e impuestos. Aunque estos flujos parecen intuitivos, son escasos los esfuerzos realizados para cuantificarlos y gestionar sus repercusiones, a excepción del capital producido.
En la parte superior de la figura, los rectángulos de color rojo muestran los instrumentos, o mecanismos impulsores, disponibles para influir en los actores, las actividades y las repercusiones de los sistemas agroalimentarios. Estos mecanismos impulsores no son nuevos y actualmente hacen uso de ellos los encargados de adoptar decisiones, entre ellos los gobiernos y otras partes interesadas, quienes determinan o influyen en cuáles, cuándo, dónde y cómo se desarrollan. En los siguientes párrafos se describen las principales categorías de mecanismos impulsores, lo cuales pueden ser bastante numerosos y diversos. No obstante, esta sección no pretende ser exhaustiva y pueden existir otros posibles mecanismos impulsores.
Muchos mecanismos impulsores, aunque no todos, los promulgan y administran los gobiernos y las autoridades locales para influir en los actores de los sistemas agroalimentarios y dirigirlos hacia los objetivos que los encargados de adoptar decisiones consideran importantes. Estos incluyen intervenciones en el comercio y el mercado, subvenciones, leyes y reglamentos, apoyo relacionado con los servicios generales y políticas conductuales7.
Los gobiernos generan incentivos o desincentivos de precios mediante intervenciones en el comercio y el mercado. Estas consisten generalmente en aplicar medidas fronterizas (como cuotas o aranceles de importación, prohibiciones de las exportaciones o subvenciones) o regular los precios de mercado (por ejemplo, políticas de fijación de precios nacionales). Estas intervenciones crean una brecha entre los precios nacionales e internacionales de los productos en cuestión o ayudan a disminuir la demanda de dichos alimentos.
Las subvenciones otorgadas a productores o consumidores individuales pueden tener como finalidad corregir problemas como una disponibilidad limitada de crédito o inducir un comportamiento que los encargados de formular políticas consideran deseable. En el caso de los productores, estas subvenciones pueden ser “vinculadas”, es decir, sujetas a un nivel de producción o al uso de insumos u otros factores de producción, o “desvinculadas”, esto es, que no dependen de las decisiones de producción. Cuando son vinculadas, las subvenciones pueden influir ampliamente en qué productos básicos se producen y comercializan y qué insumos se emplean y cómo. En el caso de los consumidores, este tipo de intervenciones pueden llevarse a cabo en forma de subvenciones alimentarias, transferencias de efectivo, transferencia de alimentos en especie o programas de alimentación escolar como forma de mejorar el acceso a los alimentos7.
Estas políticas públicas se promulgan y configuran mediante leyes y reglamentos, que son marcos obligatorios empleados para establecer normas y objetivos, los cuales afectan directamente a las decisiones de los actores agroalimentarios. Ejemplos de ello son cuando los gobiernos restringen las importaciones de determinados productos o alimentos básicos mediante la imposición de obstáculos no arancelarios o cuando prohíben el uso de un insumo agrícola específico que se ha demostrado que es perjudicial para la salud humana o el medio ambiente.
Para mejorar el rendimiento de los sistemas agroalimentarios, los gobiernos proporcionan apoyo relacionado con servicios generales. El apoyo específico depende del contexto, pero puede incluir inversiones en investigación y desarrollo relacionados con la agricultura, en particular sistemas de seguimiento y producción de datos relevantes; servicios de transferencia de conocimientos (por ejemplo, capacitación, asistencia técnica y otros servicios de extensión); inspección y control con respecto a la inocuidad, las plagas y las enfermedades de los productos agrícolas a fin de garantizar que los productos alimentarios cumplan los reglamentos y las normas de inocuidad de los productos; desarrollo y mantenimiento de infraestructuras; constitución de existencias públicas, en particular el mantenimiento y la gestión de las reservas a través de la intervención en las compras que se realizan en los mercados; y servicios de comercialización y promoción agrícolas7. Estas inversiones crean un entorno favorable para la transformación de los sistemas agroalimentarios.
Los gobiernos y otras partes interesadas pueden emplear políticas basadas en enfoques derivados de estudios sociológicos y psicológicos relacionados con el comportamiento a fin de abordar las causas subyacentes de determinados comportamientos como, por ejemplo, el consumo de alimentos elaborados poco saludables8. En el presente informe se hace referencia a estos enfoques como políticas conductuales y son distintas de otras políticas como, por ejemplo, las relativas a los impuestos y las subvenciones por el hecho de que no reducen la libertad de elección de las personas ni les imponen costos significativos para inducirlas a cambiar de comportamiento. En su lugar, funcionan cambiando los contextos o entornos en los que se toman las decisiones. En el contexto del consumo de alimentos donde predominan los alimentos elaborados poco saludables, por ejemplo, las políticas conductuales pueden centrarse en el establecimiento o la promoción de un entorno propicio que fomente el suministro y el consumo de alimentos nutritivos (véase el Glosario). Pueden proporcionar ideas a los gobiernos sobre cómo regular el entorno alimentario para lograr determinados objetivos como, por ejemplo, la promoción del consumo de dietas saludables que también sean respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, las políticas conductuales pueden tratar de dirigir a los consumidores hacia elecciones alimentarias más adecuadas. Esto puede llevarse a cabo, entre otros enfoques, colocando opciones de alimentos nutritivos en ubicaciones situadas cerca de cafeterías escolares, lo que facilita el acceso a estos alimentos9. Asimismo, pueden regularse los comportamientos de los establecimientos alimentarios (como los supermercados) para promover de manera más adecuada una alimentación saludable.
Algunos mecanismos impulsores también pueden ser administrados por actores agroalimentarios del sector privado y la sociedad civil, así como donantes y organizaciones internacionales. Por ejemplo, el capital privado procedente de las empresas, las instituciones financieras e incluso los consumidores es uno de los mecanismos impulsores más importantes en los sistemas agroalimentarios, pues asciende a unos 9 billones de USD al año10. Diferentes estudios han concluido que el capital privado desempeña una función satisfactoria en la mejora de las técnicas y tecnologías de producción agrícola11. Otro mecanismo impulsor son las normas voluntarias, que son reglas, directrices o características de un producto o proceso no obligatorias formuladas por actores del sector privado, representantes de la sociedad civil u organismos del sector público. Las normas voluntarias son una forma de que los productores, elaboradores y minoristas compartan información con los consumidores, lo cual les permite influir en los procesos, métodos y prácticas de producción a través de sus elecciones de consumo12. Aunque el capital privado y las normas voluntarias no los promulgan los encargados de formular políticas, los gobiernos siguen desempeñando una función importante en la determinación de su funcionamiento y repercusión ya que proporcionan un entorno propicio y supervisión.
Por último, en la Figura 1 se muestra cómo la incorporación de una evaluación integral de los sistemas agroalimentarios al proceso de adopción de decisiones resulta esencial para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si no todos. La sección de la parte inferior, titulada “Contribuciones al bienestar”, vincula las repercusiones de los sistemas agroalimentarios con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Especialmente relevante resulta la repercusión que esto puede tener en el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 3 (Salud y bienestar) como resultado de la importancia que revisten los sistemas agroalimentarios para la productividad agrícola, los medios de vida rurales, la salud, la seguridad alimentaria y la nutrición. La transición a sistemas agroalimentarios sostenibles derivada de una adopción de decisiones más adecuada también implica realizar progresos en el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 12 (Producción y consumo responsables) y los ODS 13, 14 y 15 (Acción por el clima, Vida submarina y Vida de ecosistemas terrestres, respectivamente). Esta transición dependerá de las nuevas tecnologías, que pueden actuar como elemento catalizador del progreso hacia el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Mediante la evaluación de cómo se forma y se trata el capital humano, también se puede mejorar el acceso de los trabajadores a la educación (ODS 4), reducir la desigualdad de género (ODS 5) y contribuir al trabajo decente y al crecimiento económico (ODS 8).
Los mecanismos impulsores pueden orientar los sistemas en la dirección correcta, pero es necesario considerar de manera más adecuada los sistemas agroalimentarios
Cuando los encargados de adoptar decisiones no disponen de una evaluación completa de las existencias y los flujos de capital, la deficiencia de conocimientos resultante puede impedir el progreso hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes. Por ejemplo, se estima que, entre 2013 y 2018, los gobiernos destinaron un promedio de casi 630 000 millones de USD anuales a apoyo a la alimentación y la agricultura, el 70 % del cual se centraba en los productores individuales mediante incentivos de precios y subvenciones. Sin embargo, una parte importante de este apoyo distorsiona los precios de mercado y es insostenible7. En el Recuadro 1 se proporciona una descripción general del estado del apoyo público destinado a la alimentación y la agricultura y su repercusión en los sistemas agroalimentarios.
Recuadro 1El apoyo público a la alimentación y la agricultura sigue provocando una gran distorsión
Los gobiernos apoyan los objetivos polifacéticos de los sistemas agroalimentarios en los ámbitos económico, social y sanitario perfilando las opciones de producción y consumo e influyendo en la dinámica de las cadenas de suministro de alimentos y los entornos alimentarios. Sin embargo, los datos muestran que la mayor parte del apoyo empleado provoca una gran distorsión y puede conllevar resultados indeseables como, por ejemplo, consecuencias ambientales negativas o problemas de salud7.
En la figura se muestra cómo el apoyo a la alimentación y la agricultura como porcentaje del valor de la producción se divide por grupo de ingresos y tipo de apoyo (media del período 2013-18). En términos absolutos, los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos registraron el grueso del apoyo, que se situó en una media de 313 000 millones de USD y 311 000 millones de USD, respectivamente, en comparación con los 11 000 millones de USD registrados en los países de ingresos medianos bajos y los −6 000 millones de USD, en los países de ingresos bajos (el valor negativo significa que el grupo se ha visto penalizado a nivel general). Como porcentaje del valor de producción, los incentivos de precios y las subvenciones a los productores fueron la forma más importante de apoyo en los países de ingresos altos (22 %) y los países de ingresos medianos altos (16 %). En ambos grupos de ingresos, pero especialmente en los países de ingresos medianos altos, la mayoría de las subvenciones estaban sujetas a la producción, el uso de insumos u otros factores de producción (en otras palabras, eran subvenciones vinculadas). Esta fuerte dependencia de las subvenciones vinculadas puede distorsionar los precios y desalentar la producción de alimentos nutritivos que no reciben el mismo nivel de apoyo. De manera similar, los datos muestran que, en esos países, los productos básicos con la mayor huella de carbono, como la carne de vacuno, la leche y el arroz, estaban entre los más apoyados por incentivos de precios7.
En los países de ingresos medianos bajos, y especialmente en los países de ingresos bajos, las políticas suelen proteger a los consumidores en lugar de a los productores. Los agricultores afrontan desincentivos que mantienen los precios internos bajos, penalizando implícitamente al sector agrícola, y esto se muestra con los valores negativos asociados a los incentivos de precios que se indican en la figura. Los países de ingresos bajos raramente conceden subvenciones fiscales a los productores (representan solo el 0,6 % del valor total de la producción), mientras que en los países de ingresos medianos bajos, algunos agricultores reciben apoyo a través de subvenciones a los insumos. El gasto en servicios generales es un pequeño porcentaje del apoyo total destinado a la alimentación y la agricultura, a pesar de su potencial para impulsar la productividad a largo plazo y disminuir los precios de los alimentos, en particular de los alimentos nutritivos7. A pesar de estos desafíos, los datos de 13 países subsaharianos correspondientes al período 2004-2018 indican que, tras reformas recientes, algunos programas de subvenciones a los insumos se han reducido, de modo que se ha incrementado el margen fiscal para asignar una mayor cantidad de fondos a los servicios generales y los bienes públicos, lo cual genera efectos más sostenibles y amplios13. Los programas que apoyan a los consumidores también pueden incrementar el consumo de alimentos nutritivos, especialmente cuando se centran en los más vulnerables. El mismo examen sobre el África subsahariana ha mostrado que, como resultado de las reformas recientes, las subvenciones a los consumidores en forma de transferencias de efectivo, transferencias en especie y programas de comidas escolares también se han incrementado.
FIGURA AYUDAS A LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN PORCENTAJE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN, POR GRUPO DE RENTA Y TIPO DE AYUDA, MEDIA 2013-2018
Con más información sobre las repercusiones y dependencias de los sistemas agroalimentarios en relación con los diferentes tipos de capital, los encargados de formular políticas podrán utilizar de manera más adecuada el apoyo público destinado a la alimentación y la agricultura como instrumento transformador para orientar los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusividad. Se aplica el mismo principio a otras partes interesadas, entre ellas, los productores y las empresas agrícolas, cuyos mecanismos impulsores pueden generar un cambio mayor en el conjunto del sistema si cuentan con más información sobre sus repercusiones. Por tanto, un primer paso importante para las partes interesadas, entre las que se encuentran los gobiernos, las empresas, los agricultores y los ciudadanos, consiste en recopilar información disponible sobre las repercusiones y los flujos de capital.
Los datos que suelen estar disponibles y que se incluyen generalmente en las evaluaciones económicas se refieren al capital producido y, en cierta medida, al capital humano (por ejemplo, mano de obra y salarios). Estas repercusiones y flujos de capital se transfieren y observan a través de mecanismos de mercado, por lo que se pueden medir y cuantificar fácilmente. En cambio, los flujos y repercusiones relacionados con el capital natural, social y (parte del) humano no tienen esta facilidad, por lo que su inclusión en las evaluaciones económicas es generalmente parcial y no sistemática. Por ejemplo, mientras que los ingresos y los impuestos se reflejan en el PIB, la distribución de estos resultados por género y clase social (y las consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición, es decir, para el capital social) es menos visible. Del mismo modo, mientras que los insumos basados en el mercado se reflejan directamente en los costos de producción privados de los productores, los insumos de los servicios ecosistémicos (por ejemplo, la polinización) no lo hacen, aunque son fundamentales para la productividad agrícola. No contabilizar estos servicios puede socavar la capacidad de los ecosistemas de proporcionarlos en el futuro, una medida importante de la sostenibilidad14.
No obstante, la cuantificación de las repercusiones y los flujos de capital puede resultar complicada por la falta de datos o debido a la naturaleza cualitativa de los flujos. Esto se puede observar en la Figura 2, que proporciona una representación esquemática de los cuatro tipos de capital y una selección de sus flujos a lo largo de un espectro de facilidad de cuantificación que va de muy alta a muy baja. Por ejemplo, la cuantificación de la repercusión de los sistemas agroalimentarios en la seguridad alimentaria y la nutrición es posible, pero requiere grandes cantidades de datos y capacidades considerables. En el caso de otros flujos de capital social, como las redes sociales y los conocimientos culturales, esto resulta todavía más complicado, si no imposible. Los flujos de capital natural son, en general, más fáciles de cuantificar que los flujos de capital social, pero en algunos casos, esto también puede resultar muy difícil (por ejemplo, la polinización y la pérdida de hábitats). En realidad, la facilidad de cuantificación de cada flujo de capital dependerá de los recursos y capacidades, que van, entre otras cosas, de la movilización de recursos y el desarrollo de métodos de estimación al diseño de encuestas y la recopilación y el análisis de datos. Los avances en materia de tecnología y enfoques de evaluación están incrementando significativamente las opciones disponibles y reduciendo los recursos necesarios para almacenar, comunicar, validar y procesar información15. E incluso en los casos en que no se cuantifican flujos importantes, todavía se pueden tener en cuenta de manera cualitativa.
Figura 2 Facilidad de cuantificación de determinados flujos de capital a lo largode un espectro
Las decisiones basadas exclusivamente en los flujos observados a través de los mercados tienden a provocar una asignación insuficiente de los recursos, algo que también se conoce como “ineficacia del mercado”. Reconociendo que los mercados no pueden abordar problemas de desigualdad y justicia social, o de sostenibilidad ambiental, los gobiernos y otras partes interesadas establecen políticas y crean instituciones para abordarlos. Sin embargo, cuando no adoptan estas medidas o carecen de capacidad para intervenir, también puede surgir una forma de “ineficacia institucional” o “ineficacia de las políticas”. En la próxima sección se examinan estas ineficacias más detalladamente y se reconoce que se precisa un enfoque para evaluar los sistemas agroalimentarios de manera exhaustiva y transparente a fin de abordarlas. El enfoque mencionado se presenta más adelante en este capítulo.
